Ensanchar la base también en el Estado, la encrucijada de Joan Tardà ante los PGE

El proyecto de presupuestos (y de legislatura) pactado por Unidos Podemos y el Gobierno de Pedro Sánchez supone, para muchos analistas, las cuentas más progresistas que podría tener (y habría tenido) el Estado español, en caso de ser materializado. Tal y como cuenta el periodista Pedro Vallín en La Vanguardia, hasta buena parte del grupo socialista en el Congreso se ha “quedado con los ojos redondos ante la ambición de lo acordado, que trasciende con mucho una rectificación en la política ingresos/inversión y fija nuevos marcos estructurales, como los que afectan al mercado energético, la ley electoral, la soberanía municipal, las políticas de igualdad y violencia de género, los juegos de azar y el mercado de trabajo”.

Este proyecto, que pone contra las cuerdas a la propia Comisión Europea, que ha de decidir en los próximos días si cortarle la cabeza a una alternativa a la austeridad reinante en los últimos años en Europa, pero que apuesta por reforzar el proyecto comunitario ante el ascenso de neofascismos y ultras de derechas de diverso índole, supone una encrucijada de peso para los grupos catalanes independentistas en el Congreso: ERC y PDeCat. Más todavía en el caso de ERC, sus nueve diputados, capitaneados por Joan Tardà, son necesarios para que las cuentas salgan adelante. Mientras, valdrían las abstenciones de los ocho representantes del PDeCat, liderados por Carles Campuzano, si PNV y Compromís y canarios dan el visto bueno.

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Se cumple un año desde que los dirigentes sociales catalanes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que entonces eran presidentes de la ANC y Òmnium Cultural respectivamente, están injustamente encarcelados, en prisión preventiva, por unos delitos de rebelión y sedición basados en una violencia que nunca hubo en la revuelta catalana de hace un año. La llamada Doctrina Llarena ya ha sido puesta en duda por tribunales y jueces de distintos países, las decisiones judiciales españolas serán miradas con lupa en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dentro de unos años. A estos, hay que sumarles las también privaciones de libertad preventivas a exconsellers del Govern de Carles Puigdemont, entre los que se encuentra el líder de ERC, Oriol Junqueras.

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La aprobación de los presupuestos supondría un ingreso de 3.200 millones de euros a la Generalitat en diferentes partidas, además de que la población catalana se beneficiaría de otras medidas contempladas en el acuerdo como la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros. ERC tiene muy difícil decir que no a estas cuentas que beneficiarían a amplios sectores de Catalunya y que darían buen margen al Govern para desarrollar sus políticas en las materias sobre las que tiene competencias. Buena parte de su electorado progresista las ve con buenos ojos.

ERC, desde hace meses, apuesta en su estrategia por ensanchar la base soberanista, llegar a seducir a aquellas personas que, si bien no se consideran independentistas, sí que simpatizan con el derecho a decidir. Esta estrategia contrasta con la de otros sectores independentistas que creen en la confontación con el Estado a corto plazo desde las calles y la desobediencia institucional. El objetivo de ERC es convencer a una mayor parte de la sociedad catalana que ese 47% que votó a opciones independentistas en las pasadas elecciones del 21-D, es construir amplias mayorías, buscar consensos, para, sin plazos ni hojas de rutas cerradas, continuar trabajando hacia su objetivo de la construcción de una república catalana. Es lo que decidió ERC en su última Conferencia Nacional de junio.

Para ello, apuestan por ganarse las simpatías de otros espectros ciudadanos a través de gobernar con perspectiva social. Estos presupuestos le ayudarían en esta tarea. La proximidad nada disimulada entre ERC, y partes de JxCat, y el entorno de los comunes últimamente, una vez la CUP ha dejado de formar parte del bloque que sustenta al Govern y que los desencuentros en el Parlament han dejado a la mayoría independentista mutilada, van este sentido.

Distintos dirigentes independentistas han expresado durante este último año que no han sido capaces de explicarse al resto de la población española, a la vista de la reacción generada por su vía unilateral en otros territorios. El propio Campuzano, en una reciente entrevista con este medio, hablaba en estos términos. Obviamente el cierre mediático de la gran mayoría de los medios de comunicación del Estado en torno al relato oficioso españolista no ha ayudado a que grandes sectores de la población de otros territorios comprendan lo que en realidad está ocurriendo en Catalunya.

Tardà, en septiembre del año pasado, en un acto en el Teatro del Barrio de Madrid, que se llenó hasta la bandera y en el que se quedaron centenares de personas fuera, de apoyo al derecho a decidir agradecía al pueblo de Madrid su “respuesta fraternal” hacia los catalanes. Y parafraseaba el lema del republicanismo catalán cuando la ciudad de Madrid se encontraba asediada durante la Guerra Civil: “Defender Madrid es defender Cataluña”.

Hoy Tardá, y Campuzano, tienen una oportunidad de oro de ganarse las simpatías de sectores progresistas y jóvenes, los más proclives, según este último en la citada entrevista con cuartopoder.es, al entendimiento en base al derecho a decidir de los catalanes. A aquellos que estuvieron en el Teatro del Barrio. Sectores que se han ilusionado con algunas de las medidas reformistas que se incluyen en el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos. Más allá de los beneficios que Catalunya pueda sacar de la aprobación de estas cuentas, también lanzarían un mensaje a la búsqueda de aliados fuera de Catalunya.

La condición de la “absolución” o rebaja de penas en las acusaciones de la Fiscalía y la Abogacía del Estado en la causa de estos presos políticos catalanes, para aprobar los presupuestos, es una forma legítima de presionar al Gobierno para que ejerza una mayor actividad ante esta injusticia. Una injusticia denunciada por distintos sectores de la judicatura e instancias internacionales. Los límites del Gobierno para influir en la Justicia seguramente tengan algo que ver también con la ideología dominante en la cúpula de la misma. Pero, los independentistas tendrán que hacer equilibrios también para sumar, ensanchar la base, no sólo en Catalunya, también en otros territorios. “Madrid, villa y corte”, dice el lema de la capital. Tardà, y Campuzano, tendrán que escoger entre la presión y las denuncias de los abusos de la corte y los guiños a la villa. Al fin y al cabo, hace poco más de un año, el primero recitaba en Madrid aquello de “defender Madrid es defender Catalunya”.