Una campaña marcada por las trampas, la cólera de Aguirre y el 'sin paro' de Rajoy

La campaña electoral se ha caracterizado por la suciedad en Madrid, el acarreo de votos y las trampas en varios municipios del país y por el triunfalismo económico del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hasta el extremo de decir que ya no se habla del paro. Las fuerzas progresistas, singularmente PSOE, IU y Podemos han reclamado limpieza y prometido políticas sociales. Los líderes de las dos fuerzas emergentes, Ciudadanos y Podemos, han mantenido la incógnita sobre su política de alianzas. En Andalucía, el PP tendrá que decidir si desbloquea la investidura de la presidenta Susana Díaz a cambio de la abstención del PSOE en varios ayuntamientos para que los conservadores puedan retener las alcaldías.

La lengua viperina de Esperanza Aguirre, una mujer que dimitió “por razones personales” hace tres años para dedicarse a su familia y el domingo aspira a convertirse en alcaldesa de la capital del reino, ha sido un surtidor de veneno contra su principal adversaria, la magistrada Manuela Carmena. Comenzó descalificándola con una mentira: “No es jueza de carrera, sino del cuarto turno”. Luego dijo que lo había leído en el ABC. La siguió atacando con una falacia sobre la empresa de su marido, un estudio de arquitectura que, como muchos otros, tuvo dificultades para pagar la nómina de los empleados. Finalmente, intentó liquidarla con una acusación más grave todavía: “Usted liberó a una señora del GRAPO y a un etarra que después dijo que no se arrepentía de sus crímenes”.

El estilo rastrero de Aguirre contra la jueza Carmena, una mujer galardonada por las más altas instituciones por su defensa de la Justicia y los Derechos Humanos, sólo ha conocido pausa cuando algunos medios empezaron a desvelar oscuros negocios de su cónyuge, el ganadero y promotor inmobiliario Fernando Ramírez de Aro y Valdés, con algunos socios favorecidos por adjudicaciones y concesiones públicas cuando Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid. Del silencio al respecto, pasó Aguirre a la irritación cuando el periódico digital Infolibre publicó su declaración de la renta. El socialista Antonio Carmona la había retado a divulgarla, pero ella no entró al trapo. Finalmente, la lideresa ha terminado su campaña acudiendo a la Fiscalía General del Estado y telefoneando al presidente del Gobierno y al titular de Hacienda, Cristobal Montoro, para que investiguen la filtración de sus ingresos: 369.000 euros en 2013 de la empresa de selección de directivos Seeliger & Conde.

Aparte la escandalera de Aguirre por la publicación de sus datos fiscales –un ardid para no dar explicaciones sobre la corrupción que le pisa los talones--, la campaña ha puesto de relieve la existencia de trampas tan graves como el acarreo de votos por correo al PP desde residencias de ancianos y centros de discapacitados psíquicos. Ya es paradógico que el partido que quería aplicar la reclusión perpetua en el Código Penal a los enfermos mentales, les canalice el voto, como ha denunciado el PSOE después de recibir el aviso de una trabajadora del Hospital Psiquiátrico de Mérida (Badajoz). De “escandaloso” tildó la portavoz de Coalición por Melilla, Dunia Almansouri, el hecho de que “miembros del PP llevaran encima ingentes cantidades de sobres con votos” para depositarlos por correo. El presidente y candidato del PP en la ciudad autónoma, Juan José Imbroda, le contestó en rueda de prensa: “¿Por qué no va a depositar 15 o 20 votos? ¿Quién ha dicho que es ilegal?” Pero después, las evidencias de juego sucio le obligaron a expulsar al número seis de su lista porque, según dijo, "se comportó como un novato".

Las denuncias de juego sucio han afectado al PP en Gandía (Valencia), donde supuestos encuestadores ofrecían trabajo en la construcción de un parque acuático a cambio del voto; en Sevilla, donde también ofrecían contratos de trabajo y, en otros lugares como Xàtiva (Alicante), donde el alcalde del PP y expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, suspendido de militancia por presuntos latrocinios y supuesta corrupción, citó días atrás, en plena campaña electoral, a decenas de parados en el salón de plenos del ayuntamiento, les ofreció contratos de trabajo por el Sueldo Mínimo Interprofesional y les repartió ropa y calzado. Este Rus, expresidente del PP provincial, aparece en las grabaciones policiales con personas vinculadas a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, negociando comisiones millonarias por obras y concesiones públicas, la más voluminosa, 20 millones, por una residencia de ancianos.

No resulta extraño que el clima de corrupción, con las tramas Gürtel, Púnica y otras que afectan principalmente a las administraciones autonómicas y locales del PP y que resultan especialmente lacerantes en plena crisis económica, haya llevado a la mayor parte de las fuerzas progresistas a hacer campaña contra la improbidad y el aprovechamiento particular de los recursos públicos. El dirigente de IU Alberto Garzón no ha dudado en tildar al principal partido de la derecha en la Comunidad Valenciana de “banda de ladrones”. Y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tampoco ha quedado atrás en esa y otras plazas.

En cambio, pese a los gastos personales escandalosos de la alcaldesa valenciana, publicados por Compromís, el presidente Rajoy la ha ensalzado, como en su día hizo con el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que ha seguido la campaña desde la cárcel de Aranjuez (Madrid). “Rita eres la mejor; eres la alcaldesa que se merece Valencia”, le dijo Rajoy con la plaza de toros llena de correligionarios. Ni una sola vez el líder del PP ha invocado la honradez en sus mítines. No era su tema. El mensaje, “crecer y crear empleo”, alcanzó el paroxismo cuando se preguntó retóricamente: “¿quién habla hoy de paro en España?” Ha completado su descomunal desenfoque en un país con 5,5 millones de desempleados y miles de jóvenes buscándose la vida en el extranjero –a muchos les han denegado el voto en los consulados-- con la apelación al miedo porque si votan a Podemos peligra la democracia y si votan al PSOE, la recuperación. Ciudadanos son, según Rajoy, un producto de marketing. Y para que vean que tiene sensibilidad social, desde el Consejo de Ministros ha prometido aumentar las pensiones a las futuras jubiladas que hayan tenido dos y más hijos.

La campaña ha sido fértil en lapsus como bolas molondrónicas. Vale recordar la de Rajoy: “Los españoles son muy españoles y hay muchos españoles”; la del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera: “Lo que necesita ahora España es venganza, no justicia”, y la más amena de la candidata del PP en Zamora, Clara San Damián: “No vamos a fallar a los ciudadanos como tampoco el Partido Popular ha follado a los españoles”, jaleada por su jefe Juan Vicente Herrera con un “¡Olé las candidatas”. Herrera, que también ha hecho trampa al no suspender la publicidad institucional en la precampaña electoral, según denunció la Unión del Pueblo Leonés (UPL), se ha negado a aclarar la trama eólica y otros casos de corrupción en beneficio privado sobre los que el PSOE, IU y UPL le han pedido cuentas.

Los socialistas e IU y sus aliados de izquierda, han centrado su campaña en medidas sociales, contra el desempleo y por la recuperación de los derechos laborales y del Estado del Bienestar. Podemos ha incidido además en la superación del bipartidismo y ha orientado su campaña en atraer a los votantes del PSOE después de constatar la fuerte transferencia de voto de IU. Ciudadanos se ha presentado ante los electores como la marca blanca, desprovista de ideología, a la que pueden votar personas de derechas y de izquierdas, pues la concepción de sus dirigentes es que “las ideologías no sirven para resolver los problemas". Esa supuesta neutralidad ideológica no ha evitado que Rivera haya tenido que anular varias listas por la presencia de ultras, xenófobos y neonazis. Su deseo de relevar cuanto antes a los viejos gobernantes le ha hecho incurrir en el desprecio a la gente mayor, por la que, en cambio, Iglesias, Alberto Garzón y Pedro Sánchez han expresado su respeto.