El Gobierno impone una 'tasa de nacionalidad' de 75 € a quienes soliciten la residencia en España

Por paradojas de la historia, el Gobierno ha utilizado la ley que devuelve la nacionalidad española a los judíos sefardíes para aplicar una tasa de 75 euros a quienes, judíos o no, la soliciten por residencia, carta de naturaleza y dispensa. Con esta decisión, el ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo, podrá resarcir los perjuicios que su antecesor Alberto Ruiz Gallardón infligió a los notarios con su primer paso en la privatización del Registro Civil. La “tasa de nacionalidad” deberá abonarse a través de la “plataforma electrónica” implantada por el Ministerio de Justicia cuando se presente la solicitud y con independencia de cuál sea el resultado.

De este modo, un acto de justicia histórica como el reconocimiento de la nacionalidad española a cuantos descendientes de los sefardíes expulsados de España por los Reyes Católicos y perseguidos y expropiados por la Inquisición la quieran recuperar con independencia del país donde residan, queda ensombrecido por “la tasa de nacionalidad”. Esos 75 euros permitirán reparar el daño de Gallardón a los notarios. Cada año unas 150.000 personas solicitan la nacionalidad española, lo que matemáticamente supone un ingreso de 11.250.000 euros por una práctica papelística que estaba exenta de gravamen antes de la privatización del Registro Civil. Cierto es que los trámites iban (y siguen yendo) muy lentos y que desde la solicitud y presentación de la documentación hasta la citación para el examen y la entrega de la acreditación pasaban más de dos años.

De la mala herencia zapateril (“nefasta y desastrosa”, según el PP), con más de 400.000 expedientes de nacionalidad estancados, se prevalió Gallardón, con el visto bueno de Rajoy, para favorecer a los de su gremio, los fiduciarios, siempre y cuando el Colegio de Notarios se comprometiese a realizar los trámites registrales para resolver el colapso. La organización colegial contestó afirmativamente. Y aunque los notarios tenían su propio sistema informático con capacidad de procesar los datos, Gallardón les impuso su plataforma. La avería ya es conocida: el software informático de Justicia costó al Colegio 5,15 millones de euros y representó un “pelotazo” de casi cinco millones de euros para la empresa que lo confeccionó, Futuver Consulting, registrada en Bucarest (Rumanía) y de la que era administrador Javier Angulo Rodríguez, designado por Gallardón en enero de 2012 jefe del Proyecto de Gestión de Expedientes de Nacionalidad.

Ese quebranto derivado de los juegos de manos crematísticos del exnotario mayor del Reino y su equipo de confianza es el que ahora se trata de compensar mediante una disposición final a la ley de nacionalidad de los sefardíes. Por razones de decoro y sensibilidad, el Gobierno podía haber elegido otro instrumento para implantar la tasa, pero ha elegido la ley que 525 años después trata de paliar la injusticia histórica de la expulsión de aquellos españoles que todavía hoy, cuando se refieren a las “falsas ilusiones”, utilizan la expresión “kastiyos en Sefarad”.

Por malditas ironías de la historia, quienes en el Ministerio de Justicia del Reino de España no hacían castillos en el aire ni en la añorada Sefarad, sino pasta para forrarse, no se han privado de sembrar la cizaña con el grano. “¿Qué tiene que ver la recuperación de la plena nacionalidad de los judíos sefardíes con los 75 euros de la tasa de nacionalidad para todos? ¿Por qué esa justicia de mercado? Son ustedes incorregibles”, reprochaba el diputado de IU Gaspar Llamazes al ministro Catalá Polo. Por cierto, que su antecesor abandonó el cargo sin aclarar en el Congreso el negocio y el fiasco de la privatización del Registro Civil, como le solicitó el propio Llamazares.

Sin entrar aquí en el abandono de los saharauis españoles hace cuarenta años, a los que no se concede la nacionalidad con dos años de residencia como ocurre con los ciudadanos provenientes de la comunidad iberoamericana de naciones, Andorra y Filipinas, sino que se les exige diez años de residencia y aun así y todo tienen dificultades porque el Estado no da validez a los documentos de la República Árabe Saharaui Democrática, el reconocimiento con conocimiento podría ser mejor para los sefardíes, y, así por ejemplo, podrían saber donde están las fincas y haciendas que les usurpó la Inquisición y que figuran en los archivos secretos del Vaticano. Pero esa es otra historia.