El TSJN ratifica la sentencia de La Manada y los condena por abuso sexual a 9 años de prisión

Un mes después de valorar los recursos interpuestos por acusados, víctima y acusación particular, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha emitido sentencia contra La Manada. Ratifica la condena de nueve años y mantiene el delito de abuso sexual, pero no reconoce la agresión sexual, aunque en el fallo del TSJN ha habido dos voces discordantes.

Han sido Joaquín Galve, presidente del TSJN, y Miguel Ángel Abárzuza, quienes han emitido un voto discrepante de los otros tres miembros del tribunal al considerar que sí existe un delito de agresión sexual en el caso de La Manada. Ambos consideran que ha existido "un acto de intimidación y coacción creado por todos ellos, tendiendo una encerrona a la víctima, teniendo en cuenta la prácticamente nula posibilidad de ésta de huir y/o escapar. En definitiva, conductas reveladoras de la existencia de intimidación suficiente para mantener que los hechos tuvieron lugar mediante intimidación ambiental para vencer la voluntad de la víctima”.

Ambos jueces, además, "estiman que habría que condenar a los cinco procesados por un delito continuado de agresión sexual, al apreciar la existencia de intimidación, a sendas penas de 14 años, 3 meses y un día. A uno de los cinco acusados, A. M. G. E., quien robó el móvil de la joven, le consideran, además, responsable de un delito de robo con intimidación, por el que deberían imponerle 2 años más de prisión en lugar de los 900 euros de multa fijados por la Audiencia".

La Sala de lo Penal del TSJN ordena a la Audiencia de Navarra que dicte una nueva sentencia exclusivamente respecto al delito contra la intimidad del que fueron absueltos. El tribunal estima en parte los recursos de dos de las acusaciones (víctima y acusación particular) y considera que se debe dictar una nueva sentencia por la grabación y toma de fotografías realizadas.

El tribunal defiende su imparcialidad

Por parte de las defensas de La Manada, se invocó la contaminación de las pruebas y la falta de imparcialidad de los juzgadores, como resultado de un juicio mediático paralelo y condenatorio que, según exponían, afectó a las pruebas de cargo. El tribunal se defiende y alega que los denunciandos han podido también intervenir en el debate social y hacer declaraciones públicas exculpatorias, haciendo referencia a las múltiples apariciones públicas tanto del abogado defensor como de los mismos cinco condenados en diversos medios de comunicación.

“No se puede presuponer, como hacen las defensas, que la información periodística haya sido sesgada o manipuladora de la opinión pública, sino parte esencial de un debate social, que manifiesta los anhelos de justicia de la población; sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieran derivarse de los atentados puntuales contra la intimidad o los derechos fundamentales de los procesados o de la víctima. Y en cuanto al alegado tratamiento adverso por los medios, es patente que los procesados han podido también intervenir en el debate social y hacer declaraciones exculpatorias”.

Pasividad doliente de la denunciante

El tribunal defiende a la víctima de aquellas acusaciones de inverosimilitud del relato o de cambios en detalles del relato y consideran que es "coherente".

“Es lógico que en la reiteración del testimonio ante autoridades policiales y en la instrucción, y en su contraste con otros testimonios acusatorios de testigos, peritos o evidencias externas, se pudieran encontrar ciertas diferencias, omisiones o inexactitudes; pero debe ponderarse si afectan a hechos o datos esenciales o nucleares, o si solo conciernen a meras circunstancias periféricas o secundarias”, destacan.

Asimismo, observan un comportamiento abusivo por parte de los cinco condenados hacia la víctima. "Los vídeos evidencian de una parte la pasividad doliente de la víctima y de otra el abusivo comportamiento de los acusados, que inician sin prolegómeno alguno y desarrollan sin miramiento un atentado contra el derecho a la libre determinación personal de la joven".

Superioridad numérica, de fuerza y en un lugar opresivo

El tribunal también observa que el delito se cometió mediante "una prevalente desproporción de fuerzas, una radical inferioridad ─en razón de edad, número y condición─, y en un lugar angosto y opresivo que dificulta su reacción y defensa. Todos los acusados sabían o debían haber comprendido la situación en que se encontraba la joven, que restringía decisivamente su autonomía para asentir con libertad; debían haber comprendido la dolorosa postración y humillación que imponían sobre ella".

También concluye el TSJN que La Manada aprovechó la situación de ingesta de alcohol por parte de la víctima para someterla. "La ingesta del alcohol por la víctima, lejos de inducir a error sobre su consentimiento, debe concluirse que fue una circunstancia aprovechada por los acusados para consumar su intempestivo abuso con prevalimiento”.