El crecimiento del 3% no se traduce en cohesión social ni despegue salarial

Los Presupuestos Generales del Estado para 2016 contemplan un crecimiento del 3% de la economía española y un aumento del empleo en el mismo porcentaje. Son “previsiones conservadoras”, según el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, lo cual significa que el crecimiento y el empleo pueden ser mayores. La mejoría apenas se notará en los salarios y en los pilares básicos del Estado social: la educación, la sanidad y los servicios sociales, en los que el Gobierno central exige más restricciones y ajustes a las Comunidades Autónomas. Con todo, por primera vez después de cinco años de reducción y congelación salarial, con una pérdida superior al 20%, los funcionarios públicos tendrán una subida del 1%, igual a la concertada entre sindicatos y patronal en el sector privado. Así lo anunció ayer el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, en la Mesa de la Función Pública.

Las cuentas del Reino para 2016 que el Consejo de Ministros aprueba y remite hoy al Parlamento con el fin de que las tramite en agosto y septiembre, antes de que el presidente Mariano Rajoy disuelva las Cámaras y llame a elecciones generales el 22 o el 27 de noviembre, se orientan al cumplimiento de tres objetivos principales: el mantenimiento del crecimiento económico y la creación de empleo con vistas a alcanzar 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social en 2020 –hoy no llegan a 17 millones– y la reducción del déficit público al 0,3%–hoy no baja del 4, 5%– antes de que termine la próxima legislatura.

El tercer objetivo es electoral. Consiste en atraer el voto al PP. Lo resume la vicepresidenta y portavoz Soraya Sáenz de Santamaría: “Es importante no revertir las reformas”, y lo agita como bálsamo de Fierabrás contra el batacazo electoral el propio Rajoy, señalando con el dedo hacia el lugar donde supone que está Grecia: “Vean lo fácil que resulta arruinar un país”, dice como advertencia a cuando nos llamen a “decidir el futuro del país”.

De momento, el Presupuesto del año que viene lo va a decidir Rajoy y la mayoria absoluta del PP en el Parlamento sin esperar al resultado electoral de noviembre. La novedad será la recuperación de una mínima parte de la pérdida salarial de los empleados públicos con esa subida del 1% y la devolución en la nómina de septiembre del 25% de la paga extra de Navidad que les quitaron en 2012. Ya les han reintegrado otra cuarta parte y el restante 50% lo recibirán en 2016. El Ejecutivo promete suprimir la amortización de puestos de trabajo en los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y las plantillas policiales, y reconocer el derecho a los días libres o moscosos, eliminados por decisión gubernamental.

El coste de esas medidas representa en torno al 10% del ajuste que han sufrido los empleados públicos desde 2010 hasta el día de hoy. Téngase en cuenta que además de las quitas y la congelación salarial desde hace cinco años, la tasa de reposición de los empleados públicos que se jubilaban o causaban baja ha sido de uno por cada diez. En 2015 la cobertura ha subido al 50%. Sobre los empleados públicos de la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales, especialmente, ha recaído más del 50% de los 35.000 millones de euros de recortes durante el periodo de gobierno del PP. Al ritmo consignado en el Presupuesto de 2016 harán falta diez años para recuperar la situación de 2009.

En el Presupuesto que ha armado Montoro y sus colaboradores, bajan las partidas de la cobertura al desempleo y el pago de los intereses de la deuda pública, que se sitúa en el 98% del PIB y supera el billón de euros. Sobre la deuda, el Gobierno confía en que el bono a diez años no suba más del 1,4% (el alemán está a 0,80) y que el conjunto no supere un interés del 2,2%. Y sobre la reducción del dinero del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para ayudar a los parados, el Ejecutivo apela a la previsión de crear medio millón de empleos netos el año entrante para dejar la partida en algo más de 20.000 millones de euros.

Las partidas que crecen son las de Educación para aplicar la Ley Orgánica de Mejora de la Educación (Lomce), cuyo calendario de implantación complicará extraordinariamente el comienzo de curso, según han denunciado varios responsables autonómicos, y las destinadas a aumentar las plantillas de inspectores de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social en la lucha contra el fraude. También aumentan las destinadas a clases pasivas, mutuas y aportaciones a la Seguridad Social. No obstante las pensiones se atendrán al nuevo criterio de revalorización implantado por el PP, con una subida del 0,25%.

Según adelantó Montoro fechas atrás, el gasto de los ministerios se mantiene sin variaciones significativas respecto al presupuesto actual. Y en lo atinente a las cuentas de la Seguridad Social, con un desequilibrio creciente, un déficit estimado a mitad de este año del 1,1% y una reducción de la hucha de las pensiones desde los 69.000 millones de euros en 2011 a los 40.000 millones en la actualidad, la previsión de Montoro y la ministra de Empleo, Fátima Báñez, es que el aumento de cotizantes permita equilibrar las cuentas y reducir el déficit al 0,3% el año entrante.

Luego ya, el objetivo de seguir reduciendo el déficit público obliga a mantener los criterios de la austeridad entendida como la contención del gasto para que crezca menos que la actividad económica. “Esto no tiene nada que ver con los recortes”, asegura Montoro. “De lo que se trata es de no ir en contra de recuperación económica”, añade. Pero con un techo de gasto no financiero de 123.394 millones de euros, el Gobierno prefiere atemperar la presión fiscal y asestar a las autonomías el ajuste del gasto social, obligándolas a reducir el déficit al 0,3% en 2016 en tanto se reserva para sí (Administración General del Estado) un margen del 2,5%, incluidas las tres décimas de la Seguridad Social.

Sin tener en cuenta que cuatro autonomías hasta ahora gobernadas por el PP ya superan en el primer semestre el déficit del 0,7% comprometido para todo el año ni atender al hecho de que tres pilares básicos del Estado del Bienestar –sanidad, enseñanza y dependencia y servicios sociales– corren a cuenta de los presupuestos autonómicos, Montoro apeló a su voto de calidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles pasado para imponer los recortes y rechazar un reparto más equilibrado del déficit. De hecho, el ministro y las siete autonomías gobernadas por el PP –incluidas Melilla y Ceuta– perdieron la votación. Cataluña y las siete autonomías con gobiernos socialistas (Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana y Extremadura, además de Cantabria y Canarias, con gobiernos apoyados por el PSOE) votaron contra la propuesta de Montoro y reclamaron la cesión de una parte del margen de la Administración Central para suavizar los ajustes pendientes.

Pero Montoro se mostró intratable y además propagó la liquidación correspondiente al ejercicio fiscal de 2014 como si fuera un aumento de la financiación autonómica para 2016. En realidad los 7.455 millones de euros que las comunidades van a recibir en 2016 sobre lo presupuestado corresponden a la recaudación fiscal de 2014. Como se sabe, el Estado anticipa los pagos y dos años después, a la vista de los resultados fiscales –el 50% del IVA, el 50% del IRPF y el 58% de los impuestos especiales que son para las autonomías– liquida el saldo, que en 2014 resultó mejor de lo esperado. En otras ocasiones las autonomías han tenido que devolver los recursos anticipados por el Estado.

La inflexibilidad del titular de Hacienda sobre el reparto del déficit, que los responsables de la dirección del PSOE Antonio Prada y Manuel de la Rocha Velázquez califican de “injusta e irreal” y que se podría resumir con el lema: “Al enemigo ni agua”, contrasta con la facilidad demostrada para anticipar desde el 1 de julio la reducción del IRPF y del impuesto a las rentas del ahorro, anunciada para 2016. Esto es posible, dice Montoro, porque ha aumentado la actividad económica y la masa de contribuyentes. Y también porque Hacienda puede prescindir de 1.500 millones de euros este año que, a su vez, impulsarán la actividad económica y el consumo. Para la oposición, sin embargo, la operación obedece al desesperado intento de Rajoy de ganar una micra de credibilidad después de las mentiras programáticas de 2011 y de cargar sobre las rentas del trabajo el grueso de la crisis del capital.