Presupuestos del gobierno del PSOE: ¿giro social?, ¿concesiones a los independentistas?

Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens

Los Presupuestos Generales del Estado conforman una de las leyes más importantes que se repite cada año. Contienen muchas partidas, pero es toda una declaración de intenciones de lo que pretende un gobierno en cuanto a gran parte de la política económica a aplicar en el año.

Los del Gobierno español eran esta vez muy esperados puesto que correspondían a un gobierno del PSOE que era producto de una moción de censura que había tumbado en junio de 2018 a uno del hipercorrupto Partido Popular.

Desde Sin Permiso hemos ya comentado algunos aspectos de estos Presupuestos, (por ejemplo aquí y aquí). Vamos ahora a explicar solamente y de manera breve un par de los componentes de dichos Presupuestos seguramente más “populares” o discutidos por especialistas, medios de comunicación y ciudadanía en general. En primer lugar, el llamado “giro social” y, en segundo, la “venta a los independentistas catalanes”, por decirlo con las palabras utilizadas por los grandes medios de comunicación españoles. Acabaremos con unas consideraciones impositivas generales. Otros aspectos de estos Presupuestos, como el incremento de la asignación destinada a la Casa del rey (que no supone todo el gasto de los Borbones ya que hay otros dispendios que son recogidos por distintas partidas con destino a sufragar gastos del rey, familia y allegados: desplazamientos, seguridad…) y al ejército merecerían un análisis aparte. Especialmente lo que se conoce como “presupuesto oculto de Defensa”. Un detallado estudio puede verse aquí. Según este estudio, “si tenemos en cuenta la suma del gasto militar y de las instituciones de control social, la suma es mucho más abrumadora, 38.138.30 millones de euros".

“Giro social”

¿De dónde partimos? Recordando lo que uno de nosotros escribió recientemente analizando la insuficiencia del programa económico de Podemos y muy resumidamente:

Sanidad: el Reino de España (RE) se sitúa en el 70% del gasto promedio de la UE. Educación: el mismo porcentaje (70,4%) del promedio europeo. Vejez y dependencia: el RE gasta el 82,1% del promedio europeo. Exclusión social: el RE gasta el 27,3 % del promedio de la UE. La tasa de pobreza general de la población del Reino de España el año 2016 fue del 22,3 %, el 129% del promedio de la UE y el tercer país con mayor tasa después de Rumania y Bulgaria. Vivienda: sumando las partidas de promoción de vivienda (construcción, rehabilitación, compra, alquiler, etc.) y las partidas de ayudas y subvenciones al alquiler el RE gasta el 26,3% del promedio de la UE, equivalente a casi 150 euros menos por habitante. Cantidad nada despreciable porque cada año que nos desviamos de la media europea se dejan de financiar el equivalente a la construcción de 67.000 viviendas para alquiler social, la necesidad más acuciante para acabar con la pobreza.

El PP había dejado en este sentido, y en muchísimos otros, un erial. Mejorar la situación era una tarea imprescriptible, pero que costaba poco. Por poquísimo que se hiciera. Pero se ha hablado y escrito hasta la náusea de giro social. ¿Giro social? Con dos palabras es difícil resumir un contenido, pero con “giro social” se quiere normalmente afirmar que estos Presupuestos han hecho un gran avance (o “salto cualitativo” por decirlo de forma tonta) porque dedican mucho dinero a partidas que se conocen como gasto social. Si tomamos como referencia el porcentaje de los Presupuestos destinados a partidas sociales como gastos a los grupos más vulnerables, pensiones, desempleo, sanidad, educación y alguna partida más, resulta que los Presupuestos del PSOE dedican 12.600 millones más que los contemplados en los últimos (2018) del PP. En los del 2018 el gasto social representaba el 55,5% de todo el Presupuesto, en el del PSOE el 57,3%, un 3’24%. [Pasar del 55,5% a 57,3% quiere decir 1,8 puntos porcentuales, pero el crecimiento es de 3,24%: (0,573/0,555-1)  x 100]. Nadie ecuánime podrá decir que se trata propiamente de un “giro”, en todo caso de un pequeño avance, por decirlo de forma mesurada. Si tenemos en cuenta, además, que la inflación media en el último año se ha situado en el 1,67%, que supone algo más de la mitad del incremento propuesto.

Si tomamos otra referencia comparativa, el porcentaje de gasto social en proporción al PIB, se ha pasado del 16,2% en los Presupuestos del 2018 al 16,7% en los presentados por el actual Gobierno del PSOE. Con algunos gobiernos anteriores del PP el porcentaje superó el 17% (el 2012, 13, 14 y 15), siendo el año 2014 el que llegó a más, el 17,6%. Ahora, de 16,2% se ha pasado al 16,7%: 0,5 puntos  (es decir, el 3% de aumento) más, nada despreciable, pero que merezca el nombre de “giro” es como mínimo exagerado.

“Venta a los independentistas catalanes”

Expresión que sin mucho disimulo quiere expresar la “entrega” o “venta” del Gobierno Sánchez a los “golpistas”, “separatistas”, “independentistas”… concediéndoles dinero como pago a sus votos que permitieron acabar con el gobierno del PP y cambiarlo por el del PSOE. Sin necesidad de entrar en la supuesta “entrega” del PSOE a las demandas de gran parte del pueblo catalán a un referéndum de autodeterminación, a que también nos hemos referido en Sin Permiso (por ejemplo, aquí y aquí), solamente mencionaremos algunos números y porcentajes. Por cierto, en Extremadura el PSOE acaba de votar con Ciudadanos y el PP pidiendo la aplicación del 155 en Cataluña: todo un modelo de defensa de las libertades democráticas. Pero no, solamente mencionaremos algunos números y porcentajes de los Presupuestos del PSOE y de Extremadura y Cataluña.

Repasemos lo que dicen algunos cálculos sobre Extremadura y Cataluña. El primero y más completo, en 2005 hecho por el propio Ministerio de Hacienda, dice que Cataluña tenía una balanza fiscal negativa entre el 6,4 y el 8,7% del PIB según la metodología, ya fuera por criterio de beneficio o por criterio monetario, unos resultados muy similares a los cálculos de la propia Generalitat. Para el caso de Extremadura daba un superávit entre el 15,5% y el 18,1% del PIB.

El segundo cálculo se inició en 2011 y se ha hecho anualmente por el momento hasta el 2014 y es el Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas (SCPT). Este sistema sólo utiliza la metodología del criterio de beneficio (se reparten los gastos de los organismos centrales para población entre las CCAA aunque el gasto se haga en Madrid o donde esté el organismo único, en el criterio monetario se computan los gastos en el territorio donde se realizan). Los últimos datos de 2014 confirman que Cataluña presenta un déficit por criterio de beneficio del 5% y Extremadura un superávit del 17% del PIB.

El gasto efectivo del gobierno autonómico comparable (que quiere decir sin tener en cuenta intereses financieros y las competencias en seguridad, justicia y cárceles, más descentralizadas en Cataluña) equivale al 12,9% del PIB en Cataluña y al 23,3% en Extremadura.

Hay que decir además que el diferencial de precios entre Cataluña y Extremadura es del 35% (solo el diferencial de coste de acceso a la vivienda es del 74% según la ECV). El gasto homogeneizado (sin intereses ni seguridad, justicia y cárceles) per cápita de la Generalitat a precios corrientes fue de 3.637 euros en 2017, mientras que el de la Junta de Extremadura fue de 3.984 euros. Pero a paridad de poder adquisitivo el gasto de la Generalitat fue de 2.689 euros, un 32,5% menos.

Los Presupuestos tienen 2.051 millones destinados a Cataluña. Esta cantidad supone un incremento respecto a los anteriores de 2018 del 50%, no tanto como Navarra (92%), pero un incremento porcentual bastante superior que muchas otras Comunidades Autónomas. 2.051 millones representa el 16,8% del total destinado a las CCAA. El peso de Cataluña en el PIB es del 19,2% y en el Estatut se especifica que la inversión debería haber sido igual a este porcentaje durante los siete años siguientes a su aprobación (lo que solo se cumplió en el primer año, 2007, y el resto dejaron un agujero de incumplimientos de 3.800 millones de euros). Dos formas de verlo, sin entrar en consideraciones directamente políticas: un aumento del 50% está bien, un porcentaje de inversión que rebaja en 2,4 puntos porcentuales  lo que marca el Estatut es algo, después de tantos años quedándose aún mucho más por debajo, que no está tan bien. En todo caso, calificar de “venta a los independentistas catalanes” a estos números no tiene nada de economía y mucho de política. Otro dato frío: el agujero generado por el incumplimiento político del período 2008-13 y su continuación en los años siguientes, en donde la participación catalana en la inversión del Estado en épocas de Rajoy llegó a caer por debajo del 10%.

“Aumento de los impuestos a los ricos”

Mención aparte merece el aumento de IRPF a los que ganan más de 130.000 anuales: 2 puntos. Y 4 puntos a los que ganen más de 400.000. Actualmente, el tipo máximo marginal es del 45% para las rentas superiores a 60.000 euros aunque puede aumentar hasta el 48% según la comunidad autónoma, para rentas por encima de 90.000 y 175.000 euros.

Ahora quedará en el 47% para las rentas superiores a 130.000 y en el 49% para las que superen los 400.000. Para poner las cosas en proporción: con gobiernos derechistas del PP, de 2011 a 2013, el tipo marginal máximo ascendió hasta el 56%, según la comunidad autónoma y para rentas por encima de 175.000 y 300.000 euros, esto es 7 puntos más de lo que propone aumentar el gobierno del PSOE. Con Fernández Ordóñez, con un gobierno de UCD, llegó a ser del 65,5%. Como decíamos, para dejar las cosas en su proporción y no tirar cohetes cuando en realidad estamos hablando de pólvora húmeda. Y, por apuntar otra cuestión, nada irrelevante en lo que concierne al “giro social”, no se ha realizado ninguna medida para reducir la brecha impositiva existente entre las rentas productivas (del trabajo y de actividades económicas) y especulativas (ganancias patrimoniales), puesto que estas últimas en la actualidad tienen un gravamen de 22 puntos porcentuales inferior.

Existe una idea más o menos generalizada según la cual solamente los ricos no pagan impuestos. Efectivamente, los ricos tienen muchas formas de evadir y defraudar impuestos (y lo hacen), pero hay sectores sociales, las “clases medias” siempre nombradas y pocas veces bien definidas, que tampoco pagan un porcentaje de impuestos equiparable en distintos baremos a otros Estados de la Unión Europea. Este cuadro nos ahorrará muchas palabras:

Un dato que también resume la situación es que la diferencia en recaudación por salirse de la media fiscal de la UE es de unos 66.000 millones de euros anuales. Ante la posible réplica de que la presión fiscal en el Reino de España está de acuerdo a nuestra renta per cápita (el 82,4% del promedio europeo sería 33%), cabe objetar que precisamente porque no existe una presión fiscal más elevada y no se puede invertir lo suficiente en gasto social y productivo, el Reino de España  se aleja de la renta per cápita media europea. Nuestra propuesta de reforma fiscal que incluye una renta básica incondicional para toda la población del Reino de España también parte de esta situación. Véase, por ejemplo, aquí y aquí.

Y también podemos objetar que la desigualdad en el Reino de España es mucho más elevada que la que debería ser por su nivel renta: con datos de Eurostat, el ratio s80/s20 (el cociente entre la renta disponible para el 20% más rico de la población y el 20% más pobre) es de 6,6 veces,  solo superado por Lituania y Bulgaria en la UE. Por su nivel de renta, el Reino de España debería tener un ratio de 4,9. Para alcanzar este ratio, el 20% de los hogares más ricos deberían transferir 8.800 millones de euros (el 3,3% de sus rentas, equivalente al 0,75% del PIB) al 20% de los hogares más pobres.

La única medida directa monetaria para combatir la pobreza que se propone en los presupuestos es incrementar el importe de la ayuda a menores de familias de bajos ingresos, con un coste de 321 millones de euros. Con ella el Gobierno estima que se va a sacar de la pobreza severa (que no de la pobreza) a 82.000 menores. Ridículo. La última Encuesta de Condiciones de Vida estima que en el reino existen 3,8 millones de hogares con ingresos por debajo del umbral de riesgo de pobreza, de los que 1,4 millones son familias con menores. Sacar a todos los hogares de la situación de riesgo costaría 21.500 millones de euros.  321 millones frente a unas necesidades de 21.500 millones (menos de la tercera parte del gap de recaudación fiscal con Europa): humo. Si elegimos el umbral de pobreza severa (473 euros mensuales para un adulto), la ECV “rebaja” a 1,9 millones el número de hogares con ingresos inferiores de los cuales 750.000  son hogares con menores. O sea, la medida estrella de los presupuestos de combate de la pobreza alcanza a sacar de la pobreza severa un poco más del 10% de los menores en esta situación. Sacar a todas las familias de la pobreza severa costaría 7.900 millones de euros. ¿Giro social?

Ni “giro social”, ni “venta a los independentistas catalanes”… y una reforma fiscal muy mojigata e ineficaz: así son los Presupuestos del gobierno del PSOE.

Autores

Jordi Arcarons es catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica. Su último libro es, en colaboración con Daniel Raventós y Lluís Torrens, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017).

Daniel Raventós es editor de Sin Permiso, presidente de la Red Renta Básica y profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro del comité científico de ATTAC. Sus últimos libros son, en colaboración con Jordi Arcarons y Lluís Torrens, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017) y, en colaboración con Julie Wark, "Against Charity" (Counterpunch, 2018).

Lluís Torrens es economista. Director de servicios de planificación e innovación en el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona y profesor asociado de la Escuela Superior de Comercio Internacional-Universitat Pompeu Fabra. Es miembro de la Red Renta Básica y de la Asociación REVO prosperidad sostenible. Su último libro es, en colaboración con Jordi Arcarons y Daniel Raventós, "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017).