Reino de España: la disyuntiva presupuestaria del gobierno Sánchez

  • La necesidad de una alternativa y la esperanza de un gobierno de izquierdas que rompa con las políticas de austeridad es tal, que sigue siendo alimentada por la mera propuesta de iniciativas que, en algunos casos, superan las de los sindicatos
  • El escándalo de la revisión de las decisiones judiciales por el Tribunal Supremo para adecuarlas a los intereses de la banca, el poder fáctico determinante del régimen del 78, ha rasgado todos los velos en este sentido
  • Podemos ha sabido tomar la iniciativa en las negociaciones para la moción de censura y los presupuestos del 2019. Pero no ha sido capaz de rentabilizarlo en sus expectativas de voto

Daniel Raventós y Gustavo Buster

El Comité federal del PSOE, celebrado el 10 de noviembre, ha tomado nota, de una parte, del fracaso de un acuerdo presupuestario que renovase la mayoría de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al gobierno y, por otra, de su voluntad de seguir gestionando, dentro de unos márgenes cada vez más estrechos, una legislatura convertida en la precampaña de un pulso electoral que, por la polarización izquierda-derecha, solo puede agravar la crisis del régimen del 78.

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Es una disyuntiva estratégica que va a contrapelo de la mayoría socio-liberal que compone el Comité federal y que el 39º Congreso del PSOE, que restituyó como secretario general a Pedro Sánchez, no modificó sustancialmente en 2017. La clave de esa disyuntiva es la negación de la crisis del régimen del 78 y la afirmación de su reforma controlada. Pero los márgenes de credibilidad del posibilismo socio-liberal se van estrechando cada mes que pasa, a pesar de que crece la polarización y la necesidad de una alternativa de izquierdas capaz de abrir el camino a una superación del corsé institucional del régimen del 78.

Esta disyuntiva fue evidente desde el mismo momento de la moción de censura el 2 de junio, como señalamos en Sin Permiso. Pero se ha agudizado transcurridos los primeros cien días del gobierno Sánchez y especialmente tras la frustración de las negociaciones para que las distintas formaciones independentistas catalanas apoyasen el acuerdo presupuestario del PSOE y Unidos Podemos. Una frustración que ha sido resultado doble de la estrategia del gobierno Rajoy de judicializar la crisis constitucional en Catalunya y de los limites internos del PSOE para romper con su apoyo crítico a esa estrategia.

La debilidad del gobierno Sánchez

La constitución del gobierno Sánchez estuvo marcada por el mandato de la moción de censura: acabar con la corrupción del PP y crear unas “condiciones de normalidad” para el largo ciclo electoral de 2019. Un gobierno con carácter tecnocrático que al mismo tiempo marcaba a derecha e izquierda sus márgenes de actuación.

Dos dimisiones más tarde (Huerta y Montón) y otras dos aplazadas (Delgado y Duque) han erosionado la imagen de un “gobierno de los mejores” -que era la respuesta meritocrática a la falta de legitimidad política del gobierno minoritario de Rajoy- que solo puede actuar mediante decretos-leyes y el intento de su convalidación posterior por unas mayorías parlamentarias que dependen siempre de los grupos independentistas catalanes y de los nacionalistas vascos.

Por otra parte, condicionado por la necesidad de movilizar a su electorado y a las presiones a su izquierda, el gobierno Sánchez ha querido resolver el dilema que le impone la mayoría socio-liberal de su propio partido colocando a este y al resto de las izquierdas ante una permanente opción táctica del “mal menor”, convirtiéndose no en el arbitro por encima de las distintas corrientes de las izquierdas, sino en el principal beneficiario de parte. Como ha demostrado la negociación presupuestaria, el precio a pagar es la propia coherencia del programa de las izquierdas – la alternativa conjunta a la cuestión social y nacional que caracterizan la crisis del régimen del 78- y su sustitución por una sucesión de reformas sectoriales parciales.

Las frustraciones se van acumulando, no solamente en la respuesta a la crisis constitucional catalana: recuérdese, el gobierno lo ha expresado de distintos modos pero muy claramente: “se puede discutir de todo menos de la autodeterminación” (es extraordinario: se puede discutir de todo excepto de lo que motiva las mayores movilizaciones consecutivas de toda Europa). Además de la revuelta catalana y la injustificable situación de prisión preventiva de los dirigentes independentistas se suman como frustraciones: la recuperación de derechos recortados por las políticas neoliberales y conservadoras del Partido Popular, como la “Ley Mordaza”, la contrarreforma laboral, la Ley de Memoria Histórica, las devoluciones en caliente de emigrantes, o la reforma fiscal…

Sin embargo, la necesidad de una alternativa y la esperanza de un gobierno de izquierdas que rompa con las políticas de austeridad es tal, que sigue siendo alimentada por la mera propuesta de iniciativas que, en algunos casos, superan las de los sindicatos -como el SMI de 900 euros– o las ONGs -como la Ley de Eutanasia o la recuperación de la universalidad de la Sanidad—, aunque no lleguen a concretarse legislativamente. La respuesta del gobierno Sánchez a la revisión del Tribunal Supremo de la decisión sobre el pago del impuesto sobre la documentación hipotecaria es una nueva prueba de ello, al obligar por decreto-ley a los bancos a asumir esta carga fiscal.

Las cloacas del régimen del 78 siguen actuando

La filtración periódica de las grabaciones acumuladas durante años por el comisario Villarejo, que ya obligó a comparecer en la comisión de secretos oficiales al Director del CNI hace unos meses sobre el “caso Corinna” y el Rey emérito y a declarar a Sánchez que “el gobierno no aceptará chantajes al estado”, se acaba de llevar por delante políticamente a María Dolores de Cospedal, la exsecretaria general del PP sin cuyo apoyo no hubiera sido elegido como jefe de la oposición Pablo Casado.

En una crónica social de corrupción generalizada del “capitalismo de amiguetes” del régimen del 78, la nueva entrega de Villarejo confirma que todos espiaban a todos para poder chantajearse. No solo a los supuestos oponentes políticos, como el hermano del ex-secretario general del PSOE, sino al número tres del propio Partido Popular, Arenas, con el que Cospedal compartía despacho en la misma planta de la sede del PP. La defensa de quién ganó un juicio a Bárcenas por difamación, no ha estado en esta ocasión a la altura: alegar que el espionaje político era una obligación de su cargo como secretaria general del PP demuestra una vez más que no se trata, como la corrupción, de delitos individuales, sino de un funcionamiento estructural. Y, por lo tanto, todo el mundo espera nuevas entregas de este “reality show” en el que se ha convertido la crisis del régimen del 78.

La “aznarización” de las derechas

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La derecha vive la moción de censura que dio paso al gobierno Sánchez como un desahucio ilegítimo. Se ha convertido en el tercer episodio de una narrativa en la que las derechas gobiernan por un derecho natural y la conspiración antisistema e ilegal las desaloja del poder, exigiendo no ya la denuncia sino la movilización para recuperarlo a cualquier precio. A la huelga general de octubre de 1934 frente a la entrada de los monárquicos de la CEDA en el gobierno Lerroux en la II República y los atentados de Atocha en marzo de 2004, se suma ahora la moción de censura apoyada por “populistas y secesionistas”. Se sigue calificando a estos últimos de “golpistas” en la competencia entre el PP y Ciudadanos para ganar a los sectores de la extrema derecha que apoyan a Vox y para contentar a sus bases más intransigentemente unionistas.

Esta narrativa exige un hilo de continuidad histórica y el expresidente Aznar se ha ofrecido como tal, no solo al antiguo secretario de su fundación FAES y ahora secretario general del PP, Pablo Casado, sino también a Albert Rivera de Ciudadanos -defendido como un ejemplo de firme españolismo frente a las ambigüedades del gobierno Rajoy ante los independentistas- y a “ese buen chico” que es el portavoz del nuevo partido de extrema derecha Vox, que por fin ha conseguido el reconocimiento de la derecha tras su mitin de varios miles de personas en Vistalegre.

El mensaje de Aznar no puede ser más simple: para ganar, la derecha debe constituir un solo bloque parlamentario y debe subordinar a este objetivo la competencia interna entre el PP y Ciudadanos. El hecho, con consecuencias que pueden ser devastadoras para las libertades, es que el cambio generacional, las guerras culturales con la izquierda y la exigencia de una nueva intervención de la Generalitat de Catalunya aplicando otra vez el art.155 han desplazado a las tres derechas en liza hacia la extrema derecha, en consonancia con los populismos de derechas que, desde Trump a Orban, empiezan a ser la respuesta a la crisis del neoliberalismo.

En este contexto, la confrontación anti-neoliberal del gobierno italiano con la Comisión europea por la derecha introduce importantes contradicciones a las derechas españolas, que se sitúan todas ellas en el neoliberalismo más ortodoxo del consenso de Bruselas. Cuando la Comisión europea cede por la derecha ante la expansión fiscal italiana y acepta a regañadientes el moderado giro de orientación en el gasto social de Portugal y el Reino de España, el espacio para un discurso económico neoliberal ortodoxo carece de credibilidad, aunque lo sustenten la patronal y los grandes bancos españoles. Lo que queda es puro españolismo conservador y agresivamente monárquico.

Gestionar con Bruselas el presupuesto de 2019

La falta de una mayoría parlamentaria para el presupuesto de 2019 en este marco no es insalvable. De hecho existe una connivencia objetiva de intereses entre las izquierdas y los independentistas catalanes para que se mantenga el actual gobierno Sánchez al menos hasta el otoño de 2019, cuando se inicie el proceso de debate presupuestario para 2020.

Los independentistas catalanes esperan mantener la presión sobre el gobierno Sánchez en el juicio a los presos independentistas, para negociar un indulto posterior y reabrir la posibilidad de una negociación política posterior que inevitablemente pasa por una reforma constitucional. Pero al mismo tiempo necesitan una cierta normalización del conflicto que asegure el funcionamiento de la Generalitat y su financiación, sin que se erosionen los servicios públicos hasta un punto que erosione su base social popular. Los ritmos tácticos entre estos dos objetivos marcan las diferencias entre la Crida -el nuevo partido de Puigdemont- y la ERC de Junqueras, pero ambos coinciden en que la debilidad institucional de Sánchez no debe alcanzar el punto de abrir las puertas a un gobierno de derechas y una nueva aplicación del artículo 155.

La decisión del gobierno Sánchez de no convocar elecciones anticipadas a pesar de no tener un apoyo mayoritario para el presupuesto pactado con Unidos Podemos, como exigen las derechas, pone en evidencia que la gestión de los tiempos por parte de los independentistas catalanes no es tan equivocada. Aunque el precio que tiene que pagar el gobierno Sánchez sea depender aun más de la aprobación continua de la Comisión europea en la aplicación de cada partida presupuestaria, aunque sea en el contexto antes descrito del enfrentamiento prioritario de la Comisión europea, en el último año de su mandato, con el gobierno italiano.

Los precedentes están ahí: Rajoy llegó a un acuerdo cuatrianual de ajuste presupuestario con la Comisión en 2015 cuando presidía un gobierno en funciones y tuvo que gestionar los presupuestos subsiguientes mediante extensiones acordadas hasta el segundo trimestre de cada año, incumpliendo además los acuerdos alcanzados con la Comisión europea, alegando el peligro de un gobierno de izquierdas que cuestionase el Pacto fiscal europeo.

El giro social del proyecto presupuestario aun con sus importantes limitaciones e insuficiencias, en especial el aumento del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, se ha convertido en la piedra fundacional de un gobierno de izquierdas tras las elecciones generales, a lo que se ha sumado estos días el decreto sobre el coste fiscal de los actos jurídicos hipotecarios a cargo de la banca.

La judicialización de la crisis constitucional en Catalunya

Los márgenes internos de Pedro Sánchez también han sido evidentes este fin de semana. Ha celebrado un Comité federal sin la presencia de los barones tradicionales que le impusieron las líneas rojas de gobernar sin “populistas y secesionistas”. Ha podido explicar sin oposición la evolución que ha recorrido desde el apoyo a la aplicación del art. 155 por Rajoy a declarar que los presos independentistas no deberían estar en prisión condicional y dar instrucciones a la abogacía del estado para rebajar los cargos de “rebeldía” a “sedición”, aunque no se haya atrevido a dar las mismas instrucciones a la fiscalía que, por muy autónoma que sea, depende del gobierno. Y el acuerdo presupuestario con Unidos Podemos, que condiciona los programas y las alianzas en las próximas elecciones municipales y autonómicas.

Pero a continuación del Comité federal, el mismo día, Pedro Sánchez ha convocado un acto masivo del PSOE para abrir las precampañas electorales y subrayar que su legitimidad interna surge de su capacidad de movilización y de hegemonizar el bloque de las izquierdas, no de los barones territoriales socialistas que le depusieron en 2016. Y ha vuelto a repetir el mensaje de su conferencia de prensa para anunciar el decreto sobre los gastos de las hipotecas: el poder judicial es independiente, pero el poder ejecutivo puede revocar sus decisiones si cuenta con una mayoría parlamentaria que ratifique sus decisiones.

Este mensaje es decisivo porque explicita la estrategia de Sánchez y su voluntad de superar los obstáculos que se han puesto en su camino para construir una mayoría de izquierdas desde el debate interno de 2016, cuando se negó a apoyar la abstención que permitió la constitución del gobierno Rajoy y el posterior fracaso de su intento de construir una mayoría socio-liberal con Ciudadanos. Este largo camino de descarte de las alternativas políticas para la gestión de la crisis del régimen del 78 ha desembocado en la actual polarización entre las derechas aceleradamente más extremas y las izquierdas que aún con su moderación implican necesariamente soluciones distintas para el arco de bóveda de esa crisis de régimen: la crisis constitucional de la revuelta catalana.

Que la solución política de esa crisis este secuestrada por el poder judicial, que reclama su independencia para poder imponer y legitimar la alternativa de las derechas, cuestiona al conjunto del régimen del 78. Simplemente, las clases dominantes no pueden seguir gobernando como lo han hecho desde la transición de 1978 en este marco constitucional, porque les aboca a una crisis permanente sin instrumentos legitimados para el ejercicio de poder. El escándalo de la revisión de las decisiones judiciales por el Tribunal Supremo para adecuarlas a los intereses de la banca, el poder fáctico determinante del régimen del 78, ha rasgado todos los velos en este sentido y, como han señalado innumerables comentaristas, cuestiona su reclamada independencia para juzgar a los presos por el referéndum catalán del 1 de octubre.

Una respuesta gradualista a la crisis estructural

Súmese la crisis del bipartidismo, que impide la formación de mayorías parlamentarias estables desde 2015. La de una monarquía cuestionada, primero por los casos Urdangarín y Corinna y, tras la sucesión en el trono, por el discurso de Felipe VI justificando la represión en el 1 de octubre catalán. Y la perspectiva de una nueva recesión económica antes de que se haya restablecido el pacto social implícito en la forma de estado recordado por la heredera al trono hace unos días en su lectura del art. 1 de la Constitución de 1978. Un artículo cuyos tres puntos se han convertido en una contradicción per se.

Las encuestas (1 y 2) indican una importante recuperación del voto del PSOE tras la moción de censura, que le sitúa a cuatro puntos del PP y de Ciudadanos, pero gracias a un traspaso de votos de Unidos Podemos. La suma de los bloques de la derecha y la izquierda siguen, sin embargo, mostrando un empate que obligaría a contar con los votos de los partidos vascos y catalanes para formar gobierno o buscar la reedición de la coalición fracasada del PSOE y Ciudadanos, que por el momento no parece creíble. A pesar de ello, hay una mayoría de encuestados que preferirían la convocatoria anticipada de elecciones si se confirma la imposibilidad de aprobar los presupuestos de 2019.

La dirección de Podemos ha sabido tomar la iniciativa en las negociaciones para la moción de censura y los presupuestos del 2019. Pero no ha sido capaz de rentabilizarlo en sus expectativas de voto, proyectándose como una fuerza imprescindible, pero subordinada en la izquierda, sin cuestionar la disyuntiva en la que se encuentra el PSOE, para no poner en peligro las perspectivas de un gobierno de izquierdas que iniciase, desde una mayoría parlamentaria, el giro social posliberal y una nueva aproximación a la crisis constitucional en Catalunya que hasta ahora solo se anuncia sin posibilidades de concretarse. Una nueva correlación de fuerzas en el largo ciclo electoral de 2019 para hacer más posible esta perspectiva.

Daniel Raventós y Gustavo Buster son editores de Sin Permiso