Repercusiones del acuerdo UE-Marruecos que abre la veda para pescar en aguas saharauis

Hace un año el Tribunal de Justicia de la UE sentenció que el acuerdo de pesca entre la UE y Rabat no podía contemplar las aguas saharauis. Según este fallo en firme, incluir al Sahara Occidental en el acuerdo sin su consentimiento es contrario al Derecho Internacional y no respeta el derecho de autodeterminación de este territorio, ocupado por Marruecos. Desoyendo esta sentencia y otras anteriores, el Parlamento Europeo dio un respaldo masivo al acuerdo la semana pasada: 415 eurodiputados votaron a favor, mientras 189 se opusieron y 49 se abstuvieron.

La ONG Human Right Watch y 98 organizaciones saharauis enviaron cartas a los eurodiputados para que se remitieran a la Justicia europea, que no reconoce a Marruecos como un interlocutor válido para negociar sobre los recursos de sus aguas. Activistas y defensores de derechos humanos esperaban que dicha sentencia, legalmente vinculante, pudiera hacer de palanca para desatascar el enquistado conflicto saharaui. Este mes además Freedom House calificó al Sahara Occidental, en su informe anual, como el territorio menos libre del mundo.

Finalmente, los beneficios económicos del acuerdo han pesado más en el Parlamento Europeo. En las aguas saharauis se pesca más del 90% de las capturas de la flota europea, por lo que un tratado con Marruecos que no incluyera las aguas saharauis carecía de interés. La mayoría de los partidos de España, potencia administradora del Sahara Occidental, se posicionaron a favor del acuerdo. PP, PSOE y Ciudadanos dieron su visto bueno, mientras que Podemos, IU y Equo, en el grupo GUE-NGL, se posicionaron en contra.

La aprobación del acuerdo en la Eurocámara es “ilegal” y contradice al poder judicial europeo, según indica a Cuartopoder.es Cristina Martínez, portavoz en España de WSRW, organización que monitoriza los recursos de los territorios ocupados del Sahara Occidental. Los Verdes del Parlamento Europeo habían propuesto consultar al Tribunal de la UE el marco legal del pacto, pero la iniciativa fue rechazada por los europarlamentarios. La votación también ha quedado ensombrecida por la dimisión de la relatora del acuerdo con Rabat, la liberal francesa Patricia Lalonde, que abandonó el cargo el pasado mes de diciembre, antes de la votación. Un reportaje en el periódico de investigación EUobserver la había vinculado con el lobby marroquí.

Según lo aprobado por el Parlamento Europeo, los productos saharauis deben llevar su procedencia en la etiqueta y así poder disfrutar de la reducción arancelaria que tienen los marroquíes. Con esto se contradice de nuevo al TJUE, que excluyó de estas ventajas arancelarias a los productos agrícolas y pesqueros del Sahara Occidental entre 2013 y 2016. Uno de los argumentos más esgrimidos por la mayoría de los europarlamentarios es que el acuerdo conlleva beneficios económicos para los territorios. “El pueblo saharaui tiene derecho a desarrollarse mientras espera una solución política”, defendió la Eurocámara.

Sin embargo, desde WSRW niegan que una de las consecuencias del acuerdo sea el beneficio económico del pueblo saharaui. “En el Sahara Occidental por encima del 80% de la población son colonos, no saharauis, y el trabajo es para ellos. El informe que se ha realizado para el acuerdo está muy poco documentado y omite la colonización, en contra del Cuarto Convenio de Ginebra”, explica Martínez.

Quienes sí esperan obtener beneficios son las empresas responsables de los barcos españoles, que a partir de ahora cuentan con la autorización de la Eurocámara para faenar en las aguas saharauis. La Confederación Española de Pesca celebra la decisión de la Cámara porque el protocolo es “beneficioso para ambas partes en tanto que generador de riqueza y empleo, además de promotor de una gestión pesquera sostenible”. La flota europea de 128 barcos está compuesta por una mayoría de embarcaciones españolas, un total de 92. Según la patronal del sector, el acuerdo beneficiará a poblaciones como Barbarte, Algeciras o Conil, mientras que las capturas pelágicas –alejadas de la costa-- serán para España de 496,2 toneladas el primer año, 525,4 el segundo y 583,8 el tercero y cuarto año.

No obstante, los europarlamentarios que han optado por el “no” al acuerdo pesquero y organizaciones como WSRW creen que estos barcos operarán bajo una “inseguridad jurídica”, ya que el protocolo, a pesar de tener el visto bueno de la Comisión Europea y el Europarlamento, podría ser tumbado de nuevo por el TJUE. El Frente Polisario, que es oficialmente el representante del pueblo saharaui y tendría que haber sido consultado según la Justicia europea, anunció que emprendería acciones legales necesarias para revertir la decisión si el acuerdo salía adelante.

En este sentido, también pueden correr peligro las inversiones económicas realizadas. La UE ha acordado embolsar a Rabat por el acuerdo pesquero una cuantía mayor que la del anterior protocolo. Marruecos recibirá más de 50 millones de euros anuales, cuando antes solo recibía 40. Según lo acordado, la cantidad irá aumentando cada año: el primer año se le pagará 48 millones de euros; 50 el segundo y 55 los dos últimos.

Para Martínez el pueblo saharahui se lleva la peor parte porque “se ha dado carta blanca para el expolio” de sus recursos, pero también califica de “gravísima” y de “corrupción pura” la decisión de los eurodiputados a favor del acuerdo. “El doble rasero es increíble. Un día observamos que los políticos de la UE abogan por el estado de derecho y la democracia en países como Hungría y Venezuela, y al día siguiente esos mismos políticos votan abiertamente ignorando las sentencias del más alto tribunal de la UE”, criticó Sara Eyckmans, coordinadora de WSRW.