El 3-O, recuerdos y reflejos del desborde social

La temperatura social sube en Catalunya al mismo ritmo que el verano se va alejando. Las cargas policiales que el lunes, en el aniversario del 1-O, llevaron a cabo los Mossos contra manifestantes independentistas, que llegaron hasta las puertas del Parlament, en el barcelonés parque de la Ciutadella, marcan un punto de inflexión en el independentismo. Las grietas en este bloque político y social, que representa en torno al 47% de la población catalana según las elecciones del pasado 21-D, se vienen generando durante los últimos meses, pero el lunes tuvieron su máxima expresión: la calle gimió contra los representantes políticos, pidieron la dimisión del president de la Generalitat, Quim Torra, y del conseller de Interior, Miquel Busch. 

La calle reclamó a sus representantes independentistas que cumplan con sus promesas electorales con las que se presentaron a las elecciones pre-navideñas del año pasado, o, lo que es lo mismo, hacer república, materializar el resultado del 1-O, encaminar Catalunya hacia un estado independiente en forma de república. El independentismo consiguió revalidar su mayoría absoluta en el Parlament en unas elecciones atípicas, convocadas por Mariano Rajoy mediante la aplicación del artículo 155, con los principales dirigentes de las formaciones mayoritarias de este espectro en prisión o fuera de España. Todavía hoy hay quien piensa en Madrid que el conflicto catalán se puede solucionar aplicando, de nuevo, este artículo constitucional de difusa concreción y ejecución.

Cabe recordar, cuando determinados altavoces rugen ¡155! que distintos expertos constitucionalistas españoles están de acuerdo en la inconstitucionalidad del modo en el que Rajoy aplicó el 155. El Senado no dio una orden clara al Gobierno de qué elementos de la Generalitat debía intervenir y, por lo tanto, no pudo ejercer su función de control durante su despliegue; la soberanía popular reflejada en el Parlament quedó pisoteada por la decisión de un gobierno sustentado por un partido, el PP, casi residual en Catalunya; al president legítimo de la Generalitat se le arrebató su potestad de disolver el legislativo catalán y convocar elecciones... No hay consenso entre especialistas en la Constitución.

Una lectura sosegada del subtexto de la relación entre Moncloa y el Palau de la Generalitat, desde que Pedro Sánchez llegó al palacio de la Ciudad Universitaria madrileña, tras la moción de censura que echó del mismo a Mariano Rajoy, y Joaquim Torra, al de la Plaça de Sant Jaume, nos aclara un objetivo claro, una constante: desinflamación. Bajar la tensión tras unos meses especialmente duros para Catalunya y el resto de España. Las sobreactuaciones, por ambas partes, se dan constantemente, sin embargo, contemplábamos hace unas semanas cómo Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, y Elsa Artadi, portavoz del Govern, se reunían en secreto. El diálogo existe, institucional y por debajo de los focos, la línea telefónica funciona, los alaridos quizás no sean más que una parte del teatro.

Pero, decíamos, que en el aniversario del 1-O se rompió algo en el independentismo. La calle (que será siempre nuestra) se enfrentó a la institución. El independentismo social sacó de sus bolsillos el programa electoral que, meses atrás, habían depositado en unas urnas (estas sí, homologadas) puestas por Moncloa. Via Laietana y el Parlament fueron lugares testigos de momentos de tensión, algunos hechos violentos aislados por parte de manifestantes y más violencia policial. Muchos medios del resto del Estado se han apresurado en reflejar violencia en Catalunya. Violencia que, hasta el momento, ha sido casi inexistente en el proceso independentista y que, cuando ha existido, en la mayoría de los casos, ha llegado por parte de las fuerzas policiales o de la reacción de grupos de extrema derecha españolista.

Lo que se vivió el lunes en las calles de Catalunya fue una sensación de desborde. Grupos de manifestantes llevaban a cabo acciones, en la inmensa mayoría no-violentas, sin que ninguna organización concreta las hubiera organizado. Y eso nos lleva a recordar el 3-O del año pasado, jornada de huelga general o paro de país que obtuvo unos niveles de seguimiento inmensos y que también se vivió esta sensación de desborde social. El centro de Barcelona colapsado, en Plaça Universitat las entidades independentistas, Òmnium Cultural y ANC, sindicatos mayoritarios, partidos políticos... habían convocado una concentración. Mientras tanto, desde el Passeig de Gràcia hasta Plaça Catalunya, todo repleto de gente, de otra convocatoria de las izquierdas alternativas: CGT, sindicatos alternativos, manteros, asociaciones de inmigrantes, estudiantes... Durante toda la jornada, los cortes de carreteras y de vías ferroviarias se sucedieron. Organizaciones sociales que tenían algo en común y no era, precisamente, el ser independentistas, sino el mostrar repulsa ante la brutalidad policial y represión institucional que miles de ciudadanos catalanes habían vivido dos días atrás.

Desde distintas tendencias políticas no se comprende que el cambio político pueda llegar desde las instituciones sin la presión popular, son la movilización social. "Un pie en las instituciones y cien en las calles", que decía Podemos cuando nació. El desborde en Catalunya que se intuyó el pasado lunes puede dificultar los pasos que han dado hacia la desinflamación los presidentes español y catalán. Es el desborde perfilado el pasado lunes, sin duda, una de las causas por las que Torra endureció su discurso ayer en el Parlament y dio un ultimátum a Sánchez amenazándole con retirarle el apoyo independentista si no se dan pasos hacia la autodeterminación catalana, el miedo a quedar desbordado de Torra quedó patenete. La respuesta de la ministra portavoz, Isabel Celáa no se hizo esperar: diálogo.

El 3-O de hace hoy un año también fue el día en el que Felipe VI pronuncio un duro discurso contra el independentismo, dejando de lado su rol arbitral y ganándose antipatías, también, más allá de Catalunya, entre algunos sectores sociales que no ven en la confrontación ni en la amenaza una manera de solucionar el conflicto. Dos días después, la secretaria de comunicación del Gobierno de Rajoy, Carmen Martínez Castro, agradecía a los medios madrileños su labor ante la embestida independentista. La línea entre el periodismo independiente y el oficioso quedaba, en muchos casos, en tela de juicio.

Muchos medios cerraron el relato que, hasta entonces, tenía una ventana abierta en favor del derecho a decidir en el lado oeste del Ebro. La incomunicación a un lado y otro de un telón discursivo se fue acrecentando. El diálogo se fue haciendo, cada vez, más complicado. La empatía, entre aquellos movimientos sociales de un lado y de otro, fue desapareciendo. Y eso es algo que podría volver a ocurrir. Y repetir dos veces la misma historia, cuando la sociedad catalana (y la española, que ha visto a sus derechas pelear por el extremo) está(n) más inflamada(s) es un imposible. 2017 ya pasó, 2018 es otro año y el presente y 2019 está a la vuelta de la esquina.