La Audiencia Nacional investiga contratos de Acuamed por 200 millones de euros

Las irregularidades en la gestión de la sociedad pública Aguas de las Cuencas del Mediterráneo (Acuamed), que investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, afectan a una contratación de obras hidráulicas estimada en 200 millones de euros y en la que la Fiscalía Anticorrupción habría sustanciado desviaciones y amaños valorados entre 20 y 25 millones de euros. Según fuentes conocedoras de la investigación, las empresas Acciona y FCC figuran entre las más beneficiadas por las contratas de Acuamed. Directivos de estos grupos fueron detenidos el lunes en la Operación Frontino de la Guardia Civil, en la que también fueron arrestados el director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto y la directora de Ingeniería, Gabriela Mañueco.

Acciona recibió el 61% de la contratación de Acuamed (ver gráfico) desde que, en diciembre de 2011, tomó posesión del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente el nuevo equipo de gobierno del PP, encabezado por Miguel Arias Cañete como ministro y Federico Ramos de Armas como secretario de Estado de Medio Ambiente, cargo que llevaba aparejada la presidencia de Acuamed. Arias Cañete, actual comisario europeo, fue relevado por Isabel García Tejerina para encabezar la lista del PP al Parlamento Europeo en mayo de 2014, y Ramos de Armas dejó la secretaría de Estado y la presidencia de la sociedad pública en junio de 2015 para convertirse en subsecretario de Presidencia, a las órdenes de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Nada más conocer las detenciones y registros, La Moncloa anunció el cese del director de Acumed, Mateo del Puerto, aunque no el de Ramos de Armas.

Desde 2012 a 2014 (ambos ejercicios incluidos) Acciona obtuvo contratos de obras y servicios por 122.398.575 euros del total de las adjudicaciones realizadas por Acuamed y cifradas en 200.048.099 euros (ver listado). Algunos ingenieros y especialistas de la empresa pública, consultados por cuartopoder.es, han atribuido genéricamente el supuesto favoritismo (61% de la contratación) al hecho de que Mateo del Puerto ocupara un alto cargo en esta empresa unos años antes de ser nombrado director de Acuamed. Para vencer las resistencias internas de algunos técnicos de Acuamed en adjudicaciones, certificaciones y ampliaciones de obras, el detenido no dudó en degradarlos y cambiarlos de cometido. Los amaños de contratos públicos y las irregularidades en la gestión afectan a seis grandes expedientes, según fuentes conocedoras de la investigación.

Las obras que tiene actualmente en marcha Acuamed son de pequeño importe. Ha necesitado un préstamo extraordinario para poder mantener la actividad. La única grande (160 millones de euros) es la de la limpieza del embalse de Flix (Tarragona), que realiza una UTE entre FCC y Ámbito (del grupo FCC). Para que no se cancele la financiación europea, que representa el 70% de la inversión, tendría que estar terminada en 2015, cosa que no ha ocurrido. No obstante, para cumplir el plazo de saneamiento (retirada de los lodos para evitar la contaminación del Ebro), FCC –al estilo de Sacyr en el Canal de Panamá - ha reclamado 40 millones de euros más de sobrecoste. Según fuentes empresariales, los responsables de Acuamed habrían aceptado una parte del sobrecoste a pesar de que, según técnicos y consultores al servicio de la sociedad pública para el seguimiento del proyecto, el saneamiento total será imposible mientras no cesen los vertidos de la industria química.

Otros expedientes objeto de investigación judicial se refieren, según fuentes conocedoras del caso, a la segunda fase de las obras hidráulicas Carboneras-Valle de Almanzora (Almería). Se produjo un cambio en una unidad de las previstas en el proyecto (cambio de acero inoxidable a fundición en la tubería y desaparece una protección de escollera) sin modificación presupuestaria. Este cambio se detectó en la recepción por el interventor, pero los directivos de Acuamed convalidaron el gasto y a la hora de hacer efectiva esa convalidación, el precio realmente pagado a la constructora fue bastante superior al previsto. Uno de los empresarios detenidos, el suministrador de tuberías Manuel Moreno Maestre, deberá aclarar el pacto que dio lugar al sobrecoste.

Otra de las irregularidades, según fuentes relacionadas con la investigación, se centra en la desaladora del Bajo Almanzora. Las inundaciones del otoño de 2012 causaron grandes destrozos en la planta desaladora e impidieron su puesta en marcha. Aunque eran circunstancias de “fuerza mayor”, debieran haber estado cubiertas por el seguro al que estaba obligado el contratista. La constructora (FCC) se negó a hacer frente a la reparación. Según fuentes de Acuamed, FCC condicionó su obligación parcial a reparar la planta a que se le hiciera efectiva la liquidación de la obra, que habría sido incrementada artificialmente en una cantidad entre 2 y 10 millones de euros. Al tener FCC otra obra con Acuamed en marcha, se planteó si podría cargarse este exceso de liquidación (en una obra ya finalizada) con una “transferencia” desde esa obra de limpieza del embalse de Flix.

Otros expedientes sujetos a investigación se refieren a obras en Alicante adjudicadas a las empresas Sogeosa (contrató por 17,4 millones) y Acciona, y en las que se habrían realizado pagos no incluidos en los proyectos y resueltos administrativamente después. Entre las adjudicaciones “pactadas” se inscribirían las asignadas a la empresa Altec (contrató por 18,2 millones), de la que es director general Nicolás Steegmann, quien fue director de Trasagua (predecesora de Acuamed) y, según fuentes de la sociedad pública investigada, pagaba las fiestas de Navidad de Acuamed. En los contratos con Altec, en Alicante, se investiga si los informes técnicos de adjudicación fueron desestimados o anulados y cambiados por otros más acordes con el deseo del director de Acuamed. Otras presuntas irregularidades afectarían a obras en la cuenca del río Serpis.

Aunque la ministra García Tejerina está en funciones y no se han constituido las comisiones parlamentarias todavía, el secretario adjunto del Grupo Socialista, José Luis Ábalos, le ha solicitado una explicación sobre la gestión de Acuamed y le ha pedido que abra una investigación interna. “Se trata de un escándalo tremendo que obliga a la ministra a salir a dar explicaciones urgentes e inmediatas”, explica Ábalos, quien añade que “casos como este son una razón más para que el PP no siga gobernando este país”.