El anteproyecto de la Ley de Propiedad Intelectual que ha pergeñado el gobierno y que tendrá luz verde en algún Consejo de Ministros a celebrar el próximo mes de enero no frena su meteórica ascensión de objeto controvertido. Primero fue el Consejo de Estado el que, como órgano consultivo, realizó un informe el 4 de diciembre que, según el PSOE, contiene reprimendas serias al anteproyecto y que, según el ministro José Ignacio Wert, que presidió este martes 16 la Conferencia sectorial de Cultura –una reunión de carácter ordinario con las CCAA para gestionar y coordinar las políticas culturales y en las que tres de ellas , País Vasco, Cataluña y Andalucía, han pedido al ministro la reducción del IVA cultural del 21%–, no tiene razón de ser.
En esta Conferencia Sectorial, el ministro ha opinado sobre el anteproyecto de la Ley de Propiedad intelectual y ha afirmado que el informe del Consejo de Estado “no contiene observaciones de carácter esencial” sobre el anteproyecto, y que no pone en cuestión la constitucionalidad de las medidas que se van a adoptar. Acabáramos.
Sin embargo, Wert, en contra de lo que nos tiene acostumbrados en otros sectores –¿hace falta que nos refiramos a la Educación?–, se mostró más dialogante, sobre todo con el informe del Consejo de Estado, del que ha dicho que “contiene tratamientos alternativos a tener en cuenta”, sin duda refiriéndose a la lucha contra las infracciones a través de la Comisión de la Ley de Propiedad Intelectual.
Pero el ministro Wert no ha desaprovechado la ocasión para minimizar el impacto del IVA cultural, verdadera espada de Damocles de la producción cultural española, salvo, lo hemos repetido muchas veces, la industria del libro en papel. Por lo pronto, ante la reducción del gasto en las familias del 3,1% en 2007 al 2,6 actual, lo achaca a una regulación con la contracción efectuada en otros ámbitos como alimentación, vestido o gastos generales de consumo. La normalidad restrictiva como norma establecida y si, además, pone el énfasis en que la reducción ha sido en lo que denomina hardware, ¡ qué moderno!, es decir, utensilios de soporte, como instrumentos de grabación y reproducción, la ambigüedad en esta materia está servida.
El ministro otorga una importancia extrema respecto a la cultura al gasto del turismo cultural que supone un 14% de los viajes nacionales o el 17% de las visitas turísticas de extranjeros, con 8 millones de desplazamientos, es decir, turismo y cultura van de la mano, dando de lado, por supuesto, la producción cultural, que es lo importante. La Conferencia Sectorial ha finalizado con un himno al ánimo, es decir, que las Administraciones locales se inscriban en el plan PLATEA, para animar a los teatros municipales con una dotación de 6 millones de euros, la cifra marea por su raquitismo, y, por otro lado, se ha mostrado muy moderno como con lo del hardware, al afirmar que el Ministerio ofrece un servicio de plataforma tecnológica que será gestionada por las Administraciones autonómicas con vistas a regular el préstamo de libros electrónicos en la Red de bibliotecas públicas.
Casi al mismo tiempo , en Madrid se ha celebrado estos días la reunión bianual que realiza la CISAC, la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, que reúne a 227 entidades de gestión mundiales,, representando a 120 países, y que consta de unos 3 millones de creadores de diversos ámbitos, en especial el de literatura, artes escénicas y música. El francés Olivier Hinnewinkel es el presidente de la entidad y ha realizado algunas críticas sobre el anteproyecto del Gobierno sin cortarse un pelo ante la mala gestión de la SGAE, a la que, sin decirlo explicitamente, ha acusado de cierta prepotencia y una tendencia a imponer sus propias reglas sin tener en cuenta el consejo de órganos foráneos.
La CISAC actúa, según Hinnewinkel, como un lobby de presión hacia los políticos europeos con vistas a modificar ciertas leyes de las administraciones públicas cuando perjudican la gestión de las entidades que representa. Como excelente gestor, Hinnewickel se muestra preocupado con el anteproyecto defendido a medias por el propio ministro y ha llegado al extremo de afirmar que con esa Ley España “perdería el 95% del derecho de sus obras”, con lo que el declive de la industria cultural española entraría en una pendiente irrecuperable ya que “ no imagina que haría España sin sus músicos, sus pintores, sin su cine”, y que lo que tendría que hacer el Gobierno es fomentar la competitividad con ayudas, no restringiéndolas, ya que así no se fomenta el que se genere riqueza.
Para Hinnewinkel el proceso que lleva el Gobierno con la nueva Ley respecto a dotar de una mayor competitividad a las entidades de gestión es un error, ya que si por un lado quiere la caída de la SGAE como monopolio, lo que hace es disgregar los centros de gestión en un caos que tiene poca salida. Para Hinnewickel lo ideal es que cada sector tuviera una entidad de gestión propia, que, por otra parte, serían las que promulgarían precio de tarifas, es decir, serían dueñas de unas reglas de funcionamiento que el anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectual parece no cumplir al dotar de poder al Gobierno en estas materias.
La CISAC es el organismo de gestión de derechos de autor más importante del mundo, y el director general es ahora Olivier Hinnewinkel, pero por su presidencia ha pasado figuras como Robin Gibb, sí, el componente de The Bee Gees, que todavía sigue manteniendo la presidencia, o Hervé di Rosa, el pintor. Realiza sesiones bianuales en tres idiomas, inglés, francés y español. De las 232 entidades de gestión que representa, 101 son europeas, 49 de América Latina, 34 de África, 19 en Norteamérica y 29 en Asia y su mayor compromiso es defender los derechos de autor en cualquier parte del mundo.
Hinnewinkel pasó por Madrid y criticó la gestión de la SGAE cuando Teddy Bautista era su presidente, lo que no es difícil, aunque se mostró más conciliador con la nueva gestión de la entidad -estuvo en la reunión donde la nueva presidenta, Natalia Garzón presentó un plan de transparencia de la SGAE y se dio a conocer que ella sería miembro del Consejo director de la CISAC- cree que en el fondo la nueva Ley de Propiedad Intelectual del Gobierno español es un desastre. Una vez más surge la inevitable pregunta un tanto inquietante, ¿por qué ser tan inoperante por parte de los responsables de Cultura ante una Ley de tal calado?
Mientras el ministro nos ofrece pases de prestidigitación estudiados, para que miremos el dedo y no la Luna, en metáfora repetida por los medios hasta la exasperación.
Y, entonces, intuimos que a esta Ley le puede pasar lo que a la futura Ley de Educación, que se revoque si cambia el color del Gobierno en las próximas elecciones. Una vez más, años tirados a la basura. El tancredismo, esa enfermedad crónica de España. Sirva en honor de José Bergamín.