Los trabajadores de RTVV se sienten utilizados por el Gobierno valenciano

El pasado viernes los extrabajadores de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) se concentraban en la Plaza Manises, en Valencia, como vienen haciendo todas las semanas desde que fueron despedidos. Sin embargo, este viernes era distinto; se cumplían dos años de los despidos y a la mayoría de ellos se les termina la prestación por desempleo. "Los políticos se han dedicado a utilizarnos y a prometer cosas que no han cumplido" explica a cuartopoder.es un miembro del Comité de Empresa. "Desde hace dos meses no se reúnen con nosotros y no aceptan ninguna de las propuestas que les hacemos".

Los trabajadores creyeron que para la reapertura de la televisión autonómica se contaría con ellos, paliando así los despidos que consideran a todas luces injustos. La redacción de la proposición de ley que servirá para la puesta en servicio de la nueva televisión se hizo por el grupo de Podemos en las Corts e incluye una disposición transitoria en la que se establece que, para la provisión de puestos de trabajo que coincidan con otros que hubiesen existido en la extinta RTVV, se deberá tener "en especial consideración" la experiencia de quienes hubiesen prestado servicios en aquella y que hubieran superado pruebas selectivas, pudiendo exonerarles de realizar algunos ejercicios en las pruebas de acceso.

Sin embargo, parece que la nueva ley de la televisión valenciana, que se aprobará el próximo 20 de julio, no les concederá ningún privilegio frente a otros profesionales.

Desde Presidencia de la Generalitat pidieron al Consell Jurídic Consultiu (CJC) un dictamen sobre la legalidad de la Proposición de Ley y el Consell ha recomendado que se suprima la expresión "especial consideración" por su carácter subjetivo e impreciso y que se excluya la exoneración a los antiguos trabajadores de realizar algunos ejercicios de acceso porque podría ser contrario a los principios legales de igualdad, mérito y capacidad.

"No es normal que desde Presidencia se solicite un informe jurídico al Consell antes de aprobar una proposición de ley", explican desde el Comité de Empresa. "El Consell es un órgano creado por el PP para justificar las atrocidades que hacía; está formado por 7 personas, cinco han sido nombradas por el PP y Francisco Camps es consejero nato. No van a desdecirse de un ERE de cierre con el que estuvieron de acuerdo", afirman.

Ahora se abre el período de enmiendas que modificarán la ley y los trabajadores se temen que, además de tener que acudir a una prueba selectiva con otros profesionales, no tendrán ningún derecho adquirido ni se tendrá en cuenta su antigüedad. "Es injusto que tengamos que volver a examinarnos para recuperar nuestros puestos de trabajo. Sabemos que todos no podemos volver,  lo que pedimos es que se reintegre a los trabajadores que se acuerde, siguiendo los criterios de haber aprobado proceso selectivo y antigüedad", explican.

Desde Presidencia dan una versión distinta de la situación. "El ERE de cierre se firmó con los trabajadores y se les abonaron las indemnizaciones pactadas. Cuando llega el nuevo gobierno, una de las partes que firmó ese acuerdo, que son los trabajadores, ya no existe. No quedaba ningún trabajador que pudiera ser interlocutor y entonces la Generalitat no puede echar atrás unilateralmente un acuerdo firmado entre dos partes", explican.

Sin embargo, no niegan categóricamente que los extrabajadores de RTVV vuelvan a entrar. "El texto de la ley no se ha debatido todavía en el pleno. Falta la presentación de enmiendas y que se aprueben, los trabajadores pueden solicitar ser oídos por el Parlamento y después el día 20 saldrá el texto definitivo", continúan las mismas fuentes. "Una vez se haya aprobado la ley, se tendrán que celebrar los procesos selectivos que, como el propio dictamen del CJC expresaba, podrán valorar los méritos de los aspirantes de manera proporcionada", concluyen.

Desde la parte social desmienten las afirmaciones de Presidencia. "Las salidas de los trabajadores se prolongaron hasta el 30 de junio de 2015, cuando ya había entrado el nuevo Gobierno. Les pedimos que paralizaran el ERE y que readmitieran a la mitad de la plantilla porque la empresa no había desaparecido, estaba en liquidación, pero no quisieron."

Demanda ante la Audiencia Nacional

Otra de las causas para no llegar a un acuerdo es, según la Generalitat,  la demanda interpuesta ante la Audiencia Nacional por CGT, uno de los sindicatos miembros del Comité de Empresa. "A pesar de que los trabajadores firmaron el acuerdo de cierre, CGT ha interpuesto una demanda contra el ERE que se verá ante la Audiencia Nacional." Aunque el signo político del Gobierno ha cambiado, defenderán la legalidad del cierre. "El procedimiento está a cargo de Abogacía de la Generalitat, que debe defender la postura del Ejecutivo. La Administración no puede cambiar de criterio porque cambie el Gobierno" manifiestan.

Tampoco consideran necesario esperar la resolución de ese procedimiento para crear la nueva televisión. "El Gobierno tiene que respetar la seguridad jurídica, no puedes parar el procedimiento a expensas de que se pronuncie un tribunal".

Sin embargo, desde CGT no están de acuerdo con esa versión. El sindicato interpuso la demanda pero la retiraría si hubiera acuerdo. "Creíamos que las cosas iban a ser distintas; cuando estaban en la oposición siempre nos habían apoyado, ahora somos un problema. Sólo queremos recuperar nuestros puestos de trabajo, que no es un privilegio sino un derecho y no tendríamos problema en retirar la demanda".

Incluso hacen números de lo que costaría que la demanda prosperase. "Hicimos un cálculo hasta el 1 de marzo de 2016, que cifraba en medio millón de euros recuperar a la mitad de la plantilla, mediante un acuerdo. Naturalmente ese coste aumenta a medida que pasa el tiempo", explican. "Por otro lado, si la demanda prosperase y declarasen nulo el cierre de RTVV,  podríamos hablar de 150 o 200 millones que costaría a la ciudadanía no haber alcanzado un acuerdo con los extrabajadores", concluyen.