Ojo al parche

La cosa parecía que estaba cantada. Mero trámite. Desde hace días corrían por las redacciones diversos borradores de la Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que este viernes sería refrendado por el Gobierno en Consejo de Ministros, unos borradores cuyo contenido no vincula inmediatamente lo pergeñado en la ley, ya que antes tiene que pasar por la comisión de subsecretarios, luego por Moncloa, y así hasta su aprobación definitiva. Cosa cantada, se suponía. Y además sin sorpresas. Las hubo. El Consejo de Ministros, al final, no ha podido llevar la Reforma a trámite porque el Ministerio ha reculado. Algo se intuía: días antes del viernes, que es cuando se reúne el Consejo de Ministros, no hubo diario que no informara del contenido del a reforma.Cabe preguntarse si ese mero trámite en realidad se quería que fuera así.

José María Lassalle lo apuntó esta semana en el Congreso: la futura Ley de Propiedad Intelectual, que es una necesidad, va a tener que retrasarse y en su lugar el Gobierno, mediante estudios que se supone concienzudos, enmendará algunas de las ya existentes en la antigua Ley. Parece como si el Ministerio, por boca del secretario de Estado de Cultura, estuviese obsesionado con lo que considera su gran aportación de esta legislatura a la cultura patria, su proyecto estrella, es decir, la Ley de Mecenazgo y su gran invención: las  pequeñas dádivas que podrá realizar cualquier ciudadano y que serán deducidas de los impuestos -puede haber aportaciones de menos de 200 euros-, que el Ministerio del que es titular el  inefable Cristóbal Montoro no ve con buenos ojos y presiona desde hace algún tiempo para que la cosa no se lleve  a cabo, temiendo -optimismo inconmensurable de Montoro- también de Lassalle, pero por razones opuestas, que esas aportaciones mermen a Hacienda y llenen los fondos escuetos de las instituciones que se beneficiarían de la cosa. Ahora, según el secretario de Estado, las discusiones con Hacienda, que llevan meses, se han inclinado a una especie de consenso entre los intereses de ambos ministerios que hizo que Lassalle se sintiera incluso un tanto eufórico dentro de la reserva usual.

La Ley de Mecenazgo, pues, genera unas ansiedades cuyo resultado es que no terminan abordándose otras cuestiones igualmente importantes, como la Ley de Propiedad Intelectual, quizá porque se espere a la que se proyecta en la UE y que está en curso de estudio. Por lo pronto esta reforma es un parche, en algunas cuestiones de carácter ominoso, sin que en el fondo se resuelva algunas cuestiones. Supongo que lo que ha movido al Ministerio a tramitar esta reforma haya sido la presión del Gobierno norteamericano mediante la amenaza de que España pueda volver a ingresar en la lista 301, donde se incluyen los países con mayor índice de piratería. En una palabra, entrar a saco en la Comisión de Propiedad Intelectual, instrumento sobre el que se asienta la Ley Sinde y que no ha dado los resultados que se esperaba. También, cómo no, la regulación de ciertos aspectos de la gestión de las entidades culturales, como la SGAE, para que no se produzcan en un futuro las sonrojantes noticias que tuvimos hace unos meses. Una política, en fin, de palo y zanahoria, que no contenta  a nadie porque no profundiza en ninguno de los graves problemas que atenazan hoy día al mundo de la cultura y que no se pueden resolver con parches mediante vías de urgencia que a nadie urgen después de conocer el contenido de tales reformas parciales.

Cuando desde la prensa norteamericana se alerta de que España es el país de Occidente donde es más fácil blanquear dinero, parece que importe mucho más la denostada piratería, que, no nos engañemos, perjudica sobre todo a los contenidos venidos del mundo anglosajón. Este Gobierno quiere acabar con la costumbre, presente en el imaginario del español medio, de que la cultura es gratis. Cosa loable. Pero para ello ha pergeñado una revisión del apartado 2 del artículo 31 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, por el que “las reproducciones que se realicen en soportes que no sean propiedad del usuario, que no hayan sido adquiridas por contraventa comercial y mediante comunicación pública, devienen ilícitas y no podrán ser objeto de compensación equitativa”, que es claramente regresiva para el consumidor. Tanto que es hasta más restrictiva que la vigente ahora en Reino Unido que tuvo que declarar hace dos años legal la copia privada.

Todo esto parece estar en contradicción con lo que dijo Teresa Lizaranzu, presidenta de la  Comisión de Propiedad Intelectual hace unas semanas, cuando afirmó, preguntada por los periodistas sobre la futura reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que el Gobierno “no pretende criminalizar al consumidor”. En una palabra, el Gobierno criminaliza al consumidor que realice una copia privada y no a las empresas que descargan ilegalmente. De ahí que, de ponernos con la ley en la mano, yo no podría dejar un cedé a un amigo para haga una copia del contenido porque podría ser un delito.

La Comisión de subsecretarios también dio luz verde esta semana al Estatuto del Centro Nacional de Arte Reina Sofía, que junto a la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual es la partida que tenía que aprobar el Consejo de Ministros en lo referente a Cultura. Trata este Estatuto de otorgar una autonomía  a la entidad similar a la del Museo del Prado en lo referente a muchos aspectos, como contrataciones, en la que tenían menos libertad de acción.

Las reacciones de las entidades de gestión cultural no se han hecho esperar. El jueves  mismo, cuando se dio a conocer el borrador del proyecto de reforma, la SGAE, CEDRO, AGEDI y AIE, asociadas al Instituto IBERCREA, han remitido una carta al ministro José Ignacio Wert, al que se le pide que paralice la tramitación de ese proyecto de reforma. Y se le pide justo en lo que a la regulación de las entidades de gestión se refiere, donde se determinan, por ejemplo, funciones de control y el incremento o no de las tarifas. Para estas entidades, a las que respaldan un millón de titulares de derechos, el proyecto va a retraer el peso del sector cultural en el PIB, lo que es un suicidio, además de traicionar el espíritu de consenso y diálogo que debe animar a todas las partes en juego. Para estas entidades, repito, todo esto se ha hecho  “a espaldas del mundo de la cultura y con ausencia absoluta de diálogo”. Otro desatino. Uno más en la larga lista que agravios que ha soportado el mundo de la cultura durante los últimos meses. Cabría preguntarse para qué.

No par aquí la cosa.La AEDE, que agrupa a los Editores de Diarios Españoles, denunció el viernes que habían quedado excluidos de las consultas para pergeñar la futura norma. Los diarios digitales, por ejemplo, pidieron que la reproducción de sus contenidos tenga que pasar por un permiso de los editores y piden ser remunerados por ello. Una contradicción brutal y un poco espesa de un Gobierno al que se le llena la boca de apoyar con vehemencia cualquier tipo de nueva tecnología en lo referente a la comunicación mientras deja sin protección jurídica a quienes la hacen. Algo que choca con la protección especial de que gozan en otros países de Europa, en especial, Alemania.

Tal rosario de desatinos ha hecho que el Ministerio recule, por ahora. En realidad no significa nada. El problema radica en ellos mismos.