Los derechos humanos, primera víctima de la “reconciliación” de Europa con Teherán
A finales del pasado mes de abril, Said Razavi, un destacado periodista iraní vinculado al Movimiento Verde, dirigió una emotiva carta a la responsable de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, pidiéndole que no se olvidara de los derechos humanos en sus negociaciones con la República Islámica y que no los sacrifiquen por “la avaricia de los acuerdos comerciales”.
Después, Razavi, en su carta a la “ministra de Exteriores” de la UE, realizaba una descripción de lo que ha vivido en las cárceles iraníes, donde ha cumplido condena por “propaganda contra el Estado”, citando los nombres de decenas de periodistas, intelectuales, profesores y activistas encarcelados por motivos políticos.
Coincidiendo con esta “reconciliación” de Europa y Estados Unidos con el régimen jomeinista, el acuerdo nuclear y el levantamiento de la sanciones, otras organizaciones humanitarias, como la Campaña Internacional por los Derechos Humanos (ICHRI), han realizado denuncias semejantes, acusando directamente al actual presidente, Hasán Ruhani, de incumplir su promesa electoral de sacar de la cárcel a los presos políticos y aumentar las cotas de libertad para la población iraní.
La realidad es que Ruhani, pese a tener capacidad de actuación a través de los organismos dependientes directamente de la Presidencia, no sólo ha incumplido sus promesas sino que, bajo su mandato, se han recrudecido las operaciones represivas contra la disidencia. La creación de una nueva “policía moral” para vigilar la forma de vestir de las mujeres, la campaña contra “la mafia de la moda”, la irrupción en fiestas privadas persiguiendo el consumo de alcohol o las relaciones entre hombres y mujeres, la condena a 16 años de cárcel de la luchadora contra la pena de muerte y de los derechos de la mujer Narges Mohammadi y, sobre todo, la nueva oleada de ejecuciones muestran la pasividad de un presidente que se presentó ante el resto del mundo como la “esperanza reformista” de Irán.
Narges Mohammadi precisamente es una de las activistas cuya salud se encuentra en grave peligro dentro de la prisión debido a una falta de asistencia médica a los reclusos muy extendida en el sistema carcelario iraní, como denunció en Ginebra un grupo de asesores de la ONU en esta materia.
Junto a Mohammadi, también se pueden citar el abogado Abdulfatah Soltani, el periodista Husein Ronagui, el teólogo Sayed Husein, los presos políticos Alireza Galipur, que padece cáncer de pulmón, el activista kurdo Afshin Sohrabzadeh, con un grave cáncer de colon, el también periodista kurdo Mohamad Sadiq Kabuwand y el físico Omid Kokabi, a quien se le tuvo que extirpar un riñón debido a que el cáncer que sufría no fue tratado a tiempo.
Kokabi fue detenido el 30 de enero de 2011 en el aeropuerto de Teherán cuando se disponía a regresar a Estados Unidos para seguir sus estudios de doctorado en Física en la Universidad de Texas (Austin). Kokabi se había negado durante su estancia temporal en Irán a colaborar en un programa de investigación para las fuerzas armadas. Debido a su estado de salud tras serle extirpado el riñón cancerígeno ha sido excarcelado tras pagar una fianza de 150.000 dólares.
Según Amnistía Internacional, el año pasado Irán alcanzó un número de ejecuciones próximo al millar, una cifra que no se registraba desde el año 1989, cuando se culminó la orden dada por el ayatolá Jomeini para “limpiar” las cárceles de presos políticos, lo que supuso la ejecución sumaria de miles de reclusos entre 1988 y 1989.
Durante el actual año 2016, la vorágine ejecutoria tampoco se ha detenido, consolidando al “nuevo amigo” de la Unión Europea y de Estados Unidos como el país que encabeza la lista internacional de la pena de muerte, ya que, aunque en China se produce un mayor número de ejecuciones, la población del gigante asiático es 18 veces mayor que la de la antigua Persia. Solo entre los pasados días 17 y 18 de mayo fueron llevadas al patíbulo 23 personas en las cárceles de Urmie, Tabriz, Yazd, Yasuj, Sari y Mashad.
Especial preocupación causa la situación de los derechos humanos en la región del Kurdistán. En relación con la aplicación de la pena de muerte, del casi millar de ejecutados cerca de 400 eran kurdos, lo que supone una gran desproporción respecto al número de habitantes de este pueblo, que en Irán no rebasa el 11 por ciento del total.
La Asociación de Derechos Humanos del Kurdistán, que el 21 de mayo celebró un encuentro en Estocolmo, ha calculado que sólo en el pasado mes de marzo se produjeron 213 detenciones por motivos políticos. En esta región iraní también se ha denunciado el cierre de siete revistas en lengua kurda, que se suman a otras 22 prohibidas el año 2014.
Otro hecho que se repite periódicamente en esta región es la detención de decenas de contrabandistas, una actividad ancestral debido a su carácter montañoso y fronterizo con Irak. De acuerdo con las informaciones difundidas por el Instituto Kurdo de Washington citando la agencia de noticias Xendan, el pasado mes de abril en la zona de Usnaviyeh cuatro miembros de la misma familia fueron detenidos por los Guardianes de la Revolución que, como suele ser también habitual, mataron a los 40 caballos que estos contrabandistas utilizaban para transportar las mercancías.
