Nuestra seguridad, sus derechos humanos

Enrique Santiago *

Las sociedades occidentales vivimos en un “estado de shock” permanente, agudizado por incesantes mensajes que nos presentan como islas de libertad, de bienestar, de  seguridad a fin de cuentas, permanentemente amenazadas por fuerzas oscuras cuya razón de ser no parece ser otra que acabar con nuestra prosperidad, nuestros valores, nuestras libertades, como si la maldad fuera consustancial a una parte de la humanidad, más atrasada, frustrada, envidiosa de nuestra forma de vida, incluso más oscura, no solo interiormente sino también en apariencia física.

Esa reduccionista visión del mundo es seña de identidad del denominado “eurocentrismo”, que por cierto no solo padecemos los que vivimos en la Europa geográfica, sino todos aquellos pueblos que histórica y culturalmente comparten nuestros orígenes.

Creerse cultural y políticamente superior habitualmente implica una ignorancia, cuando no un desprecio, de culturas tan o más valiosas que la nuestra. Ojala fuéramos conscientes de la visión que fuera de Occidente tienen de nosotros, de que, por ejemplo, para los pueblos árabes las cruzadas –guerras de agresión y ocupación que creíamos finalizadas hace mil años- nunca acabaron y aun hoy existen “estados cruzados” impuestos por los extranjeros, los rumís, en sus tierras.

El shock permanente en que quieran que vivamos nos impide ponernos en el lugar el otro, del  que se siente agredido habitualmente y percibe que otros pueblos no le permiten tener ni prosperidad, ni valores, ni libertades, ni menos aún seguridad, conceptos todos ellos que parece reivindicar Occidente solo para sí mismo. Son demasiados los pueblos que han comprobado en sangre propia como la bendición de habitar sobre tierras codiciadas, en la práctica constituye la peor de las maldiciones.

A pesar de haber acabado con los estados fascistas, desde el final de la Segunda Guerra mundial, occidente ha exportado el “estado de excepción” por donde quiera que haya pasado o por donde ha querido pasar, perfeccionando el modelo de forma incesante hasta imponer en el siglo XXI un elaborado “estado de excepción global”. Primero se llamó “doctrina contrainsurgente”, vergonzosamente creada y aplicada por los hijos de una de las primeras  revoluciones liberales triunfantes, por Francia, en Indochina y Argelia. Después fue la “doctrina de la seguridad nacional”, expandida por los Estados Unidos por el continente americano de forma profusa, y después, tras la desaparición del bloque político militar antagónico que servía de coartada, se convirtió en “guerra contra el terrorismo internacional” –aprovechando el shock del 11-S-,  versión globalizada del estado de excepción permanente que permite justificar cualquier intervención militar en países estratégicos -por ubicación geográfica o existencia de recursos naturales- que aspiran a ser simplemente estados soberanos. Todas las anteriores formas de intervención exterior construyen un enemigo inidentificable, que se nos presenta camuflado entre la población civil, lo que impediría en la mayoría de los casos intervenciones policiales precisas y obligaría a bombardeos indiscriminados como única forma de combatir a un enemigo siempre difuso.

Nunca nos hemos preguntado en voz alta por qué Occidente se ha empeñado –y lo viene consiguiendo- en acabar con los estados laicos árabes, aquellos como Libia, Irak, Túnez, Egipto o ahora Siria, donde se separaba la religión de la decisiones políticas; las mujeres disfrutaban de derechos en igualdad de condiciones que los hombres  y existía un estado mínimamente redistribuidor de la riqueza y corrector de desigualdades, mientras que sistemáticamente apuntalamos regímenes teocráticos –en Arabia Saudí, en Afganistán, en Marruecos, entre otros- o grupos irregulares –en Iraq, en Siria, en el Cáucaso-  que lejos de hacer mayor esfuerzo por respetar los derechos humanos, acaban atentando brutalmente contra las capitales de países occidentales que los han financiado, entrenado  y organizado. En el caso del autodenominado Estado Islámico, con el evidente amparo de nuestro aliado y aventajado comprador de armamento Arabia Saudí, al que por cierto nunca bombardea la aviación de la OTAN.

El terrorismo internacional surge indefectiblemente de los llamados “estados fallidos”, del Afganistán teocrático preferible al Afganistán democrático pro soviético, del Irak desestructurado preferible al Iraq laico y no alineado, de la Siria arrasada preferible a la Siria baasista amiga de Rusia, o de una Libia reducida a numerosos estados de taifas preferible a la Libia de la Alyamahairia panárabe y popular.

Todos ellos son ahora estados fallidos, débiles o con dificultades para ejercer un control efectivo sobre todo su territorio. En estos estados, tanto la seguridad como las libertades individuales son meros anhelos de pueblos que contemplan como Occidente les arrebata a la vez soberanía, recursos naturales y  posiciones estratégicas. Es decir, les hemos arrebatado su futuro, ese bien tan preciado para nosotros. Incluso la propaganda occidental podría llegar a afirmar que estos pueblos son por naturaleza bárbaros, obviando que la Siria de los Omeyas fue el principal foco de la cultura mundial, que en Irak existió la primera civilización conocida en nuestro planeta, o que Libia fue el país de África con mayor renta per cápita, mayor producto Interior Bruto y mayor porcentaje de graduados universitarios hasta hace apenas una década.

Tras los graves crímenes cometidos en Paris el 13 de Noviembre, ha vuelto a resurgir con brío entre los portavoces de los poderes realmente existentes, el discurso que contrapone libertad y seguridad, como si la segunda fuera acaso posible sin disfrutarse la primera. La seguridad colectiva tiene como fin defender las libertades, fundamentalmente las libertades públicas, y el Estado, máxima expresión del contrato social, debe ser el principal garante de dichas libertades, nunca su cercenador con la excusa de una difusa amenaza terrorista irresponsablemente creada por las actuaciones de quienes tenían como principal misión garantizar nuestra seguridad. No cabe duda de que el terrorismo yihadista es la mayor expresión del fracaso de los estados occidentales respecto a la obligación de proteger a sus ciudadanos.

Apresurémonos a descalificar por demagogo a cualquiera que de lo hasta aquí expresado pretenda inferir que quienes así pensamos estamos justificando el terrorismo. No justificamos ningún terrorismo, ni el yihadista, ni el nacionalista, ni el izquierdista, ni el de la ocupación de Palestina en abierto desprecio de las resoluciones de las Naciones Unidas, ni el peor terrorismo, el de los Estados, al ser la función de estos proteger a los ciudadanos, por lo que nunca deberían volver las armas que el pueblo les confió contra personas indefensas.

Nuestra libertad, no puede ser la excusa para oprimir a otros. Jean-Jacques Rousseau escribió: «Entre el débil y el fuerte, la libertad oprime, la ley libera». La única seguridad posible en un mundo globalizado es la que se garantiza mediante el respeto estricto a los derechos humanos en cualquier lugar del planeta, la no injerencia en los asuntos de otros pueblos y el respeto irrestricto a la ley internacional, creada para regir las relaciones entre “naciones civilizadas”, nunca para imponer relaciones asimétricas o justificar agresiones a la soberanía nacional de otros estados. Hasta que no asumamos estas premisas, no cesarán los ataques terroristas en nuestras ciudades.

(*) Enrique Santiago es abogado, miembro de la Presidencia de IU y candidato por Madrid al Congreso de los Diputados en las listas de Unidad Popular.