Reino de España: ¿desbandada ante la reacción?

Gustavo Buster, coeditor y miembro del comité de redacción de Sin Permiso.

La vicepresidenta Carmen Calvo sustituyó a la portavoz habitual tras el Consejo de Ministros del viernes 8 de febrero para anunciar que el Gobierno daba por finalizadas las conversaciones con la Generalitat de Catalunya y los partidos PDeCAT y ERC sobre los presupuestos y que su no aprobación implicaría el fin anticipado de la legislatura.

Ante una serie de ministros cariacontecidos, el Gobierno Sánchez hacía recaer lo inevitable sobre los partidos independentistas catalanes. Desde la moción de censura aprobada el 1 de junio del año pasado, era evidente que su futuro dependía de la capacidad de renovar la mayoría que la apoyó para el presupuesto de 2019. Con los juicios a los independentistas catalanes de por medio, se podía estirar la legislatura prorrogando los últimos presupuestos de Rajoy hasta octubre de 2019. Siempre y cuando no se produjera una fuerte inestabilidad por las movilizaciones sociales que se esperaban en Cataluña. Lo que nadie previó fueron las consecuencias de la pérdida de la Junta de Andalucía por el PSOE y la fuerte movilización social y política de la derecha y la extrema derecha de la alianza PP-C’s-Vox que ha desembocado en la manifestación del 10 de febrero en la Plaza Colón de Madrid exigiendo la dimisión de Pedro Sánchez por traición a “su” España.

Del miedo al pánico

Para entender la tensión acumulada y las fuerzas en juego son importantes los tempos, o mejor aún la pérdida de los mismos y de la iniciativa política del Gobierno Sánchez. El miércoles 6 tuvo lugar la larga reunión en Moncloa con el dirigente de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, que rompió excepcionalmente su permiso de paternidad. A pesar de los desencuentros en dos temas socialmente importantes como la regulación de los alquileres y el precio de la electricidad, el encuentro confirmó que la propuesta del Gobierno contaba con 152 votos. El jueves 7, ERC y PDeCAT presentaron enmiendas a la totalidad de los presupuestos y el PNV no. Quedaban por lo tanto cinco días de negociación hasta el 13 de febrero.

Pero el martes 5, la vicepresidenta Calvo había anunciado que el Gobierno Sánchez aceptaba la propuesta de la Generalitat de un “relator” para convertir sus conversaciones en negociaciones. Y la utilización de esta palabra, con las connotaciones de mediación internacional que implica, fue la chispa que incendió la hoguera en la que la derecha extrema quiere achicharrar al gobierno Sánchez. De nada sirvieron las aclaraciones de que se trataba de un mero notario de actas, porque el sector “felipista” del PSOE, encabezado por el propio González y Alfonso Guerra, se abalanzaron a echar leña al fuego. Los barones autonómicos Page y Lamban se hicieron eco de los supuestos peligros de una “ruptura de España a cambio de unos presupuestos”, convertidos en una auténtica quinta columna.

En 24 horas Sánchez se quedó no solo sin margen para negociar con la Generalitat sino para respirar en su propio partido, impotente ante la movilización de la derecha extrema y ante la desesperación política de su contraparte catalana por la certeza de la materialización del fantasma convocado del art. 155. De nada sirvieron los llamamientos a la calma o los intentos de Sánchez el sábado en un mitin en Bilbao de presentar como un ultimátum desde la fuerza lo que más parecía un tirar la toalla: había comenzado la desbandada de las izquierdas.

Las consecuencias de la derrota andaluza

La retirada que ha hecho posible la desbandada del viernes viene de más atrás, de la perdida de la narrativa y de la iniciativa política de las izquierdas tras las elecciones andaluzas. El debate de balance sobre la responsabilidad en la perdida de la Junta de la oferta de diálogo a los independentistas catalanes de Sánchez, y el desgaste del largo “régimen andaluz” del PSOE, se saldó con una continuación catastrófica de Susana Díaz al frente de la oposición autonómica socialista, reforzando el nacionalismo españolista de las tres derechas frente a la agenda social que querían encarnar los presupuestos del gobierno Sánchez.

La quinta columna interna en el PSOE, que se ha puesto de manifiesto tan eficazmente estos días, cerró filas detrás de Susana Díaz. ¿Alguien puede creer de verdad que con los dirigentes independentistas encarcelados o exiliados, las cuentas de la Generalitat intervenidas y la espada de Damocles de una nueva intervención del art. 155 hay una amenaza real de independencia unilateral por abrir una negociación pública sobre la crisis constitucional en Cataluña?, ¿que esa amenaza es más perentoria que la de un tímido giro social presupuestario en 2019? Pues sí. A juzgar por sus palabras, González, Guerra, Page y Lamban -como Casado, Rivera y Abascal- lo creen así. Y la función del “felipismo”, con el eco cavernario de El País, es pretender, frente a la polarización derechas-izquierdas, una reconstrucción del bipartidismo dinástico en un hipotético centro gestionado por “su” PSOE y Ciudadanos, disfrazado en algunos casos de memorable mezquindad de “cerco antifascista” a Vox. Tan ilusa es la hipótesis que solo sirve para que personajes como el exministro del interior del PSOE Corcuera hayan anunciado su participación en la manifestación anti-Sánchez del domingo.

Tampoco cuecen habas en los pucheros de las otras izquierdas, con la notable excepción de la IU de Alberto Garzón por un lado y el EH Bildu de Arnaldo Otegi, más preocupados en buscar una resistencia unitaria que chivos expiatorios. La implosión de Podemos cara a las municipales y autonómicas ha reforzado una desmovilización y una confusión estratégica internas que viene ya de largo, regadas de dimisiones, expulsiones, abandonos y rupturas. ERC permanece rehén del radical minimalismo nacionalista de Puigdemont y los Comuns en el equilibrismo permanente de una esquizofrénica separación de las cuestiones nacional y social. El caso es que no hay una alternativa política, porque ello exige un programa político y movilizar socialmente un apoyo mayoritario para un gobierno que lo aplique. Pero lo único que se ofrece es un programa incoherente y un gobierno del mal menor, en medio de pequeñas luchas de aparatos para conservar sus puestos en las listas municipales.

Hace falta una alternativa unitaria de izquierdas creíble

En cambio, las derechas tienen un programa claramente reaccionario, que comienza por recuperar el Gobierno, el BOE y aplicar el art. 155 inmediatamente en Cataluña. La propuesta creíble de un gobierno PP-Ciudadanos con el apoyo parlamentario de Vox. Y la iniciativa política en base a la movilización de masas en la calle. Hasta el punto, nueve meses después de la moción de censura por corrupción, que las declaraciones en juicio sobre la del PP madrileño de Esperanza Aguirre -del que cobraban tanto Casado como Abascal- han quedado sepultadas en un bosque, de tan conocido indistinguible. A pesar de que las empresas recaudadoras tuvieran nombres como “Paquí pallá” y que financiasen con dinero ilegal la campaña de Rajoy de 2011.

Los errores del Gobierno Sánchez, sin embargo, se acumulan, mientras sus estrechos márgenes de actuación encogen y sus promesas de cambio se quedan en papel mojado, en especial en lo referente a la memoria histórica y la recuperación de los derechos de los trabajadores, triturados por las sucesivas contrarreformas laborales. La momia del dictador sigue donde estaba, sus promesas sociales dependen de unos evanescentes presupuestos, la Ley “mordaza” en activo, los dirigentes independentistas en prisión en lugar de en libertad provisional y los barcos de salvamento de refugiados y emigrantes en el Mediterráneo anclados por orden gubernamental en los puertos.

La lista es larga, pero continúa. La última antes de “la desbandada” ha sido el reconocimiento, con plazo de 8 días incluido, como “presidente interino” de Venezuela del autoproclamado Juan Guaído. No es el momento de entrar en las incoherencias diplomáticas y jurídicas del asunto, pero sí de subrayar que la humillante cesión a las presiones externas fueron acompañadas de la ingenua pretensión de amainar el tsunami interno del “felipismo” y de su órgano El País, comprometidos desde antes del 2002 con la misma trama que hoy está detrás de Guaidó. La coalición tripartita de la derecha extrema ha pasado de denunciar argumentalmente el “chavismo” (repudiado) de Podemos a aplicar las mismas tácticas de la oposición venezolana en Madrid para tirar al gobierno legal, acusándolo de ilegítimo.

El único margen que parece restar al Gobierno Sánchez es decidir convocar las elecciones legislativas en mayo, junto a las municipales, autonómicas y europeas, y jugárselo todo al pánico desorganizado ante una mayoría electoral del tripartito de las derechas o intentar ganar tiempo, reconvertir la desbandada en una retirada ordenada para intentar una contraofensiva política aunque sea con un programa y un gobierno del “mal menor”. La diferencia entre una y otra opción, a pesar y sobre todo a causa de la manifestación de la derecha extrema de este domingo, es de ánimo político. En nada cambia ya la prorroga de los presupuestos ni hay posibilidades de acuerdo con los independentistas catalanes sobre los de 2019. Solo el temor de los quintacolumnistas del PSOE a que se una su suerte electoral a la de Sánchez en una misma cita electoral en mayo. Pero se puede ganar tiempo, y en este caso es indispensable, para articular una estrategia política no ya unitaria sino al menos convergente de las izquierdas y de la mayoría que apoyó la moción de censura.

Algunos mimbres hay para ello, pero no se tejen en los despachos sino en la movilización social. El éxito de la concentración de 10.000 enlaces sindicales de CCOO y UGT en Madrid el pasado sábado 9 de mayo para exigir al gobierno Sánchez la rectificación de la contrarreforma laboral, la preparación cada vez más extendida de la jornada feminista del 8 de Marzo -incluyendo la convocatoria sindical de una huelga de 2 horas-, las manifestaciones convocadas en Cataluña y el País Vasco en protesta por los juicios a los independentistas catalanes, las movilizaciones de los pensionistas y las múltiples protestas dispersas contra las persistentes consecuencias de la crisis deberían ser las bases para una convergencia política de las izquierdas y su movilización unitaria en las elecciones de mayo. Porque hay que pasar del miedo a la ambición de una alternativa política unitaria contra las derechas reaccionarias. Más que de escribir un “Manual de resistencia” se trata de organizarla en la práctica con una perspectiva creíble, o al menos probable, de victoria de una mayoría social de izquierdas.