El Ministerio de Defensa también da validez al gobierno de Franco desde 1936

  • En la España de hoy jueces y militares reconocen a Franco en 1936
  • Documentos oficiales del Ministerio de Defensa comparten la tesis del Tribunal Supremo

La sentencia del Tribunal Supremo que ha paralizado de forma cautelar la exhumación de Franco ha levantado estupor, no solamente por dar prioridad a los intereses de la familia del dictador frente a la voluntad del Parlamento español, sino por el fragmento de la resolución donde se afirma: "El hecho de que fuera jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975 atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales". 

Es decir, y tal como ha señalado la Asociación de Jueces para la Democracia, que ha calificado la afirmación de insólita, el Supremo considera a Franco jefe del Estado tres meses después del golpe de Estado y dos años y medio antes del fin de la guerra civil. La asociación recuerda que en esa fecha Franco era el máximo dirigente “de un aparato estatal de facto, surgido de la violencia, no sometido a la legalidad y no homologado en la comunidad internacional de su época” y que referirse a él como jefe del Estado supone una “falta de sensibilidad y de respeto hacia el principio democrático y el principio de legalidad”, por no hablar de un error histórico.

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denuncia que “la sala da legitimidad al golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y considera a un grupo de militares fascistas con capacidad para elegir quién era el Jefe del Estado cuando en ese momento en España era presidente del Gobierno Manuel Azaña, elegido democráticamente el 11 de mayo de 1936". En opinión de Emilio Silva Barrera, presidente de la ARMH, "hacer esa afirmación es como decir que el golpista Tejero fue durante unas horas presidente del Congreso de los Diputados o del Gobierno".

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Pues bien, no es solo nuestro máximo poder judicial el que legitima el golpe de Estado de Franco nombrándolo jefe de Estado antes de ganar la guerra, lo hace también el Ministerio de Defensa. En publicaciones oficiales este ministerio reconoce y da validez a medidas adoptadas por el bando golpista al poco de su sublevación, mientras España seguía gobernada por el legítimo gobierno de la II República.

El pasado año, con motivo del 175 aniversario de la bandera española, el Ministerio de Defensa publicó un libreto bajo el título de “Los símbolos del Estado español. La bandera. El escudo. El himno”. Fue editado y distribuido en papel de manera masiva por las unidades de las Fuerzas Armadas españolas  y actualmente se encuentra en formato digital alojado en la página oficial de publicaciones de Defensa.

Veamos cómo dice el Ministerio de Defensa que se aprueba la bandera nacional y el himno. Según afirma este documento, el “29 de agosto de 1936 se restablece la bandera bicolor, roja y gualda, como bandera de España”. Y lo explica así:

“Al estallar el alzamiento, el 18 de julio de 1936, entre las tropas sublevadas proliferaban diferentes banderas. Para evitarlo, el presidente de la Junta de Defensa Nacional, general Cabanellas, firmó un Decreto, el 29 de agosto de 1936, por el que se recuperó la bandera tradicional. En su artículo único dice: 'Se restablece la bandera bicolor, roja y gualda, como bandera de España'. En febrero de 1938, se dispuso que el escudo central fuera el de los Reyes Católicos colocado sobre el pecho de un águila negra y timbrado con una corona real abierta”.  

Y en cuanto al himno nacional, se señala que en “1937 se restituye la Marcha Granadera como himno nacional”. Y se detalla de esta forma:

“Durante la Guerra Civil, se restableció la Marcha Granadera como himno nacional, por Decreto del 27 de febrero de 1937, pero fue necesaria la publicación en el BOE de un nuevo decreto fechado el 17 de julio de 1942 para que se le diese cumplimiento”.

Efectivamente, no se dio cumplimiento hasta 1942 porque lo que considera el Ministerio de Defensa un Decreto “durante la guerra civil” era solo una norma resuelta por un grupo militar sublevado sin reconocimiento legal alguno ni dentro ni fuera de nuestras fronteras. El bando franquista en febrero de 1937 no emite decretos porque no es un gobierno son unos militares en un cuartel de provincias.

Es evidente que, tanto nuestro Tribunal Supremo como el Ejército y el Ministerio de Defensa, legitiman el golpe de Estado de Franco en la medida en que otorgan validez a los pronunciamientos del bando sublevado a los pocos meses de su insurrección, además de seguir utilizando el franquista término de “alzamiento” para referirse a un golpe de Estado. No debería rasgarse las vestiduras el gobierno español con la resolución del Supremo si la tesis de un Franco legitimado en 1936 también la difunde el gobierno a través del Ministerio de Defensa.  

Como no se pueden reconocer simultáneamente a dos gobiernos enfrentados en armas, nuestro máximo órgano judicial y nuestra institución militar no están reconociendo al gobierno de la Segunda República emanado de las urnas, Tampoco al presidente de la República, Manuel Azaña, ni al presidente del Gobierno, Largo Caballero, ni al Parlamento de entonces, todos ellos operativos todavía en Madrid. En aquellos meses del inicio de la guerra civil, solo el fascismo de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini reconocían a Franco, mientras la Sociedad de Naciones, la entidad antecedente de las Naciones Unidas, reconocía al gobierno republicano de Azaña como el legítimo.

Hoy, más de ochenta años después, nuestros máximos jueces y militares nos recuerdan que ellos se alinean con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Parece que sacar a Franco del Valle de los Caídos va a ser difícil, pero sacarlo del Tribunal Supremo y del Ministerio de Defensa lo va a ser más.