Colau acaba con la inercia social-convergente

El aldabonazo de las últimas elecciones municipales y autonómicas ha sido, junto al éxito de Manuela Carmena, el triunfo de Ada Colau, figura ampliamente conocida por su lucha contra los desahucios y el activismo social.

Este triunfo se ha gestado en pocos meses, y ha dejado al descubierto la escasa capacidad de los grandes partidos nacionales, y CIU en Cataluña, para poder seguir gobernando una ciudad como Barcelona, que ha pasado de la gloria olímpica a una atrofia de ideas y de líderes. Colau ha logrado aunar una parte del voto de izquierdas clásico, el de Iniciativa, una parte del independentismo de izquierdas, como la CUP, y buena parte del asociacionismo y activismo que no votaba o lo hacía de forma dispersa.

Como novata en las lides políticas ha empleado mucho tiempo en elaborar un amplio programa de regeneración política y urbana, con dos elementos muy llamativos que han sido objeto de burla y mofa por parte de la elite política, pero también de la aristocracia económica, especialmente la mediática. Una de estas medidas ha sido la de instaurar una moneda propia de intercambio, y la otra tiene que ver con la moratoria turística y urbanística.

Los grandes gurús de la economía desarrollista, los mismos que no previeron la burbuja inmobiliaria y que ahora sueñan con ella, son incapaces de entender lo que significa el desarrollo sostenible, incluso sin ladrillo y sin cemento. Cataluña, junto con Madrid, Valencia y Andalucía, ha sufrido el virus del exceso de actividad inmobiliaria, lo que sin duda explica el liderazgo en ejecuciones hipotecarias a nivel nacional. La presión del turismo de masas, incluido el de balconing, ha degradado de forma significativa la imagen de la ciudad, pero también de la Comunidad Autónoma, por lo que es urgente racionalizar la oferta hotelera y turística, sin que ello suponga entregarse a los sóviets.

Una de las primeras medidas que propone Barcelona en Comú es: establecer una moratoria de concesión de nuevas licencias para todos los tipos de alojamiento turístico (viviendas de uso turístico, hoteles, albergues, etc.) hasta la aprobación del Plan Especial urbanístico de regulación del turismo. Esta iniciativa ya se puso en marcha en Baleares, siendo muy atacada por la patronal hotelera que veía peligrar el privilegio de construir sin planificación y sin límite, lo cual siempre es sinónimo de dádivas políticas, como se ha visto en Baleares y otras zonas turísticas. Estos supuestos empresarios no entienden que el medio ambiente es limitado, y que no se puede forzar el uso y la apropiación de recursos naturales, como el agua, aire o el propio paisaje.

La mala gestión y los intereses de algunos lobbies empresariales son la causa de una serie de conflictos que se asocian hoy al fenómeno del turismo: aumento de los precios, problemas de convivencia, destrucción del tejido social y económico de barrios enteros y banalización o saturación del paisaje urbano. La propuesta del 'Plan Especial Urbanístico de Regulación del Turismo' para toda la ciudad, establecería una serie de criterios destinados a regular las licencias de todos los tipos de alojamiento: hoteles, hostales, albergues, viviendas de uso turístico, pensiones, incluyendo nuevas tasas o forzando a que la totalidad de la actual tasa turística recaiga íntegramente en la ciudad.

Esta tasa tendría un uso muy delimitado y lógico:

1. Otorgar a los residentes en las zonas de mayor presión turística ayudas al alquiler social, ayudas fiscales para el comercio de proximidad, campañas de sensibilización y educación del turista.
2. Cumplir los planes de usos de los barrios turísticos para proteger el pequeño comercio.
3. Apoyar iniciativas colectivas de pequeños comercios, cooperativas y empresas incipientes relacionadas con el turismo
4. Aumentar los espacios verdes para contrarrestar parte del impacto ambiental del turismo.
5. Garantizar la suficiencia del transporte público en momentos y zonas de alta afluencia de turismo.
6. Crear un Consejo Ciudadano de Turismo con voz y voto sobre las prioridades en el gasto del impuesto turístico.

Como se puede observar, son medidas razonables, tendentes a preservar la lógica del crecimiento económico más sano y sostenible, mantra que, espero, esta vez sí tenga contenido para los habitantes de Barcelona. Estas medidas también tienen que ver con el fenómeno de la expulsión del vecino de los espacios comunes, por aquello de todo para el turista. La presión del turismo ha hecho que espacios como la Rambla hayan perdido su condición central y simbólica para la ciudadanía, o que el número de terrazas se haya duplicado en la última legislatura.

El resto de ejes principales estarían referidos a evitar desahucios, garantizar suministros a los hogares sin recursos, lucha contra la pobreza infantil, derecho a la salud, incentivos al transporte público y una renta municipal complementaria. El coste estimado se cuantifica en 160 millones, cifra que es bastante asequible, máxime si se pudiesen paralizar algunas privatizaciones u obras faraónicas que se habían proyectado por el anterior equipo convergente.

Por último, la creación de una moneda propia para incentivar el comercio local, no parece haber sido bien recibida por los dioses tertulianos, que claman porque haya ganado una activista antidesahucios, sin darse cuenta de que ha sido la ciudadanía la que ha colocado a Ada al frente de la lista más votada. Esta experiencia monetaria ya existe en muchos lugares y nada tiene que ver con el bimetalismo que algunos esgrimen como critica. No es más que una moneda social respaldada por moneda legal , como existe en Toulouse, o Bristol, entre otras ciudades europeas. Por supuesto, esta moneda no se crea para monetizar el déficit o para generar inflación, ya que está bastante demostrado que el dinero es endógeno y no exógeno como entienden los neoclásicos. No hay que olvidar que hoy en día funcionan en el mundo más de 4.000 experiencias de monedas o sistema monetarios alternativos al del dinero convencional en 30 o 40 países. Fustigar esta iniciativa con argumentos falaces y trasnochados, no invalida la idea de que, sin duda, habrá que pulir y darle contenido. Pero, a priori, no se debe embestir con las tripas y la rabia por sentirse despechado y fuera de la órbita mediática.

En suma, el monopolio social-convergente en Barcelona parece que torna a su fin, tras muchas décadas de duopolio electoral. Ahora la sociedad ha despertado y busca nuevas formas de solucionar problemas complejos con fórmulas debatidas y codecididas entre la ciudadanía y sus representantes. El desarrollismo del ladrillo, que tantas comisiones han devengado, puede tener sus días contados si el nuevo movimiento resiste los envites de los lobbys que en Cataluña estaban en nómina. Las cifras, de momento, cuadran.

(*) Alejandro Inurrieta es economista y director de Inurrieta Consultoría Integral.