El PSOE vuelve a rectificar a Zapatero y apuesta por reponer la jurisdicción universal

Actualizado a las 19:00 horas con el debate parlamentario 

La mayoría absoluta del PP se ha negado a devolver la jurisdicción universal a los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional ante los crímenes impunes de genocidio, guerra, lesa humanidad y otras vulneraciones muy graves de los Derechos Humanos. La proposición no de ley del PSOE que defendió la diputada y exportavoz Soraya Rodríguez Ramos para anular la reforma de abril pasado fue rechazada por los conservadores con el argumento de su representante en la materia, José Miguel Castillo, de que aquella modificación está en línea con los países de nuestro entorno. Citó a Bálgica, Alemania y Francia. "No es una obligación de los Estados ejercer la jurisdicción universal sobre otros Estados, sin conexión ni subsidiariedad", matizó ante la eventual vuelta a la situación anterior a 2009. Todos los grupos de la oposición, con excepción de los dos diputados de ERC, que decidieron no votar, respaldaron la toma en consideración de la propuesta socialista que, sin embargo, fue derrotada por el PP.

Varios portavoces aprovecharon el debate parlamentario para pedir coherencia a los socialistas de modo que los jueces españoles no solo puedan entender de los crímenes de lesa humanidad que se producen y quedan impunes fuera de nuestras fronteras sino también de las desapariciones, torturas y crímenes que se produjeron en España durante el franquismo. Joan Tardá les acusó de "ofender a las víctimas" con su ausencia en la reunión con los promotores de la querella en Argentina que tuvo lugar días atrás en el Congreso. Soraya Rodríguez le aclaró que sí asistieron al encuentro. Tardá matizó que "no participaron ni estuvieron en la mesa". Rodríguez le acusó de utilizarlas como arma política y le recordó que la mayoría de los perseguidos por el franquismo eran socialistas.

Aunque Sabino Cuadra Lasarte, de Amaiur, anunció el voto favorable de sus diputados, deploró que los 21 reclamados por la justicia argentina sean protegidos por el Estado español y los jueces de la Audiencia Nacional no haya enviado a prisión y puesto a disposición de la magistrada bonaerense María Servini a personajes como el ex capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas y al también terrible torturador franquista de la Policía Nacional Juan Antonio Gómez Pacheco, alias Billy el Niño, cuando los han tenido delante. Cuadra deploró que se mantenga la detención incomunicada durante tres días, "lo que facilita las torturas", dijo. En el mismo sentido, Emilio Olabarría, del PNV, se refirió a la reserva "con etiqueta roja" del Gobierno a la Interpol para que las personas reclamadas por la justicia argentina no puedan ser detenidas salvo que viajen a ese país. Denunció asimismo los indultos camuflados a los condenados del Gal. Y señaló que la razón de Estado no puede estar por encima de la justicia universal.

Por su parte, Gaspar Llamazares, de Izquierda Plural, e Irene Lozano de UPyD, se felicitaron de que los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional hayan mantenido abiertos los sumarios de algunas causas judiciales pendientes, entre ellas, la del asesinato de José Couso en Irak, sin plegarse a la anulación de la jurisdicción. Aunque la reforma del PP tenía carácter retroactivo, los defectos técnicos y el déficit de legalidad facilitaron la reposición de la acusación por parte de los fiscales y de las víctimas, y la continuidad de los sumarios judiciales. Llamazares dijo que su grupo votaba a regañadientes la propuesta del PSOE por entender que la primera limitación de la jurisdicción universal, aprobada por los socialistas en 2009, de acuerdo con el PP, abrió la puerta a la situación actual. Olaya Fernández, del BNG, denunció que la reforma ha supuesto la excarcelación de medio centenera de narcotraficantes, a lo que replicó Castillo, del PP, que el Tribunal Supremo había revocado por sentencia del 24 de julio pasado la decisión de los jueces de la Audiencia Nacional de dejarlos en libertad. Solo nueve han sido detenidos hasta el momento.

La reposición de la jurisdicción universal pretendía devolver las competencias a la Audiencia Nacional que limitó en 2009 el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y después liquidó definitivamente el Ejecutivo de Mariano Rajoy con Alberto Ruiz-Gallardón de ministro de Justicia y suponía la segunda gran rectificación de los nuevos dirigentes del PSOE en menos de un mes. Como se recordará, su dirigente Pedro Sánchez se pronunció y votó hace dos semanas con todos los diputados de su grupo a favor de una proposición de Izquierda Plural que reclamaba la derogación del artículo 135 de la Constitución que en 2011 antepuso el pago de la deuda y el “déficit cero” a la cobertura de las necesidades sociales básicas.

Si Zapatero estableció la conexión de que las víctimas o los victimarios fueran españoles para ejercer la jurisdicción en terceros países ante los crímenes y otros delitos gravísimos impunes, respondiendo así a las presiones de Israel contra los sumarios abiertos por el juez Baltasar Garzón por las matanzas en Gaza, Rajoy la suprimió definitivamente con carácter retroactivo, para que se diera carpetazo a once sumarios por crímenes de lesa humanidad y otras vulneraciones muy graves de los derechos humanos. Su decisión se atribuyó a las presiones de las autoridades de China ante la orden internacional de detención dictada por el juez Ismael Moreno del expresidente Jiang Zemin, el exprimer ministro Li Peng y otros tres imputados en los crímenes de lesa humanidad contra la población de Tibet.

Frente a esa renuncia a la justicia y limitación de la soberanía nacional, todos los grupos de la oposición se conjuraron para rectificar en cuanto el PP perdiera la mayoría absoluta. Pero el PSOE ha querido dejar constancia de su intención de abanderar el proceso con una proposición que devuelve todas sus competencias a los jueces e incluye los delitos económicos y de corrupción.

Así proponen la modificación del artículo 23-4 de la ley del Poder Judicial de 1985 con el texto siguiente: “Será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos: a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. b) Terrorismo. c) Delitos de tortura y contra la integridad moral de los artículos 174 a 177 del Código Penal. d) Delitos de piratería y cualesquiera otros delitos regulados en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma, 10 de marzo de 1988, y en su Protocolo, hecho en Londres el 14 de octubre de 2005”.

Asimismo: "e) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970. f) Los delitos contenidos en el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 1971, y en su Protocolo complementario hecho en Montreal el 24 de febrero de 1988 en los supuestos autorizados por el mismo. g) Los delitos contenidos en el Convenio sobre la protección física de materiales nucleares hecho en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980".

Y también: "h) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. i) Delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos sobre víctimas menores de edad. j) Los relativos a la mutilación genital femenina y demás delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa de 11 de mayo de 2011 sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. k) Trata de seres humanos. i) Delitos de corrupción entre particulares o en las transacciones económicas internacionales. m) Delitos de desaparición forzada incluidos en la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006. n) Cualquier otro que, según los tratados y convenios internacionales, en particular los Convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos, deba ser perseguido en España".