Víctimas de bebés robados exigen un Pacto de Estado como el de la violencia machista

Las víctimas de casos por bebés robados en España son miles y están hartas de esperar. Las asociaciones calculan que unos 100.000 niños podrían haber sido arrebatados a sus madres desde la Guerra Civil hasta principios de los 2000, cuando se produjeron las sustracciones de niños en lugares como hospitales, cárceles o Casas-Cuna. La mayoría de estas denuncias son archivadas y ni uno solo de estos casos ha sido resuelto por los tribunales. Por eso, los afectados han decidido reclamar en el Congreso un Pacto de Estado “similar al que se constituyó contra la violencia de género”, explica María Bueno, portavoz de la Plataforma Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles ‘Te Estamos Buscando’.

El primer obstáculo ha sido superado. La plataforma, que nació el pasado verano, interpuso una petición a la Mesa de Peticiones del Congreso de los Diputados para que se conformara el mencionado Pacto de Estado y la semana pasada fue admitida a trámite por su presidente, Jorge Fernández Díaz, quien trasladó el texto a todos los grupos parlamentarios. Bueno confiesa haber recibido la noticia con “sorpresa” y satisfacción y apunta que más allá de la legítima lucha por la Memoria Histórica, los casos de bebés robados son un asunto de “enorme gravedad” porque los afectados son “personas vivas” que han sido castigados con “identidades falsas” y desconocen donde se encuentran sus familiares.

La ofensiva de la Plataforma ‘Te estamos buscando’ ha llegado también a los 17 Parlamentos autonómicos y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, según explica Bueno. Paralelamente, el colectivo envió en diciembre un borrador de texto de una proposición de ley que contempla 80 artículos y pretende garantizar “la justicia verdad y reparación para todas las víctimas” de robo de bebés y desapariciones forzadas de menores. “Estamos hablando de una propuesta de ley estatal que al menos tendrán que deliberar y debatir” en cada una de las comunidades, añade la portavoz también de la asociación de víctimas Coordinadora x24.

Bueno asevera que si el Estado no se encarga de los miles de casos – 30.000 documentados por el juez Baltasar Garzón solo desde la Guerra Civil hasta el año 1952- será “un escándalo internacional” y las víctimas acudirán a instancias internacionales como el Tribunal de Derechos Humanos Estrasburgo. Precisamente la Plataforma ‘Te Estamos Buscando’, que tiene su sede en Reino Unido y busca tejer alianzas con afectados por las desapariciones forzadas infantiles en otros países, surgió el pasado verano tras la visita de la comisión de parlamentarios europeos para realizar un informe sobre el tratamiento de los casos de bebés robados. El documento resultante instó al Gobierno de Mariano Rajoy a tomar “medidas urgentes” para resolver todos los casos de sustracción de menores y adopciones ilegales.

“Después de 10 años podemos demostrar con toda la carga documental que nuestros hijos están desaparecidos”, indica la portavoz de la Plataforma. “Nuestra petición no tiene un trasfondo de venganza, sino de reparación, porque es vergonzoso que haya miles y miles de víctimas a las que el Estado ni siquiera ha dedicado tres párrafos de forma institucional”. Bueno es también una de las personas afectadas. Según el patrón que se repite en la mayoría de los casos, cuando dio a luz a su bebé en el hospital municipal de la Línea de la Concepción, le dijeron que había muerto al nacer. “Yo tengo certificado que mi hija no entró nunca en el cementerio y que mi parto nunca se registró”, narra. Su caso sigue en vía judicial, sin que se haya emitido ningún auto, tras siete años de instrucción.

El contenido del Pacto de Estado

Las Plataforma reivindica que el Estado debe asumir el “tutelaje” de sus casos que están bloqueados en la vía judicial. En la mayoría de los casos, más de un 60%, se archivan sin ni siquiera tomar testimonio a las víctimas y en otros casos se eterniza la instrucción. Los afectados por los casos de bebés robados creen que, a pesar de que el PP ha manifestado en reiteradas ocasiones su “voluntad” de que se investiguen los miles de casos, el Estado coloca obstáculos o no toma un papel activo para encontrar soluciones.

Por ello, según las víctimas, el Pacto de Estado debería incluir la creación de un banco de ADN –una iniciativa que ha resultado exitosa en otros países como Argentina para lograr poner en contacto a los familiares-- y que ni siquiera necesita una infraestructura nueva: podría utilizarse el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España, tal y como han recomendado instancias europeas.

Por otro lado, demandan la realización de un informe impulsado desde el Congreso que recoja las conclusiones de una investigación sobre los casos de bebés robados durante la Guerra Civil, la dictadura y la democracia. También exigen una unidad de policía especializada que pueda atender sus casos con rigor, una reparación moral –una disculpa desde el Parlamento—y un protocolo para las víctimas de desapariciones forzadas infantiles que ya existe para otras víctimas en España, como las afectadas por el terrorismo.

Una presión internacional creciente

Fue en 2011 cuando la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, Anadir, exigió a la Fiscalía General del Estado la apertura de una investigación para identificar a los responsables de una trama que actuó en toda España dedicada al robo y a la posterior venta de niños. El entonces fiscal del Estado Cándido Conde Pumpido rechazó una apertura de la investigación nacional y pidió que fuesen las fiscalías provinciales las que analizaran caso a caso. Normalmente, los casos marchitan en un cajón por la dificultad para obtener pruebas, entrevistar a los testigos o acceder a archivos eclesiásticos y de hospitales. Víctimas como Enrique Vila, abogado y presidente de la asociación S.O.S. Raíces Adoptados aseguran que se trató de “un negocio que movió cantidades millonarias dentro de la Iglesia” y que, si se destapara, sería “un escándalo de una magnitud brutal”.

El Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Peticiones, instó al Gobierno de Rajoy el pasado mes de noviembre a tomar algunas medidas necesarias para investigar la trama de los bebés robados y reparar adecuadamente a las víctimas. Las peticiones van adjuntas al informe de una delegación de europarlamentarios presidida por una diputada laborista, Jude Kirton-Darling ,que visitó España en marzo. Europa recomendó así la creación de un banco de ADN gratuito, la constitución de una comisión de investigación sobre la trama de los bebés robados en el Congreso y que la propia Iglesias reconozca su implicación y colabore con el Ministerio de Justicia.

Es un toque más de atención a España para que resuelva los crímenes de lesa humanidad cometidos en su territorio. La Comisión Europea reconoció que los afectados por los casos de bebés robados son "claras víctimas de crímenes contra los Derechos Humanos", aunque el Gobierno nunca les ha ofrecido este estatus. En 2014 la ONU pidió a Rajoy que los afectados por lo robos de bebés pudieran acceder a “archivos y fondos documentales oficiales y no oficiales”. El Ejecutivo tenía 90 días para cumplir estas exigencias que, a día de hoy, continúa ignorando.