Huelga de siete días en Canal+ en una semana clave en lo deportivo

(Actualización de las 18.00 horas con los últimos datos del desarrollo de la huelga)

El seguimiento de la huelga, según el comité de empresa, está siendo muy elevado en los departamentos clave: prácticamente del 100% en el departamento técnico, de programación, producción propia o deportes y mucho más bajo en marketing, financiero o recursos humanos.  A pesar del gran seguimiento, no se ha conseguido paralizar la emisión debido a la contratación de personal de empresas de trabajo temporal o a la asignación a trabajadores que no han secundado la huelga de funciones que no les corresponden.

Así, los trabajadores procederán a denunciar que el realizador de los partidos de la NBA, que estaba de huelga, fue sustituido por otro, que no estaba de huelga, o que el plató del Día del Fútbol se replicara en otro estudio más pequeño y escondido, para burlar la jornada de paro. Como la empresa preveía esta situación, ha subcontratado toda la emisión de las corridas de la Feria de San Isidro con otra empresa.

Esta mañana los trabajadores en huelga han sido desalojados por la Guardia Civil del centro de trabajo de Tres Cantos, donde pretendían celebrar una asamblea.

La huelga de siete días en Canal + comenzó a las 0:00 horas del lunes. Los abonados de la cadena -si nadie lo remedia- pueden perderse los finales de Conferencia de la NBA, los partidos de la jornada de liga de fútbol BBVA, (que esta semana se juegan todos el domingo) la primera semana del torneo de Roland Garros o la feria de San Isidro.

La huelga es la última medida de los trabajadores frente al intento de la empresa de borrar de golpe todos los beneficios existentes en el convenio colectivo, cuya renovación se está negociando, aprovechando la situación de privilegio que le otorga la reforma laboral. El mes pasado ya se produjeron paros parciales y las posiciones entre las partes están totalmente enfrentadas.

El próximo 8 de julio pierden su vigencia todos aquellos convenios colectivos que hubieran caducado tras la entrada en vigor de la reforma laboral y que no hayan sido renovados, como es el caso de DTS. La pérdida de vigencia supone que las relaciones entre empresa y trabajadores pasan a estar reguladas por el convenio del sector, aunque para la empresa que explota Canal+ no existe ese convenio, con lo que surge la duda de si se aplicaría directamente el Estatuto de los Trabajadores.

Ante la premura de los plazos, la empresa juega con ventaja y plantea sus exigencias: reducción salarial en torno a un 7%, el equivalente más o menos de una paga extra y la modificación de la estructura salarial del convenio -formada de salario base y complementos-  con la supresión de los conceptos variables en nómina, lo que podría suponer en algunos casos una reducción salarial del 30% y la pérdida de compensación por determinadas condiciones de trabajo, como la nocturnidad, el trabajo en fin de semana, la rotación de turnos o el trabajo en días especiales, como en Navidad.

La plantilla se ha negado a aceptar estas condiciones que considera abusivas e injustas, porque no hay razones económicas que justifiquen semejante pérdida de poder adquisitivo.  En el año 2012 PrisaTv obtuvo 52 millones de Euros de beneficio. Aunque el primer trimestre de este año el resultado es negativo, la renegociación de los contratos de fútbol, que los trabajadores saben que se está realizando, mejorará los resultados en los siguientes trimestres. Por otro lado, el recorte pretendido en los gastos de personal aportaría únicamente un 0.2% a los gastos generales de la empresa y ello porque la diferencia entre los salarios de convenio y los de los directivos, provoca que el 30% del gasto salarial lo genere el 16% de personal (los directivos fuera de convenio) mientras el 84% de la plantilla genera el 70% de gasto (ver gráfico).

Más grave aún es que la empresa ha anunciado reparto de bonus entre los directivos de DTS, que se incrementan respecto a los del año pasado, mientras al resto de la plantilla le exigen sacrificios, a lo que se une el anuncio de reparto de dividendos del consejo de administración del grupo PRISA. Uno de los puntos del orden del día que se discutirán en la junta general de accionistas es el reparto de 28 millones entre bonus y acciones, entre unos cien directivos.

Otro de los temores que albergan los trabajadores es que la rebaja de los conceptos salariales en convenio no busque únicamente ahorro para la empresa -que como ya hemos dicho no es significativa- sino que se pretenda la venta de la empresa, con un gasto en personal más bajo que la haga atractiva a los posibles compradores.

Así que los trabajadores deben elegir entre la pérdida económica ya explicada o que su convenio, que contiene  derechos adquiridos desde hace 23 años, desaparezca de golpe.  Por supuesto que son unos derechos a los que los trabajadores no quieren renunciar: compensación por la empresa del 100% de bajas médicas; jornada laboral de 37 horas, distribución de jornada intensiva en verano, conciliación de la vida laboral y familiar, ampliación de permisos por nacimiento de hijos, fallecimiento o enfermedad de familiares o ampliación de permisos por maternidad, entre otras.

La plantilla tiene otra baza favorable, que es una sentencia que les reconoce el cobro del incremento del IPC del año 2012. Los trabajadores han ofrecido relajar el cobro de esas cantidades, si finalmente la confirma el Tribunal Supremo, a cambio de mejoras en las condiciones que la empresa propone, pero ésta les ha dicho que la renuncia a esas cantidades es condición indispensable para la negociación. Tampoco ha aceptado la dirección acogerse al acuerdo alcanzado entre la patronal y los sindicatos a nivel nacional, sobre la prórroga de seis meses más para los convenios que se estén negociando. Las posiciones están totalmente distanciadas

Desde la representación de los trabajadores se espera un seguimiento muy elevado de la huelga, por lo que está en juego para los trabajadores y ha anunciado que denunciará cualquier intento de la empresa de sabotearla, con contratación de personal de agencias de colocación o con presiones a los trabajadores para que acudan a trabajar.