Un puerto de mar en Madrid: la banca pública y la política municipal
Carlos Sánchez Mato *
La renuncia a poner en práctica la creación de un Banco público municipal-regional ha dado pie a que algunos medios de comunicación aprovecharan para afirmar que el gobierno de Ahora Madrid renunciaba a la Banca pública, incluso a afirmar que la alcaldesa contradecía a su concejal de Hacienda dando ese paso. Sin embargo, no crear un banco público municipal no implica renunciar a la necesidad de que la banca sea pública, de la misma forma que si no nos planteamos poner puerto de mar en Madrid, no quiere decir que estemos en contra de la existencia de una nutrida red de puertos públicos en las costas.
El programa de Ahora Madrid planteaba la creación de un “Banco público municipal-regional”, una medida con la que quien firma este artículo no estaba de acuerdo, no porque no comparta la necesidad de que la banca sea pública, sino porque no puede llevarse a cabo desde un Ayuntamiento. Un consistorio, aun el de una ciudad como Madrid, carece de capacidad financiera para constituir un banco público eficaz, pues, o bien presta dinero detrayéndolo del presupuesto municipal o bien pide crédito en el mercado para a su vez prestar. A eso se han dedicado durante años diversas Agencias Financieras de distintas comunidades autónomas. Forzar la creación de una entidad financiera municipal en estas condiciones puede contribuir más a desprestigiar la idea de la banca pública que a fortalecerla.
Por el contrario, todos los ayuntamientos, también el de Madrid, tendrían mucho que decir si el conjunto de la banca dejase de estar en manos privadas y fuese pública, sometida a una gestión democrática y transparente en beneficio de la mayoría de la sociedad. Las corporaciones municipales deberían participar en la toma de decisiones de la Banca Pública que, necesariamente, tendría que formar parte de la política económica y social que estableciesen las instituciones públicas. Y esa es la cuestión, convertir al sector bancario en un servicio público. A eso no renuncia este concejal.
La gran cortina de humo: las cajas de ahorro
No es casual que se aproveche la más mínima oportunidad para atacar la idea de la banca pública. Nunca habían tenido peor imagen las entidades bancarias, como ellas mismas reconocen: los desahucios, los sueldos multimillonarios, y las enormes ayudas públicas para rescatarlas, se han encargado de ello. No cabe imaginar mejor momento para defender la idea de la banca pública.
Precisamente para evitar que esa idea gane apoyo, se ha puesto especial empeño en promover la falacia de que el problema del sector financiero han sido las Cajas de Ahorros. El desastre de Bankia ha brindado la cortina de humo perfecta. Pero, si fuese cierto que el problema eran las cajas ¿cómo es posible que, en los últimos test de stress que se hizo a la banca española, la mejor situada haya sido una entidad bancaria que agrupa a las antiguas Cajas de Ahorro del País Vasco: Kutxabank? El problema eran tanto las cajas como los bancos: todo el sistema financiero sufría y sufre una enfermedad similar, tiene más deudas incobrables que recursos propios para cubrirlas. Sin las ayudas públicas y los préstamos del Banco Central Europeo, el sistema bancario en su conjunto hubiera entrado en bancarrota.
¿En qué consiste la actividad bancaria en una sociedad capitalista? Mientras la economía está en auge se trata de prestar cuanto más mejor, sin mirar las consecuencias sociales ni medioambientales a largo plazo. De hecho, en una economía capitalista sólo existe un motor para las inversiones: el máximo beneficio en el menor plazo posible. Así lo han hecho los bancos durante estos años de auge y, por desgracia, también las cajas que, en lugar de actuar como la banca social que se suponía que era, actuaron como los bancos, estimulando la especulación en el ladrillo en lugar de promover, por ejemplo, la vivienda protegida.
Durante los años de auge económico ganaron mucho dinero, pero cuando vino la crisis, como siempre sucede en la economía capitalista, las pérdidas se socializan y es el Estado el que las termina cubriendo. Si hay beneficios son para mí, si hay pérdidas pagamos todos: esa es la política de los banqueros y sus representantes. No quieren reconocer que han dilapidado una buena parte de los ahorros de la sociedad, con el consecuente hundimiento bancario que eso debería haber provocado, porque entonces habría una auténtica sublevación social. Pero eso implica que, si lo paga el Estado, de algún sitio hay que sacar el dinero, y lo hacen a costa del gasto social y el empleo público: en definitiva, a costa de recortar a quienes menos tienen, tanto en responsabilidad como en recursos.
Las necesidades sociales sólo se pueden atender con recursos
Y, con eso llegamos al corazón del asunto. Sanear la banca es algo que se está haciendo a costa de la mayoría de la sociedad, especialmente de la clase trabajadora, por dos vías: recortar el gasto social e incrementar la explotación de los asalariados y asalariadas para obtener mayor margen de beneficio, reduciendo salarios y precarizando sus condiciones de trabajo. Esas son las medidas que conllevan los famosos “memorándum” de los planes de rescate.
Los Ayuntamientos también sufren las consecuencias. En lugar de incrementar los recursos y las competencias municipales de forma acorde con las necesidades, se nos recorta y se nos exige que la prioridad sea la amortización de la deuda, sin detenerse a ver cuáles son las consecuencias sociales de hacerlo ni cuáles han sido las causas del crecimiento de la deuda: obras faraónicas cuyo coste final ha superado con creces lo presupuestado. Todo eso lo pondrá en evidencia la auditoría de la deuda que vamos a poner en marcha: quién se ha beneficiado con el endeudamiento del consistorio, y sus conclusiones serán públicas.
Pero a corto plazo, ya tiene consecuencias. Gracias a los recortes en gastos innecesarios o indebidos que estamos aplicando podremos disponer de fondos para el presupuesto del año 2016, en una cantidad que permitiría doblar el actual gasto social municipal. Eso implica que el consistorio de Madrid va a tener superávit, incluso pagando la deuda puntualmente. Pues bien, la denominada “regla de gasto” nos impide dedicar ese superávit a atender las necesidades sociales y nos obliga a adelantar la amortización de la deuda. En otras palabras, nos imponen la resignación y que únicamente nos dediquemos al reparto de la miseria en beneficio de los de siempre. No es una decisión abstracta, sino que tiene consecuencias tangibles en vivienda municipal, en escuelas infantiles, en residencias y centros municipales para mayores, en asistencia a domicilio, en comedores sociales, en servicios sociales, en la limpieza de las calles...
Toda la legislación aprobada durante los años de la crisis, consecuencia de una reforma constitucional realizada con “agostidad y alevosía” y que modificó el artículo 135, relega a las necesidades de la mayoría de la sociedad a un papel secundario. No puedo resistir la tentación de recordar ahora a Robespierre, el gran revolucionario francés, cuando afirmaba: “De todos los derechos, el primero es el de existir. Por lo tanto, la primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir; todas las demás están subordinadas a éste”. Para quien no tiene qué comer, no tiene vivienda o no tiene trabajo, estas palabras cobran todo su sentido.
La banca, pública
Ya hemos visto en Grecia, que los grandes poderes económicos de Europa –la banca y las grandes corporaciones- y sus representantes políticos, están dispuestos a exprimir hasta la última gota de sudor y la sangre de los otros, del pueblo de Grecia, o de Alemania, Francia o del Estado Español. Pase lo que pase, lo importante es que los acreedores cobren. Y con Grecia, cuya deuda podrían hasta condonar sin ningún problema (pues supone poco más del 3% del PIB europeo), han querido dar un escarmiento para que a ningún posible gobierno de cambio de ningún país grande se le ocurra poner en cuestión el orden establecido.
También el gobierno de Mariano Rajoy ha dejado claro de parte de quien está. Exige al pueblo griego la devolución de los 26.000 millones de euros, que es la parte que ha prestado el Estado español al Estado griego, -omitiendo que ese dinero ha ido a rescatar a bancos alemanes, franceses y españoles-, pero no dice ni una palabra de los más de 40.000 millones que el Banco de España ya da por perdidos del rescate bancario español. Es la misma regla: nada para el pueblo, todo para los banqueros.
Por eso tiene todo el sentido el debate sobre la banca pública, pero en el marco adecuado y sin buscar atajos que no llevan a sitio alguno. Algunos pensamos que la gestión de los ahorros de la sociedad es demasiado importante para dejarla en manos privadas. De hecho, esta afirmación forma parte del consenso social general y por eso las Administraciones Públicas garantizan los ahorros que depositamos en las entidades bancarias hasta un límite de 100.000 euros por titular. No parece que los defensores a ultranza de la banca privada estén dispuestos a renunciar a esa protección pública de sus ahorros.
No es por tanto el ámbito municipal en el que se ha de resolver el tema de la banca pública, pero sí las corporaciones locales tienen mucho que decir políticamente sobre el mismo. Por eso, aunque no tengamos ni puerto de mar ni banco público municipal, este equipo de gobierno y este concejal sí seguirán comprometidos con el refuerzo de la autonomía financiera de Madrid. Si de Ahora Madrid depende, el ayuntamiento nunca más volverá a estar al servicio de los acreedores. Nunca más abandonará la atención de las necesidades de la mayoría, el derecho a la vivienda, a la comida, ni renunciará a unos servicios sociales y públicos municipales de calidad, prestados por trabajadores y trabajadoras en condiciones dignas.
