Sin cuerpo sí hay condena

"¿Dónde está el cadáver?". La esperada pregunta cayó como una losa en la sala de la Audiencia de Sevilla que juzga a Miguel Carcaño, Samuel Benítez, Javier Delgado y María García, por la muerte de Marta del Castillo el 24 de enero de 2009. Sin duda, era la pregunta más esperada, y no porque alguien esperase  una revelación, sino porque es una de las pocas incógnitas que quedan en el crimen y la única pieza decisiva para que al joven sentado en el banquillo de los acusados le condenen por asesinato y por violación. Pero Miguel no tiene ningún interés en contestar a la pregunta. Resuelto, confiado y, como si de una lección aprendida se tratara, contestó: "No lo sé". Nada del cuerpo. Nada de la violación. Sabe que sólo con el cadáver se puede probar su grado de culpabilidad y que, sin  pruebas forenses, no podrá determinarse si se trata de un asesinato o de un homicidio y, mucho menos, una violación. Era la reacción esperada por las partes, por sus padres y por un público que sigue el caso en sus casas o en los periódicos como si de algo propio se tratara. Miguel no desveló el secreto, pero sí quedó a la intemperie su estrategia en ésta y en otras preguntas del fiscal:
-"¿Todo se lo inventa usted?" .

- "Sí …(silencio) Todo lo relacionado con la violación".

Esta vez, esta pausa de apenas unos segundos para matizar, que pareció durar toda una eternidad, reveló hasta que grado Miguel domina cada palabra que dice y su control de la situación. El resto siguió el mismo camino. Su (quizás) última versión no es más que un nuevo guión con la banda sonora de su primera versión para convencer al tribunal de que la muerte de la menor fue accidental y todo un ejercicio para que no sea condenado por asesinato sino por homicidio. "Había un cenicero dentro de la habitación y le di un golpe. No sé cómo lo hice, perdí los nervios", declaró para asentar la tesis de la accidentalidad.

Ni Miguel ni  ni otros muchos tienen ningún interés por  desvelar el paradero del cuerpo del delito. Creen que la máxima jurídica de que 'sin cuerpo no hay condena' es su mejor defensa y su tabla de salvación  y, en algunos casos así ha ocurrido, pero no es una verdad absoluta. En el  caso de Miguel hubo confesión aunque luego la negó. No fue el caso de Francisco Cervigón. El 18 de febrero de 1998 la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a doce años de cárcel por el delito de detención ilegal, dos años por tenencia ilícita de armas, seis fines de semana de arresto por la falta de hurto y a pagar a la esposa del desaparecido José Luis Zaragoza diez millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil y cinco millones de pesetas a cada unos de los hijos. Nunca confesó tener algo que ver con la desaparición, y presunta muerte, del químico de Algete, como acabó llamándose el caso. Tampoco se encontró el cuerpo de José Luis. Pero fue el tesón de una de sus hijas  y del policía que investigaba el caso, entonces un inspector de la Unidad de Delitos Violentos, UDEV, quien consiguió sentarlo en el banquillo de los acusados y condenarlo por un delito de detención ilegal con una pena similar a la del homicidio.

José Luis desapareció el 6 de octubre de 1995. Salió de su vivienda de Algete (Madrid) sobre las diez y media de la mañana para ir, primero, al banco y posteriormente a Zaragoza, donde planeaba participar en una cacería. No fue a ninguno de los dos sitios. Diez días después, apareció su coche con las llaves puestas en las inmediaciones de Plaza Castilla (Madrid). Habían desaparecido las escopetas de caza, dos navajas y una gorra que el químico llevaba en el vehículo. ¿Una huída? No utilizó sus tarjetas y no realizó ningún movimiento bancario. No tenía deudas ni familiares. No había muchas más pistas.

Entonces, Francisco Javier Cervigón, ex novio de una de las hijas del empresario, se presentó ante la familia como el interlocutor de una banda mafiosa que quería 90 millones de pesetas por su rescate. La familia le pidió que demostrase que seguía con vida y él les mostró una de las escopetas de caza, una foto en la que aparecía el químico con un periódico posterior al día de su desaparición y aportó una serie de datos personales difíciles de conocer como el hecho de que su carnet de conducir estaba caducado o que poseía una tarjeta de compra de determinado supermercado.

Nada cuadraba y la policía empezó a sospechar que lo había matado, detuvieron a Cervigón y registraron su vivienda y su coche. En el vehículo hallaron dos de las escopetas de Zaragoza, una de ellas con los cañones recortados y ambas con la numeración limada. Ni siquiera escondió el periódico del montaje, que los agentes hallaron en su casa, y tampoco les costó mucho desmontar su coartada para el día de la desaparición gracias a que un testigo reconoció que le había intentado sobornar si le proporcionaba cobertura durante aquella mañana. A pesar de que nunca reconoció tener nada que ver con su muerte, al igual que Miguel, cambió varias veces su versión. Primero acusó a su ex socio iraquí y, después, sin pudor, dirigió sus acusaciones contra su ex novia e hija del desaparecido. Esta última versión no dudó en mantenerla en el juicio con una frialdad que, según los investigadores, era propia de una personalidad “calculadora, violenta y peligrosa”, una mente que ideó su secuestro y su muerte para cobrar un rescate, según testificaron en el juicio. No pudo evitar una condena, pero nunca se declaró culpable y, por supuesto, jamás dijo dónde se encontraba el cuerpo de José Luis.

Todas las gestiones para averiguar el paradero del industrial han resultado hasta la fecha negativas, aunque su familia no se resigna a pesar de los años transcurridos.  “El Código Penal actual incita a los delincuentes a esconder el cuerpo porque saben,  que si no lo encuentran, la pena será mucho menor. La policía llegó a decirme que no pueden hacer más porque tienen muchos cadáveres calientes sobre la mesa y el de mi padre está frío. Mi padre sigue secuestrado. Si no hay entierro no se entierra el dolor”, mantienen. Sin olvidar esta batalla, han ampliado su campo de actuación e intentan cambiar las leyes planteando un debate, que ya ha surgido en otros países llegando incluso a producirse cambios legislativos, para que las leyes permitan juzgar a quienes son considerados culpables de haber acabado con la vida de una persona, a pesar de la inexistencia del cuerpo, cuando todos los indicios apuntan esta tesis. La iniciativa está registrada en el Congreso de los Diputados, aunque aún no se ha debatido.

Aquella sentencia fue un éxito y su caso ha sido utilizado después como precedente en otros crímenes como el del jardinero Rogelio Nuñez. El jardinero desapareció  en Bergondo, un pequeño pueblo cerca de A Coruña, en 1999. En este caso, todo apunta a que fue un crimen pero faltan las pruebas.  Su socio fue detenido en varias ocasiones porque, además de una versión contradictoria de sus movimientos del día de la desaparición de Rogelio, se le halló la documentación personal del desaparecido que iba a utilizar para transferir la furgoneta a su nombre y que permitieron condenarle por  los delitos de estafa y falsedad documental. Mercedes, su hermana, aún sigue empeñada en demostrar su implicación en lo que ella considera un crimen y no una desaparición.

Otro caso: En 2007, Paul Durant fue condenado por la Audiencia Provincial de Alicante a 13 años de prisión por la muerte de Karen Durrell. Se declaró culpable desde el primer momento. Incluso envió una carta desde la cárcel al periódico Daily Mail relatando cómo se había comido a la víctima. "Después de matarla, la corté en pequeños pedazos y lo que era digerible, me lo comí...", explicó. La Policía, tras interrogarlo, encontró una maleta exactamente donde él había descrito que había guardado el cuerpo tras descuartizarlo y  rastros de sangre, pero no el cadáver. El día del juicio cambió su versión y negó haberla matado. El homicida consiguió una pequeña victoria: una condena de 13 años y no de 30, como le hubiera correspondido por asesinato.

La Policía y la Guardia Civil mantienen abiertos otros muchos casos, a la espera de pruebas. Lo que todos tienen en común es que no hay datos concluyentes que conduzcan al fin de una búsqueda. En todos, lo que más desespera a parientes e investigadores es el hecho de que no aparezca el cuerpo. Es el caso de Guillermo Collarte, desaparecido en 1999 cuando fue a visitar unas obras a Portugal. Once años después de la desaparición del empresario, un tribunal ha dictado auto de procesamiento contra los cuatro sospechosos por secuestro porque aún queda por conocer dónde está el cuerpo del empresario. En el juicio se verá qué versión deciden mantener.

Sin cuerpo no hay asesinato, pero sí puede haber condena. El juez que investiga la desaparición y muerte de la joven Marta del Castillo recoge en su auto de 50 folios que  Miguel Carcaño es un asesino confeso además de imputarle un delito de  violación, uno cometido por él mismo y otro como cooperador necesario. El juez mantiene en su relato de hechos ocurridos el 24 de enero de 2009, según el cual la joven fue asesinada en un piso de la calle León XIII, de Sevilla, y su cadáver sacado de la vivienda en la madrugada del día siguiente, con la ayuda de un amigo y el hermano de Miguel Carcaño. El juez coincide en esta exposición con la versión de la fiscalía, que en su escrito de calificación apelaba a una "condena ejemplarizante" y solicita para Carcaño una pena total de 52 años de cárcel.

De fondo, en el lado humano, las palabras del tío de Marta, Javier Casanueva:  "La crueldad y la maldad de estos individuos" lo dice todo.