El cambio en tres tiempos: asaltar, arraigar, asentar

  • Ha sido el poder judicial enfrentándose a su creciente falta de legitimidad (letal para cualquier estado moderno) el que ha negado sistemáticamente la pluralidad nacional del Estado

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Las acusaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado a los presos y presas del 1-O ha confirmado lo que desde la apertura la crisis de régimen se ha ido certificando: hay una parte del bloque de poder que no está interesada en modificar ni un milímetro el orden social vigente para incorporar las nuevas demandas de los sectores que se han enunciado como excluídos.

Esta rigidez que durante los mandatos del Partido Popular estaba en sintonía con la posición del Gobierno -en mayor o menor grado y según el caso- hoy se ha disociado de la voluntad del ejecutivo de Sánchez que, ante todo, bebe de una clara vocación reformista que le permita, por lo menos, controlar el embiste que la irrupción de los nuevos movimientos democratizadores ha provocado en contrato social vigente.

Analizar con detenimiento las distintas posiciones en el sí de un bloque de poder crecientemente fragmentado merecería un estudio mucho más acurado, pero su plasmación política se ha encarnado en dos figuras de la estructura del Estado muy concretas: el poder judicial y el Rey.

Ha sido el poder judicial enfrentándose a su creciente falta de legitimidad (letal para cualquier estado moderno) el que ha negado sistemáticamente la pluralidad nacional del Estado por encima de acuerdos políticos de tal calado como el del Estatut de Catalunya y es hoy también el poder judicial el que a través de la Fiscalía pone en jaque el incipiente intento de reconstruir mayorías políticas en España.

Por su parte, el Rey ha sido la figura política que encarnó con más claridad en un solo hombre -reitero, hombre- la imposibilidad de incorporar el reconocimiento de sujetos y soberanías diferenciadas en el orden social vigente. Casi como antaño, el Rey habló el tres de octubre en calidad de garante de la soberanía nacional que no fue muy distinto de presentarse él mismo en calidad “soberano”.

En este sentido, es importante destacar que el gesto de fortaleza de Felipe VI implicó, a mi entender, evidenciar el principal talón de Aquiles que la monarquía tiene hoy, no en abstracto, sino concretamente en España: la incompatibilidad intrínseca del reino y la plurinacionalidad. Es posible que al salir de la pasividad percibible y evidenciar su verdadero papel, ese 3 de octubre pusiera en marcha su cuenta atrás.

Sin embargo, eso no significa que sea hoy el momento de arremeter contra el rey como figura en sí misma, un antagonista que no moviliza pasiones y que puede ser, incluso, un símbolo de resistencia creciente del viejo orden. Se da por sentado que queremos una jefatura elegida democráticamente, pero nunca sobrará la insistencia en horizontes de país como el de la plurinacionalidad para los que la figura del monarca es, simplemente, un obstáculo y su desaparición un mal menor.

Asimismo, no es casualidad que poder judicial y monarquía sean, además, las dos instituciones que más se han enrocado estoicamente al otro gran desafío constituyente (y, seguramente, imbricado) que es el feminismo y su expresión más transversal encarnada en el 8M. Ambos representan hoy los grandes movimientos que no pueden ser incorporado en el actual orden vigente.

Y esta es una primera conclusión a raíz de la voluntad frustrada del Gobierno y la posterior acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado: existen dos oleadas que impiden el cierre en falso de la crisis de régimen y las demandas de las mismas no son, a día de hoy, incorporables en su significación presente dentro del actual orden de cosas.

¿Qué nos jugamos con los presupuestos? Política y antagonismo

En un reciente artículo para Cuartopoder.es, Sato Díaz planteaba la pregunta clave en toda la cuestión del debate sobre el acuerdo de presupuestos: “¿estamos ante unos meros presupuestos anuales o significan algo más?”. Hay muchas consecuencias derivadas de que el acuerdo presupuestario salga adelante y para mí hay una principal: abrir la posibilidad de recomponer los equilibrios políticos y sociales que permitan volver a hacer política en España.

Esta recomposición es, si cabe, más urgente hoy que hace dos años fruto de una mutación en la derecha que ha pasado del agonismo (es decir, de aceptar la convivencia democrática y la existencia del otro como adversario legítimo) al antagonismo (es decir, a que la existencia del otro niegue la propia). Creo que este es un fenómeno nuevo y que hay que analizarlo como tal.

La derecha española ha tenido siempre una visión patrimonialista del Estado en la que disputaban una determinada idea de España desde un exterior constitutivo en el que se renunciaba a hacer política: léase Euskadi, léase, hoy, Catalunya, en el caso del PP que no Ciudadanos donde la fuerza de Arrimadas representa algo muy particular.

En este sentido, la derecha no ha tenido nunca una voluntad expresa de hacerse cargo de las voluntades y los anhelos del resto de sectores que ya no están incorporados en su seno, pero sí una voluntad de convivencia que no pretendía expulsar de lo “constitucional” (es decir, de lo legítimo) todo el que estuviese en su bando. La caracterización de ‘ocupa’ del Gobierno Sánchez, las demandas de ilegalización de los partidos independentistas o del cierre de TV3, la elección de Alsasua como enclave para aumentar la crispación y tantos ejemplos más son buena muestra de ello.

Esa deriva hacia la negación del otro es extremadamente preocupante, pero no es nueva, surge fruto de los quiebres del sistema partidos anterior que, por ejemplo en América Latina, conocen muy bien: la problemática de que las derechas tomaran el poder a los gobiernos populares siempre fue la seguridad de que la intención sería la de hacer tábula rasa de todas las conquistas, reformas y mayorías sociales previas.

Esta política del antagonismo ha llegado a Europa fruto de las imposiciones contra-populares y anti-democráticas del centro económico y sus mandatarios y no es monopolio de los soberanistas. Hace menos de un año Rafael Poch escribía sobre Macron que su victoria obligó a abolir la alternancia política y casi el “pluralismo institucional” en Francia, hecho que implica, según el analista, que el fracaso de la France En Marche “no tendrá alternativa en el actual marco institucional, la V República, y probablemente, tampoco en el actual sistema”.

Un nuevo equilibrio para construir irreversibilidad

Hemos llegado a la conclusión de que con el acuerdo de presupuestos nos jugamos la posibilidad de hacer política en España en el actual ciclo. ¿Pero política hacia dónde, política para qué? Íñigo Errejón siempre repetía en relación a los gobiernos progresistas de América Latina que el gran reto era el de construir irreversibilidad, es decir, sedimentar ciertas conquistas que hiciesen que aunque el adversario tomara el poder tuviese que hacerlo desde nuestras coordenadas.

Estableciendo un paralelismo con dicha situación fruto de la similitud creciente entre nuestras derechas diría que hay que reconstruir los equilibrios para hacer precisamente lo mismo: empujar al PSOE a cristalizar algunos de los principales avances democráticos de nuestro ciclo político que hagan que aunque ellos gobiernen ya no puedan echarse atrás, como conseguimos en su día con el matrimonio homosexual y el aborto.

Para realizar esta tarea necesitaremos contar, además del PSOE y como mínimo, con el actor al que la sentencia de la Fiscalía ha catapultado a la centralidad política y que hoy tiene el reto de convertir esa posición en iniciativa política: la ERC de Oriol Junqueras. Una formación que pasada la conmoción de las acusaciones de la Fiscalía habrá que ver cómo recompone (y se recompone) el camino largo hacia a la independencia y su hoja de ruta de “ensanchar la base”.

En este sentido, si a día de hoy las tareas del espacio del cambio han sido asaltar las instituciones y arraigar en el conjunto del país, el reto hoy es el de asentar ciertos cambios y recomponer la posibilidad de hacer política y de que se avance en España, un poquito más allá de lo que este Gobierno estaría de entrada dispuesto a hacer y señalando claramente los límites del mismo, para que, pase lo que pase, cuando volvamos a tomar impulso, podamos retomar el avance democrático donde lo dejamos.

2 Comments
  1. florentino del Amo Antolin says

    Una cronica Maria, asentada en realidades visibles; muy bien presentada. Ese poder judicial tiene las cartas marcadas, juega con la ventaja de conocer el reglamento » Magno » impuesto por padres asociados en linea paterna y crematistica al viejo regimen adulador en bondades, promesas, renúncias y cilícios para el colectivo social… ¡ No te digo nada del natural nacionalísmo !. Sí, ese nacionalísmo que defiende su lengua, fueros, costumbres… ¿ Podemos ser todos: Andaluces, Galaicos, Astures ?. Negativo. Pero se pueden compartir anhelos legitimos de cada púeblo… ¡ Son los mismos !. Claro, el nacionalísmo Español, heredado de una sublevación, impuesto a fuego, sangre, miserias, exilios… ¡ Contado, por aquellos que asesinaron 32.000 maestros !. La legitimidad, reside en cada pueblo… ¡ En libertad !. Si no fuese así, estariamos hablando de otra cosa; que esos mismos poderes fácticos, que colocan a dedo a los que luego juzgan y absuelven. Ahí está el caso de Altsasu, que lleven más de dos años en la carcel sin ser juzgados, por una riña en ferias y pida ese fiscal tantisimos años. Que en el jurado, esté » nuestra Concha Espejel » casada con un alto mando de esa misma GC. No conformes con eso, buscan confrontación, provocando al ír a ese púeblo, haciendo un acto de afirmación en defensa de la Benemerita, la cual la pagamos todos ( aunque no quieras ). ¿ Estamos hablando de Bolsonaro ?. ¡ Un ejemplo claro de que clase de País tenemos !. Y si no estamos atentos, los chorizos volverán y nos confecionarán otra carta » Magna «…¡ Que tampoco se podrá tocar… En nombre de la democracia !.

  2. ninja45 says

    La Audiencia Nacional, órgano heredado de la dictadura franquista, permitió a un recluso
    vasco, presunto miembro de ETA, su asistencia a una sesión parlamentaria en febrero de
    1987. Dejó la decisión en manos de un tribunal local, donde se decidió por ley y no por
    precripción política. Esto deja muy claro lo absurdo de la decisión contra nuestros
    presos políticos. En el País Vasco hubo manifestaciones, incluso violentas, una y otra
    vez, a diferencia de lo ocurrido en Cataluña. En aquella época, y a pesar de los
    continuos atentados de ETA, el poder judicial español decidió defender los derechos
    políticos del preso preventivo. Ahora, esto no sucede cuando los políticos que lideran
    un movimiento demostrablemente no violento y siempre han exigido estrictamente la «no
    violencia». Por lo tanto los déficits democráticos, son hoy más grandes de lo que lo
    eran entonces y el Estado de Desecho español tiene mucho más miedo de un amplio
    movimiento de masas, que de una organizacion terrorista activa. En cualquier caso Yoldi
    no fué elegido «Lehendakari» y fué sentenciado a 25 años de prisión por pertenencia a
    banda armada, tenencia ilícita de armas y atentados con resultado de lesiones graves.
    A nuestros políticos, por acciones no violentas, los amenazan con 25 años por presunta
    rebelión. Olé por la Injusticia Española, títere de los fascistas y corruptos……. Intolerable
    y vergonzoso. Som República !!*!!

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