Ley de Costas: Greenpeace y el honor de Cospedal se verán en los tribunales
Los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha están preparando una demanda contra Greenpeace por vulnerar el derecho al honor de la presidenta autonómica María Dolores de Cospedal. La organización ecologista denunció a finales de 2012 que el proyecto de Ley de Costas elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente esconde un pelotazo urbanístico diseñado para beneficiar a empresas y particulares vinculados al Partido Popular. Entre ellos, el marido de Cospedal, el empresario y constructor Ignacio López del Hierro. La demanda todavía no ha llegado a la sede verde, pero se la espera. “Una demanda de este tipo puede tardar semanas, e incluso meses, en elaborarse”, señalan los portavoces de Greenpeace.
Para los ecologistas, ya es de por sí denunciable que el programa electoral que aupó al PP al gobierno en 2011 no incluyera tocar una Ley de Costas española ya bastante permisiva. Sin dejar de ser objetivos, se puede decir que la futura normativa es un atentado medioambiental: reduce el dominio público costero de 100 a 20 metros. Esto es, el Gobierno podrá dar en concesión terrenos a pie de playa, en los que se permitiría construir dejando solo liberada una distancia inferior a una pista de tenis entre el ladrillo y las olas. Greenpeace no solo observa pelotazo, sino también irresponsabilidad: el nivel del mar seguirá subiendo y estás construcciones estarían demasiado expuestas a la previsible venganza del océano, con el consiguiente riesgo de vidas humanas.
El informe elaborado por Greenpeace no solo alude al marido de Cospedal, miembro del consejo de administración de Metrovacesa, vicepresidente de la constructora Bami, consejero de la inmobiliaria Gecina y, ya solo a título informativo para recalcar la capacidad de trabajo de López del Hierro, consejero de la tecnológica Avanzit.
El ex ministro (1996-2000) de Asuntos Exteriores y ex jugador del RCD Español, Abel Matutes, también se encuentra entre los posibles beneficiarios de la nueva ley, por su participación en la salinera Cupimar de la Bahía de Cádiz, de un criadero de marisco en el espacio Red Natura de la Ría de Arousa, y de Marinos Pitiusos, que posee los islotes de Ibiza (reserva natural).
Otros nombres: el ex presidente de Baleares Gabriel Cañellas; el ex ministro de Hacienda predemocrático Juan Miguel Villar Mir (que aparece como benefactor del PP en la libreta de Bárcenas); la secretaria de Agricultura y Alimentación Isabel García Tejería (ex directora de Fertiberia); Modesto Piñeiro y su hermano Gonzalo, ex senador y ex alcalde popular de Santander; y Juan Bautista Soler (ex presidente del Valencia) y Joaquín Rivero, socios del marido de Cospedal en la empresa Bami. De cuyo consejo de administración, recuerda Greenpeace, formó parte el ministro Miguel Arias Cañete hasta su jura de cargo en 2012. Otras paradojas del titular de la cartera de Medio Ambiente: posee acciones en dos compañías petroleras, lo que escandaliza a los ecologistas y así lo hacen constar en su texto.
España es el país europeo con el litoral más degradado, con más de 10.000 viviendas ilegales y 1.700 instalaciones industriales en litoral público. Ahora, esta “privatización encubierta” (como la calificaron PSOE, IU y UPyD), permitirá a particulares, constructoras, hosteleros y hoteleros obtener concesiones de hasta 75 años (hasta la fecha el límite estaba en 35).
Los tribunales no solo dirimirán si Greenpeace atentó contra el honor de Cospedal anticipando que su marido será uno de los beneficiarios de esta nueva ley. El artículo 132 de nuestra Carta Magna da pie a recurrir el proyecto ante el Tribunal Constitucional:
1.- La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.
Desafectar, según la RAE: “Declarar formal o tácitamente que un bien de dominio público queda desvinculado de uso o servicio público”.
Neptuno sueña con ver a los jueces en bañador dirimiendo esta Ley de Costas.
Más que la denuncia en sí, que no hace más que confirmar la calaña del personaje, lo realmente acojonante del asunto es que Cospedal utilice los servicios jurídicos de la Junta de Castilla-La Mancha para defender sus intereses particulares, no los de la comunidad. ¿Es el honor de los ciudadanos de C-LM el que se ha visto presuntamente agredido por la denuncia de Greenpeace? Me pregunto hasta qué punto los servicios jurídicos de la Junta tienen por qué seguir la orden de la presidenta, que es una prevaricación de libro, y a qué esperan la fiscalía y la oposición para denunciarla.
¿PARA QUÉ NOS SIRVE A LOS ESPAÑOLES TENER UNA CONSTITUCIÓN? Si la ley de costas consigue el extraordinario record de vulnerar 4 artículos de la Constitución española en uno solo de sus artículos. El art. 8 de la ley de costas 22/1988 vulnera los siguientes artículos de la Constitución: el art. 9.3 por retroactiva, por no respetar la seguridad jurídica y por el poder arbitrario que otorga a los funcionarios de costas; art. 10.2 por no respetar los Derechos Humanos ni el Tratado de la Unión Europea; el art. 33 por no respetar la propiedad privada y el art. 132.1 que dice: ¡La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público! y por lo tanto ha de respetar todos y cada uno de los artículos de la Constitución, cosa que evidentemente no hace el citado art. 8 de la ley 22/1988.
ARTÍCULO 8 de ley de Costas 22/1988: No se admitirán más derechos que los de uso y aprovechamiento adquiridos de acuerdo con la presente Ley, careciendo de todo valor obstativo frente al dominio público las detentaciones privadas, por prolongadas que sean en el tiempo y aunque aparezcan amparadas por asientos del Registro de la Propiedad
La bolchevique ley de costas es un inmenso pelotazo urbanístico, solo sirve para impedir el desarrollo económico y destruir la costa y el medioambiente, cuando la ley 22/88 entro en vigor, el 30% de la costa española todavía era virgen y hoy solo nos queda un mísero 10%, PARA ESO HA SERVIDO LA LEY DE COSTAS. El Algarrobico es un claro ejemplo del resultado del poder arbitrario que la ley de costas otorga a los funcionarios de costas.
ES INCREÍBLE QUE EXISTA GENTE CAPAZ DE AFIRMAR QUE LA LEY DE COSTAS 22/88 NO ES TOTALMENTE ARBITRARIA. La urbanización de Santa Margarita construida sobre una finca de más 800 hectáreas que había pertenecido desde el siglo X a los Benedictinos y que durante la desamortización de Mendizábal, el Estado español se la vendió a Fernando Arrola por 14500 reales, dispuso de uno de los primeros planes urbanísticos de España, (aprobado en 1960) de acuerdo con la ley de 1957. En 1964 su costa fue deslindada con una poligonal que va del mojón 1 al 20, entre la poligonal que cruza el rio Muga y el mar existe una maga (Gola) y una anchísima playa cuya propiedad le fue reconocida al promotor por Estado en 1966, pero sin dejar de ser dominio público en cuanto a servidumbres. Los funcionarios de Costas autorizaron la construcción de miles de viviendas y hoteles sobre esta franja de dominio público muchos de los cuales incumplen incluso la normativa urbanística de la urbanización. En 2011 costas trasladó los mojones del 1 al 11 al borde del mar para desafectar y legalizar lo construido sobre dominio público (BOE 20 de junio de 2011 P69359) a pesar de haber confirmado una y otra vez el deslinde de 1964 (1971, 1987, 1994 y 1997). En 2010 Costas se inventó un nuevo deslinde introduciéndose entre los mojones 11 y 12 para expoliar las propiedades urbanas ribereñas con el rio Muga (Grau) y sus acequias y urbanizar el Parque Natural de los Aiguamolls del Emporda
Si Calderón levantara la cabeza, borraría toda referencia al «honor» que hay en sus obras. Estos peperos, parece ser que sólo tienen honor monetario; YO, como parte del Pueblo Soberano, tengo mi honor muy machacado por estos PPeseteros. ¿No tienen suficiente dinero ya? Están entrando a saco;¿cuándo seremos capaces de frenarlos, antes de que acaben con nosotros?