El PP renuncia a cambiar la ley para la elección de alcaldes porque no le salen las cuentas

El PP había pactado, aparentemente, con el PSOE dejar fuera del debate parlamentario la reforma de la Ley Electoral que pretendía modificar la elección de alcaldes de modo que lo fueran los candidatos más votados incluso con mayoría simple; es decir, con menos del 50% de los concejales. Y lo había hecho a cambio de alcanzar un acuerdo con los socialistas de regeneración democrática que al final no se ha logrado cuando estaba a punto. Era un acuerdo para que las nuevas leyes anticorrupción se elaborasen antes de fin de año y se pusieran en marcha en esta legislatura, pero cuando estaba casi acordado entre Alfonso Alonso y Antonio Hernando, portavoces de los grupos Popular y Socialista respectivamente, la Ejecutiva del PSOE, a la vista de los últimos escándalos que afectan al partido gubernamental, dio marcha atrás.

El secretario de Organización del partido socialista, César Luena, lo dejó bien claro ayer: “ni ha habido, ni hay, ni habrá acuerdos o pactos con el PP para luchar contra la corrupción”, porque “se trata de decir y de hacer” y es “imposible” pactar nada en este sentido “con un presidente, como Rajoy, que dice que la corrupción es poca cosa”. Y añadió: “Cómo vamos a pactar con el PP un acuerdo para luchar contra la corrupción si es el partido de la corrupción”. “Lo que debe hacer Rajoy es dar explicaciones y asumir responsabilidades porque durante 20 años su partido, al parecer, se financiaba irregularmente cada día”, concluyó.

Fue más. Luena apuntó que el PSOE va a presentar su propia proposición de ley en el Congreso para luchar contra la corrupción y para defender la regeneración de la democracia y presentará sus propias enmiendas a leyes como la reforma de la Financiación de Partidos. Además, aclaró, saliendo al paso de lo publicado en varios medios, que lo único que hay son conversaciones “con todos los grupos parlamentarios para que las propuestas de Pedro Sánchez puedan salir adelante”. Y remató, refiriéndose al presunto acuerdo: “El PP ha intentado tapar sus vergüenzas haciendo propaganda de algo que no existe”.

En las conversaciones a nivel parlamentario, nunca de partido, lo único que habían acordado PP y PSOE era separar los temas de la regeneración democrática y el cambio de la Ley Electoral. Nada más. Los socialistas se negaron rotundamente a pactar ninguna reforma electoral salvo que fuera con el conjunto de los partidos parlamentarios y siempre que el Gobierno renunciase a incluir el modo de elección de los alcaldes antes de las elecciones municipales de mayo de 2015. Pero los “populares” se reservaron la posibilidad de seguir adelante con su plan de permitir que alcanzara la alcaldía el candidato de la lista más votada con la única condición de que ésta superara el 40% de los votos.

De hecho, su gran gurú de los sondeos electorales, Pedro Arriola, hizo una cata electoral para ver donde podían superarse ese 40% de votos y poner esa cifra como listón mínimo para acceder a la alcaldía sin mayoría absoluta. Los resultados, según fuentes del propio PP, fueron desoladores. En las ciudades en que ahora hay mayorías absolutas fueron numerosas las excepciones en las que no se alcanzaba ese porcentaje. O sea, en palabras de un diputado destacado del PP, “íbamos a hacer un pan con unas hostias”.

Un alto responsable socialista comentó a cuartopoder.es: “Que nadie se engañe; renuncian a tirar para adelante porque les han salido mal las cuentas, no porque se lo hayamos pedido nosotros”.

Las fuentes 'populares' consultadas por este diario confirmaron esa tesis. Y, de hecho, un alto representante del partido señaló que hay una evidencia de la renuncia a seguir adelante en esta legislatura. Este fin de semana se celebró en Murcia la 22ª Intermunicipal Popular, con asistencia incluida de Mariano Rajoy y Dolores de Cospedal. En ella se habló de todo lo relacionado con las elecciones municipales de mayo. Nadie, ni de la dirección ni de los dirigentes autonómicos o locales, se refirió al cambio en la Ley Electoral a pesar de que es un tema que se recoge en el programa electoral del PP para esta legislatura.

El cónclave se centró en destacar la importancia de la batalla municipal que se avecina y en las conclusiones se aludió a todo menos a esa reforma. Desde Rajoy a Cristóbal Montoro destacaron varios puntos que atribuyeron a su política como Gobierno. Primero, que el objetivo de déficit inicial de los municipios para el año 2013 era del 0,0% del PIB, y finalmente se situó en el 0,52% del PIB y que el compromiso de la Administración Local se traduce en una aportación positiva al conjunto de la Administraciones de más de 5.000 millones de euros. Segundo, que en tan sólo tres ejercicios presupuestarios, el conjunto de la Administración Local ha pasado de un déficit del 0,39% en 2011 a sendos superávit, del 0,22% en 2012 y 0,52% del PIB en el ejercicio 2013. Un esfuerzo que se traduce en más de 9.000 millones de euros. Y tercero, que sólo 3.874 Corporaciones Locales presentaban en el año 2010 saldo positivo, frente a 6.413 Corporaciones en 2013 y que tan sólo quedan, en 2013, 773 de las 3.559 entidades cuyo saldo era negativo en 2010: desde los 3.161 millones a los 179 millones actuales.

“En estos momentos en los que algunos pretenden romper la convivencia de los españoles y vulnerar nuestra Constitución, los ayuntamientos garantizan más que nunca la estabilidad de España”, concluía el documento. Y remataba afirmando que las Entidades Locales, con independencia del territorio en el que vivan, son “el motor principal de la cohesión en España”.

Sobre la reforma electoral, no hubo nada de nada. Pero las fuentes tanto 'populares' como socialistas consultadas añadían otro dato decisivo sobre la renuncia del PP a tramitar la reforma electoral en lo que queda de año. Todos coinciden en que, teniendo en cuenta que las elecciones locales son en mayo, las leyes que deban aprobarse hay que tenerlas listas a finales de este año y rematarlas en febrero o marzo. Y ya se ha hecho tarde para presentar la reforma, salvo que se haga recurriendo a una urgencia que no tendría más justificación que los intereses electorales del partido del Gobierno.