El PSOE denuncia el chantaje del PP a las televisiones con las seis nuevas TDT

¿Se dispone el Gobierno del PP a chantajear a las empresas de comunicación social con la concesión o no de los seis nuevos canales de Televisión Digital Terreste (TDT)? Esta es la cuestión que formuló el miércoles con palabras más contundentes el portavoz socialista Antonio Hernándo a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en el pleno del Congreso. Ella se salió por la tangente semántica y no negó el nuevo ardid político. Como se sabe, el chantaje es una forma de presión que lleva implícita la amenaza. La amenaza produce miedo. Y el miedo paraliza.

Dijo Hernando que con el concurso de la media docena de canales televisivos, el Gobierno "ha puesto una pistola en el pecho a las televisiones". Y se refirió "especialmente a aquellas que tienen programas informativos de política en los que se habla y critica la corrupción del PP". Si no se portan bien e insisten en "martillear" (el verbo lo empleó Mariano Rajoy) sobre la Gürtel, la Púnica y otras tramas de latrocinio organizado que se extienden por el territorio patrio y afectan a dirigentes y cargos públicos del partido gubernamental, se quedarán sin TDT.

Por el contrario, según Hernando, "si ante las elecciones generales se portan bien y no critican al PP, a lo mejor les toca uno o dos canales de televisión”. El concurso de las TDT ha sido programado de tal modo que se va a resolver una semana antes de los comicios o, según dijo el portavoz socialista, "entre once y cuatro días antes", en función de la fecha electoral que decida el jefe del Gobierno. Aunque preguntó a Santamaría si ese plazo de seis meses tiene que ver con lo que dijo Rajoy de que el resultado electoral del 24M se debe al "martilleo continuado de los casos de corrupción del PP en las televisiones", ésta no dijo ni Pamplona, sólo que antes se dieron las TDT por decreto. Y estimó "intolerable" que este Hernando utilice el "lenguaje de los radicales".

Nueve empresas han pasado el corte para optar a alguno de los seis canales de televisión de ámbito estatal en juego, según anunció el martes el Ministerio de Industria, del que es titular José Manuel Soria. Entre ellas figuran los grupos de televisión privada más potentes: Mediaset, Atresmedia, Prisa, Net TV (del grupo Vocento). Y también el grupo de medios Secuoya, 13 TV (perteneciente al grupo de radio Cope), el Real Madrid televisión, Radio Blanca (dueño de las emisoras de radio Kiss FM). Y asimismo El Corte Inglés. Los interesados presentaron sus propuestas antes del 28 de mayo. La ley limita a dos --uno de calidad estándar y otro de alta definición-- los canales a los que puede optar cada grupo.

La cuestión de fondo denunciada por los socialistas, el chantaje para que no se hable de la corrupción, podría desaparecer del escenario electoral de dos modos: adjudicando los nuevos canales cuanto antes --lo que depende del Gobierno propiamente dicho-- o demostrando que el derecho a la libertad de expresión no sucumbe a las presiones, los intereses y el miedo --lo que depende de las empresas y los periodistas. ¿Cómo silenciar, por ejemplo, que la senadora del PP y exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acaba de ser imputada por el Tribunal Supremo por las numerosas irregularidades existentes en distintos expedientes de contratación de las empresas de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel? Puesto que no ha dimitido todavía, ¿cómo impedir que al mencionarla se le llame por el apellido adquirido en el cargo público,"imputada o investigada", lo mismo que a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán, pendientes de la decisión del Supremo? Griñán renunció el lunes a su escaño de senador.

Por lo demás, el "martilleo" de las televisiones sobre la corrupción del PP como causa de la debacle electoral demuestra una cortedad de análisis impropia del dirigente político de una derecha a la que nunca ha afectado electoralmente la corrupción. Más que al ejercicio y el derecho a la libertad de expresión e información, el socialista Hernando atribuyó la mengua de votos a "los martillazos de sus políticas sobre los trabajadores, las familias, las mujeres, los pensionistas, los estudiantes".