La esperanza hispánica y los demonios europeos

En un mundo político y social, configurado desde hace décadas por las políticas de austeridad y marcado de forma irreversible por la inmensa crisis financiera de 2008 y sus sucesivas réplicas, el surgimiento de los monstruos se ha convertido en una realidad inapelable. Lejos de estar viviendo en el mejor de los mundos posibles, cada vez cuesta más trabajo no rebuscar en la historia para encontrar momentos catastróficos, que arrojen luz sobre el presente. Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y ya nos hemos acostumbrado a verle como presidente. Bolsonaro, un nostálgico de la dictadura militar brasileña, acaba de imponerse a Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores tras la encarcelación del expresidente Lula. Cada vez que se abren las urnas en Europa la extrema derecha avanza peligrosamente: en Hungría y Polonia influyen de manera decisiva en sus respectivos gobiernos; la Austria de Sebastian Kurz y la Italia de Matteo Salvini son una referencia de la Internacional reaccionaria por sus políticas xenófobas y su discurso del odio; y en otros países como Francia o Alemania ya hay movimientos consolidados.

Esta ola reaccionaria abiertamente enfrentada a los principios y valores fundamentales de nuestras sociedades pone de manifiesto la fragilidad de la democracia y de las conquistas democráticas tras décadas de mundialización desbocada y gobierno de las finanzas. En este contexto, cuesta encontrar motivos para la esperanza, sin embargo hay algunos y los tenemos cerca.

España es el país más importante gobernado por la vieja socialdemocracia con el apoyo de una joven formación de izquierdas, nacida al calor de la crisis económica y la indignación social, como Unidos Podemos. Tras el éxito de la moción de censura al PP de Rajoy, era importante que el Gobierno monocolor de Pedro Sánchez obtuviera una mayoría parlamentaria más sólida, que le permitiera durar. Lo ha hecho con un acuerdo de presupuestos, que va más allá de un ejercicio presupuestario, y marca un horizonte para lo que resta de legislatura: comenzar a revertir las políticas de austeridad y recortes, iniciadas por José Luis Rodríguez Zapatero y continuadas ortodoxamente por Rajoy, para poner los mimbres de un nuevo pacto social y consolidar el Estado social y democrático de derecho. Así se comprenden toda una batería de medidas destinadas a aproximar a nuestro país a los estándares clásicos de un Estado de bienestar europeo: la subida del SMI a 900€, la actualización de las pensiones al IPC y la subida de las pensiones mínimas y no contributivas, la modificación de la normativa vigente en materia de alquiler y la regulación pública de sus precios particularmente en las grandes ciudades, la recuperación del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años, la rebaja de las tasas universitarias, la universalización de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, la equiparación de permisos de paternidad y maternidad, un plan de choque contra la pobreza energética y una reforma para atacar al oligopolio eléctrico, entre tantas otras.

En síntesis, se trata de un conjunto de medidas sociales que abarcan diferentes ámbitos y de muy distinto alcance, cuyo coste se cifra alrededor de 4.500 millones de euros, obtenidos en buena medida por una subida del impuesto de sociedades (1700), un impuesto sobre determinados servicios digitales (1400) y un impuesto sobre las transacciones financieras (1000).

Como se ve, no estamos ante unas políticas muy radicales en términos de redistribución de la riqueza, ni de una transformación profunda de las relaciones sociales, pero sí ante un paso que nos permita hablar de una manera significativa de “recuperación”, una recuperación de la sociedad, de los más vulnerables de la misma, que les permita recuperar poder adquisitivo y una cierta confianza en el futuro. Las cuentas y los números macroeconómicos pueden cuadrar – más allá de una posible desviación en el objetivo de déficit de Bruselas – y al mismo tiempo los presupuestos pueden tener un marcado carácter social. A pesar del alarmismo de las derechas y de la hiperanalizada carta de Bruselas al Gobierno de Pedro Sánchez, los presupuestos obtendrán la luz verde de la Unión, que ya tiene demasiados frentes abiertos entre el Brexit, la rebelde Italia de Salvini y los grillini, y la alianza eurófoba, que se está rearmando de cara a las elecciones al Parlamento europeo del próximo año. Pero, ¿qué está haciendo el principal partido de la oposición de derecha española ante esta iniciativa de las izquierdas?.

Casado y la alternativa más consistente de las derechas

En la sesión de control al Gobierno de la última semana, Pablo Casado se volvió a presentar como principal alternativa de las derechas al pacto de Sánchez y Unidos Podemos con un Rivera desdibujado y un Ciudadanos, que a última hora parece desbloquear el veto de la Mesa a la modificación de la Ley Presupuestaria. De nuevo, desde la oposición frontal, insistió en la debilidad del Gobierno y recordó tanto los casos de los ministros de Sánchez como la polémica de su tesis doctoral. Tras las acusaciones personales, se centró en dos cuestiones políticas centrales e interconectadas: de un lado, la situación en Catalunya y, de otro, la presunta preocupación europea por las cuentas públicas españolas.

En relación a Catalunya, acusó al Gobierno de negociar los presupuestos de los españoles en la cárcel y le afeó las declaraciones gubernamentales, que aludían a su preferencia de un escenario en el que no hubiera en prisión dirigentes independentistas.

En relación al acuerdo Sánchez-Unidos Podemos, argumentó que el incumplimiento del déficit, derivado del aumento del gasto público en el nuevo presupuesto, estaba generando incertidumbre en los mercados en torno a la economía española y, de ahí, la reciente subida de la prima de riesgo. Una “administración tóxica”, que se comporta como un bebe, citando a Ronald Reagan, ya que gasta el dinero de todos sin ninguna clase de responsabilidad. Por esas razones, tuvo la obligación de ir a Europa y explicar ante sus socios europeos que no todos están con Sánchez y que algunos siguen defendiendo la “dignidad presupuestaria”. Así justificaba sus polémicas declaraciones públicas pidiendo a la Comisión europea que tumbará los presupuestos españoles porque si no, estos tumbarían a la economía española.

Al mismo tiempo criticó a Sánchez por permitir la “humillación” de España por decisiones de “tribunales regionales” de Bélgica, Holanda o Alemania en torno al proceso judicial contra los dirigentes independentistas, que, según Casado, suponían en sí mismas un puesta en suspenso del Tratado de Schengen y de la confianza entre las diferentes naciones de la Unión asociada a éste.  

En definitiva, Sánchez estaría manteniéndose en el Gobierno con el apoyo de unos “golpistas”, que habrían violentado la Constitución, para generar incertidumbre en los mercados por su gestión de la economía española en realidad en manos de Podemos y no estar suficientemente comprometido con la ortodoxia de Bruselas en materia económica al mismo tiempo que no haber defendido a España ante tribunales extranjeros.  

El paradójico europeísmo del nuevo PP

De este modo, cerca de un nuevo año electoral en Europa, el nuevo Partido Popular de Casado hace gala de un paradójico europeísmo. De un lado, Casado se presenta a sí mismo junto a sus socios europeos como un virrey de la tecnocracia de Bruselas, una garantía de que la regla de oro presupuestaria se cumplirá de forma ortodoxa en España, aunque ello acabe siendo negativo para los intereses y el bienestar de los españoles. Esta indolencia respecto a sus ciudadanos sorprende de alguien que insiste estar tan preocupado por la unidad de España y la igualdad de los españoles, pero sobre todo debió sorprender a sus socios europeos, que están viendo como sus partidos pierden fuerza elección tras elección ante el avance de la extrema derecha y además saben que el incumplimiento de los objetivos de déficit ha sido una costumbre durante las últimas décadas por parte de las economías más fuertes de la Unión (Alemania, Francia e Italia).

De otro lado, Casado se muestra durísimo con el hecho de que haya tribunales de países europeos, que no acepten la doctrina Llarena en el caso de los dirigentes independentistas del procés acusados de sedición y de rebelión. Ha llegado a exigirle a Sánchez que exija una reforma en Europa para que esos tipos penales impliquen la extradición inmediata. No puede soportar que la justicia de otros países europeos no se alinee con la doctrina Llarena, inspirada en una reacción defensiva del poder judicial español, que se vio puesto en cuestión por los acontecimientos protagonizados por el independentismo político y social durante el octubre pasado.

En conclusión, en estas circunstancias Casado está invocando los dos demonios europeos que violan el principio (absoluto) de soberanía de los Estados-nación, están generando tensiones en diferentes países de la Unión y conforman el núcleo duro del proyecto intergubernamental europeo realmente existente: la austeridad y los principios y valores asociados a los derechos humanos. Casado se queda con lo peor de cada uno: austeridad para su pueblo e irresponsabilidad para la élite dirigente española en relación al cumplimiento de (algunos) derechos humanos. La supervivencia de Europa y las posibilidades de hacer crecer la esperanza pasan por combatir ese nacionalismo obediente con la élite de Bruselas y maltratadora con su pueblo, y refundar la Unión sobre la radicalidad de sus principios y valores asociados a la triada revolucionaria de libertad, igualdad y fraternidad.