Hay que reformar el Ejército

Víctor Arrogante *

El que fuera teniente del Ejército, Luis Gonzalo Segura, pide que se emprendan reformas profundas en el ejército, para terminar con la corrupción en su seno, modernizar sus estructuras y democratizar la vida interna que mantiene casi intacta la del régimen anterior. Es necesario abordar una reforma que permita auditorias externas y mejorar el trato de la tropa, Que se investiguen las denuncias presentadas en lugar de perseguir a quienes denuncian. «Me han expulsado porque "las manifestaciones realizadas afectan a la disciplina", pero no porque fuesen "aseveraciones falsas"».

Luis Gonzalo Segura, expulsado del ejército después de 13 años de servicio, ha sido perseguido profesionalmente y personalmente desprestigiado. Ahora sin trabajo, con el impedimento de presentarse a procesos  de empleados públicos, intenta cobrar el desempleo, afectado en su salud por la huelga de hambre que siguió durante 22 días para protestar por su situación. Así se las gasta el ejército: por denunciar abusos en las Fuerzas Armadas en una novela ingresó en prisión sin un juicio previo. Podemos llevó el caso al Parlamento Europeo, porque se «ha violado su derecho a la libertad de expresión y a un juicio justo», que constituyen los pilares del Estado de Derecho.

Luis tiene un sueño: ver "unas Fuerzas Armadas democráticas y modernas", libres de "abusos, privilegios y corruptelas de la casta militar dominante". Por eso sigue luchando, presentando los recursos necesarios para su readmisión, incluso, llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y no es por cabezonería, es por dignidad, para demostrar que sus revelaciones son ciertas y que su expulsión es injusta.

La democracia no ha llegado al ejército. Es una institución protegida por la clase política y por los medios de información. Poca crítica se lee o escucha contra la institución que tiene por misión «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional» (Art. 8 CE). La corrupción no es patrimonio de los políticos; por lo que parece, en el ejército también existe. Y una institución obsoleta, cuyas raíces se hunden en lo más granado del franquismo, no puede tener como misión la que la Constitución le otorga. No puede dejarse a la interpretación de ningún 'illuminati' uniformado, que encabece una intervención del ejército, ante una posible secesión, invocando ¡España!

El rey encabeza la organización que mantiene casi intacto el poder de Franco. Según Luis Segura, sobran generales, coroneles y tenientes coroneles. Hay 250 generales para 120.000 militares, 1.050 coroneles de los que sobran mil y 3.500 tenientes coroneles de los que se necesitan menos de 300. Hay coroneles al cargo de piscinas y generales haciendo de secretarios de otros generales. Hay más jefes que tropa, a quienes en ocasiones se les da un trato vejatorio. Todo bajo una cúpula militar "seudofascista". El ex teniente me comenta que el Ejército está dominado por una serie de "familias feudales", de tradición militar, que controlan todo lo que pasa de puertas adentro.

Desde el Ejército, vienen a decir, que la libertad de expresión pondría en peligro la subordinación, la disciplina y la autoridad del mando. Y eso no tiene por que ser así; la Policía Nacional es un ejemplo que desmonta esa teoría. Lo que se da en el Ejército es la "ley del silencio" y con el silencio, miedo, abusos, privilegios y corruptelas de los mandos. El Ejército es un Estado dentro del Estado. Las Fuerzas Armadas deben ser de todos y no de unos pocos. "Deben ser modernas y transparentes y no obsoletas y herméticas", denuncia Segura. La clase dirigente militar, es de ideología "ultraconservadora" y la libertad de expresión comedida a las suyas.

La razón que ha esgrimido el Ejército para la expulsión del teniente es la indisciplina. En ningún caso pone en duda lo que se publicó en la novela 'Un paso al frente'. Ahora ha publicado una segunda entrega: 'Código rojo', en la que se sigue relatando lo que ocurre en la oscura realidad de la milicia española. Le hubiera sido más fácil pedir una baja psicológica y conservar el sueldo, pero "alguien tenía que dar un paso al frente y denunciar". Poco o nada se lucha contra la corrupción en el Ejército. Y el ministro Morenés, ofreciendo negocios a las empresas en las que ha sido directivo, no en vano España es la séptima potencia en exportación de armas.

En el Ejército español se hacen negocios en la oscuridad de su jerarquía o a las claras del día. Mantiene una deuda "ilegítima y odiosa", que puede alcanzar los 29.000 millones de euros. Carros de combate sin combustible, que hace años no disparan por estar mal diseñados, submarinos que no flotan, aviones sin mantenimiento que se estrellan, paracaídas caducados, infernales jornadas de trabajo para los miembros de la UME, falta de fiscalización y transparencia del gasto, falta de independencia judicial, ausencia de independencia de la Guardia Civil —que sería quien debería investigar—  y falta de independencia del órgano auditor militar. Se ha denunciado que el desvío de dinero producto de inventarios de todo el material informático del Ejército es una práctica común, que se gestiona en una caja "B", para el reparto posterior entre corruptos uniformados.

Desde Podemos se han propuesto poner "patas arriba" las cuentas de Defensa y por tanto de los Ejércitos de Tierra, del Aire y de la Armada. Mirarán los sobrecostes que han ido generando en los últimos años algunos de los programas, como el Eurofighter, el submarino S-80, el avión de transporte A400M o el helicóptero NH-90, cuya factura total asciende a 36.000 millones de euros, a lo que hay que sumar 10.000 millones más para proyectos futuros como el dron estratégico o las fragatas F-110. Un auténtico lastre para las cuentas públicas, que carecen de un verdadero plan estratégico. Desde hace siete años las partidas destinadas a Defensa se han inflado en torno a un 20% a través de procedimientos extrapresupuestarios, lo que supone que PP y PSOE han gastado 10.864 millones al margen de los presupuestos desde 2008. Suma y sigue.

Dentro del Ejército hay ciudadanos desprovistos de sus derechos fundamentales. Es preciso reformar las estructuras del Ejército, en múltiples aspectos. Uno de los principales está relacionada con la democracia interna. No vale el ordeno y mando. La actividad del jefe de las FFAA tiene que someterse al control parlamentario, como a referéndum la participación de las FAS en misiones exteriores. Hay que suprimir los privilegios dentro del Ejército, como prebendas por el cargo, viviendas, coches oficiales y supresión de los roles de superioridad subordinación, así como homogeneizar el sistema de ascensos para todos los militares.

Aunque los miembros de las FAS tienen unas características especiales, que en ciertos aspectos no permiten equipararlos con otros funcionarios, deben regirse por el Estatuto Básico del Empleado Público. Equiparar los derechos de Tropa y Marinería a los de los demás funcionarios y eliminar la discriminación entre la tropa permanente y la no permanente; dándoles a todos la condición de militares de carrera. Hay que eliminar el privilegio de una sanidad militar propia, así como eliminar los fondos de previsión social, que sean distintos a los civiles.

En un Estado no confesional, deben prohibirse que en el Ejército se practiquen actos oficiales presididos por la iglesia católica. La aconfesionalidad tiene que ser patente y expresa. Una cosa es permitir y garantizar la libertad religiosa y otra participar activamente como entidad en ceremonias religiosas y procesiones. Hay que eliminar la figura del cura castrense, más propio de cruzadas del pasado que de ejércitos del presente.

Es necesario reformar el sistema judicial militar. Los altos mandos y la propia jurisdicción son jueces y parte. No existe ni imparcialidad ni independencia, sino todo lo contrario. Tiene que desaparecer la justicia militar —sin ningún tipo de duda en tiempo de paz—, poniendo fin al régimen disciplinario de castigo y privación de libertad. Las sanciones militares deben ser administrativas y con todas las garantías legales, como ocurre con el resto de cuerpos de funcionarios, y aplicar el Código Penal cuando se haya cometido delito. Que existan tribunales ordinarios, que juzguen los casos militares, con jueces especializados.

Como en cualquier otro ámbito público, la transparencia debe ser la forma de proceder y tolerancia cero con la corrupción. Hay que exigir el máximo control del gasto en el uso de material militar o dinero público para disfrute particular. Hay que aplicar el control de la contratación pública sometida a la ley de Contratos del Sector Público, con auditorias externas, que eviten toda posibilidad de desviar fondos para investigación civiles a empresas de defensa. Hay que poner fin a las puertas "giratorias", que permiten a los oficiales, cuando pasan a la reserva, trabajar en empresas que sirven a Defensa.

Ya está bien de instituciones oscuras, con actividades corruptas, que enriquecen a quienes ordenan y mandan, a costa de los presupuestos generales del Estado. La cúpula prefiere las denuncias por acoso sexual, que es un mal menor por el machismo extendido, que por corrupción, que es un mal mayor, que afecta a la institución y a quienes ejercen su poder.

Instituciones como estas tendrían que desaparecer. En la historia han hecho más mal que bien. Pero si tienen que existir, que sea en la ejemplaridad de la democracia transparente y alejada de dictaduras y corrupción. Ejercer su función enseñando el cañón, provoca un miedo razonable y somete voluntades legítimas a la fuerza del fuego amigo. Todo en una supuesta defensa de una patria que no les pertenece.

(*) Víctor Arrogante es profesor y columnista.