La derecha (PP y C´s) manda al infierno a Romanones

Se cumple un siglo desde que en 1918 el Conde de Romanones exigió enérgicamente en los pasillos del Congreso la amnistía para los condenados por rebelión y odio al Estado, Francisco Largo Caballero, Daniel Anguiano, Andrés Saborit y Julián Besteiro. Eran el comité de la primera gran huelga general (ilegal) registrada en nuestro país un año antes. Los metieron en la cárcel de Cartagena, los tuvieron encerrados casi un año y los trataron con la saña que se merecían los “enemigos de España”. Hoy la derecha más españolista y patriótica que nadie (PP y C's) manda al infierno, concretamente a Judeca, la zona dantesca a la que van a parar los traidores, al mismísimo Romanones, entonces dirigente del Partido Liberal.

No hay más que ver los dicterios contra el ministro de Exteriores, Josep Borrell, nada sospechoso de secesionismo, por afirmar que desearía ver en el Parlamento de Cataluña a los diputados encarcelados y huidos. Él y sus compañeros de Gabinete, José Luis Ábalos y Maritxell Batet han sido pasto de la ira de los jefes de filas azules y naranjas por decir que hay que poner fin a la prisión preventiva de Oriol Junqueras y sus compañeros encarcelados a raíz del referendo no autorizado del 1 de octubre del año pasado. Incluso, en el último pleno del Congreso, la nueva portavoz del PP, la también catalana, Dolors Monserrat Monserrat, los nombró “abogados defensores de los golpistas”, al tiempo que dijo sentir “vergüenza” de ellos y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque no los ha desautorizado.

De apellidos devotos y virginales, llama la atención la incapacidad de la portavoz “popular” para discernir entre el voto en las urnas, aunque sean chinas, y el golpe de Estado. Se nota que funcionan a toque de consigna. También resulta extraña la exigencia de esa exministra del PP al jefe del Gobierno de que “respete la independencia de los jueces y fiscales”, pues las opiniones políticas a favor de la excarcelación y de que ocupen sus escaños en el Parlament ni interfieren ni detienen la acción judicial.

Tampoco opiniones proclives al indulto como las manifestadas por la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, afectan a la independencia de los jueces y fiscales, ya que el indulto solo opera con los condenados, como bien sabe el donante del PP, Miguel Ángel Ramírez Alonso, titular de una empresa de seguridad con cuantiosas adjudicaciones de las administraciones públicas gobernadas por el PP, quien fue el primer condenado en España por un delito ecológico y resultó indultado poco después por el Ejecutivo de Rajoy Brey.

La competición de improperios y falacias entre los cráneos privilegiados del PP y C's contra el Ejecutivo de Sánchez a cuenta del problema catalán es el pan suyo de cada día. De ella han hecho profesión hasta el punto de que el hombre de confianza de Albert Rivera, el también catalán Juan Carlos Girauta, dio en el último pleno del Congreso una noticia ciertamente insólita: “El Estado ha dejado de existir en Cataluña”. Eso dijo. Por algo Girauta, además de dirigente de la primera fuerza política en Cataluña, es periodista, como Puigdemont.

Optaron por judicializar el problema catalán para disfrazar su incompetencia política, con un alto rendimiento electoral para el PP en el conjunto de España y para C's en Cataluña, mantienen la apuesta de una tensión que con protestas y lazos amarillos por los presos divide todavía más a la gente, pretenden ignorar que más de dos millones de ciudadanos en Cataluña votaron a las fuerzas independentistas, buscan “deslegitimar esos dos millones de votos” (el entrecomillado es de la ministra Batet), apelan al cierre de la televisión y la radio catalanas y a la laminación estricta de las instituciones autonómicas mediante una nueva y más estricta aplicación del 155 de la Constitución. Si se trata de rescatar la política y generar concordia, como solicitan e intentan los socialistas desde el PSC-PSOE y el Ejecutivo de Sánchez, hay que decir que a la derecha le va mejor la crispación. Hoy Rivera y su colega y flamante presidente del PP, Pablo Casado, un hombre que citó a Antonio Maura en su primera intervención parlamentaria contra Sánchez, tildarían de peligroso izquierdista al mismísimo Romanones, pero no por expropiar a los ricos, sino por hacer política realista y reclamar el indulto para los “rebeldes y sediciosos huelguistas, enemigos del Estado”.

En marzo de 1918 se celebraron elecciones generales, ganó Maura y antes de armar un gobierno de coalición de derechas, llegó “en barca” Romanones (Álvaro Figueroa y Torres de Mendieta, dueño de media provincia de Guadalajara por la que fue diputado sin interrupción desde 1888 hasta 1936) al Congreso y proclamó en contra del parecer de los liberales, los conservadores y del sentir de los “espadones” la urgente necesidad de amnistiar y poner en libertad a los huelguistas. Lo de la “barca” lo escribía el ameno cronista Antoniorrobles como metáfora de la cojera del conde.

Ochenta muertos, condenas por sedición, elecciones y amnistía: la huelga de 1917

Aquel preboste de Luces de Bohemia era un tipo riquísimo (uno de sus hijos fundó el Banesto), dueño de las minas de La Unión (Murcia) y socio de la familia Güell y del marqués de Comillas en la Sociedad Española de Minas del Rif. Pero eso no le impedía entender que la voluntad popular expresada en las urnas se hallaba por encima de los jueces y del rey. Lo demostró en 1931 cuando reconoció el triunfo electoral de los republicanos y negoció la salida de Alfonso XIII y su familia. Pero esa es otra historia.

Cierto es que los rebeldes de entonces, con Largo Caballero y el profesor Besteiro a la cabeza, no reclamaban la independencia ni la República Catalana, sino mayores salarios ante la carestía de los alimentos básicos y la implantación de la jornada de ocho horas frente a los destajos y la explotación despiadada de los trabajadores, niños incluidos. Besteiro, Anguiano, Saborit y Largo Caballero habían sido elegidos diputados. Se sumaban así a Pablo Iglesias (el Abuelo) en la magra bancada socialista. Romanones, que ese año (1918) acabaría firmando la jornada de ocho horas como jefe del Gobierno, consiguió hacer prevalecer la política y la concordia frente al cerrilismo y el ensañamiento. Era un político de calidad –que diría Miquel Roca i Junjent--, yerno y discípulo del gran juriconsulto Alonso Martínez, al que los conservadores y liberales de hoy ni conocen ni reconocen. Todo eso han avanzado.