El 50% del monte público que privatizará Cospedal pertenece a la Red Natura-2000

La mitad de los montes de titularidad pública que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretende poner en venta y privatizar para recaudar dinero pertenecen a la Red Natura 2000. Esta red europea se creó en 1992 para asegurar la pervivencia de las especies y los hábitats naturales más amenazados de Europa, tras la Cumbre de la Tierra convocada por la ONU en Río de Janeiro aquel mismo año, y en la que participaron 108 gobiernos de todo el mundo con el fin de diseñar el mapa ecológico mundial de lo imprescindible para que el planeta siga siendo un lugar habitable.

Ahora el gobierno regional de María Dolores de Cospedal ha decidido poner en venta estos respiraderos verdes castellano-manchegos para recaudar dinero. Así consta en la Ley 10/2012, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2013. Un 30% del monte público de esta comunidad se pondrá a la venta para recaudar 45,6 millones de euros, el 0,6% del presupuesto autonómico. Lo que vale un futbolista de clase media-alta o el doble de lo que se le encontró a Luis Bárcenas en Suiza, para hacerse una idea.

Ecologistas en Acción, la ONG que denunció estos hechos ante la pasividad de los partidos políticos de la oposición castellano-manchega, ha elaborado ahora un informe que recoge el listado inicial de montes de utilidad pública susceptibles de venta que ha elaborado la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha a instancias de la Consejería de Hacienda.

“De los 228 montes de utilidad pública existentes en Castilla-La Mancha, que protegen una superficie de 170.471 hectáreas, el Gobierno ha identificado en un primer momento 57, con una superficie total de 40.038 hectáreas susceptibles de venta, y ello a pesar de conocer las restricciones legales que habría para realizar dicha operación. Castilla-La Mancha está dispuesta a declarar en venta una cuarta parte de los MUP existentes en la región”, señalan los ecologistas.

"En cuanto a la Red Natura 2000", continúa el informe, "el impacto de la venta de montes sería aún mayor. Un total de 27 de los 57 montes listados están en su totalidad o en parte en espacios así catalogados, y otros 7 descansan sobre los límites geográficos de alguno de estos espacios naturales. Casi el 50% de los montes preseleccionados afectan directamente a Red Natura 2.000 y otro 12 % adicional afecta indirectamente. Un total de 18 espacios de la Red Natura 2000, 8 ZEPA y 10 LIC, se verían seriamente afectados por la venta de montes".

¿En qué afectaría esto al ciudadano? Por empezar por las obviedades, tras la privatización estos espacios públicos, montes, ríos y bosques, no podrán ser visitados libremente. Al menos el 25% del monte público castellano-manchego se vallará.

El gobierno regional se ha dado prisa en desmentir a los ecologistas. Asegura que ninguna venta será ilegal y que no saldrá a subasta ningún espacio protegido. Sin embargo, el listado inicial al que ha tenido acceso Ecologistas en Acción, y que la Junta maneja como borrador de trabajo, desmiente esta afirmación: “De los 57 MUP incluidos en el listado, 13 se encuentran en algún tipo de espacio protegido de la red regional y cuatro en refugios de fauna en vigor o recientemente descatalogados. Es decir, cerca del 30 % de los MUP que se plantea privatizar afectan a espacios naturales, un 22 % en concreto a parques naturales y micro-reservas de la Red de Espacios Naturales Protegidos”, aseguran.

En cuanto a la legalidad o ilegalidad de estas ventas, el portavoz de los ecologistas en la comunidad manchega, Miguel Angel Hernández, señala que “en primera instancia no hay una norma específica que impida vender monte público, como tampoco la hay para vender parques naturales”.

Su esperanza en detener esta privatización se sustenta en la balsa siempre impredecible de la Unión Europea: “Esta venta supone una transformación de estos espacios protegidos. La UE debería pedirle al gobierno de Cospedal una evaluación del impacto medioambiental que la privatización va a suponer. Y si la UE no se la pide, nosotros nos iremos a Bruselas a exigírselo. En estos terrenos que ahora se van a poner en venta, la UE ha invertido un montón de dinero. En recuperación de especies amenazadas, en programas de desarrollo rural como las rutas de ecoturismo, en aprovechamientos agrícolas y ganaderos sostenibles… Ahora todo eso lo quieren vender barato”.

El informe de Ecologistas en Acción, añade Hernández, ya está teniendo repercusión en los municipios afectados. Sean del color político que sean. “Nos consta que los alcaldes conocedores de la medida van a pedir explicaciones de la Junta. Se trata para ellos de un perjuicio enorme. Buena parte de su economía depende de este monte público, que atrae a gente de fuera, a turismo rural, y que ahora puede ser vallado”, explica.

Para EeA, la iniciativa del gobierno de Cospedal supone “una desamortización que afectará muy especialmente a los espacios protegidos, pero también al uso público de los montes, dado que la privatización que se pretende llevar a cabo cerrará el paso a los terrenos y el acceso a los aprovechamientos de los mismos, que venían siendo disfrutados por los habitantes de los municipios en los que se ubican. La venta de MUP sólo beneficiará a unos pocos privilegiados en detrimento del conjunto de la ciudadanía y supondría poner en cuestión el concepto de dominio público forestal”.