Murcia: un poder judicial bajo sospecha
- "La actuación judicial en la Región de Murcia podría tomarse por indolente si no repitiese el mismo leit moviv: proteger a los políticos del PP"
El fiasco escandaloso de la liquidación judicial del asunto de la planta desaladora de Escombreras, en Cartagena, simplemente porque la magistrada instructora del caso, María del Mar Azuar, ha dejado pasar los plazos legales, no es más que un indicador de cómo está el aparato judicial en la Región de Murcia. No hace mucho sucedió lo mismo con el ex presidente de la Comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, otro beneficiario de una actuación judicial que podría tomarse por indolente si no repitiese el mismo leit motiv: proteger a los políticos del PP. Lo de la desaladora, en el que todo apuntaba, como gran muñidor y responsable, a Ramón Luis Valcárcel –que fuera casi veinte años presidente de la Comunidad Autónoma y que venía escapándose de numerosos procedimientos de corrupción que describen a la región murciana–, se armó con una hábil ingeniería financiera que buscaba saquear el dinero público, por cientos de millones de euros, a favor de empresas privadas.
Tropelías judiciales tan señaladas, tanto por repetidas como por poco inocentes, han abochornado en una región en la que la capacidad de asombro ante el escándalo se podía suponer agotada; y ha obligado al escasamente crítico presidente del Tribunal Superior de Justicia de la región, Miguel Pascual del Riquelme, a ordenar inspecciones en los cuatro juzgados implicados en este tipo de hazañas, en lo que se ha entendido como un gesto de apaciguamiento, sí, pero –visto el panorama y conocido el percal– con mucho de cosmética, dado el “blindaje profesional” de la acción de los jueces.
La Región de Murcia ha sido definida por críticos ecologistas como un “sistema depredador” eminentemente antiecológico, a cuyo mantenimiento y progreso contribuyen numerosos subsistemas de esta sociedad, entre los que se destaca, manda e intimida, el “subsistema del poder agrario”; un poder que somete y explota al subsistema político, principalmente constituido por tres entes: el gobierno regional, en especial su Consejería de Agricultura, la mayoría de los Ayuntamientos y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), estatal, ésta última calificada muy acertadamente de “nido de prevaricadores”, y cosas peores, en razón de su sistemático consentimiento del abuso en cuanto le concierne, que es la protección y gestión de las aguas, permitiendo los regadíos ilegales, ignorando las denuncias y favoreciendo a las empresas contra el pequeño agricultor.
En efecto, es en materia ecológico-ambiental en lo que esta región se configura como depredadora e insostenible, siendo hasta ahora casi inútil los esfuerzos de las sectores más combativos –los ecologistas y vecinales–, que vienen centrando sus esfuerzos en la perversa gestión del agua, por supuesto, pero sobre todo en la invasión enloquecida de una agricultura altamente perjudicial para el medio ambiente, a la vez que altamente rentable debido, significativamente, a estar amplia y generalmente subvencionada y a vivir del dopping tanto ambiental (asolando tierras, acuíferos, atmósfera y espacios naturales, sin pagar, en ningún sentido, por ello) como social (sometiendo a condiciones muchas veces infrahumanas a los trabajadores del campo, que perciben salarios infamantes).
Siguiendo con la saga del poder judicial, no puede dejarse de lado la incompetencia de la Fiscalía murciana en la persecución del delito ambiental, principalmente del agua (pero no sólo). Está en marcha una “recusación social” del fiscal de medio ambiente, Miguel de Mata, por insensible, indolente e incompetente, a cuenta de un episodio que sirve de muestra y que sus sufridores, los habitantes del Noroeste murciano (en especial, de los municipios de Caravaca y Moratalla) no van a dejar pasar. Este fiscal ha respondido ante una serie de denuncias de roturaciones, regadíos y bombeos ilegales en esa comarca, procurando dejar pasar los plazos de investigación y decidiendo, finalmente, su archivo con argumentos que los denunciantes rechazan (y que se adaptan a la “configuración colaboracionista”, ante todo por omisión, de este poder judicial). De las reuniones mantenidas con ese fiscal, los interesados han deducido, en primer lugar, que su sensibilidad y celo hacia el medio ambiente –necesarios para ejercer su oficio de perseguidor de agresiones ambientales– son escasos, especialmente en lo relacionado con el agua. En segundo lugar, que posee un peregrino concepto del derecho y la justicia, así como de su oficio cuando, ante la tesitura de tener que indagar sobre ciertas y muy concretas infracciones a la legalidad vigente, trata de sacudirse el problema señalando que “todos hacen lo mismo”.
Y en ercer lugar, que parece intimidado por ciertos tabúes anclados en la historia de esa comarca (de la que es oriundo, lo que tampoco refuerza su papel fiscalizador), entre los que destaca una finca, “El Chopillo”, en la que se constatan desmanes continuados desde la década de 1990, quizás antes, y que fuera uno de los asuntos de escándalo que ya puso bajo su foco en 2004 el fiscal Emilio Valerio, del TSJ de Madrid, en una famosa imputación de decenas de empresarios y empresas que levantó ampollas pero que fue finalmente archivada con muy exóticos argumentos. En esa finca (una especie de “ente extraterritorial” en el que el propio Ayuntamiento de Moratalla quiere ignorar cuanto ahí sucede) “reinan” unos propietarios que se han acostumbrado a hacer de su capa un sayo, ya que ni las autoridades municipales ni la guardería de montes o fluvial cumplen con su trabajo; y si lo cumplen, consienten que sus denuncias queden bloqueadas en la CHS. Entre esos propietarios figura el juez Mariano Espinosa, en ejercicio en el TSJ de Murcia, que ya figuraba en la imputación del fiscal Valerio pero cuya llamativa incompatibilidad de juez-empresario agrícola nadie en el poder judicial murciano ha considerado relevante (tampoco su actual presidente, arriba citado), emitiendo, incluso, sentencias relacionadas con el agua.
Así que no se puede pensar, razonablemente, que el aparato judicial esté por la labor de contribuir a aliviar (ya que no resolver) los apabullantes problemas ambientales de la región, y existe el temor de que la “macroacusación” del fiscal jefe de diciembre de 2017 hacia la treintena de presuntos responsables de la degradación –seguramente irreversible– del Mar Menor, pueda “reconducirse” de tal manera que se evite señalar, precisa y exactamente, que es la agricultura intensiva la que, con total impunidad, destruye el medio natural y niega la supervivencia de esta región.
La pretensión de los activistas indignados del Noroeste murciano es que el caso del Mar Menor no vuelva a repetirse en ese mismo territorio en el que –ante la inacción sistemática de todos los poderes (policial incluido)– se incrementa cada día el regadío ilegal, se bombea agua induciendo pérdida en los caudales de los manantiales que sostienen la agricultura tradicional y se agrava la situación de los acuíferos, en buena parte ya sobreexplotados y seriamente dañados por la acción de los nitratos de la agricultura intensiva. En esta comarca, la larga mano del poder agrario incluye a empresarios relacionados con los regadíos degradantes del Mar Menor, que buscan su expansión por el Noroeste una vez enfrentados a las limitaciones de agua y la vigilancia judicial en el entorno de la famosa laguna salada. Y es por todo esto por lo que cunde la alarma ante el escaso interés previsor de los jueces y fiscales murcianos, que ya han demostrado su indiferencia ambiental al no darse por enterados, durante decenios, del problema abrumador del Mar Menor.
