El Marianato (2011-2018): en todo final hay un principio

Un comienzo inesperado, pero previsible

Corría el año 2004 y había elecciones generales en esa primavera, en concreto, el 14 de marzo. El por aquel entonces superministro y vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, Mariano Rajoy, se las prometía muy felices tras haber sido designado su sucesor. El Partido Popular había ganado las dos anteriores citas electorales y, a pesar de la nefasta Guerra de Iraq y la catástrofe del Prestige, eran los tiempos del “España va bien” y los sondeos seguían siendo favorables. Sin embargo, algo iba a cambiarlo todo: los atentados del 11M. La mentira como reacción instintiva gubernamental y la indignación ciudadana acabaron por llevar a José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa.

En aquellos duros momentos para los populares, en los que las expectativas se vieron, de pronto, frustradas y cuando se intensificaron las críticas internas y no se oteaba un horizonte claro, se pudo ver al político de raza que era Rajoy: un conservador de la escuela de Cánovas, ferviente creyente del turnismo y consciente de la importancia de la paciencia como virtud política. Lo decisivo era manejar los tiempos y los suyos eran geológicos.

Después de una legislatura y media del Gobierno socialista, caracterizado por un particular atrevimiento en el ámbito de los derechos civiles y las libertades públicas – Ley de Igualdad, Matrimonio Homosexual, Memoria histórica – y un equilibrismo pretendidamente virtuoso y dialogante en cuestiones económicas y vinculadas a la construcción del Estado de bienestar, Zapatero decidió suicidarse políticamente en dos actos ante una encrucijada europea marcada por la crisis económica y la subsiguiente crisis de deuda. El primero tuvo lugar el 10 de mayo de 2010, cuando las presiones de los mercados financieros y las recetas de la ortodoxia neoliberal le llevaron a anunciar un Plan de Choque – reducción del salario del funcionariado, congelación de las pensiones, recortes ingentes en el Estado social, etc. – para acelerar los Planes de Austeridad con el objetivo de ajustar el déficit fiscal. Además anunció las tres reformas estructurales planteadas y exigidas por la Troika: la del mercado de trabajo, la “revisión” del Pacto de Toledo y la reestructuración de las Cajas de Ahorro. El segundo acto, particularmente simbólico, se produjo el 29 de agosto del siguiente año con la reforma constitucional pactada con el PP, que modificó el artículo 135 para blindar los intereses de los acreedores, estableciendo el pago de la deuda pública como prioridad absoluta del Estado frente a cualquier otro gasto. Así daba comienzo el Marianato. Rajoy ganó las elecciones generales a finales de ese mismo año, pero su tiempo ya había comenzado con anterioridad.

Un pulso moral y material a la sociedad española

Por fin había llegado al poder y comenzaba su reinado alejado de los delirios de grandeza global de Aznar, cumpliendo a rajatabla los compromisos europeos y el Diktat alemán y frente al 15-M y la movilización creciente de la sociedad civil. Con presteza y eficacia para los intereses de los financieros, los especuladores y los gobiernos neoliberales, y con indolencia con los de abajo dobló el pulso material a la sociedad española, que el PSOE ya había iniciado. Tanto es así que, a los diez días de ser investido, constituyó un nuevo gabinete que reforzó la continuidad de las políticas de ajuste y de reducción del déficit público. Durante el siguiente año su gobierno siguió implacable: una vuelta de tuerca a la contrarreforma laboral, nuevos recortes en educación y sanidad por valor de 10.000 millones de euros y una reestructuración bancaria que supondría una concentración del sector inaudita al mismo tiempo que un nuevo sacrificio para una población exhausta. Estas medidas de política-económica no hicieron sino profundizar la segunda recesión económica y convertir el Reino de España en un páramo laboral. Baste recordar un par de datos: una tasa de paro del 27,1% y un paro juvenil del 57,22%.

Más allá de la propaganda y los relatos autocomplacientes de estos días del propio Rajoy y de la órbita mediática de su partido, que insisten en un balance de gestión macroeconómico positivo con creación de empleo neta después de estos siete años en el poder, solo se puede comprender el significado político del Marianato como la instauración progresiva de una nueva normalidad tras la crisis económica, que ha consolidado los recortes del Estado del bienestar, la erosión de los contenidos sociales de la Constitución del 78 y una sociedad más desigual. Como ha demostrado recientemente Emilio de la Peña en CTXT, los números de los destrozos infligidos al pacto social y a la mayoría de la gente común por las políticas económicas del PP son incontestables y explican una parte del clima de la sociedad española – entre la apatía y la resignación o el abatimiento – durante este último período, particularmente, tras el infructuoso e inacabable 2016 y el bloqueo político permanente, del que Rajoy volvió a salir triunfante electoralmente ante las ingenuas perspectivas de un Unidos Podemos de nueva creación.

Otra parte de este clima tiene que ver con el pulso moral que Rajoy le echó a la sociedad española con el otro brazo prácticamente desde el comienzo de su reinado: la 'ley Mordaza' y su restricción de derechos civiles, el control de RTVE y la influencia creciente sobre otros medios de comunicación privados, la normalización de la corrupción en el partido y la extensión de estas prácticas a la institución o la politización de la justicia se volvieron elementos de nuestro paisaje. Parecía que España no podía ser mejor que el Partido Popular. Estábamos ante una suerte de maldición bíblica: la corrupción no pasaba factura al partido del Gobierno y la patrimonialización de las instituciones nos recordaban que éramos una anomalía en Europa. En realidad, no éramos tan diferentes a otros pueblos del Sur. No hubiera sido posible seguir el Diktat alemán y llevar a la práctica esa economía política de la desposesión de las mayorías, si no se hubiera generado ese clima de apatía, que dejaba herida la autoestima del pueblo e intacta la desconfianza hacia la política que puede transformar las cosas.

Además Rajoy y su gobierno tuvieron que hacer frente al Procés catalán, que siguió desde su comienzo congregando en las calles a millones de personas cada año durante cada 11-S desde su comienzo, organizando una sociedad civil independentista más densa y, al mismo tiempo, generando más tensión y división en el conjunto de Cataluña. Ante el movimiento democrático –construido en torno a la reivindicación del derecho de autodeterminación de Cataluña– más persistente y masivo que ha habido en Europa en las últimas décadas la respuesta del Partido Popular fue, de un lado, la judicialización del conflicto y, de otro, dejar pasar el tiempo, confiando en que el globo se deshinchase. Tras los acontecimientos del 1-O y la proclamación de una hipotética República catalana, se decidió por la inédita aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía catalana. Toda la crispación que el PP había desatado contra el PSOE y la reforma del Estatut desde la oposición, se convertía ahora en un estado emocional defensivo de una buena parte de la sociedad española, que servía al constitucionalismo español de esa particular coartada denominada “sentido de estado” para penalizar el debate político en torno a la organización territorial del país y a una idea diferente de España.

La sentencia de la Gürtel y la infidelidad a uno mismo

La sentencia del caso Gürtel, destapado mediáticamente por el País ya en 2010 y que había incluso llevado a Rajoy a los juzgados, supuso un punto de inflexión en la legislatura, incluso para Albert Rivera, el socio más fiel del Gobierno, y abrió una ventana de oportunidad para el PSOE, que presentó una moción de censura y reunió con la inestimable colaboración activa de Unidos Podemos y, en particular, de Pablo Iglesias, apoyos parlamentarios diversos para echar al Partido Popular. La audacia de Sánchez, la astucia de Iglesias –en especial, con la presión al PNV bajo amenaza de una moción instrumental con Ciudadanos para convocar elecciones – y la soledad parlamentaria de Rajoy junto a su elección contra natura de acelerar los tiempos de la moción en un clima mediático de excepción acabaron con el primero de camino a la Moncloa y con el aún presidente en un infinita sobremesa de ocho horas.

Tras vivir, desde el Gobierno, la sucesión de la Corona española, ahora le toca a Rajoy afrontar su sucesión desde la oposición al recién conformado y celebrado Ejecutivo de Sánchez. De momento, su anuncio de renuncia a la Presidencia del partido y su paso a un lado marcan un nuevo tiempo en el PP, alejado de designaciones directas y mimetizado al espíritu de la época, que obliga a los partidos a una apariencia democrática. Es innegable que su paso a la oposición le complica objetivamente las cosas a los populares, pero hay varios elementos que juegan a su favor frente a los agoreros del derrumbamiento. Primero, el Partido Popular tiene un electorado muy fiel, cuenta con una organización fuertemente implementada en el territorio y una vasta red de poder local, aparte de las Comunidades Autónomas claves que aún controla (Madrid, Galicia, Castilla y León, Murcia). Segundo, la renovación en el liderazgo del partido puede suponer un punto de inflexión para dejar atrás la época de la corrupción. Y, por último, su ausencia de responsabilidades de Gobierno le va a permitir retornar a la crispación y disputarle así las posiciones ideológicas más duras a Ciudadanos, por ejemplo, en relación a la cuestión catalana.

El Marianato ha terminado y ello abre una nueva etapa tanto en la política española como en la derecha. Es pronto para saber qué le deparará ésta a unos y a otros, pero, de momento, el fin de Rajoy nos recuerda la importancia de la fidelidad a uno mismo y la importancia, pero también los límites, de las ilusiones de la política.