La ira de los mineros (apunte de campo sobre economía, política y ecología del carbón)

Pedro Costa Morata *

Cuando el país entero encaja cloroformado las humillaciones de un Gobierno que utiliza el voto mayoritario recibido para castigar a los inocentes e insuflar vigor a los culpables; en una tierra en la que el conformismo suicida sustituye a la rebelión esperanzada, los mineros leoneses y asturianos hacen excepción, dicen no a las trapacerías que los condenan y afrontan el desafío de quienes han pronunciado, sin más juicio que un ejercicio falaz y lacayo, la sentencia de  muerte sobre ellos mismos, sus familias y sus comarcas.

Contra la minería del carbón el argumento oficial, mediático y liberal es uniforme, lógico, inapelable: resulta tan deficitaria que ningún  principio económico al uso puede consentir el derroche de subvenciones que la mantiene, cuando tan numerosas son las fuentes de carbón de importación, que además presenta mayor poder calorífico (y menos emisiones contaminantes). Pero el momento no es bueno para exhibir tamaña racionalidad, ya que en la realidad que nos abruma son ingentes los capitales que, desangrando y condenando a España, se pierden o diluyen en ese mundo ruin de lo financiero. De ahí, el inevitable y básico argumento básico de los mineros, altamente ético por otra parte: si no hay límites para regalar, dilapidar o envilecer el dinero de todos entre esa canalla, queremos nuestra parte y no aceptamos pretendidas leyes económicas ni cantos neoliberales adormecedores.

Porque envueltos en un ambiente económico de usura, mentira y humillación, resulta más difícil que nunca demostrar que el carbón de importación sea globalmente más barato que el nacional, o que disponer de una producción mínima nacional deje de tener sentido por razones de libre comercio.

Insistamos, sin embargo, en  que la relevancia de este episodio reivindicativo de los mineros del carbón es esencialmente política, por lo que supone de enfrentamiento directo con el poder que ha dictado su liquidación socioeconómica sacrificándolos en el altar (amplísimo, desde luego) del equilibrio presupuestario y retomando esa corriente histórica de hostilidad y acoso que tan característica fue ya durante el franquismo: también entonces el honor de la resistencia a la dictadura fue protagonizado con frecuencia por los mineros del carbón cantábrico. Hubo que esperar a los años de Felipe González para que se iniciara el camino de la liquidación por la vía de las “reestructuraciones industriales”; y ahora, cuando se les daba por desmoralizados y desarticulados tras años de encajar recortes, de nuevo enarbolan el hacha de la dignidad y enfilan hacia Madrid, donde les espera el hielo canicular de un Gobierno impávido, con las opciones decididas y el pulso bloqueado.

El conflicto de los mineros del carbón, por otra parte, es seguido con atención por los sectores ecologistas que, casi sin excepción, se muestran partidarios del cese lo más rápido posible de esta actividad minera debido a su alto impacto ambiental tanto en la fase productiva como en su quema como combustible, en este caso por las altas emisiones de CO₂ que implica; y en consecuencia, estos sectores alzan su hostilidad ante la Marcha Negra de los mineros y critican a los grupos que la apoyan. Las razones ambientales que justifican la liquidación de la minería del carbón son objetivas y contundentes, y vienen contribuyendo a que su lenta desaparición venga acompañada del baldón adicional (“moderno”) que la hace sensiblemente responsable del efecto invernadero y del cambio climático.

Pero ante esta homogeneidad de criterios en el bando ecologista, carente de matizaciones extra ambientales, resulta oportuno extender el análisis crítico de esta minería a otras coordenadas y con elementos diversos, globalizando un problema que es global por complejo y trascendente, y que no conviene acometer de forma sumaria o unívoca. En primer lugar, no resulta ocioso recordar que el impacto contaminante y climático del petróleo y sus derivados es notablemente superior al del carbón, debido a la envergadura de su consumo (un 50 por 100 en el total de energía primaria, unas cuatro veces la del carbón), sobre todo en el sector transporte; pero es verdad que, afectando tan directa e individualmente esta responsabilidad climática a los ciudadanos ordinarios, todos preferimos (por nuestra tranquilidad) señalar con preferencia a las culpas del carbón. Pero que nadie dude que los daños ambientales y sanitarios del petróleo multiplican los del carbón.

En segundo lugar, y para horquillar esta reflexión heterodoxa, conviene recordar a los pertenecientes a las oleadas y generaciones ecologistas plenamente democráticas que los antinucleares de la segunda mitad de los años de 1970 exigieron, casi sin excepción, que las disparatadas previsiones nucleares del Plan Energético Nacional de 1975 (franquista) se sustituyeran en la medida de lo posible por el recurso al carbón en el Plan de 1979 (UCD). Desde luego, el problema climático de las emisiones de CO₂ era entonces desconocido pero no cabe duda de que observando la historia hay siempre hechos que ilustran y enseñan haciendo modular, prudentemente, cualquier tipo de integrismo, siempre al acecho.

Por otra parte, el ecologismo tradicional –y se supone que el actual– ha desconfiado sistemáticamente de la economía estándar y por eso ha asumido, exhibido y reivindicado como deseable el principio de la autonomía e independencia económicas en general, muy especialmente energéticas. Cuando ese movimiento y esa sensibilidad han llegado a construir una Economía ecológica, específica pero global e inequívocamente incompatible con la economía liberal, no ha dudado en rechazar el imperio del precio (dios tiránico en la religión ferozmente monoteísta del liberalismo), así como los dogmas del libre comercio; uno y otros han sido siempre objetivos esenciales de la lucha del ecologismo, comprometido, alternativo, político.

El ecologismo político no puede ignorar que la minería –la del carbón en particular, pero también otras– ha constituido el alma de numerosas comarcas, provincias a veces, generando una cultura, un patrimonio espiritual y hasta un paisaje generador de personalidad individual y social, así como de vida, moral e historia; todo ello sobre un fondo de trabajo dramático, de pulso telúrico con  las entrañas de la tierra y de orgullo por las producciones obtenidas y sus usos. (Téngase en cuenta que el carbón siempre ha tenido usos muy diversos y necesarios, aparte del energético, y así sigue sucediendo por ejemplo en la siderurgia.)

La pérdida, pues, de la cultura minera, como de otras igualmente específicas y generadoras de personalidad (piénsese en la marinera y pescadora, también en extinción y sometida a críticas, en gran medida justas, por su responsabilidad en el saqueo de los mares), supone un empobrecimiento, sensible y definitivo, del país y sus gentes, y ni siquiera los planes de reconversión comarcal –sistemáticamente truncados, por otra parte– pueden ser considerados una compensación adecuada.

Los mineros en lucha, volviendo a la importancia política de su gesto, nos invitan a incrementar urgentemente un grado más la respuesta social, para que el poder compruebe que habrá respuesta correspondiente a su violencia. Y ahí tenemos a los mineros del norte, con el carbón como trinchera y argumento.

(*) Pedro Costa Morata es ingeniero, sociólogo y periodista. Premio Nacional de Medio Ambiente  en 1998.