El incremento del salario mínimo: ¿una propuesta que amenaza los puestos de trabajo?

Antonio Garamendi, que podría ser el próximo presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), afirmaba recientemente en una entrevista en Radio Nacional de España que establecer por ley un salario mínimo de 14.000 euros anuales (es decir, de 1.000 euros mensuales en 14 pagas) podía influir en las contrataciones. En una línea similar, cuando en enero de 2015 se introdujo en Alemania el salario mínimo federal de 8,50€ por hora, varios economistas alertaron que los Estados federados con salarios más bajos sufrirían un choque económico que comportaría un aumento del paro y, por extensión, un incremento de la emigración de estas regiones hacia el exterior.

Detrás de estas dos predicciones hay lo que John Schmitt, en un artículo publicado por el Center For Economic and Policy Research (CEPR), identifica como modelo estándar competitivo, según el cual “un salario mínimo obligatorio excluirá de los trabajos como mínimo a algunos trabajadores con salarios bajos y rebajará la ocupación inequívocamente”.

Partiendo de esta base, ¿dónde se encuentra el salario mínimo legal en el Estado español? ¿Qué acuerdos se han alcanzado para subirlo? ¿Y, si se subiera, habría que esperar un incremento del paro debido a este hecho, especialmente entre los trabajadores menos cualificados?

El salario mínimo en el Estado español: realidad y acuerdos de mejora

Actualmente, el salario mínimo (SM) en el Estado español está fijado en 858,55€ mensuales. De todos los países de la UE-15 que disponen de esta figura, el español es el tercer SM más bajo, sólo por encima de Portugal (676,67€) y Grecia (683,76€). En el resto de los países de la UE-15 con SM, este se encuentra por encima de los 1.460€, con el máximo en Luxemburgo, donde llega hasta los 1.998,59€.

Más allá de esta comparación con otros países europeos, hay que destacar que la Carta Social Europea, aprobada en la década de los años 60 del siglo XX y ratificada por España en 1978, establece que el SM tiene que alcanzar al menos el 60% del salario medio de cada Estado. En este sentido, el salario medio en el Estado español fue de 23.156€ brutos en 2016, o lo que es lo mismo, de 1.929,67€ mensuales en 12 pagas. Por lo tanto, si el SM hubiera cumplido la Carta Social Europea, aquel año hubiera tenido que ser de 1.157,80€ mensuales, pero fue de 764,40€, esto es, un 39,6% del salario medio y 393,40€ más bajo de lo que le hubiera correspondido.

Ante esta realidad, recientemente el gobierno central, los sindicatos y la patronal han establecido un acuerdo con la previsión de que el SM llegue a los 1.000€ mensuales en 2020, a pesar de que hay que destacar que seguirá siendo una cantidad insuficiente para cumplir con las recomendaciones de la Carta Social Europea.

El impacto sobre la ocupación de un incremento del salario mínimo: la evidencia científica

Si en 2020 el SM español llegara a los 1.000€ y, por lo tanto, experimentara un incremento del 16,4% en dos años, ¿habría que sufrir por su impacto a la contratación, tal como aseguraba el Sr. Antonio Garamendi?

En un artículo de John Schmitt al que hemos hecho referencia anteriormente, titulado Why Does Minimum Wage Have No Discernible Effect on Employment?, el autor realiza una extensa revisión de la literatura que ha estudiado los posibles efectos del salario mínimo sobre la ocupación -aproximadamente desde el año 2000-. Y la conclusión a la que llega es que la evidencia apunta a que un incremento modesto del salario mínimo no tendría ninguna respuesta en cuanto a ocupación, o como mucho una respuesta pequeña. A la vez, la evidencia muestra que la presencia de un salario mínimo también tendría un efecto pequeño o no discernible en las perspectivas laborales de los trabajadores con salarios bajos.

A pesar de que a priori este resultado pueda representar un contrasentido para el mainstream neoliberal, John Schmitt indica que “la razón más plausible para este resultado es que el coste del salario mínimo es pequeño en relación con los costes totales de la mayoría de las empresas, y que es sólo modesto en relación con los salarios pagados a los trabajadores con salarios bajos”. A su vez, el autor asegura que “el empresario (y los trabajadores) responden en múltiples frentes a cualquier incremento del salario mínimo”.

Por lo tanto, según John Schmitt el establecimiento o el incremento del salario mínimo no repercutiría en la ocupación ni en las perspectivas laborales de los trabajadores con salarios más bajos porque empresarios y trabajadores dispondrían de otros canales mediante los cuales absorberían el choque económico que representa el salario mínimo. ¿Y de qué canales hablamos? El autor detalla los siguientes:

• Reducción de las horas trabajadas. Tal como recoge John Schmitt, “el salario mínimo no aumenta el coste de contratar trabajadores, sino que incrementa el coste de contratar una hora de trabajo realizada por estos trabajadores”. Así pues, los empresarios “podrían responder a un incremento del salario mínimo reduciendo las horas de los trabajadores, en lugar de reducir el número total de trabajadores en nómina”. Ahora bien, varios estudios revisados por el autor permiten sugerir que sería improbable que la caída en las horas trabajadas fuera grande.

• Reducción en los beneficios no salariales. En países como los Estados Unidos en los que el acceso a un seguro sanitario o a un fondo de pensiones privado suele estar ligado al lugar de trabajo, los empresarios podrían optar para reducir el valor de estos beneficios no salariales ante un incremento del salario mínimo. De nuevo, empero, la evidencia empírica apunta a un efecto pequeño o inexistente en este sentido.

• Reducción de la formación. Para hacer frente a un incremento en el salario mínimo, los empresarios podrían optar para reducir su gasto en formación laboral para los trabajadores con salarios bajos. En este ámbito, la evidencia empírica no permite extraer conclusiones, y John Schmitt apunta que incluso un incremento en el salario mínimo podría comportar un incremento en el gasto que los empresarios hacen en formación, con el objetivo de incrementar la productividad de estos trabajadores “hasta un nivel proporcional con sus salarios nuevos y más elevados”.

• Cambios en la composición de los ocupados. Ante un incremento en el salario mínimo los empresarios podrían optar para incrementar el nivel de habilidades de su fuerza laboral, en lugar de despedirla, lo que iría en detrimento de los trabajadores menos educados y con menos experiencia. Ahora bien, John Schmitt señala que algunos estudios indicarían que “un salario mínimo más elevado podría ayudar a los trabajadores más desfavorecidos a cubrir los costes de encontrar y mantener un trabajo, cosa que incluye, por ejemplo, el transporte, el cuidado de los niños y los uniformes”.

• Aumento de los precios. Mediante este mecanismo, los empresarios trasladarían a los consumidores los costes adicionales derivados de un incremento del salario mínimo. En este sentido, la literatura revisada por John Schmitt tiende a concluir que estos incrementos serían más bien pequeños.

• Mejoras en la eficiencia. Desde el punto de vista del modelo institucional del mercado laboral, “los empresarios podrían responder a un incremento del salario mínimo con esfuerzos para mejorar la eficiencia operativa”, algo que preferirían a la eliminación de puestos de trabajo, dado que “las acciones para reducir la ocupación podrían dañar la moral y generar represalias”. A pesar de todo, hay poca evidencia directa que apunte que esta alternativa sea uno de los canales para ajustar el incremento del salario mínimo.

• Respuesta de eficiencia salarial por parte de los trabajadores. Los trabajadores podrían estar motivados a trabajar con más esfuerzo debido a un incremento del salario mínimo. John Schmitt, empero, apunta a una carencia de estudios que hayan revisado esta relación, lo que no permite ni confirmar ni descartar este canal de ajuste.

• Compresión salarial. Ante un escenario de aumento del salario mínimo, los empresarios podrían decidir compensar estos costes reduciendo los salarios de los trabajadores con salarios elevados. En este sentido, varios estudios realizados en los Estados Unidos han detectado que “el salario mínimo comprime el conjunto de la distribución salarial”, una evidencia que apoyaría la hipótesis de la compresión salarial como mecanismo de ajuste por la presencia o incremento del salario mínimo.

• Reducción de los beneficios. Otro mecanismo al que podrían recorrer los empresarios para absorber los costes de un incremento del salario mínimo sería aceptar una reducción de sus beneficios. En este sentido, John Schmitt resalta que las investigaciones más recientes apuntan a que existiría una relación entre un aumento del salario mínimo y una reducción de los beneficios empresariales, pero la evidencia sólo permite apuntar hacia un efecto combinado o tentativo.

• Incrementos en la demanda (salario mínimo como estímulo). Tal como apunta John Schmitt, “particularmente cuando una economía se encuentra en recesión u opera por debajo de la plena ocupación, un aumento del salario mínimo podría incrementar la demanda de bienes y servicios de las empresas, compensando el incremento de los costes empresariales”. A modo de ejemplo, el autor cita un estudio realizado en 2012 en los Estados Unidos por Doug Hall y David Cooper, los cuales estimaron que un incremento del salario mínimo federal de 7,25$ por hora a 9,80$ hacia julio de 2014 incrementaría los salarios de los trabajadores con salarios bajos en unos 40.000 millones de dólares durante aquel periodo, lo que daría como resultado un incremento limpio de la actividad económica de 25.000 millones de dólares y la generación de aproximadamente 100.000 puestos de trabajo.

• Reducción de los reemplazos. Según algunos modelos económicos del mercado laboral, “muchos trabajadores con salarios bajos están constreñidos por responsabilidades de planificación (por ejemplo, el cuidado de los hijos), por limitaciones de transporte (carencia de un coche fiable o transporte público inadecuado) y por información parcial sobre las vacantes disponibles en su mercado laboral local, lo que provoca que los empresarios que pagan el salario habitual a menudo tengan que hacer frente a costes significativos de contratación en forma de vacantes no cubiertas, reemplazos rápidos de trabajadores y gastos de entrenamiento y revisión que van asociados”. En este sentido, “un salario mínimo más elevado hace más fácil que los empresarios contraten y retengan a los trabajadores, reduciendo el coste de los reemplazos”.

De acuerdo con el estudio llevado a cabo por John Schmitt, la evidencia más fuerte indicaría que los canales más importantes de ajuste serían (1) la reducción de los reemplazos, (2) la reducción en los salarios de los trabajadores con salarios más elevados y (3) pequeños incrementos en los precios. Tal como afirma el mismo autor “cualquiera de estos canales podría ser suficiente para eliminar la necesidad de recortar la ocupación o para reducir el tamaño de estos recortes hasta un nivel por debajo de donde pudieran ser medidos de manera fiable”, lo que sería consistente con los hallazgos realizados por la mayoría de los estudios sobre la cuestión.

El caso alemán como ejemplo

En consonancia con las conclusiones del artículo de John Schmitt, el estudio The regional effects of Germany’s national minimum wage, publicado el 20 de junio de 2018, de los autores Gabriel Ahlfeldt, Duncan Roth y Tobias Seidel, concluye que, una vez analizados los niveles de ocupación entre los años 2011 y 2016 en Alemania, “en las regiones donde los salarios eran bajos, el salario mínimo [fijado a nivel federal por primera vez en 2015] fue introducido sin cambios en los niveles de ocupación [hasta el punto de que] el paro cayó en muchas áreas con salarios relativamente bajos”.

La principal conclusión de los autores, y que sirve para cerrar este artículo, es que “los niveles estables de ocupación en las regiones alemanas con salarios bajos significan que los trabajadores estaban siendo mal pagados, puesto que los ingresos empresariales fueron transferidos a los trabajadores [después de la aplicación del salario mínimo federal] en vez de ser retenidos por los empresarios a través de despidos que habrían reducido su factura global en salarios”. Así pues, la experiencia alemana sirve para poner en entredicho la teoría del mercado laboral según la cual “la oferta y la demanda de puestos de trabajo garantiza que los salarios son fijados correctamente de acuerdo con la productividad de los trabajadores”. ¿Será éste también el caso del Estado español?