Hepatitis C: No pueden esperar más
"Se acerca una epidemia de tuberculosis.
Afectará al mundo entero. Si el mercado
de la tuberculosis funciona como se espera,
se ganarán miles de millones de dólares".
'El jardinero fiel' de John le Carré
Al día mueren doce personas, según la Plataforma de Afectados por Hepatitis C. Pero el ministro de Sanidad pide “responsabilidad” y que no se haga “demagogia”. Seguramente preferiría que murieran en silencio, sin hacer ruido, sin encerrarse en los hospitales, sin manifestarse para sacar a la calle su drama y la incompetencia de un Gobierno, que se niega incluso a recibirlos.
La situación es muy grave desde el punto de vista de la salud pública. Según el ministerio de Sanidad, en España hay 700.000 personas afectadas por el virus de la hepatitis C; de ellos, más de 400.000 tienen infección y hay 50.000 diagnosticados. Si no son tratados, la evolución de los afectados pasa por diferentes estadios que conducen en un 80% a la fibrosis que puede progresar a la cirrosis hepática y al hepatocarcinoma. Pero recientemente ha aparecido un fármaco antiviral de alta eficacia (Sofosbuvir) elevando la curación a más del 90%. La mayoría de los enfermos son personas mayores de edad que se contagiaron hace décadas por transfusiones de sangre y por la reutilización de jeringuillas.
Según las asociaciones especializadas, como la Asociación Española del Estudio del Hígado, se debería de tratar a 35.000 personas en 2015. Pero el ministro de Sanidad solo ofrecerá tratamiento a una exigua minoría de 6.000 personas este año: a los que esperan un trasplante de hígado, a los ya trasplantados y a los que tienen cirrosis avanzada. Se les está negando a la gran mayoría de los enfermos el derecho constitucional a la salud y otros derechos fundamentales. Y se está aplicando una visión miope desde el punto de vista de la prevención e incluso del ahorro del gasto sanitario. Los hepatólogos son partidarios de aplicar tratamientos tempranos para eliminar el virus de la hepatitis C y que el hígado se pueda regenerar y evitar que las personas enfermen hacia cirrosis o cáncer, que luego son más costosos de tratar.
Las razones del Gobierno para escatimar el fármaco están en el coste del medicamento que ellos mismos han pactado con la multinacional. La empresa Gilead cobra 25.000 euros por un medicamento que cuesta producir 115 euros. Y un tratamiento completo puede ascender a más de 40.000 euros. Todo un atraco a mano armada. Multiplicar por doscientos el coste de producción como precio de venta es algo tan desmesurado que no se puede justificar para recuperar la inversión realizada en la investigación. Un volumen de enfermos tan alto lo garantiza, tanto en España como en el mundo, donde la OMS calcula que puede haber 130 millones de afectados. Prueba de los desorbitados beneficios es que Gilead ha tenido 11.200 millones de euros en ventas de Sofosbuvir en 2014. Eso da para comprar muchas complicidades y poner a los gobiernos al servicio de sus intereses.
El Gobierno, para intentar torear el problema, se ha visto obligado a poner en marcha un comité de expertos y un plan nacional para determinar el número de pacientes y los criterios y prioridades en los tratamientos. Se han dado un plazo de tres meses, demasiado largo por la demora que se lleva en abordar un problema que es urgente por las muertes que se producen. Poco podemos esperar del comité de expertos en la medida en que la mayoría de sus miembros tienen una acusada falta de independencia respecto a las multinacionales farmacéuticas y con el laboratorio Gilead en concreto. Joan Rodés, el presidente del comité y muy relacionado con Farmaindustria, ya adelanto que "los que tengan una fibrosis mínima tendrán que esperar".
Urge tomar medidas políticas y económicas que aseguren que se tratará a todos los afectados. Como habilitar una partida presupuestaria para constituir un fondo específico para ello. También hay que revisar los precios abusivos de los fármacos que hacen que el gasto farmacéutico sea la cuarta parte del gasto sanitario total. Se puede y se debe promover la producción de genéricos de Sofosbuvir, utilizando la vía de la licencia obligatoria por la situación de emergencia y el interés social. Lo hizo Brasil contra el Sida y ahí está el ejemplo reciente de India que ha negado a Gilead el monopolio sobre la cura de la hepatitis C, por considerar que cambios menores en la molécula no justifican la patente. De esta forma se podrán utilizar genéricos y abaratar los tratamientos.
Con carácter estratégico habría que poner en marcha una investigación y una industria farmacéutica pública para asegurar el acceso universal a los medicamentos necesarios. El caso del medicamento Sovaldi contra la hepatitis C es un claro ejemplo de la ruinosa privatización de la investigación biomédica. Y, mientras tanto, si tenemos que reducir el gasto militar, lo reducimos. Porque no se puede argumentar que no hay dinero para salvar vidas cuando este mismo Gobierno ha financiado con dinero público el rescate de las entidades financieras con 130.000 millones de euros.
En un país que se considere civilizado no hay nada tan importante como la vida humana. Pero el Gobierno de Rajoy y las multinacionales no piensan igual, porque no hacen todo lo necesario para asegurarla. Más bien lo contrario: los recortes y la obscenidad del capitalismo depredador matan, porque nuestra salud es su negocio. Se conseguirá tratamientos para todos si aumenta la corriente en la opinión pública en favor de los enfermos de hepatitis. Habrá que seguir apoyándoles y movilizándonos con unas personas a las que se les va la vida. Porque nunca se pueden anteponer los intereses de las multinacionales al derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos.
