¿Qué pasa en el Grupo Prisa?

El grupo Prisa, el que fuera el conglomerado de medios de comunicación más importante de España, estandarte de todos los valores y defensor de las libertades no gana para susto. No hay una semana que, por asuntos internos, no aparezca en algún medio.

La próxima semana, las plantillas de las emisoras de la cadena Ser votarán si ratifican el preacuerdo de convenio colectivo firmado el pasado jueves entre la dirección y los comités de empresa. En la parte económica, se plantea una bajada de salarios del 4% y su congelación durante los tres años del convenio. También se congelará durante el mismo tiempo, la antigüedad. La bajada real del salario llegará hasta el 7%, pues los trabajadores deben renunciar además a los atrasos de IPC de dos ejercicios que ganaron en los tribunales y que representan alrededor de un tres por ciento de salario.

Como contrapartida a esa pérdida económica, la empresa no garantiza el empleo, sólo manifiesta  su voluntad de no acometer despidos colectivos y a reunirse con el comité antes de iniciar cualquier proceso. Eso sí, ha amenazado que si la plantilla no ratifica la bajada de salario, se producirá un ERE que puede afectar hasta a 300 personas. La dirección argumenta que también los directivos se han bajado el salario y los bonus y que, a pesar del repunte de ingresos a finales del año pasado, 2014 ha empezado muy mal, aunque no han acreditado ante el comité pérdidas ciertas.

Esta pasada semana también le tocó el turno a Ediciones El País. La empresa ha presentado una solicitud en el servicio de mediación, previa a la presentación de una demanda de conflicto colectivo. Con ella pretenden suplantar la actuación de los tribunales y que la Audiencia Nacional interprete el alcance del acuerdo que firmó con el comité de empresa, que supuso la retirada de la demanda de despido colectivo hace un año.

El comité de empresa ha contestado al organismo mediador que no existe ningún conflicto entre la empresa y los trabajadores sino un conflicto de la empresa con los despedidos en el ERE de 2012 y que por tanto se anule el procedimiento de mediación.

En enero de 2013,  Ediciones El País y el comité de empresa homologaron judicialmente un acuerdo, ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional para que los representantes de los trabajadores retiraran la demanda colectiva contra el ERE, que dejó en la calle a 129 trabajadores. En el acuerdo, el comité reconocía que existían las causas económicas y productivas alegadas por la empresa, mientras ésta se comprometía a aumentar las indemnizaciones -a 38 días- , abrir un plazo de adscripción voluntaria de nuevos trabajadores y mejorar las prejubilaciones. El acuerdo no cerraba la puerta a las demandas individuales de los trabajadores.

Más de setenta trabajadores demandaron a la empresa. Además de las causas concretas que cada uno pudiera alegar, hubo una que fue unánime: la empresa debía pagarles 45 días por año trabajado pues seguía vigente el acuerdo que el Grupo Prisa firmó en 2011, acuerdo que fue pactado entre la empresa y los representantes de los trabajadores con valor de convenio colectivo.

A pesar de que algunas sentencias dieron en principio la razón a Ediciones El País y concluyeron que la indemnización recogida en la conciliación judicial era la que debía percibir cada trabajador, una reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid establece que, aunque el despido es procedente, la indemnización que debe percibir el trabajador no es la fijada en la conciliación judicial sino la que firmó todo el grupo Prisa en el año 2011, que la establecía en 45 días por año con el tope de 42 mensualidades. Esta sentencia ha sido recurrida por la empresa ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado sobre su admisión. Si el resto de recursos siguen el mismo camino, Ediciones El País tendrá que abonar unas indemnizaciones muy superiores, en algunos casos, a las recogidas en el acuerdo, por eso pretenden que la Audiencia Nacional establezca que ese acuerdo es el válido para las indemnizaciones.

De las más de 70 demandas presentadas, unas treinta terminaron en acuerdo extrajudicial, algunas porque el trabajador alegaba que, tras ser despedido, su puesto había sido cubierto por un trabajador autónomo. Unas veinticinco sentencias han sido favorables a los trabajadores y ocho a la empresa. En cualquier caso, la sentencia del TSJ antes referida, actuará como referente en los recursos que se resuelvan.

El nombramiento de Antonio Caño, como nuevo director de El País, tampoco ha estado exento de polémica. Se tuvo que hacer público antes de tiempo, al enviar éste un correo electrónico a Juan Luis Cebrián, informando de los cambios que él entendía necesarios en el diario y que fue remitido, por error, también a otros directivos y periodistas .

A pesar de ser un periodista veterano, el nuevo director no cuenta con el favor unánime de la redacción. En la votación celebrada entre la plantilla obtuvo el menor porcentaje de apoyo de todos los directores (43%). El nombramiento de David Alandete, como director adjunto, tampoco parece que haya satisfecho a la redacción, pues siempre ha sido corresponsal y no ha tenido contacto con el día a día del diario.