Rojas (Colombia Humana): «Han asesinado a 377 líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz»

El pasado mes de mayo el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro (Colombia Humana) perdió las elecciones frente a Iván Duque, pero se convirtió en su principal opositor regalándole a la izquierda colombiana el mejor resultado de su historia en un país fuertemente conservador en sus votos. En menos de un año habrá de nuevo elecciones, esta vez locales, y Colombia Humana ya se prepara para intentar vencer en la capital, lugar donde las fuerzas progresistas tienen más apoyos. El petrista Jorge Rojas, periodista y escritor, director del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, compite con Hollman Morris para llevar a su formación a la Alcaldía. Conversamos con él sobre los retos que se le plantean a él en lo personal y a su país en general, casi dos años después de unos Acuerdos de Paz que no han evitado altos niveles de violencia en el país.

— ¿Cómo calificaría la gestión de Enrique Peñalosa (Partido Liberal Colombiano) al frente de la ciudad de Bogotá desde que sustituyó a Gustavo Petro (Colombia Humana)?

— Hay una diferencia profunda respecto a Petro en el modelo de ciudad que impuso a través de los grandes negocios que potencian la inversión de grandes empresas mundiales de venta de buses. El gran objetivo de Peñalosa es urbanizar una reserva que garantiza la estructura ecológica de la ciudad y, a pesar de las advertencias de las autoridades ambientales, quiere hacerlo porque es un negocio que permite construir 200.000 viviendas y que los urbanizadores ganen 4.000 millones de dólares. Dentro de 30 años, según los científicos, vamos a tener un problema de agua como consecuencia de esa forma irresponsable forma de expandir la ciudad.

También hay una licitación para comprar 1.300 buses movidos por gas o diesel, los mismos que ya en Europa están de salida porque siguen siendo contaminantes. Aquí los vamos a adquirir para los próximos 20 años. Esos han sido los dos puntos centrales del gobierno de Peñalosa, lo que para nosotros significa poner por encima los intereses a los derechos. Tenemos que recuperar la ciudad para que la agenda se corresponda a la de las ciudades del siglo XXI.

— En su visita a Madrid, ¿ha tenido la oportunidad de conversar con Manuela Carmena y poder valorar la línea medioambiental de su gestión?

— Aprendimos de la alcaldesa tres lecciones en este encuentro que tuvimos en Madrid: la primera es su visión sobre el cambio climático y la adaptación de la ciudad a las formas de mitigación, especialmente, en la mejora de calidad del aire en la ciudad. Eso implica la peatonalización del centro de Madrid, el estímulo del transporte eléctrico, el estímulo del transporte público y el desestímulo de los autos privados en la ciudad de Madrid. Nos llama la atención también el rescate del derecho a la ciudad vista desde el espacio público, con una visión democrática que rompe con la segregación y le ofrece el territorio a la ciudadanía para que ejerzan la cultura, la recreación, el deporte etc. También en cuanto a la participación de la ciudadanía, en la ejecución de un programa de gobierno a partir de las necesidades ciudadanas que seguramente vamos a seguir en la próxima administración de la Alcaldía de Bogotá.

— Ha hablado de las nuevas formas de violencia que surgen en las ciudades de Latinoamérica en el II Foro contra las Violencias Urbanas que se ha celebrado en Madrid. ¿En qué consisten?

— Estas ciudades, como consecuencia de políticas nacionales y locales, no han entendido a la nueva juventud. Hablamos de los jóvenes migrantes que no se sienten identificados ni enraizados con el entorno de las grandes ciudades y hablamos de las propias juventudes locales que sienten que pierden sus privilegios en una suerte de competencia de marginalidades que no logramos entender sociológica y políticamente. En esa falta de ese reconocimiento, otros actores ilegales han captado a los jóvenes. Es lo que pasa en Sao Paulo, Río de Janeiro, Bogotá: son segregados territorialmente, culturalmente, y son atraídos a otras formas ilegales de la economía como el narcotráfico, que daña su salud y los convierte en esclavos que prolongan el negocio. Están surgiendo formas violentas en las ciudades que deben llamar la atención de las autoridades locales. Hay carteles de la droga que ya no son carteles de México, sino transnacionales, que están aprovechando la gran materia prima para el narcotráfico llamada juventud.

— ¿Qué fórmulas se pueden poner en marcha para acabar con el poder del narcotráfico en las ciudades?

— Hay dos fórmulas que se requieren. Una es regular el consumo, es decir, quitar a los jóvenes de las mafias del narcotráfico. Las experiencias de EEUU que legalizan marihuana recreativa, las experiencias de Vancouver que generan centros regulados de consumo para que las personas se hagan el menor daño posible o la inclusión de los drogodependientes como un asunto de salud pública. Ir en contra de esa vía es prolongar el drama del narcotráfico en las ciudades. Por otro lado, es imposible creer que sin subsidios, empleo o emprendimiento podemos sacar a estos jóvenes de ahí y, sin embargo, parece que vamos por el camino contrario: Brasil están militarizando las ciudades para dirigir la operación policial contra los jóvenes, en Colombia acaban de aprobar un decreto que le permite revisar a cualquier joven en el espacio público que considere sospechoso de llevar droga.

— ¿Cómo se encajó en Colombia Humana la derrota de Petro en las elecciones el pasado mes de mayo?

— La derrota de Petro es muy sui generis porque es una derrota electoral, pero el acumulado al que llegó Petro no lo habíamos vivido en toda la historia de los sectores progresistas y de la izquierda en Colombia. Conquistamos algo más de 8 millones de votos en un país en el que no estaba contemplada la posibilidad de que la izquierda pudiera ganar. Ayuda a pensar que Colombia Humana es ya una convergencia transformadora en la sociedad colombiana. En Bogotá, Petro ganó las elecciones y la izquierda con una visión renovadora e incluyente y tenemos todas las posibilidades de ganar la Alcaldía el próximo año, pero a nivel nacional esa fuerza transformadora es un referente en América Latina después de la victoria de Bolsonaro en Brasil. En Colombia se dan las condiciones para ganar las elecciones en 2022. En sus primeros cien días de Gobierno, la ciudadanía, que votó a Duque por miedo al castro-chavismo, se está dando cuenta de que están aplicando políticas regresivas y anti-democráticas.

— ¿En qué se han materializado esa promesa de la campaña de Duque de cuestionar los Acuerdos de Paz que se firmaron hace dos años entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos?

-- Queremos que esos recursos aprobados de la UE para Colombia, que son 160 millones de euros, sirvan realmente para consolidar la paz completa, estable y duradera. Eso implica respetar el acuerdo firmado e implementarlo a los criterios que fueron acordados con la guerrilla de las FARC, que se mantenga el diálogo con el ELN para que podamos avanzar a una paz completa en Colombia y que haya garantías para que deje de asesinar a defensores de Derechos Humanos. Este fin de semana fueron asesinados cuatro líderes sociales que ya aumentan a 377 el número de líderes sociales asesinados desde que se firmaron los acuerdos. Eso no tiene presentación.— El Gobierno de Duque ha sido muy contradictorio. Acaba de anunciar en París que el Gobierno considera que el Acuerdo de Paz firmado por Santos respeta la norma de la Corte Penal Internacional (CPI), lo que significa un cambio sustancial respecto a lo que había dicho en su campaña. Duque ha ido a la comunidad internacional a decir que se requieren recursos para la reincorporación de los excombatientes porque la paz es frágil.

— ¿Quiénes están detrás de las muertes de líderes sociales?

— Hay tres factores. En primer lugar la tenencia de la tierra: son líderes que defienden el acceso o la recuperación de tierras en un país en el que el 5% tienen más del 60%. En segundo lugar los campesinos que han puesto en marcha procesos de sustitución de cultivo de coca en el marco del pacto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) están siendo objeto de una persecución sistemática de los cárteles de la droga. El narcotráfico necesitan la mano de obra para producir la coca. Y hay otra razón: tienen miedo de que estos sectores que han logrado presencia política, a través de Colombia Humana y otros movimientos políticos de la izquierda, ganen las elecciones locales. El adversario político, con frecuencia en la historia de Colombia, se elimina, y no se permite que avance. Duque ha dicho que va a heredar unos mecanismos para acabar con esta impunidad, pero hasta ahora siguen siendo solo anuncios.

— Más allá de la situación de los líderes sociales, ¿en qué situación se encuentran los Derechos Humanos en Colombia?

— Según el informe periódico que hacen las organizaciones no gubernamentales, en Colombia hay tres factores que emergen en la crisis de Derechos Humanos. Uno es del asesinato de líderes del que ya hablamos y otro es el desplazamiento forzado que se confunde con la migración venezolana. En este momento han llegado medio millar de indígenas a Bogotá que huyen de la guerra del Chocó y piden garantías para su vida. ACNUR ha puesto la alarma porque están creciendo los fenómenos de desplazamiento: 50.000 personas desplazadas desde que se firmó el acuerdo, cuando habíamos reducido esos niveles significativamente. El tercero es la represión que está ejerciendo la Policía sobre la protesta social.

— ¿Cómo se está viviendo la llegada de migrantes venezolanos a Colombia y qué propone su partido para poder atajar la crisis?

— Están saliendo muchas personas de Venezuela huyendo de la represión y el hambre. Colombia es un lugar de llegada de más de un millón de venezolanos. Es paradójico, porque el Gobierno ha prestado más atención a las personas de Venezuela, lo cual nos parece bien, y menos a los desplazados internos, lo cual nos parece mal. Pero las personas que llegan de Venezuela necesitan atención. Hemos propuesto desde Colombia Humana que el Gobierno convoque una conferencia regional humanitaria que planee la hoja de ruta de la integración de esta población con plenos derechos en varios países, porque hasta ahora lo que tenemos es una migración caótica, que no tiene la atención debida, con muchas expresiones de xenofobia, discriminación y persecución. Estamos viendo cómo linchan o queman vivos a venezolanos en otros países porque creen que traen la miseria. Se requiere que busquemos fórmulas concertadas entre los países afectados, incluida la comunidad internacional, la UE, EEUU y la ONU que nos permita regular y defender a las personas que huyen de Venezuela.