Feminismo no es punitivismo

Irene Otal, militante feminista en Navarra

La indignación surgida con motivo del tratamiento judicial que ha recibido el caso de “La Manada” ha sido prácticamente transversal; superando ideologías, posturas políticas profundamente distanciadas en lo que a otros asuntos se refiere y generando debate entre sectores habitualmente reticentes a participar e involucrarse activamente en la esfera sociopolítica.

Aunque en casi todas las ciudades en las que se ha articulado una respuesta ciudadana potente hacia cada noticia relacionada con este caso han sido los movimientos feministas más organizados quiénes han tomado la iniciativa, ha sido la diversidad de las miles de mujeres* que han participado en las diferentes convocatorias lo que ha permitido y garantizado su éxito.

La rabia ha sido el común denominador bajo el cual la ciudadanía se ha aglutinado en torno a movilizaciones tan potentes como las que vienen protagonizando la lucha feminista en estos últimos años.

Sin embargo, y como usualmente ocurre, al margen de las congregaciones masivas en las calles y los gritos unánimes de rechazo y denuncia, sí cabe poner de relieve la importante polarización que ha ido gestándose entre sectores que mantienen posturas diferentes en cuanto al análisis de fondo, el discurso elaborado en torno al mismo y trasladado al “afuera” y la articulación de respuestas y alternativas concretas y su simbolización.

Y, entre ellas, encontramos algunas que están generando una creciente preocupación entre quienes entendemos la sociedad heteropatriarcal como el principal objetivo a desmantelar; esto es, al margen de individuos, contextos y hechos concretos; voces que distorsionan la lectura feminista y se estancan en el sustrato mediático de los detalles sensacionalistas y populistas de cada caso.

En efecto, estamos asistiendo a un repunte social de posturas centradas en ensalzar ese discurso punitivista que interpreta como triunfos y entiende como motivo de celebración la obtención de la máxima condena posible medida en años de privación de libertad para quién o quiénes hubieran cometido cualquier delito – en este caso, frente a las agresiones machistas.

A lo largo de los últimos días hemos visto peticiones explícitas de penas de prisión casi perpetuas hacia estos sujetos, llamamientos a linchamientos colectivos, circulación de información concerniente a su esfera más íntima y personal, tentativas de entrevistas a pie de calle por parte de periodistas de programas de televisión de la “prensa rosa” acerca de detalles jurídicos del caso, etcétera.

De esta forma, la crítica que desde algunos sectores feministas venimos realizando sistemáticamente al poder judicial en su conjunto está siendo consciente y deliberadamente desplazada por otras centradas en la responsabilidad penal y condena social hacia el agresor concreto.

La lucha feminista representa irremediablemente la lucha frente al sistema heteropatriarcal que nos oprime como mujeres*, nos violenta y agrede diariamente y nos impone su normatividad de género mientras nos invisibiliza, nos relega a la esfera privada en la que se nos explota y nos somete impunemente a sus dictados.

Y el poder judicial, en tanto pilar básico que no sólo sustenta este sistema sino que también lo nutre y reproduce, ha de ser uno de los focos prioritarios de atención del feminismo como movimiento activo propulsor de políticas transversales. Es fundamental procurar distanciarnos de ese sentimiento revanchista que a todas nos invade cuando nos enfrentamos a casos como estos y encuadrar nuestra lucha dentro de los márgenes de la denuncia hacia todas las estructuras machistas que mantienen y reproducen el sistema heteropatiarcal. No queremos que sigan celebrándose juicios al amparo de una normativa procesal que cuestiona permanentemente la palabra de la mujer* al tiempo que la veja y menosprecia.

No queremos ni precisamos endurecer la normativa penal vigente para lograr encarcelamientos más prolongados dentro de esas mismas instituciones penitenciarias diseñadas para varones que provocan la doble discriminación de las mujeres* presas. No queremos que nos sigan juzgando mayoritariamente hombres jueces, carentes de la más básica formación en género y que interpretan la legislación conforme a parámetros machistas.

No queremos justicia si por justicia entienden la aplicación estricta de unas normas que amparan la puesta en libertad de quienes se sabe autores de múltiples casos de agresión sexual a diferentes mujeres* sin reparar en la enorme inseguridad que para todas nosotras eso conlleva.

El movimiento feminista y los espacios políticos, las instituciones públicas y la sociedad en general hemos de trabajar unidireccionalmente por la reversión completa de este sistema, poniendo el acento y los recursos en potenciar una educación feminista dirigida a reforzar la prevención y evitar tener que recurrir a un sistema meramente punitivo que no repara a las víctimas ni rehabilita a las personas condenadas.

Si nos doblegamos a los intereses de los poderes fácticos interesados en colocar el foco mediático sobre los agresores y sobre los detalles escabrosos y morbosos de cada caso concreto y permitimos que nuestro mensaje sea utilizado para potenciar su discurso punitivista, estaremos legitimando y contribuyendo a reproducir los sustratos patriarcales.

No permitamos que utilicen la fuerza feminista y la aprovechen para reforzar sus estructuras de dominación; necesitamos conservar cada impulso para sustituir el sistema capitalista, machista y heteronormativo por otro en el que las mujeres* vivamos libres dentro de toda nuestra diversidad.

*Utilizo el término “mujer” por economía literaria pero me refiero a todas las que nos nos reconocemos diversas en nuestros cuerpos, vivencias, e identidades(bolleras, trans…), etcétera.