La pobreza energética se sufre también en verano y no es solo cosa de pobres

Cuando las temperaturas empiezan a subir se deja de hablar de pobreza energética, pero mantener el hogar en unas condiciones que permitan una vida digna sigue siendo un problema en verano para una buena parte de la sociedad española, especialmente en algunas zonas geográficas. Es una cara menos conocida del problema, pero no menos negativa.

España cuenta con alrededor de un 22% de personas con una renta por debajo del umbral de pobreza, pero según los indicadores de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) en 2016 un 29% de la población tiene problemas por el gasto desproporcionado en la energía doméstica –los hogares no están bien aislados-- o sufre de pobreza energética escondida, porque su gasto está debajo de la mitad de la media nacional. Por tanto, hay que derribar al menos dos mitos de la pobreza energética: ni es solo cosa del invierno, ni es solo cosa de pobres.

El primer punto para comprender el problema pasa por entender que España no es, como puede pasar en otros países de Europa, un territorio de clima homogéneo. Las temperaturas del sur, por poner un ejemplo, suelen ser mucho más elevadas que las del norte. “Hay cinco zonas climáticas diferenciadas, lo que no nos permite generalizar frente a los problemas de pobreza energética. Además, inciden otros factores geográficos como estar en una zona costera baja, zona rural alejada de la asistencia sanitaria, y áreas urbanas sometidas al efecto de la isla térmica”, explica Soledad Montero, miembro del área de Energía de Ecologistas en Acción.

En verano, no todo el mundo puede permitirse poner el aire acondicionado o enchufar el ventilador para combatir el calor. El aire acondicionada aumenta la factura de la luz hasta un 30%, lo que se traduce en 400 euros más anuales en un piso mediano, según estima Gana Energía. De hecho, solo el 52% de los españoles dispone de este sistema de refrigeración a pesar de que España es uno de los países más cálidos de Europa. Y la factura de la luz no ha parado de aumentar recientemente: en apenas una semana ha subido un 20% por la ola de calor. Para una familia media con dos hijos, el coste supone pasar de los 10 euros, a rozar los 12.

Además el cambio climático trae temperaturas más elevadas a las que estamos acostumbrados. En el año 2016, la Red Eléctrica Española informó de que por primera vez el récord máximo de consumo eléctrico en una hora no se había registrado en invierno, sino en verano. Fue el 6 de septiembre a las 13.30, en medio de una gran ola de calor que llevó a elevar las temperaturas hasta llegar a 39 grados.

¿Cómo afecta a la salud la pobreza energética de verano?

Según recomienda la Organización Mundial de la Salud, la temperatura media de la vivienda debería ser de 21ºC. En invierno tenemos sensación de confort en el hogar con 21ªC, mientras que en verano con 26ºC. A medida que las temperaturas de nuestras viviendas se alejan de estas cifras, nuestra salud entra en peligro.

“Vivir en una casa con temperaturas inadecuadas afecta a multitud de factores, desde problemas mentales consecuencia del estrés y de bienestar emocional, hasta problemas respiratorios o incluso al progreso escolar adecuado en los niños. Si debemos destinar una parte importante de nuestras rentas a las facturas del suministro energético, veremos reducido el presupuesto en alimentación, lo que perjudica la dieta y, por tanto, la salud de las familias.”, explica Montero.

Queda claro que sufrir el calor no es un asunto menor. Es cierto que las cifras de muertes por golpes de calor no son alarmantes y que el frío causa más muertes. La mortalidad media diaria atribuible al calor fue menor (3 muertes al día) que la atribuible al frío (3,48 muertes al día) entre los años 2000 y 2009. Sin embargo, el estudio 'Mortalidad atribuible a las temperaturas extremas en España: un estudio comparado por ciudades', pone de manifiesto que las muertes por calor son menos pronunciadas, pero más “a largo plazo”.

El bono social, ¿una solución a la pobreza energética de verano?

Uno de los problemas para medir la pobreza energética, tanto la de invierno como la de verano, es la falta de datos. El Instituto Nacional de Estadística no ha reflejado el tema de manera concreta desde hace diez años, aunque existen estudios privados. En 2007 fue la última vez que se recogió de manera pormenorizada el número de hogares por temperatura adecuada tanto en invierno como en verano, y se hizo por comunidades autónomas, por tipo de vivienda, por municipio, por edad y sexto, etc.

Las personas incapaces de pagar facturas de luz para mantener una vida digna pueden acogerse al bono social, que consiste en descuentos en la factura eléctrica para los consumidores vulnerables económicamente, que oscila entre un ahorro del 40% y del 25% sobre el precio PVPV de la luz –no se aplica al IVA ni al impuesto eléctrico--. Millones de personas tendrían derecho a acogerse a este bono, pero solo lo han hecho medio millón. La cifra es “ridícula”, según ha reconocido recientemente la propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el Gobierno promete mejorarla.

No obstante, a excepción de para el colectivo de familias numerosas, el bono social no contempla la pobreza energética de verano, puesto que “si necesitásemos algún tipo de aparato eléctrico para refrigerar el hogar, en todos los casos nos pasaríamos del consumo al que se aplicaría el descuento”, explica Montero. El consumo medio por hogar de electricidad en España se sitúa en 3.487 kWh, dato muy alejado del límite de 1.200 kWh y 1.680 kWh que se establece para el bono social.

Además, el problema de la pobreza energética no solo afecta a los más pobres, pero "el bono social está destinado a una porción de la población que ya tiene problemas de pobreza –no solo de pobreza energética-- y por tanto esta pequeña ayuda no va a venir a solucionar nada”, critica Montero.

Según la experta y activista, la pobreza energética hay que abarcarla desde un punto de vista: "el derecho básico" de tener “energía suficiente para cubrir nuestras necesidades y tener una vida digna porque "vivir en condiciones que nos permitan una mayor esperanza de vida y mejores condiciones de salud no deberían depender de nuestro nivel de renta, sino simplemente ser un derecho de todo ser humano”, añade.