La nueva Ley Cañete frena a Cospedal en su intento de privatizar el monte público

El borrador de la futura Ley de Montes, que la pasada semana Miguel Arias Cañete presentó a varias organizaciones ecologistas para su discusión, supone un varapalo para María Dolores de Cospedal. La presidenta castellano-manchega anunció a principios de febrero que los presupuestos autonómicos preveían la privatización de entre un 20 y un 30% de los bosques de utilidad pública de la región para recaudar 45,6 millones de euros. El borrador que maneja el Ministerio de Medio Ambiente es expeditivo en este caso. Su artículo 14, referente al régimen jurídico de los montes demaniales (públicos) es incontestable: "Los montes de dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables". Francisco Segura, representante de Ecologistas en Acción en la reunión en la que Cañete presentó el borrador de la ley, asegura que este asunto "se le planteó directamente al ministro". Y que el ministro respondió: "En ese sentido, la nueva ley no va a facilitar nada la venta de montes de utilidad pública".

Sospechaban las organizaciones ecologistas que el peso político de la secretaria general del Partido Popular y presidenta manchega podría influir en los redactores de la nueva ley. "Si bien es cierto que este paso no es definitivo", señalan en un comunicado, "ya que la ley se puede modificar por los grupos parlamentarios en su tramitación, no deja de ser una muy buena noticia que de entrada el ministerio no esté por la labor de cambiar la ley en este aspecto y que el ministro empeñe su palabra en ello".

La mitad de los montes de titularidad pública que la Junta quería poner en venta y privatizar  pertenecen a la Red Natura 2000. Esta red europea se creó en 1992 para asegurar la pervivencia de las especies y los hábitats naturales más amenazados de Europa. La idea de su creación surgió en la Cumbre de la Tierra convocada por la ONU en Río de Janeiro hace 21 años. En dicha cumbre, participaron 108 gobiernos de todo el mundo con el fin de diseñar el mapa ecológico mundial de lo imprescindible para mantener la sostenibilidad ecológica del planeta.

El director de Greenpeace en España, Mario Rodríguez, también se muestra satisfecho de que la nueva ley no facilite en nada las intenciones privatizadoras de Cospedal. Pero no abandona cierta dosis de escepticismo. "Es cierto que en el borrador no hay cambios, y eso es una buena noticia. Pero las competencias en gestión forestal son de las comunidades autónomas. Descatalogar un monte en España es complicado, pero de Cospedal te puedes esperar cualquier cosa. No damos por absoluto desactivado el tema [de las posibles privatizaciones] en Castilla-La Mancha".

Tampoco se fían a muerte desde Ecologistas en Acción de las palabras del ministro: "Demasiadas veces nos han dicho una cosa y después han hecho otras", alega Francisco Segura.

En efecto, la la Ley 10/2012, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2013 prevé esta posible privatización. Pero eso no otorgaría, en principio, capacidad de las concesionarias para construir. Por ejemplo. Aunque sí de vallar los terrenos. Según Ecologistas en Acción, el ciudadano, propietario por ley de esos montes, se podría ver privado del acceso al 25% del bosque público manchego de salir adelante el proyecto de Cospedal.

Ahora toca esperar. "El ministro nos ha dicho que este borrador no cuenta todavía con su OK", señala el director de Greenpeace en España.

En caso de que Cospedal siga adelante con su proyecto privatizador de los montes públicos manchegos, los ecologistas barajan la posibilidad de demandar el asunto ante las autoridades europeas. Bruselas tendrá que evaluar el impacto medioambiental que conlleve el cambio de función de cada uno de los espacios protegidos que pase a manos privadas. Además, aseguran que lo que se pretende es "poner a disposición de unas pocas personas con dinero e influencia bienes públicos a costes muy ventajosos". Por ejemplo, para fincas de ocio o explotaciones cinegéticas. ¿A qué precio? Será otro asunto a dirimir con la calculadora. Las administraciones públicas, con el dinero de los contribuyentes, dueños legítimos de estos espacios, llevan años invirtiendo millones en la conservación y cuidado de los montes públicos. El metro de valla debería de salir muy caro.