La PAH pide a la Fiscalía que se persone ante el Supremo para evitar los abusos de la banca

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha acudido este mediodía a la Fiscalía General del Estado para solicitarle que se persone ante el Tribunal Supremo para defender a la ciudadanía y los consumidores "en los recursos que vayan a resolverse en las próximas semanas" frente a "los abusos bancarios cometidos durante décadas por las entidades responsables de la mayor crisis económica de la historia reciente".

El escrito se presenta como reacción a la medida adoptada por el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Luis María Díez-Picazo, de paralizar la decisión de la sala de obligar a las entidades financieras a pagar el impuesto de actos de los créditos hipotecarios. "Estamos escandalizados", ha explicado frente a la Fiscalía General el portavoz de la PAH Paco Morote, tras presentar el documento. "Llevamos más de 700.000 desahucios y ninguna sala judicial se ha reunido nunca para hacer ninguna valoración al respecto, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha venido sentenciando que la legislación española causante de los desahucios era ilegal", ha denunciado.

En este sentido, Morote también ha indicado que España incumple el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que firmó en 1976 y cuyo protocolo facultativo fue ratificado en 2010. En contra de este pacto, "se ha desahuciado a Safira y acaba de haber otro desahucio en Carabanchel", ha señalado. Safira es una mujer de 23 años de Guadalajara con un 66% de discapacidad que fue expulsada ayer de una vivienda que ocupó hace cuatro años.

La PAH también ha aprovechado para anunciar que mañana realizará "un escrache" frente al Supremo a las 11.00 y que planea una movilización para el próximo día 5, cuando, según anunció ayer el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se conocerá finalmente quién debe pagar el impuesto de las hipotecas.

En el documento al que ha tenido acceso Cuartopoder.es, la PAH ha pedido a la Fiscalía General del Estado "con carácter de urgencia" que se persone en el Supremo en los recursos de las próximas semanas para proteger los derechos de la ciudadanía y los consumidores, así como "garantizar el castigo y la sanción pública de los abusos bancarios cometidos durante décadas por las entidades financieras responsables de la mayor crisis de la historia reciente". Estos son los motivos que expone el documento:

1. La decisión "sin precedentes" adoptada por el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en contra de la sentencia acordada por la Sección Segunda de dicha Sala el pasado 16 del corriente de este mes sobre "el recurso de casación nº5350/2017 y dos sentencias más por las que se establece la obligación de los prestamistas "a hacer frente al pago del impuesto de actos" en relación con los créditos hipotecarios.

2. Decisión adoptada a pesar de "los más de 700.000 desahucios ejecutados en nuestro país al inicio de la crisis" y a pesar de que la inmensa mayoría de estos desahucios han sido consecuencia de "procedimientos de ejecución hipotecaria" basados en "una legislación preconstitucional en muchos de sus aspectos y manifiestamente ilegal en otros muchos, en relación a la normativa europea vigente".

3. El comportamiento del Tribunal Supremo. "No es la primera vez que desde el Tribunal Supremo emanan sentencias o acuerdo que, después tienen que ser rectificado por el TJUE para proteger lo que España había desprotegido (por cierto siempre a la parte más débil) o actuando deliberadamente contra el tribunal europeo. El documento presentado por la PAH recuerda "la sentencia de la Sala de lo Civil 241/2013 sobre las cláusulas suelo".

4. La "enorme alarma social" que genera esta decisión que "cuestiona y erosiona gravemente la apariencia de independencia e imparcialidad de la que deben estar imbuidas las decisiones judiciales".

5. La misión que tiene el Ministerio Fiscal de "promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio a a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales".

6. Los términos que utiliza el presidente de la Sala Tercera del Tribal Supremo al reconocer que la decisión se toma por su "enorme repercusión económica y social" sin señalar "fundamento jurídico alguno que justifique esta decisión sin precedentes".

7. Y en todo caso esta "enorme repercusión económica y social" exige la intervención del Ministerio Fiscal en cumplimiento con sus propias directrices recogidas en la circular 2/2018 de "proteger a los consumidores y usuarios", se apunta en el documento de la PAH.