Corrupción y desigualdad: máxima alerta

Jesús Cuadrado *

¿A qué riesgo temen más los españoles? Hace unos días, el Centro de Investigaciones Pew publicaba los resultados de una macroencuesta en la que se preguntaba a los habitantes de cuarenta y cuatro países de todo el mundo por los mayores peligros para su seguridad. Proponía optar entre riesgos como la proliferación nuclear, las enfermedades infecciosas, los derivados del cambio climático, el terrorismo y la violencia asociados a conflictos religiosos o étnicos, y la desigualdad económica. Entre todos ellos, los españoles consideran la desigualdad económica como la mayor amenaza para su seguridad presente y futura. Con un 54% que señala ésta como la mayor amenaza, España aparece en la encuesta como un caso único en el mundo, en contraste, por ejemplo, con la UE, donde señalan ese factor de riesgo un 30% de los encuestados. Y se debe tener en cuenta que, en este estudio del Pew, no se trata la desigualdad como un valor que la población destaque, sino como un peligro, como el ébola o el terrorismo yihadista, que amenaza el futuro de la sociedad.

Se entiende; España es también el campeón europeo de la desigualdad, si se consideran los datos que reflejan la concentración de riqueza y renta, su distribución entre grupos de población por ingresos, como refleja este gráfico. Se puede ver cómo, en contraste con la evolución en Europa, la desigualdad ha crecido en nuestro país hasta representar los ingresos del 20% de población más rica 6,3 veces los del 20% más pobre, y eso gracias a que en el 2013 se ha producido una ruptura en las series de Eurostat, produciendo una bajada técnica, desde las 7,2 veces en 2012. Cualquier indicador elegido, como el índice Gini y otros, reflejará lo mismo, que España es, no sólo la mayor fábrica de paro de Europa, sino también la mayor fábrica de desigualdad, como ya señalé en un artículo anterior. De hecho, como se ve, el nivel de desigualdad de la UE se mantiene estable, mientras en España se dispara.

Si hubiera una relación en el país entre problemas reales y preocupaciones públicas, expresadas en los debates políticos o mediáticos, éste debería ser un tema obsesivo en España; pero, no es el caso. De hecho, cuando es noticia algún indicador de desigualdad, como el “riesgo de pobreza”, pareciera que lo hubiera descubierto Cáritas, u otros, cuando utiliza datos que se publican periódicamente en Eurostat o el INE. Peor, aún. En los debates entre el PP y el PSOE, entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, la desigualdad se utiliza como un tema más del cansino “cuando gobernáis vosotros, cuando gobernamos nosotros”. Lo cierto es que, si se utilizan los datos con rigor, la extrema desigualdad del país es patrimonio de todos los gobiernos, de los del PP y de los del PSOE, y, a diferencia de otros países europeos, ocurre como con el paro, que con las crisis los niveles de desigualdad se disparan. Así que no entiendo la retórica sobre desigualdad que maneja el grupo que dirige el Partido Socialista, en la que, ignorando la evolución temporal concreta de los datos, no responden a la imprescindible ruptura con las políticas practicadas durante décadas, que nos han llevado a ser, en niveles de desigualdad, el enfermo de Europa.

Contra la desigualdad se lucha, más allá de declaraciones huecas, con políticas diseñadas deliberadamente para que el crecimiento económico sea inclusivo, con un plan de acción pública específico, que, a la vista de nuestra experiencia histórica, no parece cosa sencilla. Hay muchas teorías económicas sobre las causas del aumento de las desigualdades, así como sobre las políticas más eficientes para reducirlas, pero existe consenso sobre la trascendencia del capital humano, especialmente la calidad de los sistemas educativos. Así, el especialista indio Raghuram Rajan expresa hasta qué punto los buenos sistemas de enseñanza, en todos los niveles, pueden paliar la tendencia a la reducción de la participación de los trabajadores en la renta, como consecuencia del aumento de la automatización. Pues, bien, durante muchos años España ha ocupado, y ocupa, el primer lugar de Europa en “abandono escolar”, indicador que mide el porcentaje de jóvenes que “dejan prematuramente la educación y la formación”, con consecuencias obvias en los niveles de desigualdad en los ingresos. Otros analistas especializados señalan los niveles de paro juvenil como un factor importante para la desigualdad en un país, y citan datos del 18% como niveles de riesgo; se puede deducir qué significan, a estos efectos, datos superiores al 50% en nuestro caso. No son los únicos factores que están en el origen de nuestros niveles de desigualdad, pero sirven para calificar la envergadura del problema y dar una idea sobre qué incentivos debe incorporar una política española seria contra la desigualdad.

No, no es un desafío sencillo, no hay fármacos de efecto inmediato, pero, en un mundo de competencia globalizada, a no ser que se armen políticas eficaces para cambiar la tendencia, y reducir la desigualdad, este proceso será imparable en España, se convertirá en un arma de destrucción masiva para el país. Y, cuidado, la desigualdad, un fenómeno ya tan español, no lo soluciona ni el Consejo ni el Banco Central Europeo; exige una política de país, específica para un problema muy nuestro, ganado a pulso, sobre todo en los tiempos del “coma usted crédito”. La lucha contra la desigualdad no se resuelve, sin más, aumentando el gasto público, como la experiencia muestra. ¿Alternativas? Robert Shiller, por ejemplo, propone, en su El nuevo orden financiero: el riesgo en el siglo XXI, un “seguro contra la desigualdad” con el que las tasas de impuestos a las ganancias sean automáticamente elevadas cuando los indicadores de desigualdad marquen un empeoramiento. Kenneth Rogoff habla de implementar un impuesto al consumo, con un alto mínimo no imponible, como fórmula para “cobrar impuestos a las riquezas acumuladas en el pasado”, sin distorsionar las decisiones de ahorro. El propio Thomas Piketty, en su famosísimo El capital en el siglo XXI, propone un impuesto global progresivo a la riqueza, que, como él mismo reconoce, exigiría un grado de cooperación internacional, difícil de alcanzar hoy.

Hay muchas más políticas concretas, en la fiscalidad o en la fijación del salario mínimo, por ejemplo, pero, creo que la clave para hacer frente al aumento de las desigualdades en nuestro país está en la respuesta institucional, en la política. Ahí están los mayores islotes de igualdad conocidos, los países nórdicos, para demostrarlo, como detallan, en un excelente estudio de análisis de la propuesta de Piketty, Daron Acemoglu y James Robinson. Se trata de una opción política que debe construirse, sí, pero más allá de simples declaraciones de principios repetidas como mantras mediáticos. Complicado en España, donde la corrupción ha gangrenado el sistema hasta los tuétanos, pero esa es nuestra tragedia: cuando más necesitamos de la política para acometer el desastre de la desigualdad, menos política decente tenemos. Pero, no podemos olvidar que altos niveles de desigualdad suponen un ataque a la línea de flotación de nuestra democracia por dos motivos, como sintetiza el economista Dani Rodrik: “No sólo contribuye a perjudicar más a las clases medias y bajas, sino que, además, fomenta entre la minoría selecta una dañina política de sectarismo”. En España, sin ir más lejos.

(*) Jesús Cuadrado es militante y exdiputado del PSOE.