El Congreso pide prohibir el espionaje policial en la red sin mandato judicial
El Congreso de los Diputados reclama la prohibición del espionaje policial a los internautas sin mandamiento judicial. En las conclusiones que, al cabo de dos años de comparecencias a puerta cerrada de 48 expertos en Internet y redes sociales, ha elaborado la subcomisión de Estudio sobre las Redes Sociales para su conocimiento y aprobación por el pleno el próximo jueves, se pide al Gobierno que prohíba las prácticas policiales de investigación del ciberdelito mediante la introducción de troyanos para controlar y apropiarse de la información de los ordenadores de los individuos sospechosos. El estudio es interesantísimo y la primera conclusión de los 18 diputados, coordinados por el riojano del PP Conrado Escobar, consiste en seguir estudiando.
El guión indirecto de las recomendaciones que van a elevar al Ejecutivo, pone de manifiesto que los servicios policiales y de inteligencia intervienen en la red de redes como provocadores de ciberdelitos para combatir los delitos más frecuentes como son el acoso sexual a los menores, la pederastia y el robo de datos y de identidad digital. Pero también para prevenir el terrorismo yihadista. Las conclusiones de los diputados son claras. La primera consiste en "apoyar la regulación del 'agente encubierto' con autorización judicial previa y sólo para la investigación de delitos graves y especialmente complejos". Y la segunda es "apoyar la prohibición de uso de troyanos por la policía sin autorización judicial para acceder a ordenadores de personas meramente sospechosas". Además, el informe propone que se estudie la 'tipificación penal' de la suplantación de la identidad en Internet y en las redes sociales.
La subcomisión se creó hace dos años, a propuesta del PP, para estudiar los riesgos de las redes sociales en los adolescentes, una materia que ya estaba examinando el Senado, y a la que el Congreso agregó otros asuntos como el robo de identidad en el entorno digital, la apropiación de contenidos y otras prácticas de la ciberdelincuencia. Sabemos por el delegado de Google en España, Francisco Ruiz Antón, que Internet es una herramienta maravillosa que cuenta con 2.400 millones de personas interconectadas, de las que 27 millones son españolas, algo menos de la media de la OCD. Y conocemos por Carlota Navarrete Barreiro, representante de la coalición de creadores, que el 84% de los contenidos culturales a los que accedemos por Internet son pirateados, lo que supone una pérdida de 27.000 empleos y un valor de 16.000 millones de euros, con el consiguiente impacto fiscal negativo.
También sabemos, según Navarrete, que el 30% de los menores de 18 años utiliza Internet y ha facilitado su número de teléfono en alguna ocasión, y que el 54% de ellos no ha recibido formación alguna sobre normas básicas de seguridad. Un reciente informe de la Universidad de Alicante dice que el 6% de los adolescentes de 14 a 17 años sufre acoso sexual a través de las redes sociales y que el 18% son víctimas del control de sus parejas. Hay que tener en cuenta que el 82% de esos 27 millones de internautas utilizan las redes sociales. Las más utilizadas son Facebook (96%), YouTube (66%), Twitter (56 %), Google+ (34 %), Linkedin (31%), Instagram (26%), Spotify (24%), Tuenti (12%), Pinterest (9%) y Flickr (8%). Y en todas ellas podemos constatar la casuística variada y las motivaciones ilimitadas de las relaciones humanas directas, pero remotas.
Esto da lugar a toda suerte de ardides, engaños y delitos de los que son víctimas las personas menos formadas o más dúctiles y maleables como los adolescentes. En la nueva jerga, el acoso sexual se llama sexting y los insultos y presiones reciben el nombre de bullying, grooming y otros anglicismos. Según el presidente de la Fundación Legálitas, Alfonso Carrascosa, los menores son los que menos denuncian cuando, en la realidad, según un estudio de la Comisión europea, el 47% de ellos ha sufrido acoso. Otro problema, como la usurpación de la identidad y la sustracción de datos personales se coloca ya como el delito que más crece en el mundo y más ha crecido en España, donde cuatro millones de personas sufren el robo de datos personales. Quiere decirse que los rateros digitales son legión.
Mucho más extensa es la casuística objeto de estudio, por lo que el informe propone seguir estudiándola. Más que medidas legales y penales, las conclusiones apuestan por la educación, la autorregulación y la coordinación de las autoridades y empresas para prevenir y combatir la ciberdelincuencia. Llaman la atención sobre el hecho de que España sea uno de los pocos países occidentales que carece de un Centro de Seguridad en Internet. Y fían a los padres y a los maestros la educación para la protección de los jóvenes. Pero ¿quién enseña a los padres, a los educadores, a los jueces, fiscales, policias? Hacen falta campañas de educación y sensibilización. También de interconexión con las fuerzas de seguridad, dice el informe. Y, como señalaba al comienzo, hace falta una regulación estricta para que delinquir deje de ser el método de investigar y combatir los delitos, aunque se trate de materias tan peliagudas como la captación de yihadistas para cometer atentados.
