¿Hay un futuro en común para Catalunya En Comú?

Deseando un “futuro en común” acaba el manifiesto que, con el título de “Som comuns. Som sobiranistes”, fue presentado el martes 23 de octubre por un grupo de miembros de Catalunya en Comú (CeC). En él, se sostiene que la organización ha dejado de ser fiel a sus valores fundacionales y que es necesario enderezar el rumbo. Los principales ejes de crítica son dos: en lo político, que CeC ha dejado de reivindicar el soberanismo de izquierdas y está empequeñeciendo su base social; en lo organizativo, que no se han superado los vicios e inercias de los partidos tradicionales. El lunes 30 de octubre, Elisenda Alamany, una de las cabezas visibles de dicho grupo, renunciaba a su cargo de portavoz del grupo de CeC en el Parlament.

Del tono fraternal del debate que la presentación del manifiesto ha generado dentro de CeC, puede dar idea un tuit de Gala Pin, concejal de Barcelona, donde habla de “la telenovela del sector de Cat. en Comú q, disfrazado de soberanismo 0.o,hace movimientos incomprensibles xa la gente común x ego y trepismo. Hay semanas q se hace difícil confiar en la política y en la condición humana”. ¡Unas diferencias políticas que hacen difícil confiar en la condición humana! Deben ser tan enormes como las que llevaron a la ruptura de la II Internacional, con la mayoría del socialismo oficial votando en sus parlamentos a favor de los créditos para financiar la Primera guerra mundial, que costó 20 millones de muertos.

No hay para tanto, claro. Comentarios como éste no dicen nada sobre el contenido del debate, pero dicen mucho sobre el clima existente en CeC y su manifiesta dificultad para metabolizar la existencia de posiciones diversas sin recurrir a los métodos de toda la vida en los viejos partidos.

El origen de la crisis 

El 4 de septiembre, Xavier Domènech dimite de todos sus cargos, que son muchos: máximo responsable de dos organizaciones a la vez (Podem y CeC), presidente del grupo de CeC en el Parlament, encargado de proponer un equipo de dirección estable para CeC (formalmente constituida en abril de 2017, pero aún pendiente de funcionar como partido unificado más allá de los órganos de dirección) y, aunque no fuera un cargo oficial, enlace preferente entre CeC y Podemos.

El detonante de la dimisión es la imposibilidad de hacer efectiva su propuesta para el núcleo de dirección de CeC: sin cuotas de partidos, más peso de gente independiente y una coordinación general (lo que en otros partidos es la secretaría general) compartida entre él mismo y Elisenda Alamany, que ya era la portavoz de CeC desde su fundación.

El resultado fue situar a Ada Colau en ese cargo, acompañada de Ramon Arnabat (de Vilafranca en Comú) y de Candela López (de ICV). Como portavoz de CeC se elige a Joan Mena (de EUiA, pero no considerado representativo por su propio partido, que se siente excluido de la nueva dirección). Elisenda Alamany ni siquiera forma parte de equipo de coordinación, de nueve miembros. Todo esto se aprueba en el Consell Nacional el 22 de septiembre.

Con posterioridad, pero antes de la presentación del manifiesto, ya se había cesado al coordinador del grupo parlamentario de CeC, Marc Grau, persona cercana a Alamany. Simultáneamente, algunos medios de comunicación, basándose en fuentes anónimas del grupo, publican que existe malestar en dicho grupo con el hecho de que Alamany sea la portavoz, acusándola de no asistir a alguna de las reuniones del grupo. Todo muy fraternal y muy llevado por los canales internos, vaya.

El problema político

El problema de fondo es que para un sector de CeC (principalmente, pero no sólo, ICV), el movimiento de masas por la autodeterminación y la república catalana es algo que hay que combatir. No se trata de denunciar los evidentes errores, pasados y presentes, de la dividida dirección política de ese movimiento, ni de influir para que tenga un contenido rupturista más claro también en el terreno social, ni de recordar el compromiso con las políticas de austeridad de una parte de sus líderes, ni siquiera de luchar por convertirse en dirección de ese movimiento. Se trata de que ese sector estaría mucho más cómodo en un mundo en el que el movimiento republicano no existiera.

Es difícil de olvidar la imagen de Joan Coscubiela, líder de Catalunya Sí que es Pot, aclamado en el Parlament por los partidos del bloque monárquico por su denuncia de la agresión a la democracia que, en su opinión y en la del PP, C's y PSC, suponía la modificación del reglamento aprobado por mayoría para poder discutir y votar la ley del referéndum y la de transitoriedad, en las tormentosas sesiones del 6 y 7 de septiembre del año pasado. Bien, esa modificación fue avalada por el propio Tribunal Constitucional el pasado noviembre, en medio de la oleada represiva desencadenada por el Estado desde antes del 1 de octubre. De hecho, es un procedimiento que se contempla incluso en el Congreso de los Diputados. 

La contribución de Coscubiela al filibusterismo parlamentario de lo que, poco después, sería el bloque del 155, se escudaba en la defensa de procedimientos democráticos (que nunca fueron conculcados), pero, en realidad, se basaba en la oposición a la convocatoria de un referéndum desde el Parlament, una vez fracasados los diversos intentos de hacerlo de forma pactada con el Estado, que pudiera conllevar la conversión de Catalunya en una República independiente. 

La defensa del derecho de autodeterminación es el punto de encuentro de la inmensa mayoría de la población de Catalunya y de sus principales organizaciones sociales y sindicales. El ejercicio de ese derecho es, además, un paso decisivo para modificar el statu quo territorial impuesto por el régimen del 78, tanto si se opta por la secesión como por una relación federal o confederal con el resto del Estado.

Es lógico que cuando alguien aspira a un derecho, actúe buscando la forma de hacerlo efectivo. No fue el caso de la mayoría de CSQP. No era una posición personal: un manifiesto titulado “el 1 de octubre no iremos” fue hecho público a primeros de septiembre, firmado por miembros de CeC, mayoritariamente de ICV, que no compartían la resolución adoptada (con un 60% de apoyo en la consulta interna) de participar en el 1-O, aunque fuera con el carácter de “movilización”. 

Así, el 1-O, mientras gente de CeC defendía los colegios y sufría la brutalidad policial, otra gente de CeC se quedaba en casa denunciando la falta de garantías del referéndum, pero no atribuyendo dicha carencia a la actitud antidemocrática y violenta del Estado, sino al Parlament de Catalunya. Parece que, eso sí, son gruesas diferencias en un mismo partido: un sector recibe porrazos y otro le acusa de colaborar con la derecha catalana (que se ha envuelto en la bandera para tapar la corrupción, etc). Qué diferencias de este calibre puedan mantenerse a largo plazo es algo que está por ver.

La situación actual 

19 meses después de su fundación, los partidos que conforman CeC siguen existiendo por separado en los pueblos, ciudades y sectores. En esos ámbitos sólo hay “grupos promotores”, nombrados por la dirección, para impulsar la constitución como partido unificado por la base. No se puede considerar un ritmo frenético, ciertamente. La dirección de CeC, muy alejada de lo que pretendía Xavier Domènech, ha reforzado la presencia de ICV, ha dejado fuera de facto a EUiA y casi ha liquidado la presencia de gente partidaria de la independencia.

El mismo 23 de octubre, la dirección de CeC emitía un comunicado contestando los contenidos del manifiesto citado al inicio y añadiendo que su elaboración se había realizado de forma poco transparente. El comunicado defiende el soberanismo de toda CeC y rechaza que no se hayan superado los vicios de los partidos tradicionales. De paso, “recuerda” que la prioridad es trabajar para las próximas elecciones municipales y europeas. 

Otras personas relevantes de CeC, como Jaume Asens, tercer teniente de alcalde de Barcelona y muy comprometido con la lucha por la autodeterminación y contra la existencia de presos políticos, ha criticado también la presentación del manifiesto, “por el momento y por la forma” elegidos para hacerlo. Ha hecho notar, también, que para su elaboración no se haya contado ni con él ni con corrientes del partido como Desbordem (la más abiertamente anticapitalista y que, en julio, presentó candidatura alternativa a la comisión ejecutiva de 30 miembros), que podrían haber compartido buena parte de los contenidos. 

En cualquier caso, algunas conclusiones parecen muy claras. Hay diferencias políticas serias sobre el papel que ha de jugar CeC respecto al masivo movimiento por la autodeterminación y la independencia de Catalunya; hay graves dificultades y retrasos en la construcción de una organización unificada; la pluralidad interna, presentada unánimemente como algo enriquecedor, se está convirtiendo en una fuente de conflicto; ICV  ha contado con el apoyo de parte (una parte con mucho mando) de Barcelona en Comú; hay maniobras de baja estofa, como las citadas filtraciones contra Elisenda Alamany. Y hay, claro está, un dato que no puede obviarse: la misma confluencia que, con el nombre de En Comú Podem, ganó las dos  últimas elecciones generales en Catalunya, con más del 24% en ambas, obtuvo el 7,46% el pasado 21 de diciembre, por debajo incluso del 8,94% de CSQP en 2015.

¿Y el futuro?

Para CeC, y especialmente para su dirección, la prioridad absoluta es volver a ganar las elecciones municipales en Barcelona. Un objetivo posible, pero difícil. Y más difícil cuanto más se diluya su perfil soberanista. Si el objetivo no se logra, la consecuencia no será sólo la pérdida de la Alcaldía de Barcelona, sino que multiplicará los efectos disgregadores de los graves conflictos, políticos y organizativos, que vive el partido. 

Las municipales son terreno propicio para la presentación de opciones electorales variadas. En Badalona, tercera ciudad de Catalunya, la Alcaldía quedó (hasta la moción de censura del xenófobo García Albiol a través del PSC) en manos de una candidatura como la de Barcelona en Comú, pero con un cambio significativo: allí sí estaba la CUP y no estaba ICV, y no se sabe aún cual será la fórmula para las próximas, aunque Dolors Sabater, exalcaldesa claramente de izquierdas e independentista, ya ha dicho que se volverá a presentar. En muchas ciudades grandes y medianas, no hubo, en las pasadas municipales, candidaturas compartidas por todas las fuerzas que componen CeC. En Girona se ha anunciado ya una candidatura que agrupa independientes (incluso procedentes del antiguo PSC), la CUP y gente de CeC, pero sin el aval de la dirección. 

Es posible que la confección de las candidaturas, junto a la participación (conjunta o no) en otras candidaturas de confluencia, se conviertan en un nuevo generador de conflictos internos. Pero la unidad de medida principal para CeC, interna y públicamente, serán los resultados en Barcelona.

ICV, por mucho que algunos y algunas de sus representantes tradicionales rezumen recelo y hasta menosprecio por la gente “nueva”, está cómoda en su actual situación, ha ganado poder interno, ha acercado la práctica política de CeC a sus postulados y es consciente de que una salida de CeC sería un suicidio político (y económico: tiene una deuda de más de 10 millones con la banca, y un mecanismo importante para irla rebajando es seguir obteniendo cargos electos; en solitario, su número se reduciría drásticamente). 

La renuncia de Elisenda Alamany como portavoz parlamentaria, aparte de responder a la operación de acoso y derribo que ha sufrido, puede tener, para ella y para otros sectores disconformes con el rumbo actual de CeC, tres resultados: resignarse al papel de minoría marginada, emprender la batalla desde la base para conseguir enderezar ese rumbo o, finalmente, dejar la organización. Porque fuera de CeC hay gente soberanista de izquierdas, independentista o no. Alguna, como Som Alternativa, con Dante Fachín et altri, que incluso había formado parte del mundo de Comuns-Podem. Pero, sobre todo, mucha gente que es activa en movimientos y asociaciones diversas por toda Catalunya y para quien CeC no es el principal referente político, aunque en alguna ocasión sí haya sido su opción electoral. 

Con todo esto, y al margen de las elecciones, es difícil saber si CeC sabrá, por un lado, practicar el soberanismo de izquierdas que defiende en sus textos (porque, como decía Elisenda Alamany en una entrevista en RAC1 el 24 de octubre, “el problema no es decir que somos soberanistas, es decirlo bajito, como estamos haciendo ahora”) y, por otro, construir un partido que haga cierto eso de que la pluralidad es un elemento enriquecedor. Si no consigue ambas cosas, el “futuro en común” de CeC se antoja harto improbable.

Litus Alonso es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso. Fue, a lo largo de las últimas décadas, un militante de la izquierda sindical en el interior de CCOO y miembro de diversos órganos de dirección (entre ellos, la Comisión Ejecutiva de CCOO de Catalunya y la Federación Estatal de Servicios Financieros y Administrativos).

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