El cierre de Garoña sienta precedente para “la jubilación” del parque nuclear español

Era la central nuclear más antigua de España y la punta de lanza del plan del Gobierno para continuar con un parque nuclear español durante 20 años más, a pesar de que las organizaciones ecologistas llevan años pidiendo “la jubilación” de unas plantas envejecidas que conllevan el riesgo de sufrir accidentes nucleares. Garoña (en Burgos) cierra definitivamente pese a las intenciones del ministro de Energía, Álvaro Nadal, que se ha quedado aislado en su propósito, con todos los grupos políticos e incluso algunos miembros del Partido Popular (PP) en contra. De todos ellos es el Partido Nacionalista Vasco (PNV), socio del Ejecutivo en los Presupuestos, el que más ha pesado. La sociedad vasca se había movilizado para impedir la reapertura de la central e incluso Iberdrola, que ejerce de propietaria junto con Endesa y tiene gran interés en el País Vasco, había manifestado su voluntad de que siguiese cerrada.

La central había sido paralizada en 2012 de forma unilateral y voluntaria por su propietario, Nuclenor, participado por Endesa e Iberdrola, con la intención de negociar mejores condiciones en el mercado eléctrico con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. En palabras del representante de los ecologistas en el Comité Asesor del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Francisco Castejón, “Garoña ha sido un rehén para presionar al Gobierno y allanar el camino para la continuidad del resto del parque nuclear español”. El diálogo siempre ha sido cosa de dos y finalmente el cierre de la central ha sido acordado entre las eléctricas y el Gobierno en reuniones “a puerta cerrada”, denuncia el miembro de Ecologistas en Acción a cuartopoder.es. No se han tenido en cuenta las demandas de la sociedad civil organizada ni las declaraciones en contra de la reapertura emitidas por el Parlamento español, el vasco, el riojano y el aragonés, critica.

Aunque el ministro ha dejado claro que la decisión del cierre de Garoña no se puede extrapolar al resto de centrales nucleares, la brecha que se abre es clara en un momento en el que la mayoría de las plantas están obligadas a pedir la renovación de sus permisos. Es más, Garoña cierra seis meses después de que el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), organismo responsable de la seguridad nuclear, avalara su reapertura en un polémico pronunciamiento. Para Castejón, es cierto que los últimos cambios normativos impulsados desde el Gobierno “favorecen la continuidad del parque nuclear”, pero "es evidente" que la opinión de la sociedad marcha “en sentido contrario”. El cierre de la central burgalesa, añade, se debe a “la presión social” y alimenta al movimiento antinuclear.

Los cambios normativos que han ido allanando el camino para la continuidad del parque nuclear español comenzaron precisamente en Garoña. En 2013 se acabó el plazo para solicitar su reapertura y el Ministerio del Interior aprobó una nueva norma para conceder a sus propietarios un año más de margen. Los críticos denuncian que, a partir de entonces, se dio luz verde a instrucciones de seguridad y especificaciones técnicas de funcionamiento hechas a medida. El pasado 30 de noviembre se modificó el reglamento del CSN para desvincular la renovación del permiso de funcionamiento del requisito de la revisión técnica de seguridad de cada reactor, algo que, según criticaron las organizaciones ecologistas, abría la puerta a que el Gobierno del PP pudiera conceder permisos sin que se hubieran realizado la conveniente comprobación de seguridad. Por otro lado, el Ministerio de Energía decidió en mayo ampliar hasta 2019 el plazo para iniciar el proceso de alargamiento de la vida de las plantas.

En su plan inicial, las centrales nucleares fueron diseñadas para tener una vida de 40 años, por lo que sus permisos expiran entre los años 2020 y 2024. Sin embargo, la industria nuclear y el Gobierno consideran que las mejoras técnicas pueden alargar su funcionamiento. Las plantas ya están solicitando su revisión técnica al CSN, mientras que tendrán que pedir su renovación al Ejecutivo un año antes de que expire su autorización. El permiso de Almaraz (Cáceres) caduca en junio de 2020, el de Vandellós (Tarragona), en julio de 2020; Cofrents (Valencia), en marzo de 2021, y Ascó (Tarragona), en octubre de 2021. La última será Trillo (Guadalajara), que tiene licencia hasta noviembre de 2024.

Una época “clave” para el movimiento antinuclear

Los ecologistas sostienen que la energía es cara, sucia, peligrosa y que limita la extensión de las energías renovables. El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), que reúne a más de un centenar de organizaciones de España y Portugal, se manifestó el pasado mes de junio en Madrid bajo el lema 'Cerrar Almaraz y todas las demás' con el objetivo de evitar que el Gobierno renueve los permisos de funcionamiento de las centrales nucleares por otros 20 años más. “Hay riesgo de sufrir accidentes nucleares en el territorio peninsular”, clamaba en su manifiesto la plataforma, conformada por los partidos Izquierda Unida (IU), Podemos y Equo; asociaciones como Ecologistas en Acción o Greenpeace y, sindicatos, como Confederación General del Trabajo (CGT) y Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Es un momento importante para las organizaciones antinucleares y ecologistas, ya que el Gobierno tiene que comunicar el año que viene su plan para abordar el cambio climático en el marco del Acuerdo de París alcanzado en la COP 21. Los activistas no solo piden el cierre de las nucleares, sino un nuevo modelo energético 100% renovable.

El Gobierno, por su parte, recurre a evocar el coste que tendría para el bolsillo de los españoles, para justificar el mantenimiento de las nucleares. Según defiende, el desmantelamiento del parque nuclear supondría necesariamente un encarecimiento de la factura de la luz. Castejón contradice al Ejecutivo: “En el sistema eléctrico español se pagan todas las fuentes de energía al precio de la más cara, que suele ser el gas. Es posible que suba la electricidad, pero estaríamos hablando de un 5% como mucho”. Además, esta pequeña subida, según argumenta, se podría contrarrestar con medidas de “ahorro y eficiencia”, así como con la extensión de las energías renovables.

El ministro de Energía Álvaro Nadal anuncia el cierre definitivo de Garoña. / Europa Press (YouTube)