Los abogados de oficio de Madrid suspenden sus servicios

Soy letrada del Colegio de Abogados de Madrid, pertenezco al turno de oficio y cuando escribo estas líneas (jueves 19 de mayo, a las 21.00 horas) estoy de guardia. Me corresponde asistir a los imputados por violencia de género. Esta mañana a las 7 me han llamado del Colegio para designarme mi primer defendido: comisaría de Barrio del Pilar a las 9 horas. Tras tomar declaración al detenido y entrevistarme con él, voy a mi despacho. A las 11.30 recibo la siguiente llamada: debo asistir a un denunciado en el juzgado de violencia de género. A las 13.30 horas vuelvo a mi despacho. Por la tarde, a las 18.30 recibo la última llamada del día. Debo asistir a otro detenido en la Comisaría de Usera. Termino a las 20.00 horas.

Mañana celebraré dos juicios rápidos con los dos detenidos que asistí hoy en la comisaría. Uno de los juicios es a las 10, el otro a las 12. Si hay suerte (y en una guardia eso es difícil) a las 14.00 horas habré terminado. La Comunidad de Madrid me abonará los honorarios, que me corresponde percibir por esta guardia, en el mes de abril o mayo de 2012. E igual que yo, todos los compañeros que son letrados del turno de oficio de Madrid cobran sus actuaciones en el plazo de un año ó año y medio. Así viene siendo desde el año 2008 y así pretende la Comunidad de Madrid que continúe.

Por ello, el pasado martes, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid ha dicho basta a la desatención que sufrimos los abogados y ha decidido suspender las designaciones del turno de oficio, a partir del día 1 de junio, hasta que la Comunidad de Madrid nos dé una solución, no sólo a los retrasos de más de un año en los pagos, también a la congelación, desde el año 2003, de los baremos en los que se basa el pago de los emolumentos a los abogados de oficio. Sin embargo, la suspensión del servicio no afectará a la atención a los detenidos por delitos comunes, violencia de género ó en procedimientos de menores.

En diciembre de 2009, el decano, Antonio Hernández-Gil Alvarez Cienfuegos, compareció ante la Comisión de Justicia de la Asamblea de Madrid, para analizar los problemas de la justicia madrileña y entre ellos, los retrasos en el abono del turno de oficio, cuya demanda ha crecido en los dos últimos años debido a la crisis. La pérdida de empleo y la imposiblidad de pagar los préstamos hipotecarios han llevado a muchos madrileños en situación precaria a solicitar un letrado de oficio. Desde esa fecha se han sucedido las propuestas y contactos con la Consejería de Justicia para solucionar el pago de los honorarios a los abogados y evitar desembocar en esta situación. Ninguna respuesta se ha recibido por parte de la Administración.

El miércoles, en un programa de televisión, Esperanza Aguirre, al ser preguntada por el conflicto con los abogados, tergiversando la realidad, manifestó que la Justicia en España no era gratuita, que quien tuviera dinero debía pagar por ello y que por culpa del turno de oficio se estaba colapsando la justicia. No contó que el organismo encargado de certificar si una persona tiene o no patrimonio suficiente y, por tanto, si tiene derecho o no a la justicia gratuita, es la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, órgano dependiente de la Comunidad de Madrid, que lleva un retraso considerable a la hora de determinar la capacidad económica de los solicitantes. El Colegio está obligado a atender las peticiones y posteriormente la Comisión resuelve sobre la situación económica. Tampoco contó Esperanza Aguirre que el presupuesto de la Consejería de Justicia, para el pago de la asistencia jurídica gratuita, lleva congelado desde el año 2008  y que desde el 2004 siempre ha sido deficitario. Es decir, que el presupuesto de un año ni siquiera ha alcanzado el gasto real del ejercicio anterior, por tanto la situación no es nueva, simplemente no se considera primordial el derecho constitucional a la asistencia letrada y no se ha querido destinar más recursos.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid gastó más de cien millones en el proyecto abandonado de la Ciudad de la Justicia. Sólo la colocación de la primera piedra costó 1,4 millones de euros y cinco millones se destinaron a publicidad.  El presupuesto se disparó al encargar los edificios a prestigiosos arquitectos y al final la Comunidad achacó el abandono del proyecto a la llegada de la crisis. Con ese dinero tirado a la basura se cubría el presupuesto destinado al turno de oficio de los años 2008 a 2010.