Imagen de la zona "Entre el cielo y el infierno" de los montes Cilo durante la primavera. / Dogán

Al entrar en el Ayuntamiento de Hakkari, una fotografía de grandes dimensiones muestra dos impresionantes montañas desafiándose, cara a cara, como gigantescos colosos; en medio, un estrecho desfiladero que parece descender “del cielo al infierno”, que es como llaman aquí a este rincón del extremo más oriental de Turquía. En otras imágenes se pueden ver paisajes alpinos semejantes, como los montes Cilo, Sat y Berçalán, macizos con cumbres que superan los 4.000 metros de altura justo donde la frontera se abraza con las de Irán e Irak.

Realmente, en toda Turquía, no hay un sistema orográfico tan hermoso como el de Hakkari; las antiguas guías de trekking señalan numerosas rutas de acampada en lugares paradisíacos, junto a lagos glaciares y nieves permanentes. Según explica el alcalde, Fadil Bedirmanoglu, los habitantes de Hakkari podrían nadar en la abundancia solo explotando su privilegiada potencialidad turística o si el Gobierno de Erdogán les permitiera, como vienen reclamando desde hace años, abrir dos nuevas aduanas con sus vecinos iraquíes.

“Hay pocos sitios en el mundo donde haya tanta nieve y tantas flores al mismo tiempo en primavera. Podríamos vivir del turismo internacional pero ni siquiera hay turismo interior. Nosotros mismos nos tenemos que consolar viendo estas hermosas fotos en los despachos”, se queja Fadil. ¿Por qué? Hakkari es una de las provincias más calientes en esa guerra no declarada contra el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), que exige, igual que el partido del alcalde, autonomía local y regional para administrar y explotar los recursos naturales propios.

El centro de Hakkari con las montañas que le rodean; a la izquierda, la estatua de Ataturk. / Manuel Martorell

Pero nada de eso es posible. Siguiendo con la metáfora de los dos picos enfrentados, Hakkari podría estar en el cielo pero vive un infierno. La ciudad está ocupada militarmente y nadie puede hacer una actividad económica con libertad, sea turística, comercial o ganadera. Enclavada en una hondonada rodeada de montañas, con una única salida por carretera, Hakkari está circundada por un perímetro de bases militares que la vigilan permanentemente.

“Dicen que están por nuestra seguridad, para protegernos y que han ocupado las alturas por las necesidades de la guerra antiaérea, pero no tienen armas antiaéreas; en realidad están ahí para protegerse de nosotros y desde las alturas nos vigilan con potentes prismáticos que penetran hasta en las habitaciones”. Como explica gráficamente este alcalde del Partido de la Paz y la Democracia (BDP), viven “como en una prisión de tercer grado”, en la que sus habitantes pueden salir de paseo durante el día para volver a encerrarse en sus celdas por la noche.

Algo parecido ocurre en el resto de esta conflictiva provincia, cuya economía siempre se ha basado en la ganadería de vacas, ovejas y cabras por la calidad de sus pastos. Sin embargo, debido a la “seguridad” y a las operaciones militares constantes, los pastores no pueden ir con sus rebaños a los prados de las montañas y terminan vendiéndolo todo y marchándose a otro sitio a vivir.

Cientos de aldeas, según cuenta Fadil, han quedado abandonadas desde los años 90 y sus habitantes se han asentado en la ciudad de Hakkari o han emigrado a Van o a otras metrópolis turcas. Para demostrar con datos las consecuencias demográficas de la guerra, dice que en 1990 el municipio tenía 30.000 habitantes y que, entonces, se calculaba que en el año 2022 duplicaría la población. Hoy, doce años antes de esa previsión, Hakkari ya supera las 65.000 almas. “Solo en Van –explica Fadil- vive más gente de aquí que en la propia Hakkari”.

Fadil, el alcalde, muestra la flor de Hakkari en la bandera de la localidad. / M. M.

“Ha desaparecido la agricultura, la ganadería, no hay industria y las cifras oficiales sitúan el paro por encima del 40 por ciento. Aquí solo hay dos tipos de trabajo: funcionario o pequeño comerciante; los demás están en paro. No se produce nada, solo se consume, con el agravante de que muchos consumidores no pueden consumir porque no tienen medios para ello. ¿Resulta dramático, no? En Hakkari hay hambre; el Ejército ha destruido nuestra economía”, concluye Bedirmanoglu.

Hay quien arriesga su vida haciendo contrabando con Irán e Irak, sobre todo pasando gasolina en pequeños bidones sobre en mulos y caballos. “Solo en los tres últimos años, cien personas han perdido la vida al ser tiroteados por policías y soldados en la frontera. Hay días en que mueren siete y ocho personas por este motivo. Se han dado casos en que, tras matar a los contrabandistas, han quemado con la propia gasolina sus caballos”.

Fadil Bedirmanoglu también tiene en su despacho fotografías y objetos que representan los tesoros de esta tierra oculta al mundo por la guerra. Enmarcada en la pared, hay una edelweiss, la aterciopelada flor de las nieves. Estampada en la bandera local, la flor de Hakkari, una especie de tulipán que, de acuerdo con una tradición ancestral, inclinó la cabeza cuando Jesucristo pereció en la cruz y ya no la ha vuelto a levantar. Presidiendo el despacho, otro gran mural  con un paisaje cubierto de nieve y flores.

La zona de Berçalan, con nieves permanentes, este mismo mes de agosto. / M. M.

“Ningún pueblo merece esta barbarie. Llevamos –dice refiriéndose al pueblo kurdo- miles de años viviendo en estas tierras y somos esclavos en nuestra propia ciudad, en nuestras aldeas, en nuestras propias casas. Hasta los presos tienen derecho a utilizar su idioma pero nosotros no podemos. Quieren convertirnos en mendigos pidiendo limosna a las puertas del Estado”, dice Fadil sin esconder su acritud por la posición de gobiernos europeos, que como el de España, apoyan a Turquía.

“Los dirigentes europeos tienen un suspenso en la asignatura de derechos humanos y, en especial, en los derechos del pueblo kurdo. Los Estados europeos cierran los ojos a lo que ocurre aquí, a esta barbarie diaria, a la tortura… Ni siquiera nos reconocen como personas. Esta actitud refuerza al Estado turco. Europa debiera pedir a Turquía, como mínimo, que reconozca la existencia de 20 millones de kurdos, su identidad  y derechos básicos. Pero los gobiernos europeos basan su relación con Turquía en intereses internacionales y por eso aceptan como si fuera verdad todo lo que dice Turquía. Ni los pueblos de Europa, que son pueblos civilizados, se merecen tales gobiernos”. “Espero –termina dirigiéndose al periodista de cuartopoder.es y a su intérprete- que no compartan la opinión de sus gobiernos”.

El féretro de Carlos Hugo en la cámara ardiente cubierto con la bandera española y la boina roja. A la derecha, la bandera carlista; sobre el cojín de las flores de lis, el Tosión de Oro. / ParmaOggi

En un principio, daba la impresión de que el entierro de Carlos Hugo el pasado sábado solo iba a ser la despedida de quien, para muchos habitantes de Parma, simbolizaba la añorada independencia de este antiguo ducado al norte de Italia. Cientos de personas se agolpaban junto a la céntrica iglesia de la Steccata una hora antes de que llegara el féretro del último duque de Parma.

Aún recordaba al día siguiente la prensa local la inútil resistencia de los voluntarios parmesanos por conservar su autonomía política a mediados del siglo XIX ante el imparable proceso unificador de la nación italiana. Dentro de esta céntrica iglesia barroca con planta de cruz griega, los 400 invitados, de riguroso luto, se distribuían por las tres alas simétricas del templo, reservando la cuarta a la familia Borbón Parma y a los oficiantes de la misa, concelebrada por los obispos de Parma y Rótterdam.

Entre los presentes, numerosas autoridades locales, políticas, militares y universitarias, además de miembros de casas reales europeas y los embajadores del Vaticano, Malta y Georgia. En las primeras filas, Guillermo de Orange-Nassau, príncipe heredero de Holanda; Enrique, gran duque de Luxemburgo, y el príncipe de Löwenstein, mientras que los Reyes de Jordania y la Casa de Francia habían enviado sendas coronas de flores.

El funeral del “príncipe Carlos Hugo de Borbón Parma”, como se decía textualmente en el anuncio oficial, no era, por lo tanto, una ceremonia para salir del paso; la rigurosa organización, los trajes de gala y etiqueta, el despliegue policial y la nutrida presencia de medios de comunicación daban a la ceremonia el rango de un funeral de Estado.

Parte del público que esperaba la llegada del féretro en el centro de Parma. / Manuel Martorell

Dado el nítido carácter hispano que tuvo toda la ceremonia, resultaba sorprendente que, entre las numerosas delegaciones europeas, prácticamente no hubiera ninguna de España, salvo la corona de flores enviada por “SS. MM los Reyes” y una veintena de leales carlistas llegados de diferentes puntos de la Península.

Monseñor Enrico Solmi, se encargó de recordar el compromiso por la justicia social, el bien común, la paz entre los Estados y  el desarrollo de los pueblos de quien dirigió la evolución ideológica del carlismo. Tampoco se olvidó de ensalzar sus últimos trabajos en la Universidad de Harvard sobre las secuelas de la globalización en el mundo, a las que, según dijo el obispo de Parma, había dado respuestas para toda la familia humana desde posiciones cristianas.

Frente a los oficiantes, se encontraban los hijos de Carlos Hugo: Carlos Javier, Margarita, Jaime y Carolina; a su lado sus hermanas María Teresa y María de las Nieves. Junto a ellas, Irene de Holanda, hermana de la reina Beatriz, con quien Carlos Hugo se casó en 1964 para separarse veinte años después.

Acabado el oficio religioso, el féretro fue de nuevo llevado a hombros hasta la cripta de la iglesia, donde recibió sepultura en la más estricta intimidad familiar. A continuación, utilizando el atril del altar, un representante de la familia Borbón Parma leyó el testamento de Carlos Hugo, fechado el 9 de agosto, nueve días antes de su fallecimiento por cáncer. En este texto legal, Carlos Hugo transmite de forma solemne a Carlos Javier, el mayor de los hijos, y a todos sus descendientes los derechos legítimos al trono de España.

Carlos Javier, al fondo, se dirige a los invitados reafirmando sus derechos al trono de España. FOTO: Manuel Martorell

Carlos Hugo, que se postuló al trono frente a la candidatura de Juan Carlos en los años 60 hasta que fue expulsado de España por Franco, no había realizado una reafirmación tan contundente desde la transición democrática. Con esta declaración, se mantiene abierto el contencioso dinástico que ensangrentó las tierras de España entre carlistas y liberales durante todo el siglo XIX. Citando los tratados de Aranjuez de 1801 y de Nápoles de Nápoles de 1759, el testamento proclama, además, la nacionalidad española para todos los miembros de la familia Borbón Parma y sus sucesores.

Inmediatamente después, con todo el público y autoridades en pie, su hermano menor, Jaime, le colgó el Toisón de Oro, símbolo de la realeza española. Con este emblemático collar, el nuevo pretendiente a la Corona de España se dirigió a los presentes aceptando el testigo que le pasaba su padre mientras recordaba su vital compromiso. “¡¡Aita!!”, dijo en euskera mirando al cielo, “¡padre!: Sacrificaste con coraje tu vida por la democracia, la libertad, la justicia social, la igualdad y por hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Seguiremos tu camino”. Más tarde, a preguntas de los periodistas, Carlos Javier confirmó lo dicho declarando que él no podía renunciar a estos derechos porque “fueron otorgados por el pueblo español y solo el pueblo español puede arrebatárselos”.

Aún hubo otro significativo “toque” español en las solemnes exequias. María Teresa, inseparable compañera política de su hermano, comunicó que también habían recibido un telegrama de Santiago Carrillo, con quien los Borbón Parma integraron la Junta Democrática el año 1974, reconociendo que Carlos Hugo había sido un hombre con más valores progresistas que mucha gente que se dice de izquierdas.

El primogénito de los Borbón Parma se puso al frente del carlismo con la llamada Proclama de Montejurra el 5 de mayo de 1957. Entonces, los carlistas, divididos entre juanistas, antifranquistas y colaboracionistas, se debatían en una de sus numerosas crisis internas. Con 27 años y recién acabados sus estudios de Ciencias Económicas en la Universidad de Oxford, asumió la tarea de aglutinar un movimiento que todavía, a mediados de los 50, lograba convocar a decenas de miles de personas en esa montaña próxima a la localidad navarra de Estella.

Fotografía coloreada recogiendo la presentación de Carlos Hugo en Montejurra el año 1957. FOTO: Revista Montejurra

Durante cinco meses, se había preparado, viviendo de forma clandestina en el domicilio de un sindicalista bilbaíno, para su presentación como nuevo abanderado del carlismo. Ese 5 de mayo, ante miles de correligionarios, propugnó la actualización del tradicionalismo, la libertad y autonomía de las instituciones municipales y regionales, y una profunda transformación de las estructuras económicas.

A partir de ese momento, con el apoyo de los sectores más jóvenes, la denominada Comunión Tradicionalista experimentó un resurgimiento político que le llevaría a asumir posiciones democráticas y federalistas. Su expulsión de España por orden expresa de Franco en diciembre de 1968, que puso fin a sus pretensiones al trono de España, los graves incidentes ocurridos en Estella al año siguiente y el cierre de la revista Montejurra en 1971 no serían más que la antesala para entrar, de la mano de Santiago Carrillo, en la Junta Democrática cuando el franquismo daba sus últimos coletazos.

Pese al gran esfuerzo realizado, el carlismo no resistió la embestida de las nuevas fuerzas políticas durante la transición democrática y prácticamente quedó fuera de juego. El mismo Carlos Hugo decidió retirarse de escena tras el fracaso electoral de 1979 en Navarra, donde el carlismo siempre había sido hegemónico. Separado de Irene de Orange y Nassau, hermana de la actual reina de Holanda, se refugió en la Universidad de Harvard, al mismo tiempo que colaboraba en calidad de asesor con el Departamento norteamericano del Tesoro.

Manifestación carlista contra Franco que dio pie a los graves incidentes de Estella el año 1969. FOTO: Archivo Auñamendi

En este tiempo, dejó claro que no protendía disputar a Juan Carlos la Corona de España, pero también reafirmó los derechos que corresponden a los Borbón Parma en un acto celebrado el 5 de octubre de 2003 en la localidad vasco-francesa de Arbonne, donde designó a sus hijos Carlos Javier y Jaime herederos legítimos de la dinastía proscrita.

Prácticamente no volvió a pisar tierra navarra. Por eso, cuando regresó el 22 de marzo con motivo de inaugurarse el Museo del Carlismo en Estella, aprovechó para mantener un breve encuentro con sus seguidores. Ya en tratamiento por un cáncer de próstata avanzado, aquel encuentro tenía un gran significado. Todos los presentes eran conscientes de que estaban ante una despedida anticipada. Allí volvió a reiterar soluciones cargadas de utopía para recuperar el protagonismo de los pueblos en los sistemas políticos, para que el funcionamiento de las sociedades intermedias prevalecieran sobre las estructuras de los Estados. Fue una de sus últimas intervenciones políticas en las que se le ha visto calado con la boina roja que simboliza este movimiento.

Ahora, tras su entierro en el panteón de los Parma en Italia, los carlistas afrontan una encrucijada que muchos aseguran supondrá la definitiva desaparición de un partido cuya extraordinaria longevidad sigue atrayendo a los historiadores extranjeros. María Teresa, también profesora universitaria e inseparable compañera de Carlos Hugo en ese viaje hacia posiciones próximas al socialismo, no está de acuerdo y asegura que en sus casi dos siglos de historia ya se le ha dado por muerto en otras ocasiones. Igualmente resulta una incógnita saber si los herederos, Carlos Javier y Jaime, sabrán recoger el testigo y ponerse al frente del movimiento, tal y como su padre hizo en la cumbre de Montejurra hacer 53 años.

Carlos Hugo, con boina roja, en su última intervención política en Pamplona el pasado mes de marzo. FOTO: Manuel Martorell

Pero la verdad es que resulta difícil encontrarle acomodo en el actual panorama político, incluso en aquellas zonas cuya historia contemporánea es imposible comprender sin tener en cuenta al movimiento legitimista.

Su concepción preconstitucional de la organización territorial en base a los antiguos fueros quedó ligeramente recogida en la parte transitoria de la Carta Magna de 1978. Para los carlistas, esos fueros, esos derechos históricos de los viejos reinos, prevalecen sobre cualquier constitución. Prefieren utilizar el concepto de “Las Españas”, tan usado en la época de los Austrias, que, según ellos, podría servir de referencia y justificación histórica a un sistema federal que recondujera las actuales aspiraciones nacionales del País Vasco y Cataluña sin poner en peligro la unidad de España.

No es ninguna casualidad que Durán i Lleida, en su más dura intervención parlamentaria tras la multitudinaria manifestación de Barcelona contra la resolución estatuaria del Tribunal Constitucional, sacara a relucir palabras semejantes, recordando que el centralismo borbónico que puso fin a aquella concepción territorial y la pérdida de los fueros catalanes en 1714 fueron el origen remoto de un sentimiento nacionalista que ha provocado las más grave crisis institucional de la democracia.

Pancarta con la fotografía del valle que será sepultado por el nuevo pantano. FOTO: Manuel Martorell

El pasado 1 de agosto Turgut Olgún, junto a un compañero de Ecologistas en Acción de Dersim, subía la cuesta del río Munzur hasta centro de la ciudad recogiendo las botellas de plástico que habían quedado en la calzada tras la manifestación. Habían sido varios miles los manifestantes contra la construcción del nuevo pantano en una ciudad que, sin llegar a las 40.000 almas, es la capital de la provincia homónima. Una gran fotografía del valle que desaparecerá bajo las aguas en Konaktepe abría la marcha; detrás, otra pancarta con el lema general de la campaña: “No más pantanos y operaciones militares en Munzur”.

Para quienes, como Turgut Olgún, impulsan el movimiento contra los nuevos proyectos hidroeléctricos en esta región de la Anatolia turca, ambas cosas –los pantanos y la lucha contra la guerrilla del PKK- van de la mano y tienen como objetivo final lo que las masacres de 1938 no lograron: borrar Dersim del mapa.

Turgut, que es profesor de Educación Física, intenta explicarlo. Las ocho estaciones hidroeléctricas previstas desviarán las aguas de otros tantos ríos, robando, en algunos casos, hasta el 85 por ciento del caudal.  “A esos ríos van a beber agua el oso, el jabalí, el gato montés… Si no hay agua, todos los animales desaparecerán. ¿Cómo va a sobrevivir la trucha roja? Sin agua corriente no hay árboles, ni cultivos… en definitiva, no hay vida”.

Además, está el “proyecto estrella”, el pantano de Konaktepe, que tendrá 25 kilómetros de largo y una presa de 100 metros de altura. Será el quinto embalse sobre el cauce del río Munzur en apenas 150 kilómetros. Lo más sorprendente es que este último proyecto se levantará en pleno corazón del Parque Nacional de Munzur, uno de los primeros, más grandes y de mayor valor naturalístico en flora y fauna de toda Turquía. Cuando esté terminado, aparecerá como un gran lago rodeado de montañas que superan los 3.000 metros de altura.

Aspecto de una de las zonas en el valle del Munzur que se verán afectadas por el pantano. FOTO: Manuel Martorell

Bajo sus aguas, no solamente desaparecerán decenas de aldeas y la vital conexión entre los pueblos y la capital, sino que también lugares con un valor histórico irrecuperable para el pueblo kurdo. Dersim (Puerta de Plata en kurdo) es el corazón del alevismo, una religión exotérica practicada, al menos por unos quince millones de personas en Turquía, la mayor parte de ellos kurdos.

Los alevis, pese a considerarse musulmanes, tienen poco que ver con el islam que conocemos; no hacen las cinco oraciones diarias, las mujeres no usan velo, no guardan ayuno durante el Ramadán, beben alcohol y en vez de mezquitas tienen unos centros culturales donde hombres y mujeres bailan juntos. Perseguidos por los integristas suníes y los otomanos, los alevis se refugiaron en estas montañas del centro de Anatolia, cuyos valles, rincones, manantiales y cuevas guardan siglos de resistencia defendiendo costumbres y tradiciones ancestrales frente a la religión y cultura dominantes.

La última campaña contra Dersim se llevó a cabo en 1938. El Ejército turco, con apoyo aéreo y artillería, provocó una carnicería que algunas cifras elevan a los 50.000 muertos. Según cuentan, durante una semana el río Munzur bajó enrojecido por la sangre derramada. El éxodo de los que se salvaron despobló por completo la región y sobre Dersim, cuyo nombre fue cambiado por Tunceli (Puño de Bronce en turco), cayó una cortina de silencio que solo en los últimos tiempos se está levantando.

Estatua del líder rebelde Ziya Reza instalada este mes de julio por el Ayuntamiento de Dersim. FOTO: Manuel Martorell

Una organización dedicada a la historia oral intenta recuperar los testimonios de quienes, pasados unos años, regresaron a lo que quedaba de sus pueblos. Incluso el Ayuntamiento se ha atrevido a levantar en medio de la ciudad una estatua en honor a Ziya Reza, el líder de aquella revuelta por la autonomía. El gobernador provincial ha interpuesto la correspondiente denuncia para que los tribunales anulen la decisión municipal y el monumento sea retirado.

Y ahora que están recuperando su historia, los pantanos amenazan de nuevo la vida en Dersim. Hasan Sen, del Comité de Defensa de Munzur, lo tiene tan claro como su colega Turgut Olgún: “El objetivo es vaciar Dersim porque es una región rebelde. Solo en este valle 74 aldeas se verán afectadas, pero también quedarán sepultados santuarios alevis, como los de Ana Fatma, Gole Chajo y Gole Hasir”. Hasán acusa directamente al Ministerio de Medio Ambiente por colaborar en la destrucción de uno de los parques naturales más hermosos de todo el país.

Cabeza de la manifestación con el lema "No más pantanos y operaciones militares en Munzur". FOTO: Manuel Martorell

“El proyecto no es nuevo”, explica Hasán. “Se han encontrado documentos de los años 20 en los que ya se proponía cortar el agua a los pueblos de Dersim. Después, en los 50, empezó la locura de los embalses, sobre todo con el presidente Suleimán Demirel, al que llamaban ‘el rey de los pantanos’. Y, tras el golpe militar de 1980, se recuperaron proyectos antiguos que habían caído en el olvido”.

“Se pretende hacer otro 38”, dice Hasan para explicar los gritos de “¡¡No a otro Dersim!!”, que se escuchaban en la manifestación contra el pantano. “Entonces, los que se salvaron, cuando volvieron, al menos encontraron otra vez sus tierras, pero ahora quienes se tengan que marchar, si regresan, no encontrarán nada. Y eso será el fin de Dersim”.

Bomberos municipales intentan atajar uno de los incendios registrados en el Kurdistán. FOTO: Günlük

En Turquía, como en España, Portugal, Italia o Grecia, también abundan los incendios en verano. La fatal combinación del clima y vegetación mediterráneos tiene como consecuencia común la destrucción de miles de hectáreas de bosque todos los años. Y, como en esos países, en Turquía el Ejército ayuda en las labores de extinción cuando es menester. Solo hay una gran diferencia: en muchos de los incendios que arrasan la ya menguada masa forestal de la Anatolia oriental, son las cotidianas operaciones contra la guerrilla kurda las que provocan el fuego.

Solo entre los meses de junio y julio se han registrado más de treinta incendios forestales de este tipo. Bayram Balci, periodista del diario Günlük, enumera algunas de las zonas donde han ocurrido: Dersim, Bingol, Sirnak, Hakkari, montes Çudi, Gabar, Garzan, Kato, Berwari, Çele, Lice… La lista podría continuar. Según explica este colega del rotativo editado en Istanbul, en muchos de estos incendios los lugareños y los bomberos municipales acuden a apagar las llamas pero el Ejército les cierra el paso. “En Sirnak, por ejemplo, -dice Bayram- los bomberos de la ciudad fueron a apagarlo; también acudieron muchos voluntarios, pero los militares  no les dejaron hacer nada con la excusa de que había operativos en curso”.

Los incendios destruyen tanto zonas de montaña como cultivos en las llanuras. FOTO: Günlük

En algunos casos, como ha ocurrido en Irizce y Toptepe, dos localidades de esta provincia, los habitantes de los pueblos afectados han asegurado que ese día no había habido enfrentamientos y que los soldados disparaban proyectiles hacia las zonas boscosas de forma indiscriminada.

Las consecuencias económicas de estos incendios son, si cabe, más graves que en otras regiones de Turquía. Debido a las condiciones de miseria en que viven la población, la destrucción de bosques, pastos, viñedos y árboles frutales supone la desaparición de la principal fuente de ingresos en una economía basada en la ganadería de ovejas y cabras, sus derivados lácteos (queso y yogur), la miel y la producción hortofrutícola, además de una madera que cobra especial valor por su escasez.

Hasán, un responsable del Ayuntamiento de Hakkari, explica por su parte que él mismo vio a primeros de agosto cómo cerca de Cizre un incendio arrasaba varios montes. “La gente iba a apagar el fuego pero no les dejaban”, dice este funcionario municipal, que también reconoce la imposibilidad de atajar algunos de estos incendios debido al carácter escarpado e inaccesible del terreno.

En algunos sitios, los lugareños, desobedeciendo las indicaciones del Ejército, luchan por su cuenta contra las llamas, como ocurrió en las cercanías de Sere Dahce, una aldea situada en la zona minera de Maden, donde Cangir Ustun, un hombre de 69 años, falleció durante las labores de extinción.

Ramazan Uysal, alcalde de Sirnak, puso el dedo en la llaga al afirmar a la agencia IPS que “cuando los incendios ocurren en el oeste (Turquía mediterránea), el Gobierno pone todos los medios a su alcance, incluidos helicópteros, para controlarlos, mientras que cuando nosotros intentamos apagarlos nos manda la artillería”.

Ramazan se refiere a los importantes incendios de Antalya, montes Amanos, Datça y Dortyol, que también ocurrieron en estos meses de junio y julio pero que, al contrario de lo que sucede en el Kurdistán, fueron inmediatamente combatidos por unidades de bomberos con apoyo aéreo.

La imagen muestra un pueblo kurdo arrasado por las llamas. FOTO: Kurdish Info

Una investigación realizada por la Asociación de Derechos Humanos de Turquía (IHD), la más prestigiosa de este tipo, ha demostrado que en dos localidades de la provincia de Batman y en otra de Siirt fuerzas del Ejército quemaron intencionadamente no solamente las tierras propiedad de los municipios sino, incluso, los propios pueblos. Así lo explicó en una conferencia de prensa celebrada en Diyarbakir el abogado Salahatin Coban, detallando que cuando la comisión investigadora se trasladó a las aldeas de Gunesli (Siirt), Keceli y Palamutlu (Batman), los habitantes les confirmaron  estas sospechas, asegurando que ni siquiera les dejaron salvar sus casas. Lo habían perdido todo: viviendas y cultivos. Miles de árboles frutales y viñedos quedaron calcinados. Además, en Palamutlu, los soldados habían amenazado a los vecinos para que no hablaran con la comisión investigadora.

Pinos, robles y nogales que pueden alcanzar los 15 o 20 metros de altura son las principales víctimas de esta guerra no declarada. Hasta el Parque Nacional de Munzur, uno de los primeros y más importantes del país, se ha visto afectado ya que en este macizo montañoso, en plena Anatolia también se ha detectado la presencia de grupos armados vinculados al PKK.

Montes quemados en Sirnak junto a una base militar (arriba a la izquierda): FOTO: Manuel Martorell

Los alcaldes de los municipios devastados, por lo general pertenecientes al partido pro-kurdo BDP (Partido de la Paz y la Democracia), suelen informar a la Dirección General de Bosques, dependiente del Gobierno de Tayip Erdogán. A veces, esta dirección general envía observadores que se limitan a tomar nota para volverse por donde han venido sin hacer nada.

Pero lo que más molesta a los grupos locales que denuncian estos hechos es la actitud de las grandes asociaciones turcas dedicadas a la conservación de la naturaleza y defensa del medio ambiente, como la Fundación TEMA o las organizaciones no gubernamentales Çekül y Turkcek, que guardan silencio para no enfrentarse con el Ejército mientras las llamas arrasan un patrimonio forestal de incalculable valor para un Oriente Medio implacablemente castigado por la desertización.

Uno de los pueblos quemados y desalojados en el Kurdistán de Turquía en los años 90. FOTO: Con-Kurd

Al ser preguntado por el desalojo de comarcas enteras la pasada década para aislar a la guerrilla kurda, un oficial del Ejército turco reconocía a finales del pasado mes de julio que “las cosas no se habían hecho bien”. Al realizar esta afirmación, el mando militar no estaba cuestionando esa política sino la forma en que se había llevado a cabo.

En esos años, sobre todo a partir de la mitad de los 90, se calcula, según un informe parlamentario, que más de 3.000 pueblos fueron desalojados, quemados o destruidos en la lucha contra el PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán), y que cientos de miles de personas se vieron obligadas a emigrar a las metrópolis del Egeo y el Mediterráneo.

En la práctica, ese forzoso éxodo solo ha conseguido trasladar el problema kurdo a las grandes ciudades, donde son cada vez más frecuentes los actos de violencia contra esta minoría, que ocupa ya barrios enteros en Istanbul, Ankara, Mersin, Izmir, Adana o Bursa. Insultos, palizas en la calle, destrucción de comercios o negativa a dar trabajo son algunas muestras de una actitud xenófoba que suele ir asociada a los funerales o entierro de soldados muertos en combate con la guerrilla del PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán).

Mapa de Le Monde Diplomatique con las regiones despobladas (zonas rayadas en rojo) y el éxodo de los desalojados hacia las grandes ciudades (flechas verdes). Las estrellas señalan lugares de enfrentamiento.

El oficial turco seguramente se estaba refiriendo a los graves sucesos ocurridos el 26 y 27 de julio en las provincias de Bursa, próxima a Istanbul, y Hatay. El 26 de julio en este distrito, situado en el golfo de Alejandría (extremo oriental del Mediterráneo), cuatro agentes murieron en un ataque del PKK. La policía de Dortyol detuvo a varios sospechosos de participar en el atentado. Al extenderse la noticia, varios cientos de personas se agolparon frente a la comisaría exigiendo que les entregaran a los detenidos para lincharlos.

La policía tuvo que hacer varios disparos al aire para que una multitud cada vez más numerosa no asaltara los calabozos. Después, varios miles de personas se dirigieron a los barrios kurdos. Según declaró un testigo a la agencia Firat News, “armados con palos y cuchillos iban buscando kurdos por las calles”. “Los niños estaban aterrorizados”, dijo Fiat a la agencia. En total, medio centenar de comercios fueron destrozados, reventando las lunas de los escaparates a pedradas y veinticinco de ellos quemados al lanzar a su interior cócteles molotov.

La sede del BDP (Partido de la Paz y la Democracia, pro kurdo) también quedó calcinada por el fuego y en los barrios amenazados la población tuvo que levantar barricadas para cerrar el paso de los atacantes. Según diversas fuentes, los disturbios, desde el principio, estuvieron alentados por los Ulkuçu (Idealistas), la organización juvenil del ultraderechista MHP (Movimiento de Acción Nacional), también conocidos como los “Lobos Grises”. De acuerdo con Mehmet Insan, responsable local del BDP, la policía no respondió a sus llamadas de auxilio y solamente intervino cuando la tensión ya estaba disminuyendo.

Cientos de personas se agolpan frente al centro policial de Dortyol reclamando a los detenidos kurdos. FOTO: Kurdish Info

Al día siguiente, el 27 de julio, ocurría lo mismo en Bursa, industriosa ciudad próxima al mar de Mármara, al sur de Istanbul. En esta ocasión, el rumor de que seis kurdos habían sido apresados como responsables de dos asesinatos volvió a convocar a cientos de manifestantes frente a la comisaría de Inegol. Aquí la policía tuvo que emplearse a fondo para disolverlos. Los alborotadores, tras quemar varios vehículos oficiales y tres ambulancias, también la emprendieron con los comercios kurdos que se encontraban a su paso.

Aunque las autoridades han intentado quitar hierro a lo ocurrido argumentando que se trata de hechos esporádicos cometidos por bandas juveniles bajo los efectos del alcohol, la realidad es que incidentes semejantes vienen sucediendo por toda la geografía turca en los últimos años, aunque ha sido ahora cuando ha reaparecido el fantasma de las matanzas contra los alevis en Karamanmaras el año 1978, contra los greco-ortodoxos de Istanbul en 1955 e, incluso, de las primeras “razias” anti armenias a finales del siglo XIX.

En este clima, se han dado casos de personas que se niegan a coger un taxi porque el conductor es kurdo, familias, como ha ocurrido en Adana, que no pueden alquilar una vivienda por el mismo motivo e, incluso, maestros que han ridiculizado a un niño en clase por llevar un nombre kermanji (el dialecto kurdo hablado en Turquía). Una clara muestra de la magnitud que ha alcanzado la ola de xenofobia está en las declaraciones del presidente de la Asociación de Empresarios Productores de Pistachos, quien, antes de comenzar la actual campaña de recolección, anunció públicamente que este año no se contrataría temporeros kurdos.

Sin embargo, una de las circunstancias más preocupantes de lo ocurrido en Inegol y Dortyol ha sido ver a manifestantes esgrimiendo armas de fuego, como se ha podido comprobar estos días en las fotografías publicadas por la prensa turca. De hecho, en la ciudad ubicada en el golfo de Alejandría, un joven tuvo que ser asistido por una herida de bala.

Manifestación en protesta por el asesinato del joven Serzan Kurt. FOTO: DersimInfo

Tampoco es la primera vez que ocurre. El 11 de mayo pasado, Serzan Kurt, un estudiante de 21 años de la Universidad de Mugla, en plena costa del mar Egeo, resultó gravemente herido de un disparo durante unos enfrentamientos desencadenados cuando un grupo de Ulkuçu insultó en la calle a dos jóvenes kurdas. Atendido de urgencia en el Hospital Universitario, tuvo que ser trasladado al de Izmir, donde murió doce días después. En este caso, las autoridades también intentaron reducir lo ocurrido a choques entre facciones rivales de la Universidad, algo que Omer Kurt, el padre de Serzan, no aceptó: “Mi hijo –aseguró- no ha muerto por una bala perdida; le han matado por el hecho de ser kurdo”.

Aunque parezca mentira, después de 26 años de guerra no declarada, esta sigue siendo la tesis oficial del Gobierno turco sobre un conflicto que ya se ha cobrado 40.000 vidas, la mayor parte civiles kurdos.

La realidad sin embargo es muy distinta y solo es necesario recorrer las zonas más sensibles de Turquía para comprobarlo. No hay día sin enfrentamientos armados, sobre todo en la zona montañosa de la frontera, pero también en lugares tan apartados como Ovacik o Nasimiye, a más de 400 kilómetros en el interior de Turquía, prácticamente en el centro de la Anatolia, o en Hatay, a más de 600, en la costa mediterránea.

La omnipresencia de fuerzas, controles y bases militares en aldeas, pueblos o ciudades, protegidas por tanquetas, blindados, barreras de alambre de espino, parapetos con sacos terreros y torretas de vigilancia dan más bien al viajero la impresión de estar atravesando un país en guerra.

Una tanqueta de la Jendarma patrulla por las calles de Tunceli. FOTO: Manuel Martorell

Algunas de las posiciones militares en las zonas más conflictivas, como la citada región limítrofe con Irak, recuerdan más a las películas de Vietnam que a los cuarteles de una democracia con un problema de violencia terrorista. Durante el día menudean los operativos contraguerrilla, con columnas de soldados en uniforme de combate; por la noche, las unidades del Ejército se parapetan tras los perímetros defensivos y, antes de llegar a los numerosos controles, se obliga a los automóviles a avanzar lentamente con las luces apagadas para que los focos no iluminen posibles blancos.

No es esta la única comparación que se ha hecho de esta guerra con Vietnam. La revista alemana Der Spiegel acaba de confirmar que el Ejército turco ha utilizado en su lucha contra el PKK armamento químico. Este grupo, que también figura en las listas terroristas de EEUU y la Unión Europea, lleva años denunciando el uso de armas prohibidas y, para demostrarlo, solía exhibir fotografías de guerrilleros con los cuerpos horriblemente deformados.

Según acaba de informar el prestigioso semanario alemán en su última edición, Hans Bauman, un experto en falsificación de fotografías, ha avalado la autenticidad de unas instantáneas de este tipo tomadas en septiembre de 2009, mientras que forenses del Hospital Universitario de Hamburgo habrían asegurado que las mutilaciones y la deformación de estos cadáveres correspondería a la acción de agentes químicos. Como consecuencia de esta revelación, el partido de Los Verdes ha exigido una explicación al Gobierno turco, para quien todo sería producto de las maniobras propagandísticas del PKK.

Sin embargo, esta no es la primera investigación sobre el uso de armas químicas por parte de Ankara. Hace dos años, el Gobierno Regional del Kurdistán de Irak, que controla la zona donde el PKK tiene sus bases, tuvo que enviar una comisión tras las denuncias de varios lugareños quejándose de que en los bombardeos del Ejército turco se estaban utilizando este tipo de armas.

El ex vicealmirante Atilla Kiyat durante su intervención televisiva. FOTO: Haber Turk TV

Pero lo que estos días de agosto ha provocado una verdadera conmoción en Turquía han sido las declaraciones realizadas ante las cámaras de Haber Turk Televisión por el ex vicealmirante Atilla Kiyat. El conocido ex mando del Ejército participaba el 2 de agosto en un debate televisivo en el que uno de los contertulios sacó a relucir el asunto de las desapariciones y ejecuciones sumarias durante la “guerra sucia”.

Kiyat, en vez de negar estos hechos como se ha hecho durante quince años, y ante la sorpresa de todos, confirmó lo ocurrido pero explicando, a continuación, que ningún oficial habrá cometido tales crímenes sin la autorización de sus superiores, que todo aquello se hizo siguiendo la cadena de mando y que esa cadena termina en el primer ministro y en el presidente de Turquía.  “Todos estaban de acuerdo; también es un problema del presidente o de la primera ministra”, dijo explícitamente Kiyat refiriéndose a Tansu Ciller, la primera ministra que con “mano de hierro” gobernó Turquía entre 1993 y 1996 al frente del partido liberal de la Recta Vía (DYP).

En opinión de Atilla Kiyat, las desapariciones y ejecuciones sumarias “formaban parte de una política de Estado aceptada por todos”. “¿A ver quién dice que no fue una política de Estado?”, retaba a sus contertulios. El ex vicealmirante no se detuvo en esta sorprendente revelación; también insinuó que todo había sido un fracaso. “Lo único que hemos conseguido es que toda una generación de jóvenes nos odie en esa zona”, añadió refiriéndose a las provincias kurdas, que se extienden por el tercio más oriental del país englobando una población de casi 20 millones de personas.

Familiares de desaparecidos convocados por las Madres de los Sábados en Istanbul. FOTO: Ozgur Ulke

Cinco días después, varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas las llamadas Madres de los Sábados, interponían una denuncia ante los tribunales por crímenes contra la humanidad contra los máximos responsables del Estado turco. Velat Demir, hermano de uno de los desaparecidos, leyó a la salida de los Juzgados de Sultanahmet, en Istanbul, una larga lista con los mandos políticos y militares acusados, entre los que sobresalían, además de la citada Tansu Ciller, el también derechista y ex primer ministro Suleimán Demirel, Mesut Yilmaz, del partido Anap, y el islamista Necmetín Erbakán.

Según las estadísticas de las Madres de los Sábados, que reciben este nombre por concentrarse todos los sábados frente al Liceo Francés de Galatasarya, en la parte europea de Istanbul, el número de desaparecidos por la “guerra sucia” sobrepasaría el medio millar. Más de la mitad, corresponderían al periodo gobernado por Tansu Ciller, destacando 224 desaparecidos en 1994 y 121 durante el año 1995.

Una mujer se lamenta entre miles de bolsas con restos de chiíes hallados en Mahawill. / Partido Comunista de Irak

El 1 de julio de 2003, en la sede central del Partido Comunista de Irak en Bagdad, Shaker y Burhan, dos representantes del comité pro derechos humanos impulsado por este partido, se aventuraron a dar la cifra de 65 fosas comunes en todo el país con víctimas del régimen de Sadam. En su opinión, en esos momentos, resultaba imposible hacer un cálculo definitivo de este tipo de enterramientos colectivos ya que, con toda seguridad, su  número iría creciendo de forma progresiva.

Siete años después, el número de “campos de la muerte” atribuidos al Gobierno del Baath (el partido de Sadam Husein) se acerca a los 300. La mayor parte de estas fosas comunes sirvieron para enterrar a decenas de miles de kurdos muertos o asesinados durante la llamada Operación Anfal, eufemismo para un genocidio semejante al de los judíos en la Alemania nazi, con el que también se intentó dar al problema kurdo una “solución final”.

Se calcula que en esta operación político-militar, desarrollada fundamentalmente en la segunda mitad de los años 80, perecieron cerca de 200.000 civiles. Otras muchas fosas se utilizaron para deshacerse de los muertos por la violenta represión del régimen de Sadam contra la revuelta de los chiíes en 1991. Según los cálculos realizados por el Ministerio de Mártires y Víctimas de la Campaña Anfal del Gobierno autónomo del Kurdistán, hasta finales del año 2009 se habían localizado un total de 276 fosas comunes, 21 de ellas en la propia región kurda.

Yasim Karim, el responsable del citado ministerio para estos temas, explicó en enero de este año que la mayor parte de los enterramientos no habían sido todavía analizados por los especialistas, por lo que exigía al Gobierno de Bagdad que acelerara los trabajos de investigación, ya que la inmensa mayoría de los lugares descubiertos quedaban fuera del territorio bajo jurisdicción del Gobierno kurdo.

La gran cantidad de fosas encontradas ha obligado al Ministerio iraquí de Derechos Humanos, dependiente del Gobierno de Bagdad, a crear un nuevo departamento específicamente dedicado a estos enterramientos, en el que trabajan conjuntamente, entre otros profesionales, arqueólogos, forenses y analistas químicos. De acuerdo con Ayam Sharif, uno de los responsables de este ministerio iraquí, solamente el pasado año se localizaron en la provincia de Bagdad 45 fosas comunes y otras 39 en la de Diyala. En la provincia de Najaf, más al sur, rondarían en estos momentos el medio centenar.

Por la vestimenta, se sabe de forma inmediata si los cuerpos encontrados pertenecen kurdos o árabes, ya que los primeros utilizan unas prendas tradicionales muy características –bombachos con faja los hombres y vestidos de colores las mujeres–. Esto es lo que ha ocurrido en la mayor parte de las excavadas hasta ahora, como las de Diwaniya, donde tuvieron su base las tropas españolas, Qadisiya, Besip, Du Besh, Nugra Salman, Jabal Sanam, Tobzawa o Jalid.

Fuerzas kurdas desfilan ante los ataúdes de los Barzani en Arbil. / Gobierno kurdo de Irak

Sin embargo, se tiene la seguridad de que los miles de cuerpos ya desenterrados y clasificados en las de Mahawill o Hilla pertenecen a árabes chiíes muertos al ser reprimida a sangre y fuego en 1991 la sublevación popular de la mayor comunidad religiosa de Irak.

En algunos casos, debido al especial significado de la fosa común, se han realizado solemnes homenajes a las víctimas, como cuando se trasladaron 512 ataúdes desde Jabal Sanam, en el desierto saudí hasta Arbil, capital del Kurdistán iraquí. Todos los cuerpos pertenecían a la tribu Barzani, líderes históricos de la resistencia kurda. En 1983, fueron detenidos, junto a varios miles de personas más, en su valle natal de Barzán, colindante a Turquía, hasta una zona del desierto limítrofe con Arabia Saudí; es decir, fueron deportados del extremo norte al extremo sur del país. Para el traslado de los ataúdes al nuevo aeropuerto de Arbil tuvo que ponerse en marcha en octubre de 2007 una especie de puente aéreo alquilando aviones de transporte privados.

Vecinos de Du Bes desentierran los restos de uno de los 200 niños encontrados en una fosa común. / Manuel Martorell

Otro traslado colectivo de restos realizado recientemente –el pasado mes de enero- ha sido el de 200 niños localizados en una fosa cerca de Du Besh (Dos Peces, en kurdo), al norte de Kirkuk y a orillas de un afluente del río Tigris. Aquí, en las proximidades de una base militar, fueron depositados los cuerpos de estos 200 niños con edades menores a los cinco años. Gracias a la intervención de las autoridades locales, los vecinos de Du Besh consiguieron sacarlos de la fosa común para enterrarlos de forma individual y provisionalmente en un solar del pueblo. Ahí han permanecido hasta que el Gobierno kurdo ha decidido su exhumación. En este caso el problema no estaba en el transporte ya que la fosa distaba apenas un centenar de kilómetros de Kader Karam, su comarca originaria, sino en la identificación de los restos.

Se cree que todos sus familiares desaparecieron después de que en esa base militar todos los trasladados –unos 8.000- fueran divididos en dos grandes grupos –hombres por un lado y mujeres por otro- antes de continuar su trayecto hacia su último destino. Dado que se supone que todos fueron asesinados y enterrados en lugares aún no descubiertos, ni siquiera se puede conocer su identidad ya que, por el momento, es inútil incluso hacer pruebas de ADN.

Aspecto de la concentración celebrada en Estocolmo el pasado 24 de julio. / iransolidarity.org.uk

¿Es aceptable que la próxima potencia nuclear de Oriente Medio castigue el adulterio con la lapidación? Esta pregunta, y no si afecta a los intereses de EEUU, nos lleva al fondo de la cuestión sobre si la República Islámica tiene derecho a desarrollar su propio programa atómico. Una República Islámica convertida en potencia regional representa también la consolidación y expansión por toda la zona de su modelo integrista religioso, cultural, social y político, incluido un sistema jurídico anclado en la Edad Media que mantiene penas como la lapidación, la amputación o el lanzamiento de los condenados desde una gran altura para que se estrellen contra el suelo.

Desde la revolución de 1979, el régimen jomeinista ha tenido entre sus principios fundamentales difundir su interpretación islámica por todo el mundo musulmán, sin diferenciar entre países suníes o chiíes. En este sentido, el actual Gobierno de Ahmadineyad supone el retorno a un fundamentalismo que la anterior Presidencia de Jatami había comenzado a cuestionar.

Con la lapidación y otras formas de castigo entresacadas de las primeras enseñanzas del islam ha ocurrido lo mismo. Introducidas en el sistema jurídico el año 1983, cayeron en desuso durante el periodo reformista de Jatami para ser reactivadas con la llegada de Ahmadineyad al poder hace cinco años.

Por lo que respecta a la lapidación por adulterio, está reglamentada en el Código Penal iraní tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, como ocurre de forma transversal en todo el sistema iraní, la mujer se encuentra en desventaja respecto al hombre ya que, por ejemplo, en caso de adulterio el testimonio de una mujer vale la mitad que el de un varón. Esta y otras razones semejantes hacen que, en la práctica, haya siempre muchas más mujeres condenadas a muerte por adulterio.

Preparativos de una lapidación realizada en Irán en 1994.

Este código también regula pormenorizadamente cómo se debe llevar a cabo una lapidación. El artículo 102 detalla la profundidad que debe tener el hoyo de tierra donde se inmoviliza a la víctima, permitiendo que solo una parte del cuerpo sobresalga en la superficie para servir de blanco. Por su parte, el artículo 104 especifica el tamaño que deben tener las piedras; no pueden ser tan pequeñas que no hagan daño, ni tan grandes que provoquen la muerte con los dos primeros impactos; se calcula que, aproximadamente, deben pesar entre 100 y 150 gramos.

No todas las mujeres condenadas por adulterio son castigadas de esta forma. Otras han sido llevadas a la horca, que es la amenaza que pende ahora sobre Sakine Ashtiani tras anunciar el Gobierno de Teherán que no será lapidada. En alguna ocasión, las condenadas han sido lanzadas al vacío desde una gran altura. Es lo que ocurrió a una mujer de Neyshabur, que encontró la muerte en 1990 al ser precipitada desde un décimo piso.

Teóricamente, si una mujer sobrevive a una lapidación, debe ser liberada. Pero, en la práctica, las contadas ocasiones en que esto ha ocurrido, la condenada ha sido rematada cuando se ha comprobado que seguía viva.

El caso más escandaloso ocurrió en Arak en agosto de 1994. Tras terminar la ejecución, la mujer se desembarazó de la tierra que le aprisionaba y salió del agujero por sus propios pies, pero, de inmediato, fue detenida por un guardián de la Revolución que la asesinó de un tiro. Lo macabro de este caso no termina aquí. Su marido y sus hijos fueron obligados a presenciarlo todo y, cuando el padre intentó apartar a sus hijos de la escena, las autoridades se lo impidieron.

Cartel de la convocatoria contra la lapidación del pasado 24 de julio. / iransolidarity.org.uk

Igualmente es muy significativo lo sucedido en la ciudad kurda de Bokán el año 1999. Una joven de 20 años llamada Zoleijah Kodjoda también sobrevivió cuando la multitud que presenciaba la lapidación la emprendió a pedradas contra los ejecutores, que, precipitadamente y creyendo a la joven muerta, la desenterraron para que el forense certificara la defunción. El médico comprobó, sin embargo, que seguía con vida y, de acuerdo con los jeques suníes locales, la envió al hospital de Urmie para que se recuperara. Las autoridades judiciales chiíes no estuvieron de acuerdo y pidieron que se repitiera la lapidación. Para entonces, Amnistía Internacional ya había puesto en marcha la campaña internacional que salvó a Zoleijah de ser lapidada dos veces.

Aunque ninguno de los gobiernos iraníes, ni siquiera el reformista de Jatami, ha intentado eliminar este tipo de condenas del Código Penal, la repercusión internacional de las lapidaciones, el rechazo de las fuerzas más reformistas y, sobre todo, de las mujeres y la juventud han abierto en la sociedad iraní el debate sobre la necesidad de quitarlas del Código Penal.

Algunos teólogos, incluso, ponen en cuestión el carácter islámico de la lapidación ya que tal figura no aparece en el Corán sino en los “hadices”, es decir en los testimonios indirectos sobre la vida de Mahoma recogidos en estas escrituras sagradas que equivalen en el cristianismo a los Evangelios de los Apóstoles. Este cuestionamiento se basa en que los hadices fueron escritos por personas distintas a quienes facilitaban los testimonios, ya que en el siglo VII en la Península Arábiga había muy pocas personas que supieran leer y escribir. Tal hecho, para algunos, pone en cuestión la validez de los hadices como fuente teológica y, en el islam, también jurídica.

En abril de 1998, Mohajerani, ministro del Cultura del presidente reformista Jatami, insinuó durante un viaje por Europa que no era partidario de la lapidación, pero, cuando regresó a Irán, dijo lo contrario, aunque propuso que dejara de aplicarse. Siguiendo esta política de acercamiento a los valores occidentales, a partir de 2002 comenzó, en la práctica, una moratoria que duró solamente tres años, hasta que Ahmadineyad ocupó la Presidencia en el 2005.

A partir de ese momento, la República Islámica ha recuperado no solo su retórica “antiimperialista” y anti-occidental sino también las posiciones más radicales en la represión política, la pena de muerte, las estrictas normas morales, contra los derechos de la mujer y, como no podía ser menos, en la práctica de los castigos más oscurantistas y retrógrados del Código Penal, como ocurre con la lapidación y la amputación de manos y pies.

Sakine Mohamadi Ashtiani (43 años) fue considerada culpable de adulterio el año 2006, siendo condenada a recibir 99 latigazos. Sin embargo, una vez cumplida la sentencia, se le abrió un nuevo proceso y, en esta ocasión, tres de los cinco miembros del tribunal volvieron a condenarla, imponiendo la pena capital por lapidación.

Todo habría seguido su curso legal si su hijo Sajad Gaderzadeh, de 22 años, no hubiera puesto en marcha una campaña contra la doble condena, acusando a las autoridades iraníes de incumplir su propia legislación, que impide penalizar dos veces a una persona por el mismo delito. Sajad escribió al presidente Ahmadineyad, al ayatolá Larijani, máxima instancia judicial iraní, y al propio Guía de la Revolución, Alí Jamenei. No hubo respuesta, pero Sajad tampoco se desanimó; junto con su hermana Farida, de 17 años, lanzó un llamamiento a la opinión pública internacional: “Tendemos nuestras manos –decían en su angustioso grito- a todas las personas del mundo. No importa quiénes seáis ni dónde estéis. ¡Salvad a nuestra madre!”

Sakine Mohamadi Ashtiani. Foto: iranhr.net

El llamamiento fue recogido por las principales organizaciones en defensa de los derechos humanos y por grupos específicamente dedicados a denunciar la pena de muerte y la lapidación en Irán. Por ejemplo, Iran Human Rights, Iran Solidarity y el Comité Internacional contra la Lapidación iniciaron una campaña para salvar la vida de Sakine, sobre todo cuando el 27 de mayo de 2007 el Tribunal Supremo ratificó la condena.

Debido a la movilización internacional, un portavoz del Gobierno iraní aseguró el pasado 8 de julio que Ashtiani no sería lapidada aunque se mantenía la pena de muerte. A partir de ese momento, la falta de información sobre su situación legal y la opacidad que caracteriza al sistema judicial iraní mantiene abiertas todas las posibilidades, desde la revisión de la condena hasta que la lapidación sea repuesta, pasando por la ejecución en la horca.

La pasada semana tanto Sajad, su hijo, como Mohamad Mostafei, el abogado defensor de Ashtiani, fueron convocados por la policía de Tabriz y Teherán, respectivamente, para intimidarles y obligarles a que cesen en la defensa de la acusada.

Se sabe, debido a informaciones difundidas en la ciudad de Tabriz, donde vive la familia de Ashtiani, que Sakine es una de las 200 personas que están “en capilla” en la cárcel de esta ciudad, capital del Azerbaiyán iraní. De estas condenas a muerte, 35 serían por lapidación, entre ellas dos jóvenes que comparten cautiverio con Sakine: Maryam Gurbanzadeh y Azar Bagueri, de 19 y 22 años. Una chica de 16 años, igualmente condenada a morir lapidada, se habría suicidado y, entre los condenados a muerte, habría otros menores de edad y un grupo de 18 homosexuales.

El caso de Sakine Ashtiani ha llevado a las organizaciones impulsoras de la campaña a convertir el 24 de julio en día internacional contra la lapidación, bautizándolo simbólicamente con el nombre de Sakine. Ayer mismo estaban convocadas concentraciones y manifestaciones en todo el mundo, desde Europa hasta Australia, pasando por Canadá, Brasil o Georgia.

Aspecto de la concentración contra la lapidación en Londres. Foto: Irán Solidarity

En las ciudades europeas, como Londres, París o Estocolmo, donde hay importantes comunidades iraníes, cientos de personas se manifestaron contra la lapidación y la pena de muerte portando fotografías de Sakine. En España, donde la colonia iraní es mucho menor, una asociación formada por refugiados políticos, ha entregado en el Ministerio de Asuntos Exteriores una carta abierta a Miguel Ángel Moratinos, aprovechando la reciente entrevista en Madrid con su homólogo iraní, Manuchehr Mottaki. En esta carta, la asociación felicita a Moratinos por sus iniciativas a favor de la libertad y la paz en Palestina pero le anima, igualmente y en consecuencia con esos principios, a que interceda por los derechos humanos y contra la pena de muerte, ante las autoridades de la República Islámica de Irán.

Por su parte, Mina Ahadi, portavoz del Comité Internacional contra la Lapidación, ha difundido otro comunicado agradeciendo los apoyos a la campaña por la libertad de Sakine Ashtiani y animando a la lucha para acabar definitivamente con la pena capital en Irán. “La pena de muerte –dice Mina Ahadi- es uno de los pilares básicos del régimen y la lucha contra las ejecuciones es, por lo tanto,  un pilar básico en la lucha del pueblo iraní contra el régimen”.