Perdonen mi equidistancia: muchas dudas y ninguna certeza o de presos políticos y PGE

El pasado viernes, 2 de noviembre, publicábamos en cuartopoder.es el artículo Los presupuestos, reflexiones desde la izquierda independentista del compañero Pol Carrión, en el cual el autor respondía y apelaba a un artículo mío previo: Ensanchar la base también en el Estado, la encrucijada de Joan Tardà ante los PGE. Publicábamos el texto el viernes, el mismo día que, escasas horas después, conocíamos las acusaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado contra los presos políticos catalanes. Pocas horas han pasado desde entonces, y, sin embargo, han sucedido demasiadas cosas. En el actual ritmo político, qué fácil es que todo quede pronto desfasado y haya que reorientar las argumentaciones.

Como un frío filo de navaja, penetraba la noticia de la petición de 25 años para Oriol Junqueras por el delito de rebelión, principalmente, y las decenas de años para el resto. Rebelión, violencia. Recuerdo los acontecimientos sucedidos en Catalunya el año pasado como si estuvieran ocurriendo ahora mismo. Yo vivía en Barcelona y, desde ahí, cubría la información de todo lo que ocurría. Fueron un meses intensos y apasionantes en lo periodístico, en lo político y en lo humano. En ningún momento hubo violencia alguna organizada por las entidades y partidos independentistas, y la movilización social masiva del independentismo de los últimos años debe ser más un ejemplo a seguir para cualquier lucha, por su capacidad organizativa y su respeto a los fundamentos pacíficos y, precisamente, de la no-violencia, que cualquier otra consideración. Otro asunto, más debatible, sería la estrategia de los partidos políticos independentistas que, a toro pasado, podemos calificar evidentemente de no exitosa a la vista de los resultados, al no haber medido las fuerzas propias y las fuerzas que pretendían, democráticamente, contrarrestar.

El propio expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la noche del 1 de octubre de 2017, compareció ante los medios de comunicación para asegurar que “no se había celebrado ningún referéndum en Catalunya”. Ahora las acusaciones tienen que ver con la organización de un referéndum ilegal que se considera, a efectos prácticos, un golpe de Estado por parte de la Fiscalía. La Abogacía del Estado, sin embargo, hace una acusación menor por delito de sedición. Algo que, obviamente, no es válido para los independentistas ni, tampoco, para aquellas personas que, sin serlo, vivimos de cerca lo que sucedió en Catalunya el otoño del año pasado. La acusación de la Fiscalía responde más a un “a por ellos” judicial, huele a una voluntad de venganza que podemos reconocer en episodios pasados de nuestra historia y de la derecha: la derecha española no busca convencer, no se conforma con vencer, ansía, además, humillar a su adversario político.

En el artículo del pasado viernes, el compañero Carrión me rebatía con argumentos muy potentes lo que yo había defendido en el anterior: que ERC estaba en una difícil encrucijada a la hora de decidir apoyar o no los presupuestos acordados por el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidos Podemos. Las acusaciones presentadas el viernes lo cambian todo, desde luego, y dificultan cualquier apoyo de los partidos catalanes a las cuentas. Desde un aspecto emocional es completamente comprensible que los independentistas no quieran saber nada de las cuentas diseñadas por un Gobierno que no ha sido capaz de tener la valentía suficiente para apretar en el sentido de que este problema político no puede resolverse desde las instancias judiciales, sino todo lo contrario. Desde algunas posiciones estratégicas políticas, también lo es.

Aun reconociendo esto, y siendo consciente de la delicadeza del momento y del alto voltaje emocional que vivimos, cuando hay personas que se enfrentan a penas de prisión de lustros injustamente, hay unas cuestiones que considero que tienen que ser tenidas en cuenta en el debate. Me arriesgo. Cuestiones que planteo más como dudas que como certezas, no aspiro a cerrar ninguna conclusión ni posición política ante esta encrucijada. Tampoco creo que sea el momento de referirse a los presupuestos como un fin, en un momento en el que, partiendo del contraste de la situación de los presos políticos en el Estado español con aquellas personas que marcharon al extranjero, estamos viviendo una clara involución en lo que a derechos civiles se refiere. Veamos si, por lo menos, pueden ser un medio.

Tan solo, arrojar dos asuntos que deben ser abordados, considero. Nada más, y nada menos. Y que van más allá de los presupuestos, aunque tienen relación, sin duda. En primer lugar, ¿estamos ante unos meros presupuestos anuales o significan algo más? En segundo término, ¿es necesario para la resolución de este conflicto político un entendimiento entre los sectores progresistas y demócratas de Catalunya y el resto del Estado? Si esto es así, ¿qué papel juegan o dejan de jugar los presupuestos en aras de este futuro entendimiento?

Para el primer punto, cabe destacar que la Fiscalía ha dado un golpe duro a los presos políticos y a sus familiares sobre todo, así como a todo el independentismo, pero, además, a todas las personas de Catalunya y del resto del Estado que consideramos que el progreso debería ir en la dirección de profundizar más en la garantía de derechos y libertades, y no en su retroceso. Políticamente, la Fiscalía le ha otorgado, también, un duro golpe al Gobierno. No ha habido ninguna sorpresa, creo que la inmensa mayoría de la gente sabía por dónde irían los tiros de la Fiscalía. En el escrito de la acusación, cuando se lee con detenimiento, se pueden encontrar distintos elementos que la convierten, prácticamente, en una declaración de principios, con un marcado cariz ideológico. La sentencia es política. Y, precisamente, no rema en la dirección que desearía el Gobierno que, desde que Sánchez se instaló en Moncloa, ha intentado desinflamar el conflicto del Estado con Catalunya con distintos gestos. Gestos...

La Fiscalía deja al ya débil Gobierno Sánchez, más flojo todavía. Desde determinados sectores sociales, por supuesto de Catalunya, pero también del resto del Estado, se reclamaba al Gobierno un gesto y que tuviera valor de incidir en las acusaciones de una forma apaciguadora. Este Gobierno no tiene fuerzas para ello, se ha evidenciado. Observando cómo resultan elegidos los fiscales del Estado y los que ejercen en el Supremo, queda claro que la derecha política conserva grandes resortes de poder en el aparato. La acusación de la Abogacía del Estado que reduce el delito de rebelión a sedición resulta insuficiente para el independentismo, obviamente. Sin embargo, para la derecha española ha supuesto un motivo más de engrasar su aparato mediático y de influencia, para cargar contra Sánchez y su, dicen, intervención en el poder judicial. El Gobierno está debil, y la derecha tiene mucha fuerza.

A medio plazo, la acusación de sedición por parte de la Abogacía del Estado sí que puede tener su importancia. Es un elemento de presión al Tribunal Supremo, pues de todos es sabido que esta causa terminará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La sentencia del Supremo puede ser recurrida por las defensas a esta instancia internacional y quien defendería al Estado sería, precisamente, la Abogacía del Estado. Difícilmente, esta argumentaría a favor de una sentencia del Supremo por rebelión cuando, en el juicio del próximo enero, ni siquiera será la pena que argumente. Para la Abogacía del Estado, no hubo violencia, ni golpe de Estado. A veces hay que decir las obviedades.

Políticamente, este Gobierno nació débil desde el punto del poco apoyo parlamentario que tiene. Los bandazos políticos que ha ido dando en los más de tres meses de Gobierno, las inseguridades en materias tan claves como el comercio de armas internacional, la exhumación de los restos del dictador o el respeto de los derechos humanos en las fronteras son síntomas de un rumbo político veleta que denota una falta de claridad y una escasez de mando en la correlación de fuerzas reales en la sociedad y la estructura del Estado.

Tan sólo se ha conseguido mostrar más seguro cuando ha llegado a un acuerdo presupuestario, que va más allá de los presupuestos, con Unidos Podemos. La suma de 67 diputados a sus 84 en un hemiciclo fragmentado han dado algo de aire, poco, al Ejecutivo en las últimas semanas. El acuerdo ha sido descrito como el más progresista de la historia de la democracia. ¿Si no salen adelante los presupuestos, tiene capacidad el Gobierno de aguantar la legislatura? ¿Si no lo consigue y se convocan elecciones, la composición del Parlamento en la nueva legislatura será más o menos proclive a la búsqueda de una solución política para la situación catalana? ¿Será una ventana de oportunidad o un empeoramiento del contexto para llegar a una solución aceptable?

Más allá de esto, el acuerdo presupuestario, como decíamos, tiene un marcado carácter social. Sin ser la panacea que vaya a solucionar todos los enormes problemas derivados de la crisis económica, sí que muestra una clara reorientación de la tendencia en las políticas económicas que se venían desarrollando desde la última etapa de Zapatero y con el PP en el Gobierno. Una reversión de los recortes después de años. El clima estatal e internacional es el que es: vemos un claro ascenso de la extrema derecha a este lado y al otro del Atlántico. ¿Hay que apostar por una alternativa política a lo que sube como la espuma en otros países y, también, en el nuestro, con el escoramiento que estamos viendo por parte de PP y Ciudadanos hacia el extremo? ¿Esta alternativa política a la extrema derecha ayuda o dificulta la resolución al conflicto catalán? En definitiva, ¿son sólo unos presupuestos?

En el segundo aspecto, en el relacionado a si es necesario un encuentro y diálogo entre los sectores progresistas, con un marcado talante republicano, de Catalunya y el resto del Estado, a mí me parece evidente. Y he vivido la dificultad de entendimiento desde Barcelona, hasta el verano pasado, y desde Madrid, después. La falta de conversación social está patente, y en los momentos más tensos del otoño pasado se hizo evidente, y peligrosa. La capacidad de determinados medios de comunicación de crear relatos, sobre todo en el resto del Estado, pero también en Catalunya, que ensalzan los valores identitarios, el llenar de banderas los balcones, ha sido tremenda. Los sectores progresistas, aquellos que apuestan por una solución acordada entre las partes, tenemos que buscar otros canales de diálogo que vayan más allá de los golpes de timón de las redes sociales y de los ritmos que imponen las televisiones, aquellas que lo mismo dan espacio a un dirigente de un partido que cuenta con centenares de miles de votos detrás que a un dirigente de la Fundación Francisco Franco.

El independentismo ha tenido, en los últimos tiempos, muchos problemas evidentes para explicarse en el resto del Estado a sectores que apuestan por el derecho a decidir de los pueblos como forma de encauzar el futuro político común. Los medios de comunicación han sido, también, muy responsables de ello. Recientemente, un sondeo para La Vanguardia demostraba que más de un 40% de la población de todo el Estado está a favor de un referéndum en Catalunya de autodeterminación. En mi anterior artículo, me refería a cuando se celebró, el otoño pasado, un acto en el Teatro del Barrio de Madrid a favor del derecho a decidir del pueblo catalán. Jordi Cuixart estuvo presente, siempre buscando alianzas con los sectores más demócratas y progresistas del resto del Estado. También el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà. Este último parafraseó a los republicanos de la Guerra Civil: “Defender Madrid es defender Catalunya”.

ERC siempre ha apostado -y Tardà especialmente- en su ideario, por la fraternidad republicana entre los pueblos. ¿Hasta qué punto, estos presupuestos, pueden ayudar a conformar un bloque alternativo a las derechas españolas tan vengativas con lo catalán? ¿Aquella gente que se concentró en las puertas del Teatro del Barrio, porque el aforo estaba completo, en el acto en favor del derecho a decidir, se ilusionó un año después con este pacto presupuestario que firmó el Gobierno con Unidos Podemos? ¿Este pacto presupuestario, que va más allá de unos presupuestos -pues hay acuerdos de materias que superan lo que tiene que ver meramente con unas cuentas anuales- puede ser un nexo de unión entre los sectores progresistas de Catalunya y el resto del Estado? Muestro muchas dudas, ninguna certeza, más allá de que ese punto de encuentro, si no es ahora, porque los tiempos políticos se han vuelto a acelerar, será más adelante, pero se tiene que dar. Si no, mal.

Las izquierdas españolas, aquellas que están a la izquierda del PSOE, se han caracterizado también por los excesivos bandazos durante los últimos tiempos con respecto a Catalunya. Han dado tantos bandazos que han podido llegar a parecer al propio Gobierno Sánchez. ¿Han entendido las izquierdas españolas que el problema de Catalunya no es sino el problema de la democracia en España, tal y como ha dicho en varias ocasiones Jordi Cuixart? ¿Por qué, si eso fuera así, en el acuerdo presupuestario, que va más allá de los presupuestos, no se hace ni una sola mención a una solución política acordada al conflicto catalán como si se hacen menciones a otros asuntos que no competen directamente a la materia presupuestaria? ¿Hasta qué punto, la ausencia de esta mención ha hecho que el acuerdo pudiera tener un recorrido demasiado corto? ¿No se preveía, desde las filas de Unidos Podemos, que la Fiscalía podía pedir más de 100 años de cárcel para los presos políticos independentistas catalanes y que esos mismos independentistas catalanes tenían que votar a favor para que saliera el acuerdo adelante?

Perdonen mi equidistancia. Quisiera aclarar que no es una equidistancia entre esa ideología que impregna muchos segmentos de las instituciones del Estado y los sectores de la población catalana que salieron a votar el 1-O o pararon el país el 3-O el año pasado. Ni mucho menos. Es una equidistancia entre esos sectores que desde Catalunya y el resto del Estado,  teniendo mucho en común, no acaban de ser capaces de encontrar los canales de diálogo adecuados en los últimos meses. Una equidistancia entre quien aborrece determinadas actitudes de algunos organismos del Estado y quiere marcharse, y quienes aborrecen las mismas actitudes y no tienen dónde irse, que se quedan. La crítica y la preocupación es muy evidente y concreta: cada vez hay más gente que está en libertad al haberse marchado a otro país y cada vez más gente con acusaciones de lustros de años de cárcel y en prisión preventiva por haberse quedado, y por haber participado en los mismos hechos. La comparación clama al cielo. ¡Ayuda!

Ninguna certeza, todo lo contrario, muchas dudas. Quizás, aunque sólo sea para esto, este artículo que pretende responder al compañero Carrión sirva para abrir una ventana al diálogo necesario. Ojalá haya respuestas. Bienvenidas sean.