Las triquiñuelas de López

Actualización 13:37 horas con la sentencia del Supremo que considera competente a un juzgado de instrucción ordinario para juzgar a un magistrado de la Audiencia Nacional

[El ya ex magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique López, fue beneficiado con un juicio rápido en sábado, cuando estas vistas se celebran de lunes a viernes en los juzgados de instrucción de Madrid. Aunque la ley es clara y taxativa en el sentido de que a los jueces de la Audiencia Nacional —y López lo es— los tiene que juzgar la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la jurisprudencia de este tribunal admite un margen de interpretación (en un sentido y en otro), que permitiría la vista rápida en los juzgados de Plaza de Castilla y, por tanto, excluiría la prevaricación o el error, en contra del titular original y de la tesis que se sostiene en el artículo. Hay casos, como una querella de Federico Jiménez Losantos contra Garzón en el que el Supremo decide que la competencia corresponde a un juzgado de instrucción ordinario, u otros, como el supuesto asesoramiento ilegal a una ciudadana de la ex presidenta del TC María Emilia Casas, en el que el propio Supremo decide asumir la competencia.  En el alto tribunal todo es interpretable, como la decisión de la Sala Segunda de que los juicios de tribunal de Jurado en el Supremo no los integrarán un magistrado y nueve ciudadanos, como dice textualmente la ley, sino nueve magistrados como ellos mismos interpretaron en 1998. López se ha beneficiado de una sentencia de conformidad en el que el fiscal ha ofrecido la pena mínima de la mínima para un delito contra la seguridad vial, como es conducir ebrio con cuatro veces la tasa de alcoholemia. Sin embargo, este hecho, como la celebración de la vista en sábado, con ser triquiñuelas inusuales, no constituyen delito alguno].

¿Pueden dos jueces y, al menos, un fiscal ignorar que no es posible renunciar al fuero? Porque eso es lo que ha ocurrido con el juicio ultrarrápido, y en sábado, al ex magistrado del Tribunal Constitucional Enrique López por el asuntillo de conducir su moto de madrugada, sin casco, y saltarse un semáforo en el centro de Madrid cuando cuadruplicaba la tasa de alcoholemia. El caso de López tenía que instruirlo y juzgarlo la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero sorprendentemente el juez Antonio Serrano-Arnal, titular del juzgado de instrucción 31 de Madrid, ha celebrado un juicio de conformidad. Un proceso que es nulo de pleno derecho, lo mismo que la sentencia. ¿Error o prevaricación?

Porque la doctrina es unánime y pacífica: el fuero es irrenunciable. Además, así lo establece el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá (…) de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional". Y López tiene fuero por todos los lados. Lo tenía como miembro del Tribunal Constitucional, pero al haber dimitido de su cargo, ese aforamiento ya no le es aplicable. Sin embargo, López es magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, condición que no ha perdido en su etapa del Constitucional, puesto que estaba “en servicios especiales”. Es decir, que nunca perdió su condición de juez, porque si lo hubiera hecho, no podría acceder a la carrera judicial pues lo impide el artículo 303 del mismo texto legal: “Están incapacitados para el ingreso en la Carrera Judicial (…) los condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación; los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento”.

Y conducir ebrio -con cuatro veces la tasa máxima permitida de alcohol- constituye un delito (doloso) contra la seguridad vial y genera antecedentes penales, que obviamente no están cancelados.

Pero no es un caso de reingreso en la judicatura. López ha seguido siendo juez de la Audiencia Nacional y por eso el proceso contra él tenía que haberlo instruido y juzgado el Tribunal Supremo, lo que no ha ocurrido. Y el acusado —y ahora condenado— tenía que conocer ese “pequeño detalle”, lo mismo que tenían que saberlo el fiscal que llegó a un acuerdo con él, y el juez Antonio Serrano-Arnal, que accedió a celebrar un juicio rápido de conformidad en sábado. Puede que alguno de ellos no cayera en esa tontería del fuero, ahora que el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, habla de la conveniencia de dejarlo solo para aquellos supuestos que tengan que ver con el ejercicio del cargo, pero de momento, a los jueces de la Audiencia Nacional y a los del Supremo, al menos, les cubre también las conductas privadas.

El caso es que si no fue error, sería prevaricación, por dictar una resolución al margen de su propia competencia, que, precisamente por ello, es nula de pleno derecho. Pero el Supremo —cuya jurisprudencia precisa que ese delito tiene que ser grosero y evidente—, al menos desde el caso de Garzón, ya dijo que eso valía para los casos administrativos, pero que los jueces son expertos en derecho y que, por tanto, no les es exigible el requisito de esperpéntico al calibrar la existencia o no de prevaricación.

He preguntado a varios magistrados: ¿por qué se mete uno en semejante jardín y qué beneficios saca López de esa resolución?

La sentencia (aquí) condena a López a cuatro meses de multa, con cuota diaria de 12 euros, es decir, 1.440 euros, y a ocho meses y dos días de privación del permiso de conducir. Ni que decir tiene que es la pena mínima de la mínima, con la reducción de un tercio de la condena por la conformidad. Es un acuerdo muy favorable, porque los fiscales nunca suelen instar la pena mínima cuando el acusado cuadruplica la tasa de alcoholemia. Pero es una cuestión del fiscal, y es posible que esa pena tan benévola tenga que ver con la afinidad del magistrado López con el Partido Popular, que le puso en el Constitucional, y que también designó a Eduardo Torres Dulce para encabezar la Fiscalía General del Estado.

Los magistrados consultados señalan que ese acuerdo lo podría haber obtenido también en el Tribunal Supremo y que la razón de ese juicio en sábado no puede ser otra que la de evitar el escándalo. No es lo mismo una vista de tapadillo un día donde no va nadie a los juzgados, salvo a los de guardia, que una vista pública en el Tribunal Supremo, con todo el ruido mediático que eso genera.

De esta forma, cuando López vuelva la semana que viene a la Audiencia Nacional el asunto estará ya zanjado –aunque tenga antecedentes penales- y casi olvidado tras la debacle de la selección española en Brasil y los fastos de proclamación del nuevo monarca Felipe VI. Una sentencia que ya es firme, aunque sea nula. De nuevo los españoles somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros. Porque, en un caso similar, ya me gustaría que me tocase ese fiscal-bombón, aunque probablemente conmigo, y me temo que con la mayoría de ustedes, no pediría la pena mínima.

¿Les parece que es demasiado pedir que cumplan la ley y hagan las cosas bien?

La pregunta que ahora me asalta es: ¿quién instará la nulidad de la sentencia de López?, ¿el fiscal, garante de la legalidad, pero que ignoró esta y ofreció la conformidad? ¿o tendrá que ser una acusación popular, como el Partido Soberanía, la Asociación Preeminencia del Derecho o Manos Limpias, la que defienda la ley, una vez más?

Como decían antes en los tebeos y novelas por entregas: “No se pierdan el próximo episodio de esta apasionante historia”.